Los nuevos también son ciudadanos

 

Antes de enfrentar el porvenir, conviene siempre hacer una pausa y mirar qué caminos nos trajeron hasta acá. El ejercicio de la memoria reciente en materia de derechos de las juventudes tiene una parada obligatoria: el Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina (PROG.R.ES.AR), lanzado por Cristina Fernández de Kirchner en 2014. En sus palabras, significó “un proyecto de vida”, “una esperanza de futuro para todos los argentinos” y un “sistema de seguridad social [que] reconoce al sujeto de derecho humano”. Ese año el programa terminó con 570.000 destinatarios. En 2015, la entonces Presidenta de la Nación anunció un incremento de la cuota en un 50% y un aumento del tope de ingresos para ser titular, con lo que la cantidad de inscriptos aumentó a casi un millón. En paralelo, envió al Congreso un proyecto de ley de Promoción de las Juventudes, que tenía por objeto institucionalizar la movilidad semestral de la cuota del Progresar y crear un organismo que coordine las políticas públicas destinadas a la juventud, que se estimaban en unas 60, desperdigadas en distintos entes de gobierno.

“Ah… pero Macri”. Sí, con Mauricio Macri el proyecto de ley de Promoción de las Juventudes se durmió, se congeló el monto del incentivo por dos años y se recortó su presupuesto a la mitad en términos nominales. Que la gestión cambiemita rebautizara el programa como “Beca Progresar” y que el primer mandatario lo referenciara en sus discursos como un “plan”, tampoco es un hecho inocuo en el libreto gubernamental.

Para 2022, la curva es ascendente:

 

 

 

 

Con un récord histórico en cantidad de titulares del Progresar –casi 1.4 millones de jóvenes, lo que representa un crecimiento de 250% en dos años– y una inversión anual de 120 millones de pesos, el camino de la recuperación está iniciado. Para recobrar el impacto que significó esa política pública en 2014-2015, restaría abordar un asunto no menor: duplicar el monto de la prestación.

La posibilidad de instaurar por ley los derechos de las juventudes no cosechó grandes avances en la Argentina post-pandémica. El debate tuvo una breve irrupción en la agenda pública con la media sanción que el Senado dio por unanimidad en octubre de 2021 al proyecto de Ley Nacional de Juventudes, impulsado por la senadora puntana María Eugenia Catalfamo, que el pasado miércoles migró de las filas del Frente de Todos hacia el bloque Unidad Federal. El proyecto incluye la creación de tres organismos de promoción de juventudes y la fijación de un piso mínimo de 0,02% del Presupuesto para el financiamiento de políticas públicas destinadas a personas de entre 18 y 29 años. En Diputados, la posta la tomó en septiembre de 2022 la legisladora más joven del Congreso, Brenda Vargas Matiy, aunque aún no logró inducir su tratamiento. En donde sí hay movimientos es en la provincia de Buenos Aires.

 

 

 

Vi un OPNI (Objeto Problemático No Identificado)

El problema de la juventud es… (completar aquí a gusto y piacere para construir un titular de un diario cualquiera). La referencia a las y los jóvenes como portadores del “daño social” es un lugar común con el que se han derramado litros de tinta en la historia de la discursividad dominante. La delincuencia, los consumos problemáticos y las conductas riesgosas son los temas fetiche de las derechas, dedicadas a infundir el pánico con cuantiosas peroratas, que suelen ser poco creativas en sus métodos de resolución de conflicto: reprimir la “amenaza” a como dé lugar.

