Los otros 70

 

El presidente del jurásico Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires les dio la bienvenida en nombre de todo el directorio. Victoria Villarruel, vestida de impecable traje violeta, agradeció tanta presencia para tratar un tema que, dijo, cada día cuenta con más actualidad. Entre el auditorio repleto de trajes oscuros había mayoría de septuagenarios, camaradas que suelen sentarse a observar los juicios a los represores por crímenes de lesa humanidad y mujeres enroladas en las organizaciones de los dos demonios que reclaman impunidad. Estaban allí para escuchar las novedades sobre el estado de situación del caso Larrabure, ahora a la espera de una definición de la Sala II de la Cámara de Casación. Al lado del presidente jurásico y ahora conjuez de la Corte Suprema, Guillermo Lipera, se sentaron los tres oradores de la tarde: Javier Vigo Leguizamón, abogado de la causa; Emilio Cárdenas, que se presentó como ex embajador argentino ante el Consejo de Seguridad de la ONU pero omitió aclarar que lo hizo durante el menemismo: y Daniel Sabsay, que en abril festejó junto a Lipera ante los Tribunales la detención de Lula y exigió hacer lo mismo en Argentina al grito de ¡sí, se puede! 

"Parece que esto es únicamente por el caso Larrabure, pero representa lo que son las aspiraciones al reconocimiento de los derechos humanos para todas las víctimas del terrorismo", inició Villarruel.

 

 

Villarruel es abogada, conocida como cabeza del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELVYT), la organización creada como espejo invertido del CELS para frenar los juicios de lesa humanidad. Autora de un libro que justifica a los sangrientos dictadores, saludó la presencia de los "tres nietos" del coronel Argentino Del Valle Larrabure, de las familias de "otras víctimas" y abrazó a todos ellos en nombre de una sociedad "que no olvida y pide por sus muertos el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación". Luego obligó a la sala a ponerse de pie en homenaje a "las víctimas de Argentina que no tienen derechos humanos". Dio una cifra exorbitante de 17.380 personas. Al final dijo lo que tenía que decir: la bomba y Ramón Falcón.

"La violencia que no fue resuelta porque no tuvo justicia regresa en nuevas generaciones que llevan adelante ese mensaje: que la revolución, que la violencia, que la fuerza puede utilizarse contra ciudadanos comunes, contra el Estado, contra sus instituciones. Y nada de eso lleva sanción", dijo y nadie la detuvo para preguntarle de qué falta de sanción estaba hablando. "Lamentablemente —siguió— estamos viviendo momentos en los que vemos personas con clavos y bombas en el cementerio para zanjar las desigualdades de nuestra sociedad, la situación económica o como queramos llamarlo", dijo y pareció admitir lo inevitable. Y concluyó: "La violencia nunca es el camino".

 

 

Vigo Leguizamón y Emilio Cárdenas se conocen. Escribieron juntos el  libro El terrorismo como crimen de lesa humanidad. En términos técnicos sus intervenciones no parecen haber tenido novedades. El caso concluyó en septiembre con un fallo de la Cámara Federal de Rosario, que volvió a decir —como el juez de primera instancia—, que la muerte del coronel no podía ser revisada porque ya se juzgó en los años '70 y no constituye un crimen de lesa humanidad. Los impulsores fueron en queja a Casación. La queja fue aceptada. Y ahora esperan la revisión. Históricamente mezclaron recortes de revistas y diarios con fechas y protagonistas de Montoneros y del ERP para mostrar vinculaciones políticas, decir que las organizaciones armadas debían ser consideradas parte del Estado porque supuestamente contaban con apoyo de tres países: Argentina, Chile y Cuba. Ahora corrigieron datos. Hablan más específicamente del ERP. En la mesa expusieron sobre dos ejes. El encuadre de los hechos en la Convención de Ginebra de 1939, sobre el derecho de guerra. Y afirmaron que el ERP debe ser considerado grupo insurgente y parte de esa guerra. Como ninguno de los argumentos hasta ahora prosperó —la sentencia 13 del Juicio a las Juntas desechó vía discusión de la palabra aniquilamiento, a esos argumentos como "inaceptables"— ahora también hablaron de antecedentes de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Tablada. Pero lo que querían decir era otra cosa.

"¿Qué diferencia existe entre este hombre que no se quebró y los líderes del ERP que decían luchar por un mundo menos corrupto y que hemos visto ingresar recientemente a la cárcel luego de cambiar la orga de los fierros por la orga de los bolsos?", disparó Vigo Leguizamón.

 

 

 

En otro momento, las escenas no habrían sido más que datos de color. Pero en este contexto, la postal del Colegio de Abogados dialoga con acciones de gobierno. El espacio ultraconservador que proveyó de cuadros a la dictadura, realizó a pedido del gobierno una auditoría sobre los jueces federales que incluyó una denuncia contra Daniel Rafecas y Ariel Lijo ante el Consejo de la Magistratura. Su presidente, como se dijo, fue nombrado conjuez de la Corte de Carlos Rosenkrantz con fallos pendientes sobre el 2x1. Emilio Cárdenas también es figura del presente. Horacio Verbitsky dijo en estas páginas que integra el estudio Nicholson y Cano Abogados, uno de los mayores estudios del país con clientes como el Ingenio Ledesma, el Centro Azucarero Argentino y la cámara de banqueros ADEBA. Allí es socio de Alfredo Mauricio Vítolo, especialista en derecho corporativo, director de grandes empresas y, para lo que importa aquí, asesor jurídico de Claudio Avruj que propugna el perdón a los militares detenidos.

"Ese silencio largo que parece estar terminando —dijo Cárdenas— sucedió por las razones que fuesen. Algunos dirán por miedo, otros dirán por ideología. Cualquiera sea la razón, por muchos años ese silencio se mantuvo: no sólo desde el Estado se pueden cometer estos delitos, también lo hacen los grupos insurgentes armados y diga lo que diga la Cámara Federal de Rosario —dijo, y sacó de la galera un remate—, esa hoy es la doctrina internacional pacífica".

Luego hablaron de todo lo que tenían que hablar. Criticaron al Ministerio Público Fiscal gestión Gils Carbó. Agradecieron a los dueños de casa. Y remataron con los 70 años de historia maldita. "Es muy importante que este acto se hiciera en el seno del Colegio de Abogados —dijo Vigo Leguizamón— porque estoy absolutamente convencido de que la Argentina se va a reconciliar el día que juzguemos a todos. Cuando uno piensa los 70 años de incesante decadencia, debemos preguntarnos si la causa no radica en nuestra incapacidad de educación en la verdad".

La sala, entonces, aplaudió a rabiar.

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