Los socios del silencio

Los jefes del PJ de Jujuy, poderosos empresarios, avalan la reforma constitucional de Morales

 

El 22 de mayo, Rubén Rivarola (presidente del Partido Justicialista de Jujuy) juntó a los convencionales constituyentes del peronismo local. El diario de su propiedad, El Tribuno, tituló con una frase suya: “Tienen una responsabilidad histórica y muy importante”. Uno de los párrafos de la nota destacó los roles de los personajes. “La reunión, realizada a las 8 en el salón de reuniones del Frente Justicialista en la sede legislativa, tuvo la asistencia del jefe partidario y vicepresidente segundo de la Legislatura de Jujuy, Rubén Rivarola, del presidente del bloque de diputados provinciales del peronismo, Pedro Horacio Belizán, de los 13 Constituyentes electos, y otros colaboradores del bloque. Como se sabe, el mismo es presidido por Guillermo Jenefes, y actuarán como vicepresidenta primera Noemí Isasmendi, vicepresidente segundo Alberto Miguel Matuk y secretario Jorge Noceti”.

En aquella mesa, Rivarola apuntó a los principios peronistas: “Están ustedes ante una oportunidad y una responsabilidad enorme y muy importante. Es nada más y nada menos que la redacción y aprobación de reformas trascendentes en nuestra Carta Magna, y a partir de esa modernización de la Constitución provincial podremos todos los jujeños tener el marco de referencia ideal para el desarrollo futuro y para aspirar a una calidad de vida acorde a los tiempos que vivimos. Quiero pedirles que reflejen siempre, en cada una de las sesiones de trabajo y en cada idea que aporten, el espíritu del Justicialismo, una doctrina que si bien como todas necesita actualizarse, tiene una base inconmovible y permanente, que se orientó siempre a fortalecer los intereses y el bienestar del pueblo. Y sepan que en el Partido Justicialista tendrán siempre su casa donde reunirse a debatir, a buscar la fortaleza necesaria y la orientación peronista que queremos aportar a la Constitución. Ustedes serán protagonistas de un tiempo altamente significativo para la historia de Jujuy. Me queda pedirles con toda humildad que sin bajar las banderas de nuestra doctrina, busquen siempre con las otras fuerzas el debate constructivo y el consenso mayoritario que permitan darle a las reformas de la Carta Magna el valor y la potencia que todos los jujeños y jujeñas esperan para avanzar hacia el futuro con energía y seguridad”.

Parece que “la doctrina” no se actualizó como pretendía Rivarola, ya que la reforma de la Constitución de Jujuy viola el derecho a la protesta social y, peor aún, la criminaliza con el Código Penal y el artículo 280 con la excusa de “la paz social y el orden”. En Jujuy cualquier adolescente que tome una escuela en reclamo de mejoras o los maestros que protesten por sus sueldos irán presos con la nueva Constitución, que prohíbe expresamente los cortes de rutas, calles y establecimientos públicos. Y lo que es peor: iguala el derecho a la libre circulación con el derecho a demandar un salario digno, el acceso a la vivienda, a poder alimentarse y no correr el riesgo de ser llevado a la rastra por la Policía de una provincia que usa modalidades de la dictadura por disposición de Gerardo Morales.

El 21 de junio, a solo un mes esas declaraciones, Rivarola fue entrevistado por el periodista Pablo Duggan en Radio 10. Negó que sus convencionales hayan votado la reforma de la Constitución de Jujuy y mencionó a uno solo de ellos, de apellido Posadas; argumentó que no recordaba el nombre y dijo que fue expulsado del bloque del PJ. “Ellos tienen 29 convencionales, nosotros 13, ¿qué quiere que haga?”, preguntó al aire.

