Los pasillos oscuros de D'Alessio
Entre el poder de los espías y la tibieza del Estado
“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”
“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.
El sistema judicial de la República Argentina permanece separado de los problemas más acuciantes de los ciudadanos pero, a la vez, expresa con sus movimientos el estado de ebullición de la sociedad. Un estado de ebullición que nos muestra reacciones individuales diferentes de los máximos responsables de las instituciones y que, por eso mismo, revela que el aparato estatal se rige por las leyes vigentes y también por las decisiones de los funcionarios que las conducen.
El impacto del escándalo derivado del caso D’Alessio se incrementa día tras día. El que más llama la atención, se relaciona con el grado de interrelación entre el espionaje y la actividad judicial. La magnitud de esa dinámica es difícil de calibrar y cuesta comprender la parsimonia del Estado. Hasta el momento, la reacción del Congreso de la Nación se limitó a poner en movimiento las Comisiones de Libertad de Expresión y de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.
El Poder Ejecutivo sólo propuso, casi como una declaración de principios, la remoción del juez Alejo Ramos Padilla que es quien lleva adelante la investigación.La Corte Suprema de Justicia de la Nación, suministró algunos recursos materiales a Ramos Padilla y nada más. El Procurador General de la Nación, Ricardo Casal, tiene en sus manos la situación del fiscal Carlos Stornelli pero, como una brasa que brilla por el calor que condensa, se la pasa de una mano a la otra sin saber bien qué hacer.
Primero desechó las alertas del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, luego abrió un expediente administrativo y crecen las versiones —no desmentidas oficialmente— que dicen que Casal estaría dispuesto a rodear a Stornelli de otros fiscales para fortalecer la causa de los “Cuadernos de Centeno”, aunque en el quinto piso de Comodoro Py los fiscales deslizan por lo bajo que rechazaron puntuales sondeos para integrar ese eventual equipo.
En la provincia de Buenos Aires, en cambio, la justicia bonaerense reaccionó diferente frente a la situación del fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, quien fue citado como imputado por el juez Ramos Padilla debido a sus interacciones con Marcelo D’Alessio y también en Comodoro Py por el juez Luis Rodríguez. Bidone fue inicialmente separado del cargo por decisión de la Corte provincial tras un pedido del Procurador Julio Conte Grand, quien además lo denunció. Luego, la titular de la Unidad Fiscal N° 8 de San Martín, Verónica Pérez, lo convocó a prestar declaración por el delito de violación de los deberes de funcionario público y puso en conocimiento los hechos de la Procuración General provincial para que se inicie una investigación disciplinaria. La justicia de la provincia parece enfrentar con más decisión estos hechos.
Pero los sinuosos movimientos de la Procuración General de la Nación y de la Corte Suprema se pueden analizar desde otro lugar. Casal es un funcionario interino que frente a cada crisis apostó a que el tiempo solucione los problemas. Hasta ahora no tomó decisiones relevantes salvo, claro está, disponer puntuales traslados de fiscales como el caso de Juan Pedro Zoni que investigaba el escándalo del “Correo Argentino” y fue oportunamente reasignado a una fiscalía del fuero ordinario de la ciudad. Pero, salvo esos guiños al gobierno, no tomó decisiones para proteger al organismo que representa a los intereses generales de la sociedad, según el artículo 120 de la Constitución Nacional. Casal dejó que el viento se convierta en la vela que guía los destinos del Ministerio Público Fiscal.
La Corte Suprema por su lado, permanece trabada en la sucesión de Ricardo Lorenzetti como presidente. El cuerpo no logra culminar la transición. No me voy a referir a las sentencias, sino a la labor política de la Corte como cabeza del Poder Judicial.Los Supremos permanecen envueltos en la reorganización de la administración de la Corte. Carlos Rosenkrantz perdió hace tiempo el crucial poder de disponer individualmente de asignar recursos materiales como las designaciones de empleados. El martes perdió el control del Centro de Información Judicial. Fue desairado por los jueces de Comodoro Py en la apertura del año judicial y el cuarto piso es una usina de rumores sobre las condiciones en que va a desempeñar su presidencia. Incluso Elisa Carrió receptó ese malestar cortesano y el martes pasado sorprendió con un tuit en el que denunciaba un golpe de estado en el tribunal y le pedía a Rosenkrantz que no renuncie.
La Corte tiene demasiados problemas como para ocuparse de temas que no están en la cima de su agenda. Las intrigas, las especulaciones, la puja por los espacios atraen la mayor atención de los magistrados. Lo mismo ocurre con la Procuración general, que se convirtió en un espacio en el que rige la indiferencia frente a problemas muy puntuales que tiene la institución y que trascienden a las personas.
No es “normal” que un grupo de jueces siquiera participe del lanzamiento del año judicial, tampoco es “normal” que un fiscal sea declarado rebelde por un juez; menos aún que otros fiscales sean trasladados por conveniencia política o que otros sean sometidos a proceso de disciplinamiento en nombre de valores no identificados y que seguramente no son compatibles con el lenguaje de la ley. Es verdad que contrasta el tratamiento del caso “Bidone”. Pero ese paso tenue no es suficiente para acercar a las instituciones a la sociedad. Nuestro país está resignando un rasgo básico de la democracia: que los derechos sean el elemento que ordena la vida en común. Si ese sendero persiste, significa que ingresamos a pasillos demasiado oscuros.
Publicado en #Dos Justicias
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