Los tentáculos de las corporaciones

 

La mancha venenosa

Sergio Taselli tiene reputación de empresario mal habido. “Un empresario de profesión desguazador”, titula una editorial reciente del diario El Entre Ríos. En la década de 1990, la de las privatizaciones, se quedó con Electrocolor, ubicada a unos pocos kilómetros al norte de Rosario. La renombró Petroquímica Bermúdez. Su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego también son sus dueños. En la planta se fabricaba gas cloro y varios subproductos. La cerró en 2014. Desde entonces, la población de la zona convive con una bomba de tiempo, que disemina veneno en el aire y el río Paraná.

En las últimas semanas, comenzó el proceso de desgasificación de la planta. No sucedió sin presiones. Los dueños enfrentan una causa penal porque incumplieron los compromisos de inversión para desactivar la bomba. El gobierno de la provincia les había advertido y ahora monitorea el plan de trabajo que lleva adelante la empresa.

La causa penal, sin embargo, avanzó de manera escandalosa. El fiscal de la regional, Patricio Serjal, ordenó en 2019 que se frenara la investigación. Lo mismo sucedió con el fiscal del Estado, que oficiaba de querellante. Pero Serjal se enredó con el juego ilegal, y las investigaciones por cohecho que se iniciaron en su contra removieron el cierre irregular de la causa. El caso es que Serjal cajoneaba investigaciones vinculadas al juego clandestino, en las que además se ve involucrado el senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri.

El juez de primera instancia consideró que se trataba de cosa juzgada. El caso fue llevado a la Cámara y allí el juez Daniel Acosta ordenó reabrirla. Pero –porque siempre hay peros– sólo se validaron las imputaciones a los fiscales sospechados de corrupción y no las de los empresarios. Se espera una nueva decisión este 5 de marzo.

Consultada para esta nota, Marina Marsili, jefa de investigación de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y autora del recientemente editado Crimen, complejidad y economía, comenta: “Lo que vemos es que grandes grupos empresarios, a través de los lobbies que pueden generar, a pesar del daño ambiental y de ser sociedades abandonadas en situaciones que se puede presumir vaciamiento de empresas, consiguen llegar al Poder Judicial para concretar sus privilegios y dejar de ser investigados”.

 

La violencia silente

No muy distinta es su apreciación en relación a los escándalos que asolaban el norte santafesino en épocas de La Forestal. Marsili participó este viernes de la segunda mesa de debate del evento Por las hendijas del quebracho, en conmemoración de la revuelta obrera en dominios de La Forestal. La mesa lleva como título Entre los tentáculos de las corporaciones, se realizó en Villa Ana y se transmitió en vivo por Youtube. Guillermo Sánchez, profesor de historia de Villa Ana y uno de los organizadores del Encuentro por la Memoria, la Identidad y la Reivindicación de los Pueblos Forestales, presentó la mesa y explicó que pretenden reflexionar sobre el rol de las corporaciones y la sociedad en la actualidad, vinculando el rol monopólico que tuvo la compañía británica en distintos aspectos durante su historia.

En el sistema de transporte, en la producción, en el ámbito reproductivo, en la provisión de alimentos y servicios, en la comercialización del producto exportable, la empresa dominaba de manera absoluta. Entre los aspectos más cuestionables se encontraban sus prácticas que burlaban los controles y regulaciones de los estados provincial y nacional. En 1914, cuando la compañía británica compraba, desmantelaba y rearmaba fábricas en el norte santafesino, en ocasión de comentar el cierre de la fábrica de tanino de Calchaquí, un editorialista del diario Santa Fe se preguntaba hasta adonde llegarían los tentáculos del “gran pulpo”.

Al año siguiente, la legislatura enviaría a su primera comisión investigadora a La Forestal, que fue acusada de gastar su tiempo en “farras y orgías” en la gerencia. Otras cuatro comisiones se aprobarían hasta su salida en 1964 y varios escándalos que desnudaban la connivencia con representantes y funcionarios de todos los poderes conmovieron a la sociedad en distintas épocas. Las 50.000 balas requisadas en la aduana a nombre de La Forestal en 1914, la evasión en el pago de patentes e impuestos a las comisiones de fomento, la carga para exportación de rollizos de quebracho cortados por debajo de la medida prohibida, entre otros tantos. En 1933, David Pagano la denunció por la violación a la ley de pago en moneda nacional en sus fábricas de tanino. En algunas ocasiones era condenada a pagar multas, con retroactivos e intereses.