La semana pasada, dispensándose del mandato de la originalidad, La Nación protagonizó una nueva oda por la baja de edad de imputabilidad en su editorial “Minoridad y delito”, en el que enumeró que la pobreza, la falta de escolarización, la droga y “la ausencia de ejemplaridad y de valores, la confusión entre represión y sanos límites (…) condicionan gravemente la capacidad de la familia y de los educadores para brindar contención a un segmento tan importante de la sociedad”. Para el matutino, no solo es inviable seguir la vía de la protección y la prevención institucional, sino que también lo es respetar los Derechos del Niño, a los que nuestro país adhirió en 1989: “Agravada por una degradación general de las costumbres sociales, tornan muy difícil adoptar y aplicar eficazmente las recomendaciones de la Convención Internacional a la hora de implementar cambios al actual régimen penal de la minoridad”.

Lo anterior es sólo un elemento que repite el patrón de la legendaria antítesis entre las derechas y los derechos. Sin embargo, la identificación de la juventud como un objeto problemático es cada vez más usual en el progresismo, en particular cuando se alude a su vinculación con la política. Los motivantes de la preocupación se polarizan entre señalar su indiferencia y su peligrosidad. De un lado, como secuela del proceso neoliberal, se detecta una juventud desmovilizada y desafiliada, que descree de las vías formales de participación y se zambulle en el secuencial letargo de las redes sociales y los videojuegos. Del otro, se la escudriña como una fuerza seducida por las ultraderechas que, con una arenga anti-sistema y anti-casta, enmascaran posicionamientos misóginos, racistas y aporafóbicos como si fuesen “gestos de rebeldía” frente al establishment gobernante.

Pero existe otra mirada del asunto, que las derechas se esfuerzan en negar, pero que el campo popular no debería olvidar: el enfoque de derechos.

 

 

 

No es un átomo

En su editorial de la edición de enero de Le Monde Diplomatique, José Natanson considera que el alejamiento de las juventudes de la política y, en particular, del peronismo, se debe a su dificultad para interpelar, con su “discurso protector, su visión del Estado como igualador social y su apelación permanente a la acción colectiva de sindicatos o movimientos sociales” a una generación que se inserta en mundo laboral de manera atomizada e intermitente, en un contexto de creciente digitalización de las relaciones sociales.

Más allá del abismo de desigualdades entre una influencer de Palermo y una joven del interior que se rebusca con el comercio electrónico, lo que tienen en común –analiza Natanson– es que se trata de iniciativas individuales “sostenidas en las ideas de libertad, pequeña propiedad, flexibilidad horaria, creatividad y emprendedorismo”. Sin escatimar en provocaciones, el politólogo cuestiona la perspectiva de futuro que ofrece el peronismo: “¿Cuál es su propuesta? ¿Que organicen una cooperativa, marchen a la Plaza de Mayo, formen un sindicato? ¿Qué joven sueña hoy con crear un sindicato?”

Sin embargo, la ascendente fragmentación e incertidumbre en el mundo del trabajo, que de manera abusiva se le achaca a una fuerza política local, es una marca epocal de escala planetaria. Quizá el interrogante que cabría formular es: ¿qué derechos laborales tienen las y los jóvenes que se insertan en este precario panorama?

La expansión de la figura del emprendedor como modelo de éxito contiene varias implicancias en el plano de la subjetividad, es decir, impacta en nuestra percepción del deseo y del deber. En la narrativa neoliberal, el sujeto está llamado a hacer de sí mismo una empresa: maximizar su rendimiento, asumir riesgos y “hacerse cargo” de sus fracasos. En este esquema, se presentan “oportunidades” y aprovecharlas o no queda a cuenta y cargo de cada uno. Este giro de responsabilización individual resulta muy conveniente para encubrir los déficits del poder gubernamental, ya que el plano de la moralidad camufla las crisis económicas. Y, en paralelo, quiebra el lazo social que une a los sujetos con el Estado, los va dejando solos, abandonados a su suerte. La pérdida de derechos colectivos acelera la dinámica de des-ciudadanización. El horizonte no es alentador: lo que sigue es la disipación progresiva del imaginario igualitario y universalista que cimienta el orden democrático.

