Los tiempos de la Corte

 

Fueron más de cuatro años de espera y sólo tres párrafos los que le llevó a la Corte terminar convalidando una carta blanca para Vicente Massot, histórico dueño de La Nueva Provincia, acusado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. A Massot lo indagaron en 2014 y en marzo de 2015 un abogado de la matrícula –que actuaba como juez– le dictó una falta de mérito. Desde entonces la investigación quedó paralizada. Massot o Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, son nombres emblemáticos de la responsabilidad empresarial en el exterminio de la última dictadura y sus casos estuvieron o siguen estando a la espera de una resolución de la Corte después más de 44 años después de los hechos. La cantidad de causas que recibe y el tiempo que tarda en procesarlas será uno de los temas que comenzará este martes a analizar el consejo consultivo de once juristas que creó el Presidente Alberto Fernández.

 

 

El factor Massot

En abril de 2014, el juez subrogante Álvaro Coleffi llamó a indagatoria a Vicente Massot. La ciudad se paralizó con la entrada del histórico dueño del multimedio a los tribunales. La investigación sobre el rol de La Nueva Provincia comenzó por orden del primer tribunal que juzgó crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. A Massot lo acusaron los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por incitación al genocidio y por ocultar deliberadamente la verdad en 35 casos de secuestros, torturas y asesinatos. También por el secuestro y asesinato de dos obreros gráficos de La Nueva Provincia, Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, en 1976, investigados por el periodista Diego Martínez en su blog Bahía Gris.

María de los Ángeles es la hija de Miguel Ángel Loyola. No llegó a conocer a su papá, secuestrado el 4 de julio de 1976. Su mamá María Cristina estaba embarazada de ella, su primera y única hija, cuando se lo llevaron. Heinrich y Loyola protagonizaron un duro conflicto con la empresa de los Massot entre 1975 y 1976. Diana Julio de Massot designó a su hijo Vicente Gonzalo para que negociara cara a cara con los líderes gremiales. Eso consta en las actas que labraron los escribanos. De un lado estaba Massot; del otro, Heinrich y Loyola.

Al momento de su secuestro, Heinrich y Loyola no tenían más militancia que la actividad gremial en La Nueva Provincia. A los dos días del último secuestro, el 6 de julio de 1976, La Nueva Provincia editorializaba contra la infiltración marxista en los medios de comunicación.

Ángeles creyó que algo estaba cambiando en Bahía Blanca en 2014, cuando Massot tuvo que sentarse en el banquillo. El politólogo miraba con desprecio a los fiscales, dijo que los consideraba enemigos y negó haber estado para la época en la ciudad. Guardó silencio, por ejemplo, cuando le exhibieron las actas que mostraban que él personalmente había estado en la mesa de negociación con Heinrich y Loyola. También se sorprendió cuando le dijeron que un abogado de represores Mauricio Gutiérrez había declarado ante la fiscalía que Acdel Vilas, ex jefe del V Cuerpo del Ejército con asiento en Bahía Blanca, le había relatado en 1987 una escena que directamente vinculaba a la madre de Massot, ya fallecida, con los secuestros y homicidios de los dos obreros gráficos. Vilas dijo haber estado presente cuando Julio de Massot le dijo al general Osvaldo Azpitarte: “Vamos a tener que chuparlos por izquierda”.

En marzo de 2015, con Coleffi desplazado, el abogado Claudio Pontet firmó en tiempo récord la falta de mérito de Massot, decisión que fue convalidada por la Cámara Federal de Bahía Blanca en febrero de 2016. El caso escaló hasta la Cámara Federal de Casación, donde la Sala I rechazó el recurso.

El fiscal Javier De Luca fue en queja hasta la Corte. “El decisorio de la Sala termina avalando, encubre un fallo liberatorio que en la práctica paraliza el proceso a la vez que acarrea el riesgo (a esta altura diría la certeza) de permanecer, por tiempo indeterminado, en un estado de indefinición de la situación procesal de los imputados, privando a las víctimas y a la sociedad del debido esclarecimiento de quienes se les atribuye encubrir delitos de lesa humanidad, con grave responsabilidad del Estado”, escribió De Luca.

 

 

 

 

 

Una nueva desilusión

El 30 de julio último, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti rechazaron el recurso de De Luca sostenido por Adriana García Netto. Explicaron en un párrafo que no se trataba de una sentencia definitiva y en otro que Lorenzetti y Rosatti suscribían el fallo desde Santa Fe. Una fórmula breve para una búsqueda larga.

“Me desilusionó el fallo de la Corte”, dice Ángeles Loyola. “Es difícil entender que ante tantas investigaciones, pruebas y aportes de testigos no alcance para seguir profundizando. Como hija, lo único que espero es la verdad y la justicia que le corresponde a Vicente Massot”, agrega.

Ángeles se crió en Bahía Blanca, con los silencios incómodos de una ciudad que se movía al compás de las bases militares. “La Nueva Provincia fue el único diario que los bahienses podían leer, un medio que bajaba línea ideológica. Mi papá fue un trabajador de este diario, pero jamás la patronal de La Nueva Provincia hizo contacto con nuestras familias. Para mí eso es una expresión directa de la responsabilidad del diario”, dice.

Aun así, Ángeles tiene esperanzas de que la investigación avance. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca va a insistir con un pedido de procesamiento a Massot. “En el medio aparecieron nuevas pruebas que vamos a acompañar en el nuevo pedido de procesamiento que vamos a hacer. Queremos que Massot vaya a juicio oral y público para que toda la sociedad pueda ver las pruebas. Este Poder Judicial no lo ha permitido, como no lo ha permitido en otros casos de cómplices civiles”, dice el fiscal Palazzani.