En 1936 se destapó uno de los fraudes con mayor repercusión, relacionado con la estrategia de cambio formal de la empresa que había tenido lugar 1930, cuando diluyó la antigua sociedad y se constituyó como La Forestal Argentina Sociedad Anónima. La misma ocupó durante meses tapas y páginas enteras de la prensa, que dejaron ver la connivencia de funcionarios estatales con los intereses empresariales. La denuncia la había largado el director y propietario del periódico El Orden, Alfredo Estrada. Explicaba que, con el cambio de forma, la empresa había violado la ley de sellos provincial, número 2107, pagando desde entonces un impuesto muy inferior al correspondiente.

Durante el debate, Marina Marsili se refirió a los delitos económicos complejos y sus investigaciones actuales: la “violencia silente”, dijo, es la que no se ve en los diarios y que suele estar asociada a múltiples delitos económicos, que ha sido y es un punto débil de las investigaciones judiciales: delitos fiscales, estafas, usurpación de tierras, evasiones impositivas graves, elusión impositiva, fuga de divisas, el cohecho, el tráfico de influencias, enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos, el daño ambiental, “que es un daño económico porque está afectando recursos a futuro”, recordó.

Marsili explicó qué ocurre cuando la estructura de estos delitos económicos se sostiene en el tiempo: “Lo que sucede es que van diversificando las actividades, extendiéndose en los territorios, se entrelazan los negocios legales e ilegales, pero fundamentalmente logran interrelacionarse con otros actores con mucha fuerza y esto conlleva que esa violencia silente tenga efectos muy nocivos, entre ellos un efecto corruptor en los distintos estratos de la sociedad, disminuyen los ingresos públicos por la evasión y elusión”.

 

Los que sudan

Rafael Vargas, secretario general del sindicato del Ingenio Ledesma, de Jujuy, y Carlos Zamboni, abogado laboralista de la Federación Nacional de Trabajadores Aceiteros, participaron también de la mesa de debate. Vargas representa a los trabajadores que luchan en Libertador San Martín contra una de las empresas más importantes y de más larga historia del país, dedicadas a la producción de azúcar y papel, entre otros rubros, con un “mar de cañas” de unas 160.000 hectáreas: el Ingenio Ledesma.

Vargas se refirió a la recuperación del sindicato en 2011 y al trabajo sobre el salario digno, las condiciones de trabajo y las luchas contra la tercerización, que incluyeron medidas de fuerza. El dirigente obrero comparó las demandas de los trabajadores de La Forestal hace un siglo con las que presentan en Ledesma hoy: “Peleamos para que les arreglen los baños a los compañeros que vienen de distintas localidades a hacer la zafra”. Mil viviendas fueron conseguidas hace algunos años en una lucha que terminó con cuatro muertos: “La empresa siempre tiene que llegar a estos extremos, tener muertos para ponerse a colaborar”, lamentó.

También explicó que el sindicato es querellante en las causas por delitos de lesa humanidad que involucran a los principales directivos de la empresa en tiempos de terrorismo de estado y reivindicó las luchas obreras de entonces. La vinculación con los tiempos actuales decanta sola: “Yo veía los vehículos de la gendarmería, vehículos con la chapa del Poder Judicial cargando combustible dentro del predio de la empresa, nunca me imaginé vivir en carne propia cuando las denuncias que le hacemos se cajonean”, explicó.

En 2020, en el ingenio Ledesma se trabajó “normalmente”: 18 trabajadores fallecieron por Covid y 492 al menos contrajeron el virus. El sindicato denunció penalmente a la empresa. Pero las causas no avanzaron porque se consideró que la empresa cumplía con los protocolos. “¡El gobernador de Jujuy nunca se expresó! ¡Es vergonzosa la justicia en Jujuy!”, explotó. “No es que queremos que le vaya mal a la empresa, pero no sobre el costo siempre de los trabajadores”, agregó, para concluir: “Se siente mucho olor a feudo”.

Zamboni se refirió al monopolio de La Forestal y aseguró que hay muchas comparaciones posibles con el grupo de empresas que forman el oligopolio del aceite, entre ellas Vicentin, con un control absoluto sobre los ferrocarriles de carga y los puertos. “La policía hoy se encuentra al servicio de estas corporaciones”, comparó, refiriéndose a lo sucedido en la última huelga de los trabajadores de Algodonera Avellaneda de Vicentin. También se refirió al recibimiento de estos empresarios por parte de los gobiernos como si tuvieran etiqueta diplomática.

