Los negocios de la emergencia sanitaria

 

En nuestro país, la evolución del saneamiento básico (infraestructura de agua potable y desagües cloacales) siempre ha dependido del devenir de los procesos políticos. Las epidemias de cólera, viruela, escarlatina y fiebre amarilla, que tuvieron lugar en 1867-1871, constituyeron enormes desafíos para el sanitarismo argentino. Así surgieron los primeros proyectos de saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires llevados a cabo por John Coghlan, primero, y el ingeniero Bateman, después, entre 1869-1880.

En 1880, las obras construidas (redes distribuidoras de agua potable, cloacas máximas y grandes conductos pluviales) daban cobertura a la cuarta parte de la ciudad. Durante un siglo, entre 1880 y 1980, la empresa nacional Obras Sanitarias de la Nación tuvo a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las principales ciudades de nuestro territorio. Entre 1947 y 1951, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el programa de obras de infraestructura ubicó a la Argentina como líder en la región en materia sanitaria. De la mano de la última dictadura cívico-militar llegarían el desfinanciamiento y el desguace del sistema sanitario, proceso que termina de consolidarse en la década del ‘90 con la privatización del sector. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, el servicio público de agua y saneamiento se mantuvo privatizado hasta que en el año 2006 se otorgó la concesión del servicio sanitario a la empresa AySA SA, cuyo capital pertenece en un 90 % al Estado nacional y en un 10 % a sus empleados.

La Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DNAyS), dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, identifica 1.400 prestadoras de servicios de agua y saneamiento que operan a escala regional, provincial o municipal organizadas en sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, sociedades del Estado, sociedades anónimas, cooperativas de servicios y mutuales, dependencias municipales o comunales y asociaciones comunitarias. La DNAPyS estima que el déficit de agua potable gestionada de forma segura alcanza al 20 % de la población argentina, mientras que, en términos de saneamiento, el déficit llega al 44 %.

El Banco Interamericano de Desarrollo informa que, en promedio, los hogares de América Latina y el Caribe destinan el 14 % de sus ingresos al pago de servicios esenciales (BID, 2020). El mismo informe revela que, en el año 2019, el 55 % de la población rural de América Latina y el Caribe no accedía al agua en red en el propio hogar y 45 millones de habitantes en la región no contaban con conexión cloacal o tanque séptico.

 

 

La desigualdad territorial en el acceso al agua y al saneamiento

Ciento cuarenta años después de las epidemias que dieron lugar a las primeras obras de infraestructura que, a su vez, ubicaron en la década del ‘60 a la Argentina como pionera de nuestra región en el sector de agua potable y saneamiento, más del 10 % de la población de la Argentina habita en un barrio popular sin acceso formal al agua potable, al saneamiento cloacal y a la higiene. Y en la Ciudad de Buenos Aires ese porcentaje asciende al 15 %.

La pandemia por COVID-19 nos interpela a repensar el paradigma de la ingeniería sanitaria, desde una perspectiva integral, socio-comunitaria y de género. La crisis climática nos obliga a pensar nuevos modelos de ciudad basados en la democratización de todas las dimensiones urbanas y eso implica acceder en igualdad de condiciones al conjunto de los servicios sanitarios.

La Ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor presupuesto per cápita del país y está entre las tres ciudades más ricas de Latinoamérica. Actualmente, la ciudad tiene 3.120.612 habitantes. Para el presupuesto 2023 se estipularon más de 2 billones de pesos. Esto equivale a 690 mil pesos por habitante. Un incremento del 120 %, superando la inflación interanual. Según datos oficiales, la población de los asentamientos informales pasó en el año 2001 de 107.000 habitantes a 300.000 en el año 2015. Se estima que actualmente los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires representan alrededor del 15 % de la población total de la ciudad. Es decir, que entre 400.000 y 450.000 habitantes no acceden formalmente a los servicios básicos sanitarios. Producto de la falta de servicios básicos, los pobladores de las villas se encuentran expuestos permanentemente a un elevado riesgo sanitario y ambiental, comprobado por la reducción de la esperanza de vida de 10 años en promedio y la duplicación de la mortalidad infantil respecto a los barrios urbanizados con servicios formales.

