Los presos políticos catalanes

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a su llegada a la Audiencia Nacional.

 

Arrancamos con un nuevo ejercicio de memoria. La efemérides está vinculada a la lucha contra la impunidad a través de la denominada justicia universal. El pasado martes hizo 20 años de la detención de Pinochet en Londres, acusado de crímenes de lesa humanidad.

El mismo día se cumplía un año de la detención e ingreso en prisión –allí continúan, en prisión preventiva y sin fianza— de los dos líderes catalanes de las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, “los Jordis”.

Acusados de sedición por alentar una movilización “tumultuaria” en la manifestación del 20 de septiembre, convocada como respuesta a la Operación policial Anubis que supuso registros y la detención de 14 personas. Operación de la guardia civil –policía militarizada con un estremecedor pasado en el siglo XIX y durante la dictadura franquista— para intentar impedir el referéndum del 1° de octubre, después de que hubiera sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Pese a lo cual hubo urnas en los colegios electorales y un censo universal para la votación, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad nacional en muchos de los colegios y calles, y cuyo resultado parcial fue dado como válido en “el canto al sol” que fue la declaración de independencia.

Tenemos muchos elementos encima de la mesa: ideologías de diversa naturaleza conjugadas como las identidades nacionales, el monopolio de la violencia del Estado, la representatividad, la desobediencia, la legalidad (y sus aparatos) o la legitimidad (y su constitución). Pongamos el foco en dos claves: la Justicia como poder estatal y lo político.
La judicialización de la política es una noción amplia que contiene realidades diferentes y diversos estratos de profundidad en la tensión entre derecho y política. Especialmente grave hoy son los golpes blandos a partir de la estructura corporativa de poder del Estado que es la judicatura. Los "favores" a jueces, también el chantaje, en función del status de su carrera, son casi un clásico, frecuentemente mostrado en el cine norteamericano. Fácilmente explicable es el extendido conservadurismo de un sentido común apegado a la clase, la tradición disciplinaria de un poder y su práctica cotidiana. Sin embargo, en la judicialización de la política también tenemos casos como la Italia de Berlusconi en los '90, incluyendo los jueces antimafia asesinados, o el caso de la corrupción del PP en España en estos años, un contrapeso.

El caso catalán es, sin duda, la judicialización de un problema de naturaleza política. Pero, claro, también el Estado moderno, en su ordenamiento jurídico y coercitivo, materializa la fuerza de la reproducción de su propia existencia territorial y, por supuesto, los jueces tienen ideología como todos, naturalizada y cosificada como verdad, pero su trabajo implica el poder de interpretar la ley con la fuerza fáctica de la aplicabilidad de la sentencia que implica, además, la construcción de verdad demostrada. La cosa patina cuando el problema es tan netamente político, es cierto, pero el nacionalismo, en este caso el españolista, hace su trabajo.

Hay además un tema ausente en la discusión, pese a que Gramsci se pusiera relativamente de moda. Una ausencia derivada de la capitalización, por parte de la derecha, de la igualdad centralizadora aplicada al territorio, como consecuencia lógica de la historia española. No se habla del desarrollo nacional, de la acumulación según lógicas de centro-periferia internas.

Es el reflejo cultural de esta dialéctica,  que también opera en el nacionalismo conservador catalanista construyendo una superioridad prototípica, no sólo con la idea de una España “autoritaria, represiva e imperialista” versus un catalán “europeo, verdadera y naturalmente liberal, pacífico y razonable”, sino también con la oposición entre “los ciudadanos de bien que se enriquece con su trabajo” vs “los vagos que viven de subsidios”, aunque la migración trabajadora del resto de territorios españoles a Cataluña fuese inmensa durante todo el siglo XX en la misma lógica de desarrollo-subdesarrollo de siempre. Ese aura de superioridad opera de alguna manera en el discurso ilusorio voluntarista, apoyado en la creencia de que Europa defendería no sé qué principios de democracia liberal que tiene en no sé qué espíritu o ADN – les debió despistar el referéndum de los británicos en Escocia de 2014, después de las décadas del conflicto en Belfast. Algo así como si el ‘fin de la historia’ preconizado en los '90 hubiera sido realidad en su imaginación, pero sólo en y para el “verdadero primer mundo desarrollado” (precisamente, el de historia imperialista por antonomasia).

Claro que la realidad española es una democracia liberal mucho más que encorsetada, con un orden público kafkianamente disciplinado a partir de la ley Corcuera de los '90 a cargo del PSOE, perseguidos y condenados por falta de libertad de expresión a partir de la ley Mordaza, la reforma del código penal y la ley antiterrorista, con juicios incluso por delitos de blasfemias (ofensa a los sentimientos religiosos). Pero con el cuadro general, más amplio, ante los discursos del paralelismo ficticio de la Catalunya de hoy con el Apartheid sudafricano o con la lucha por los derechos civiles reprimida en Estados Unidos durante los '70, porque proponen la desobediencia civil como táctica, a una le asalta un pudor que llega a la indignación ante el abuso de victimización y la exageración de la forma de opresión, banalizándola implícitamente.

Ciertos sectores del movimiento independentista catalán son el ejemplo de la posmodernidad naif de la voluntad de la “clase media bien”, que confunde intencionadamente los derechos políticos, como la autodeterminación, con los derechos humanos, sólo porque sería un blindaje que dependería del exterior y de un tribunal. Lo que implica banalizar tanto la justicia universal como el estatuto de lo político, que contextualiza, claro, el objeto de dicho derecho internacional siempre. Lo cierto es que los Jordis y el resto de los presos son indudablemente presos por cuestiones de naturaleza estrictamente política. Sin embargo, la situación no es comparable con los presos políticos de la represión franquista sufrida en tierras catalanas y en el resto.

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