Luego comparó los sistemas de trabajo de un tiempo y otro, enfocando en el problema del trabajo en los obrajes y los sistemas de tercerización actuales: “El capital repite esas formas que tiene hace muchos años de dividir a los trabajadores. Los aceiteros hicieron eje en eso para conseguir lo que tenemos hoy: ser uno de los trabajadores mejores pagos del país”.

Finalmente se refirió a la presión de las corporaciones de la agroindustria, organizadas en un Consejo Agroindustrial que intenta imponerse como fracción dominante del capital en el país para imponer condiciones con su facturación anual superior a los 20.000 millones de dólares. Zamboni opinó que no es esa facturación la que explica el nivel salarial de los aceiteros, sino las luchas obreras.

Osvaldo “Quique” Lovey, dirigente histórico de las Ligas Agrarias, también participó de la mesa para referirse a las luchas de los productores cooperativistas agrarios frente a las grandes corporaciones. En los años sesenta y setenta, los pequeños y medianos productores algodoneros se enfrentaron al pulpo Bunge & Born. Su lucha era por evitar que las gigantes acopiadoras y las desmotadoras les robaran con el precio que pagaban por sus bienes agrarios. En el fondo, era una lucha por resistir la proletarización, mantener su vida como productores con medios de vida propios. “Esto es en definitiva –concluyó Lovey– lo que vino a romper el golpe de 1976. Vinieron a desmantelar acá una economía que le hacía sombra y no le permitía acumular beneficios discrecionalmente como acostumbraban”. Trazó luego una historia que lo llevó al presente y a Vicentin: “El Estado tiene que estar presente ahí y disponer un esquema de costos de toda la cadena de producción”, reclamó.

 

Historia, diagnóstico y punto de partida

Concentración económica en cada rama de actividad, centralización y formación de grupos con intereses en distintas ramas, extranjerización: “Si ya detectábamos en La Forestal un caso de concentración, monopolio y participación extranjera, podemos decir que cien años más tarde eso se ha agudizado en la economía, mucho más concentrada, centralizada y extranjerizada”, afirmó de forma tajante Julia Strada, economista y directora del Grupo Provincia.

 

 

Strada se refirió durante su exposición a las corporaciones actuales, con poder e intereses en la industria, el campo y las finanzas simultáneamente, y ofreció una mirada de política y macroeconomía que también se vinculó al rol de estas corporaciones en las violaciones a los derechos humanos.

Formación de precios o desabastecimiento contra los consumidores, identificó como prácticas habituales del presente. Varias corporaciones fueron multadas la semana pasada por la Secretaria de Comercio de la Nación. Se resisten a cumplir con la política de Precios Cuidados reteniendo su producción de bienes de consumo masivo. Strada detalló los niveles extraordinarios de concentración de mercado. Por ejemplo, Mastellone con su marca La Serenísima concentra el 72% de la facturación de la leche fresca del país. “No existe proyecto económico popular que no tenga este diagnóstico como punto de partida”, explicó, agregando de inmediato que estas corporaciones son “las principales responsables que atentan contra un desarrollo sostenible, contra la soberanía y la industria, que nos incluya a todos.”

Carlos Del Frade concluyó la mesa de reflexión y debate. El periodista y diputado santafesino explicó que “La Forestal es el resultado de tres cosas que hasta el día de hoy no hemos decidido en la Argentina: ¿de quiénes son los bancos? ¿de quién es la tierra? ¿de quiénes son los puertos?” Cinco matrices dejó La Forestal, comentó: explotación irracional de los bienes comunes, desertificación de la tierra, éxodo social, desarticulación familiar y prostitución.

 

 

Del Frade denunció el ecocidio producido por La Forestal, al que definió como delito económico de lesa humanidad. “Tienen el derecho de reclamarle al estado inglés, cómplice de este ecocidio, que les devuelva parte de esos 5.000 millones de dólares que hicieron como ganancia de La Forestal a través de la triple contabilidad que tenían”, dijo, rodeado por las raídas paredes de la vieja fábrica de tanino de Villa Ana. Agregó que sueña con iniciar junto a los jefes de comuna una demanda ante los tribunales internacionales y se explicó con ironía: “Ustedes saben, yo estoy totalmente loco, pero le quiero dejar esto como mandato a los pibes”.

 

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