LOS POBRES RICOS QUE TIENEN TRISTEZA

 

Al calor del debate sobre el aporte solidario a las grandes fortunas, el último jueves las propaladoras comunicacionales del establishment local difundieron las 20 propuestas del Grupo Constituya, un nuevo think tank de la derecha argentina que prioriza la protección de los colectivos más opulentos de la sociedad para sobrecargar el peso de la crisis sanitaria en las mayorías populares. Su programa insiste en favorecer a los más poderosos. Promueven la reducción de salarios, la eliminación de la doble indemnización y la potestad para aplicar suspensiones y/o despidos. Se autodefinen como un colectivo digital ciudadano, apartidario, plural y con raigambre federal, pese a que sus iniciativas no difieren de las motorizadas por la actual oposición. Sustentan visiones ortodoxas, sus integrantes son porteños y varios de sus integrantes fueron funcionarios o asesores del cuatrienio macrista. Es decir, ni apartidarios, ni plurales, ni federales.

Coherentes con el resto de los colectivos comprometidos en imponer un sentido funcional a los intereses de los grupos concentrados, el Grupo Constituya se muestra compasivo con los multimillonarios, a quienes considera discriminados y víctimas de políticas confiscatorias. Insisten, además, que dicho aporte redundará en una serie de abominaciones gigantescas. Las  cuatro advertencias de estos defensores de los millonarios son:

1. Se generará una reducción de la inversión local;
2. Se incrementará la desconfianza externa y se perderán oportunidades de inversión extranjera;
3. Se perderán empleos;
4. Se ahondará la recesión como producto de la presión fiscal.

La primera proposición asevera que una política de índole aperturista, orientada a la desregulación creciente del mercado, es más recomendable para garantizar el incremento de la inversión. Sin embargo, la performance evidenciada en este rubro por parte del macrismo alcanzó en 2019 el mismo guarismo que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, un 17 % del PBI. No hubo cambios pese a la flexibilidad otorgada a los capitales y la promocionada lluvia de inversiones. En donde sí hubo sustanciales modificaciones fue en la fuga de capitales, que no dejó de incrementarse durante el cuatrienio macrista, llegando a triplicar los valores durante tres de los cuatro años de su gestión:

 

 

 

 

La segunda afirmación busca fomentar el pánico en relación a una supuesta pérdida de inversiones externas productivas. Sin embargo, si se observa con detenimiento la  Inversión Extranjera Directa (IED) en las últimas décadas, su comportamiento estructural aparece como autonomizada de las políticas decididas por los diferentes gobiernos. La IED en América Latina y Argentina es cada vez menos relevante dado que sus flujos se han trasladado al sudeste asiático y hacia regiones donde no existen regulaciones laborales.

En el año 2000, la IED en nuestro país representaba 0.91 % del total global. En 2010 ese porcentaje se redujo al 0.43 %. Y en 2019 –bajo la mendaz euforia macrista– al 0.19 %.  Esa pendiente es similar a los guarismos que se observan en América Latina: en el año 2000 –plena efervescencia neoliberal local, protagonizada por Domingo Cavallo– el total de la IED de Argentina suponía el 20 % del total latinoamericano. En 2010 se desplomó al 5.39 % y en 2019 alcanzó apenas el 3 % del total. Diversas razones pueden explicar esta mala performance. Pero la más importante radica en que la IED elige costas donde el trabajo carece de derechos y la Argentina no ha sido el mejor lugar para sojuzgar a las sindicales. La inversión externa se resiste a ingresar porque no logran imponerse las flexibilidades laborales que exigen.

 

 

Extorsiones

La tercera presunción se vincula con la pérdida de empleos que ocasionará el aporte extraordinario. Esta aseveración también supone una falacia de origen, basada en la teoría de que las políticas promercado, motorizadas por la ortodoxia, garantizan la empleabilidad, y que –por el contrario– las políticas tributarias progresivas son perniciosas para la inclusión laboral de índole formal. La realidad empírica no parece coincidir con esa hipótesis: el empleo privado (el más valorado por la narrativa neoliberal argenta) decreció en el cuatrienio macrista en forma progresiva y absoluta, tanto en su volumen como al interior de los sectores de las grandes empresas, las medianas, los pequeñas y las microempresas. Todos resultados antagónicos a las jactancias del libre mercado.

 

 

 

 

La cuarta advertencia apocalíptica se vincula con la potencial recesión que, advierten, va a generar al aporte extraordinario, como producto de la denominada presión/carga fiscal. Según Luciano Laspina, uno de los diputados del interbloque de JxC, el proyecto de Ley “es confiscatorio. El Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad”. Sin embargo, en términos tributarios, Argentina no aparece entre los países con mayor presión tributaria. Viene debajo de Uruguay y Brasil en el ranking internacional de ingresos fiscales clasificado por la OCDE, el centro de análisis de los países ricos que admira el establishment local.

La UIA es otra de las organizaciones que funcionan como guardaespaldas de los magnates. En su defensa aseveran que el aporte “profundizará aquellos problemas que impiden emprender el camino de la recuperación sostenida”. Sin embargo, el FMI exige el incremento de los impuestos a los sectores más ricos: “Los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario, y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”. El director del Departamento de Finanzas Públicas de ese organismo multilateral, Vitor Gaspar, justificó la recomendación en la necesidad de invertir los ingresos resultantes en el financiamiento de los servicios críticos, como las redes de salud y de protección social, en una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”. La derecha argentina se sitúa, sin sonrojarse, a la mismísima diestra del FMI.

Hay quienes sienten que al proteger a los poderosos se transforman en sus pares, buscan ser como ellos para participar, aunque sea marginalmente, de sus lujos. Otros, son subyugados por prosaicos intereses crematísticos: apuestan a recibir las migajas monetarias que los empresarios reservan para sus fieles servidores. En este grupo se destacan diversos comunicadores del establishment, habituales empleados de la trifecta mediática, que son seducidos por sobresueldos pecuniarios. Por último, también coexisten los gendarmes ideológicos, que permanecen refugiados en trincheras anacrónicas de guerra fría, donde creen jugarse la supervivencia de un occidente amenazado por el estatismo socializante, que –aducen– despoja a los individuos de su natural egoísmo darwiniano.

Ninguno de estos tres colectivos –que se esmeran en guarecer a los pobres desdichados señores ricos– admitiría siquiera escuchar la vigente sentencia de Jean-Jacques Rousseau, enunciada hace más dos siglos: “La igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, y ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse”.

 

 

 

 

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