LOS PRECIOS EN LA LUCHA POLÍTICA

 

La disputa entre dos proyectos de país es la cuestión fundamental que asoma luego de la supremacía en votos que la suma de la Alianza Juntos obtuvo sobre el Frente de Todos.

Esa alianza de las derechas ha decidido explicitar propuestas socialmente regresivas reemplazando el estilo discursivo con el que transitó la campaña del 2015, en la que no se dispusieron a la crítica abierta al gobierno saliente, sino que expresaban que iban a hacer modificaciones para mejorar lo existente. Hoy abiertamente esgrimen proyectos de ley que avanzan en la conculcación de derechos, como el presentado por el Senador Martín Lousteau para eliminar las indemnizaciones por despido. Otra de las ideas que propalan es la reducción de impuestos, bajo el argumento de favorecer a las empresas y a la ciudadanía en general reduciendo los costos empresariales. Este desfinanciamiento del Gasto Público se defiende con la premisa de una supuesta virtud que se le supone al achicamiento del Estado. La derecha también cuestiona las convenciones colectivas de trabajo, y plantea en general “modernizar” el régimen laboral con las llamadas políticas de flexibilización.

Las políticas neoliberales ofertistas han demostrado una gran eficacia para concentrar el ingreso y construir sociedades muy desiguales, a la vez que dejaron como tendal dramático grandes sectores de la población excluidos del proceso productivo y/o en relaciones laborales precarizadas. A su vez, las experiencias en nuestro país y en otros demostraron su inutilidad para promover el crecimiento y el desarrollo. La presentación actual de las mismas por parte de la Alianza Juntos y los autodenominados libertarios, exponen una vocación por recuperar el gobierno en 2023 para disponer una política económica de duro ajuste, que abandone el perfil “gradualista” con que caracterizan a la experiencia 2015-2019.

El campo popular y el Gobierno Nacional requieren de un debate y un análisis preciso de las causas que motivaron la no concurrencia de un importante número de sus votantes a las urnas en las PASO. Esto resulta imperioso para efectivizar las transformaciones necesarias de las políticas que permitan comenzar a revertir la situación hacia noviembre y reencausar el rumbo hacia 2023. Ello es imprescindible para evitar que el proyecto del poder concentrado logre acceder al gobierno, cuyo resultado sería la reinstalación de la hegemonía de una política que profundice la financiarización, el ajuste y el crecimiento de la desigualdad.

El gobierno votado en  2019 debe hoy enfrentar a un poder económico y una oposición política galvanizados por el objetivo de imponer el proyecto neoliberal y antipopular.  Se han propuesto no permitir que los objetivos históricos del proyecto nacional, popular y democrático se puedan cumplir. En los comienzos de la actual gestión gubernamental se implementaron mejoras distributivas, pero el advenimiento de la pandemia con la merma de actividades, provocó una fuerte retracción del PBI, constituyendo las condiciones que fueron aprovechadas por los sectores concentrados para revertir esas mejoras. El gobierno llevó a cabo políticas públicas para compensar los daños económicos y sociales de la peste, como el IFE y el ATP, la suspensión de despidos, los refuerzos del plan alimentar, créditos a tasa cero para los monotributistas y créditos a tasas reducidas para las pymes. Todas en una dirección correcta, pero algunas insuficientes – sobre todo la primera- para compensar las difíciles consecuencias de la pandemia, mientras otras medidas como la suspensión de despidos fueron desobedecidas por grandes empresarios.

El Congreso aprobó el aporte solidario que debieron hacer los poseedores de las fortunas más grandes del país, aporte resistido por muchos de ellos y por la oposición. Esto muestra el clima que imperó durante la pandemia en estos sectores, ausente de cualquier ánimo de consenso y resistente a brindar el apoyo necesario a los más vulnerables.

En tales circunstancias el gobierno popular debió haber demostrado una mayor audacia volcando mayores recursos para el Gasto Social en la emergencia que se vivía, asumiendo la necesidad de un déficit fiscal mayor. También había margen para el aumento de las retenciones a las exportaciones tradicionales, cuyos precios internacionales aumentaron, para obtener mayores recursos presupuestarios y desacoplar los precios de bienes-salario locales frente a los internacionales.