La administración territorial de la Ciudad de Buenos Aires se organiza en 15 comunas. La mayoría de los barrios populares se localizan en el sur de la ciudad, en las comunas 4 y 8. Se estima que, en estas comunas, un tercio de su población habita en un barrio popular sin acceso formal a los servicios sanitarios.

El promedio del registro histórico 2010-2020 de la tasa de mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos), utilizando como fuente la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA, evidencia que la mortalidad infantil en las Comunas 4 y 8, donde el 30 % de sus habitantes no acceden formalmente a los servicios sanitarios, duplica el valor de la mortalidad infantil comparado con la comuna 13, donde el acceso a los servicios sanitarios alcanza al 100 % de su población.

 

 

El promedio 2010-2020 de la edad promedio de fallecimiento según la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA evidencia que la esperanza de vida en la comuna 8 se reduce hasta 10 años cuando la comparamos con la comuna 13 en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida en la comuna 8 respecto a las de la comuna 13 se reduce en 7 años.

 

 

Sin duda, el modelo urbano que se consolida en la ciudad solo reproduce y amplifica desigualdades. Sino cómo explicamos que mientras en promedio el 22 % de la población de Buenos Aires supera los 60 años, en Villa 20 y Ramón Carrillo este porcentaje sólo alcanza respectivamente al 4 % y al 6 % de sus habitantes.

 

 

La sistematización y el análisis de los últimos 10 años de relevamientos e intervenciones llevadas a cabo desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA (CLIC) en diferentes villas, asentamientos y barrios populares porteños nos permite concluir que 140 mil personas almacenan precariamente agua en baldes y tachos, que los hogares presentan un enorme déficit en relación con la infraestructura interna y que las familias no cuentan con pautas claras y alertas respecto a cómo actuar frente a posibles alteraciones del agua. Y dado que ningún organismo de gobierno controla la calidad del agua en los barrios populares, las familias no confían en el agua que consumen.

A continuación, se presentan algunos ejemplos en relación con el déficit de la infraestructura interna de los hogares:

• El censo de Villa 20 (2016) realizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires identificó que el 6 % de las viviendas no posee canilla en el interior. Este barrio, con más de 100 años de historia, se ubica en el sur de la ciudad, en la comuna 8. El censo de 2016 realizado por el GCBA estimó en 30.000 sus habitantes.
• Según el Informe “Análisis Ambiental y Social” elaborado con financiamiento del BID (2016-2017), en el barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis) el 26 % de los hogares no posee baño de uso exclusivo dentro de la vivienda y un 43 % no tiene cocina exclusiva. Este barrio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, con casi un siglo de historia, se encuentra en la comuna 1. Según el empadronamiento realizado por el gobierno de la ciudad durante los años 2016 y 2017, la población estimada era de 40.203 habitantes.
• Según el relevamiento realizado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, la Fundación TEMAS y la junta vecinal en la Villa 21-24 (2018), el 10 % de las viviendas no cuenta con canilla en el interior. Este barrio centenario de la Ciudad de Buenos Aires, donde se estima que habitan más de 70.000 personas, se localiza en la ribera del Matanza-Riachuelo en la comuna 4.

El 10 de abril último, en el boletín oficial, se publicó la preadjudicación correspondiente a la licitación pública N.º 27/22 EX-2022-15398280-GCABA-IVC a la empresa ASHIRA SA, por un total de 3.335.721.000 pesos, por el servicio de entrega de agua a través de camiones cisterna en los barrios populares durante 4 años.

Si por ejemplo tenemos en cuenta que la renovación de la red de agua para la Villa 21-24, según la información oficial de la empresa prestadora AySA SA, tiene una inversión estimada de 395.798.358 pesos y que la ejecución de la red primaria cloacal en el Barrio INTA es de 321.479.798 pesos, resulta más que obvio que en lugar de destinar más de 3.335 millones de pesos para contratar camiones aguateros se podrían ejecutar aproximadamente 10 obras definitivas de agua y cloaca.

Mientras hace 140 años, la respuesta a las epidemias de entonces generó en menos de una década obras de infraestructura que le dieron cobertura a la cuarta parte de la ciudad y que posicionaron como pionera en la región en materia de agua y saneamiento a la Argentina, hoy, en el distrito más rico del país, la respuesta, en un contexto similar, son camiones aguateros sin siquiera garantizarle a los hogares un tanque donde almacenar el agua de manera segura.

 

 

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