 

 

 

 

Ese mismo día, el diario La Nación, que no es de centro ni kirchnerista, publicó la lista completa de los convencionales del PJ de Jujuy que votaron la reforma junto al cruzado constituyente y gobernador Morales. Acá están todos y todas con sus particularidades. Uno de ellos es el jefe de Sistemas del diario de Rivarola, o sea, su empleado. Y así…

 

Negocios

Si bien es cierto que Morales tiene vocación de monarca, hay otros que creen en el zarismo pero se perciben peronistas. Entre Rubén Rivarola y su secuaz Guillermo Jenefes –quien habló en el comienzo de la Constituyente con el recinto vallado y los maestros reclamando por sus sueldos de hambre– controlan varias radios AM y FM, diarios de versión papel y digitales, y portales de noticias que reciben pauta del gobernador. Cuando se discutió la Ley de Medios, Rivarola se manifestó en contra. Porque posee conciencia de clase, por cierto, suele adoptar la teoría conceptual “toda para mí”. Es dueño del diario El Tribuno, la Clínica Fátima y la compañía LIMSA, una empresa que recolecta los residuos de San Salvador, servicio que le adjudicó la Municipalidad radical a cargo de Raúl Jorge. También representa a la marca Quilmes, realiza el mantenimiento de la Nueva Terminal y posee una flota de más de 200 camiones y equipos viales como contratista del Estado de Jujuy. En eso se parece a Franco y Mauricio Macri. Se hace rico con la basura. Rivarola es el padre del alcalde de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, y del diputado electo por el PJ Cristian Rivarola.

Su ladero Jenefes, vicepresidente del PJ, es dueño de Radio Visión Jujuy S.A., que posee LW8, Canal 7 y el sitio Somos Jujuy. Es un importante terrateniente tabacalero con epicentro en Perico, además de propietario de los casinos de San Salvador y del Hotel Howard Johnson de calle Güemes. Allí se hospedaron la semana pasada el supremo Carlos Rosenkrantz y su secretario Federico Morgenstern, gestores del fallido 2x1 a los genocidas.

Otro de los hijos de Jenefes, Juan, es diputado provincial del PJ, y su nuera María Uriondo también es diputada electa en 2023. Todos viven del Estado en el sentido más completo de la palabra, aunque nadie los llama “planeros”. Su hermano Sergio Jenefes fue nombrado vocal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, parte del Partido Judicial provincial que mantiene presa a Milagro Sala hace más de 2.700 días y le niega la posibilidad de viajar a Buenos Aires para tratar su trombosis.

 

 

Rivarola & Jenefes fueron convencionales constituyentes y modularon discursos muy correctos mientras el pueblo de Jujuy padecía un estado de sitio de facto, con cientos de detenidos ilegalmente y el uso de camionetas 4x4 de empresas privadas con policías vestidos de negro, sin identificación o de civil, como los grupos de tareas de Videla.

Todo eso no inmutó al dueño del PJ jujeño, porque está más concentrado en el control de sus empresas Clínica Fátima, Sanatorio Del Rosario, Sanatorio Lavalle, y en el cobro a las obras sociales por sus servicios. El manejo de las compañías Transporte TRAME, Transportes Rivarola y la constructora ECCI S.R.L. le quitan el sueño. Algunos de estos bienes monumentales pueden verse en edificios gigantescos, construidos en las afueras de San Salvador, en un modelo idéntico al de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus terrenos fiscales confiscados para el beneficio del lavado de dinero y el lobby mafioso de la edificación ociosa, con alquileres imposibles de pagar.

 

Litio, cannabis y algo más

Jueves 22 de junio. Patrullas de la Policía de Jujuy en camionetas privadas filman y fotografían a los manifestantes en Purmamarca. Desde la noche anterior, el gobierno nacional desplegó a la Gendarmería con la idea de “disuadir” los cortes de rutas que unen Jujuy con Chile y Bolivia. Un juez federal subrogante y un fiscal federal subrogante mandataron a la Gendarmería y a la Policía provincial. Sí, la misma fuerza que realizó allanamientos ilegales, se llevó preso a un hombre en silla de ruedas y lo golpeó brutalmente, le sacó un ojo a un joven de 17 años y perforó el cráneo con una carga de gas lacrimógeno a Nelson Mamami, que recién el miércoles por la tarde abrió los ojos después de ser operado de urgencia.