El tema de las subas permanentes de los precios constituyó, y constituye, un verdadero escollo para que el proyecto popular pueda avanzar en una política de redistribución de ingresos. Hay una permanente resistencia empresarial, y maniobras que la expresan, a respetar las regulaciones sobre precios. Tampoco al gobierno se le hace fácil elevar las retenciones porque también encuentra resistencias sectoriales al recorte sobre una super-renta.

Las gremiales empresariales han proclamado permanentemente su oposición a la intervención del Estado para alterar precios de mercado definidos por formadores oligopolizados en una economía altamente concentrada. Una política de ingresos reparadora de la capacidad de los consumos populares no puede resolverse unilateralmente por el flanco de la recomposición de los salarios nominales, sino que requiere evitar que los precios se devoren los aumentos de los sueldos, las jubilaciones y otros ingresos fijos. Esa política de reparación nunca se puede emprender en un esquema de liberalización de los mercados como proponen la AEA y la nueva conducción de la UIA. Las políticas económicas que recurrieron a esa receta pulverizaron los ingresos reales de los asalariados y los sectores vulnerables.

Durante el gobierno de Macri, según un informe de CIFRA-CTA recientemente publicado, el salario mínimo vital y móvil retrocedió un 25% respecto a 2015, tendencia que no se revirtió en el año 2020, llegando el retroceso al 32,7%. En 2021 se invirtió la tendencia con el reciente aumento del mismo, superando la inflación proyectada a diciembre en un 1,9%. El camino por recorrer para alcanzar los niveles de 2015 es largo. Porque implicará llegar a un salario mínimo de $44.700 a diciembre, medido en valores a ese mes. Ocurre además, que el poder económico concentrado no quiere que se pueda consolidar el gobierno de Alberto Fernández porque no están dispuestos a perder la recuperación de la participación de las rentas y ganancias de la propiedad frente a las remuneraciones logradas después del segundo gobierno de Cristina Fernández. Pero además un Estado grande y eficiente permitiría un mayor equilibrio de poder entre los sectores del patronato y los asalariados formales y precarizados. No quieren ese Estado y no facilitarán la construcción de una burocracia eficaz para regular los precios. Por eso no muestran ninguna voluntad de consensuar con el gobierno y los sectores que lo votaron las medidas necesarias para que éste pueda avanzar con sus objetivos y su programa.

Esa resistencia de los sectores de poder y la inexistencia de una recuperación de lo perdido durante el gobierno de Macri en la primera mitad del gobierno del Frente de Todos, fue el motivo del descontento que se manifestó en las PASO y que permitió que el neoliberalismo se alzara con el mayor número de votos como consecuencia de la apatía y ausentismo que registró el voto popular. Coincidiendo desde esta perspectiva con Gabriel Fernández en Mensajes II (La Señal): “El impacto sufrido no es multicausal: es económico y social. Por eso una lectura confusa de los resultados puede derivar en conclusiones lamentables”.

Sin embargo, con el alivio actual de la pandemia – ¿tal vez definitivo?— se abrirán mejores perspectivas para la no fácil tarea de emprender la conflictividad necesaria para avanzar en los objetivos por los que, como comenta Raúl Zaffaroni en la nota de La Tecla Ñ reproducida por el Cohete a la Luna el domingo 19, “el 48% que en 2019 votó contra los que estaban destruyendo el país (lo) hizo siguiendo la bandera de una fuerza nacional y popular… que postula la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”. Es imprescindible reconstituir la consolidación de la fuerza popular. Lo que requiere de una épica que persiga la recuperación y conquista de más derechos, y específicamente de los perdidos en el último período neoliberal. Siguiendo a Zaffaroni: “La lucha política siempre es por derechos, porque estos nunca se obtienen por consenso ni por cesión graciosa sino por conflicto… No se trata de hacer lo imposible, sino de hacer lo posible y esforzarse para que lo imposible sea posible”. Este último concepto del gran jurista argentino debe estar presente a la hora de negociar con el FMI. La amenaza de otro período neoliberal debe despejarse, porque su efecto destructivo sería multiplicado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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