¿Y ellas y ellos qué dicen? Según un informe de CIPPEC y UNICEF Argentina (marzo de 2022), la calidad educativa acaparó un tercio de las respuestas entre los temas que más preocupan a las y los jóvenes, seguido del cuidado de la salud mental. Más de la mitad cree que hace falta legislación que mejore su inserción laboral.

 

 

 

 

Con este paisaje global, hacer foco en los derechos de las juventudes tiene dos ventajas sustanciales. En principio, desmantela la mirada estigmatizante que los identifica como un problema. Esta perspectiva supone desobturar su agencia y concebirlos como un sector con capacidad para protagonizar la mejora cualitativa de sus trayectorias vitales y contribuir al desarrollo nacional. Nombrar a las y los jóvenes desde su ciudadanía implica hacerlos parte de un esquema de reconocimiento común, porque forman parte de una sociedad, no son átomos. Por supuesto, este acto de investidura como parte legítima de una comunidad, dentro de un sistema democrático, está primordialmente en manos del Estado.

Además, el enfoque de derechos invierte el esquema de responsabilización. Es oportuno, pues, preguntarse: ¿cómo está invocando el Estado a las juventudes? ¿Qué políticas públicas los nombran? ¿Qué derechos se les garantiza?

 

 

 

Sujetos de derecho

Quien parece avizorar la premura de instituir los derechos de la nueva generación de ciudadanos es Axel Kicillof. El 11 de febrero, con un foro en Mar del Plata, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso primera en la construcción participativa de una legislación integral para las juventudes bonaerenses: “Una ley que no solo promueva nuevos derechos, sino que proteja los derechos ya existentes”, indicó la directora de Juventudes de la Provincia, Ayelén López. Hacía referencia a darle mayor fuerza y perdurabilidad a políticas públicas de inclusión socio-comunitaria, como el Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVIÓN, vaciado por la gestión de María Eugenia Vidal, que hoy cuenta con 52.000 destinatarios de entre 12 y 21 años con prestaciones de $6.500, y 3.500 tutores que cobran $10.500.

 

 

 

Lo primero es escuchar

“Estamos pensando a los jóvenes no solo como destinatarios y destinatarias de estas políticas públicas, sino como protagonistas, planificadores y planificadoras y ejecutores de las mismas”, valoró el director de Políticas Solidarias del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial, Felipe Rinesi.

 

 

 

Otro eje de debate del Primer Foro hacia una Ley Provincial de Juventudes fue ampliar el acceso a la educación superior. Para ello se propuso crear un programa de Residencias Estudiantiles, que garantice la permanencia de estudiantes en ciudades con entidades universitarias o terciarias, distintas a la ciudad de origen, a través de becas destinadas a las áreas de Juventudes de los gobiernos municipales, organizaciones o centros de estudiantes con personería jurídica. Finalmente, se insistió en la necesidad de fortalecer las instancias de representación del sector:

 

• Observatorio Provincial de Juventudes: fundar un órgano que monitoree y sistematice la información sobre el desarrollo social, económico y cultural de las juventudes, en articulación con universidades y organismos gubernamentales y no gubernamentales.
• Instituto Provincial de las Juventudes: jerarquizar lo que hoy es una dirección dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
• Gabinete Joven: se demanda que haya un representante de la juventud por cada uno de los ministerios de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de transversalizar la perspectiva joven en las acciones y programas de gobierno.
• Áreas de Juventudes en los municipios: apunta a la creación de espacios de gestión en aquellos municipios que no cuenten con áreas que representen institucionalmente a las y los jóvenes.

 

La proclamación de un derecho, por su propia lógica, contiene un movimiento de ampliación del imaginario igualitario. Al mismo tiempo, pone un haz de luz sobre todas aquellas circunstancias en las que el acceso a ese derecho es restringido o vulnerado: hace posible la percepción de la desigualdad. Por eso, para hacerle frente a las derechas, hacen falta más derechos.

 

 

 

 

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