En el juicio por el Plan Cóndor –que terminó en 2016– aparecieron documentos que vinculaban a Massot con Enrique Arancibia Clavel, un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena. Arancibia lo llamaba Gonzalo –por su segundo nombre– y decía que solían reunirse para intercambiar información en la redacción de la revista ultraderechista Cabildo, donde Massot oficiaba de subdirector. La Unidad de Bahía Blanca también pidió a la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que busque en los archivos de la ex SIDE para ver si se encuentra información de Massot y su vínculo con los militares y los servicios de inteligencia.

 

 

La agenda de lesa en la Corte

Las demoras en lesa humanidad son una constante en los tribunales. Hay algunos ejemplos paradigmáticos como la causa del Pozo de Banfield, elevada a juicio en 2012 y que todavía espera que pongan fecha de inicio de las audiencias. Pero la dilación también se da entre que el tribunal dicta sentencia y que la Corte la revisa. Según un promedio hecho en marzo de este año por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, ese lapso se extiende hasta tres años y medio. Por supuesto que hay varios casos en los que ese lapso llega a triplicarse. Uno de ellos es el Juicio por el Circuito Camps, que tuvo sentencia en 2012 y ocho años después no fue siquiera revisado por la Casación Federal.

"En retrospectiva está claro que en algún momento los actores judiciales decidieron que ya lesa humanidad no era prioridad", dice la abogada querellante Guadalupe Godoy. "Se desactivó la Comisión Interpoderes y vaciaron muchas de las secretarías de lesa en los juzgados de primera instancia. Hay retraso escandaloso en Casación para atender los recursos, que nos genera un sinnúmero de dificultades posteriores. El otro problema grave es la designación de jueces. En el caso de La Plata, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 no tiene ningún integrante titular. Los subrogantes argumentan su carácter para que no les podamos pedir nada. El TOF 3 se integrar desde hace siglos y seguimos sin novedades", enumeró.

La Plata es una de las tantas jurisdicciones del país, donde las dificultades para continuar con las causas se agolpan. Estas cuestiones son las que los organismos de derechos humanos quieren discutir con la Corte en la Comisión Interpoderes, una instancia de articulación creada en 2008 cuando el entonces presidente supremo Lorenzetti sostenía que los juicios eran parte del contrato social de los argentinos. Pasó tiempo desde entonces. La interpoderes no se reúne desde 2016. Hubo un intento de reunión en 2017, pero quedó trunco tras el fallo del 2x1 que firmaron Highton, Rosatti y Carlos Rosenkrantz en mayo de ese año. Rosatti y Highton dieron marcha atrás con el 2x1, pero nunca volvió a darse una instancia de reunión con los organismos.

En mayo, la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma, pidió a la Corte que convoque a la interpoderes. Lo hizo después de un pedido de la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y de presentaciones de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros. El tribunal encabezado por Rosenkrantz –impulsor del 2x1– nunca acusó recibo.

“Es urgente convocar a la Comisión Interpoderes para articular la política criminal de cómo van a seguir desarrollándose los juicios y abordar los retrasos de sentencias recurridas en Casación y en la Corte”, reclama la fiscal Ramos.

La semana pasada, la mesa de trece organismos envió notas expresando su preocupación por el estado de los juicios y por la inacción de la Corte a varias dependencias. La misiva llegó al Consejo de la Magistratura, a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que preside Hugo Yasky, a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que preside Oscar Parrilli y la oficina de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

El martes, cuando se reanude el debate en la Cámara Alta por la reforma judicial, el colectivo de abogados en causas de lesa humanidad Mario Bosch se presentará para contar esas dificultades en los juicios y marcar su preocupación porque en el proyecto no se contempla el futuro de las causas de lesa humanidad. Ya hubo menciones a ese tema por parte de la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, y por parte del fiscal Carlos Rívolo.

“Vamos a ofrecer una voz colectiva. La situación de las causas de lesa es muy difícil, por todo lo que falta hacer, por la falta de recursos humanos para hacerlo y porque el ciclo de vida dice ‘ahora o nunca’. Queremos hacer aportes para el proyecto de reforma”, explica Adriana Taboada, referente de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte.

 

 

Los juicios

Desde que se declaró la pandemia, se dictaron cuatro sentencias. Las hubo en Mar del Plata, Rosario, Paraná y Comodoro Rivadavia. Se reanudaron los juicios en San Martín, Mar del Plata, La Plata, Santa Fe, Bahía Blanca, Mendoza, San Juan y Tucumán.

En Ciudad de Buenos Aires sigue sin reanudarse el juicio conocido como ESMA IV, que tiene a diez acusados en el banquillo por 805 víctimas. El juicio quedó suspendido por una internación del abogado de represores Guillermo Fanego y todavía se espera que haga su alegato. Después de eso deberían sucederse las réplicas y dúplicas, las palabras finales de los acusados y la sentencia.

Esta semana, los organismos de derechos humanos –HIJOS, Abuelas y CELS, entre otros– pidieron en las redes sociales que se reanude el proceso. Desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 informaron a este medio que el próximo miércoles harán una audiencia de prueba para determinar si pueden llevarse a cabo las audiencias virtuales. La intención de los jueces, dicen, es que el juicio se reinicie este mismo mes.

 

 

 

 

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