El asunto de fondo en las rutas jujeñas es que 400 comunidades de pueblos originarios no quieren abandonar la pelea contra Morales, piden su renuncia, y le exigen al Presidente Alberto Fernández su intervención.

Ante este panorama aterrador, el obispo de Jujuy Daniel Fernández se ofreció como mediador del conflicto. Pese a que Morales afirmó que borró de la nueva Constitución los dos artículos con amenazas sobre las tierras y el agua de las comunidades de La Puna, las comuneros y comuneras no le creen, porque el fin de semana pasado fueron reprimidos por los mismos funcionarios jujeños que ahora vienen con espejos flamantes, sin olvidar que también les plantaron tres policías de civil en una cena comunitaria.

Entre los más repudiados de los funcionarios que funcionan para Morales se destaca Normando Álvarez García, ex embajador en Bolivia durante el golpe sangriento contra Evo Morales. Álvarez García prometió garantías pero poco después llegaron las balas de goma y la cacería por el desierto. Una afrenta que no se perdona fácilmente. La palabra para las comunidades tiene un valor intangible que debe cumplirse en actos concretos. Lo mejor que podría suceder en estas largas horas de frío y angustia es la llegada de un interlocutor válido con credibilidad entre los pueblos originarios. Podría ser un párroco de esos que no han traicionado. Por lo general, en esta vida, los hombres de verde no curan ni sanan, disparan, y los de azul también.

En Salinas Grandes, el mayor salar de litio a cielo abierto del país, hay algunas comunidades que quieren dialogar pero sin Morales y su Constitución. El gobernador empoderó a su provincia por encima de la República Argentina y su Carta Magna. Alberto Fernández advirtió que demandará a Morales por la violación de derechos humanos y por la imposición de normas que vulneran la Constitución Nacional.

 

 

 

Un ejemplo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango constitucional y protege los derechos y tierras de los pueblos preexistentes a la colonia.

El litio que se produce en la Argentina sale por Chile para fabricar teléfonos celulares y baterías de automóviles en Asia. Existe una puja comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China por el control del mineral en esta región. El año pasado, el programa SIC, Periodismo Textual, que dirigí periodísticamente, realizó capítulos especiales sobre la llamada Triple Frontera del Litio que contiene a Chile, Bolivia y la Argentina. Los capítulos se emitieron en la Televisión Pública.

 

 

 

 

La legislación argentina es menos progresista que la chilena y la boliviana. De hecho, aquí el litio pertenece a las provincias y ni siquiera se ha discutido una legislación semejante en materia de minería. El litio no es considerado estratégico para el Estado Nacional, un dato que Morales conoce y por eso mismo empoderó a Jujuy en la flamante Constitución aprobada de forma exprés, de espaldas al pueblo en las calles, con las docentes ganando un salario básico de 52.000 pesos por jornada de cinco horas. Ninguna maestra puede tener dos cargos: están obligadas a la pobreza y a viajar en colectivos destrozados sin ventanillas y con las ruedas lisas, mientras que el mejor transporte con calefacción se lo llevan las empresas mineras. Las docentes hacen dedo con un frío bajo cero. Camionetas sin patente siguen a las docentes en sus protestas por el centro de Jujuy y recién el jueves por la noche fueron liberados unos 40 presos políticos, aunque seguían en prisión otros 16 con antecedentes. Morales busca aplicarles la norma punitiva de su Constitución. A algunos de los detenidos los sacaron de los hospitales con heridas de la represión ilegal.

 

Encapuchados en camionetas sin identificación y sin patentes, la nueva postal de Jujuy.

 

 

De Glencore a Manzano

Los obreros mineros que se sumaron a la protesta contra Gerardo Morales son trabajadores de la Minera Aguilar, cerca de La Quiaca. Se trata de una empresa que entró en quiebra y la adquirió la multinacional Glencore. Pasó de manos y ahora la compró el empresario ex menemista José Luis Manzano. Los mineros protestan porque Manzano no cumplió. En eso se parece a Morales.

El clan del gobernador controla el cannabis industrial y negocios de la salud en sintonía con personajes del PJ jujeño. La Convención Constituyente fue una sociedad con fines de lucro.

 

 

 

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