Los mismos buitres otra vez

 

Otra vez la Argentina se enfrenta a un problema de endeudamiento severo. Y otra vez reaparecen viejos conocidos: los Fondos Buitre. Sirve reiterar, se trata de agentes del sistema financiero internacional que obtienen ganancias extraordinarias con la compra de títulos de economías en default (o a punto de), para luego litigar contra el país emisor en todas las jurisdicciones posibles, reclamando el valor completo más intereses, con lobby político, judicial, financiero y mediático.

 

 

Timba reloaded

La alianza Cambiemos retomó los viejos preceptos de la valorización financiera, que tenía como condición sine qua non el acuerdo con los Fondos Buitre para acceder al mercado internacional de capitales. Así, el país batió récords internacionales de toma de deuda: 96.600 millones de dólares de nueva deuda pública, con un fuerte cambio en la proporción contraída en moneda extranjera (llegando al 77% del total) y un aumento insostenible en relación al PBI (80% a mitad de 2019 y estimado en 90% para el tercer trimestre). Se pagaron tasas exorbitantes con emisión de títulos a largo plazo (bono a 100 años de Caputo) y de plazos cortos a medianos como LETES o BOTES. El BCRA aportó su cuota de atracción de “inversores” con bonos a muy corto plazo (primero LEBACs, luego LELIQs), con altas tasas de interés en pesos (alcanzaron el 86%), que permitieron que la Argentina se consagrara como la cúspide mundial del carry trade. Esta deuda no fue utilizada para solucionar problemas estructurales del país, sino que financió la fuga de capitales, cuya irracional lógica acabó en una nueva crisis en 2018.

Esta fue la excusa para recurrir, tras década y media, a un nuevo préstamo del FMI. El organismo aprobó un rescate total por 57.000 millones de dólares, excepcional e inédito, ya que supone un gran exceso de la cuota de Argentina en el organismo, y expuso a la entidad financiera con el 60% de su cartera en manos de un deudor. Además de estas anomalías, el Fondo otorgó préstamos, desde junio de 2018 hasta agosto de 2019, para financiar fuga y corridas cambiarias, lo que contradice su propia normativa. Cuando la derrota de Macri quedó asegurada en las PASO de agosto, el organismo cerró la canilla. Había apostado al caballo perdedor.

Vale recordar que el default de diciembre de 2001 se produjo después de que el FMI ampliara un stand-by en U$S 8.000 millones en agosto de ese año, para sostener el programa de la Convertibilidad ya en crisis. Sobraban razones para pensar que dichos recursos acabarían financiando pagos de acreedores privados y su respectiva fuga. El acuerdo con el FMI realizado por la alianza Cambiemos también intentó sostener lo inviable, transfiriendo los costos de la crisis a las finanzas estatales: a diferencia del 2001, el FMI es el principal acreedor del próximo gobierno con alrededor de un tercio de los 148.000 millones de dólares que vencen en el siguiente mandato (2019-2023).

 

 

De nuevo, viejos conocidos

Aun con la mencionada ayuda, el gobierno de Cambiemos, presa de su trampa, defaulteó su propia deuda. La Argentina y su pueblo heredan un alto nivel de condicionamiento económico financiero en el marco de una crisis social profunda. Lidiar con el cancerbero del sistema financiero mundial, ávido por obtener resultados de su apuesta, y como condición para negociar con los acreedores privados de los 62.000 millones de deuda en dólares a vencer en el próximo mandato, será tarea titánica.

Y como la historia tiene repeticiones de tragedia, conocemos ya la llegada de viejos conocidos a la fiesta. Durante 2019, los fondos buitres Attestor Value, Bybrook Capital, Bybrook Hazleton, Trinity Investment y White Hawthorne litigaron en Nueva York reclamando que el país alteró estadísticas sobre el nivel de actividad durante 2013 para evitar el pago del bono atado al PBI. Hasta ahora no han conseguido fallos a su favor, pero seguirán litigando. Otros tenedores de títulos reestructurados en 2005, como Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP y Hirsh Group LLC, han iniciado demandas por 6.100 millones de dólares en Londres. A ellos se sumó recientemente la sociedad uruguaya Noboriver SA, que posee 181 millones de dólares, y el fondo ACP Master de las Islas Caimán, demandando 159 millones de dólares. Este último pertenece a Aurelius Capital Management, cuya cabeza es Mark Brodsky, ex empleado del fondo Elliott: el mismo que lideró la demanda pari passu a la Argentina, junto a Bracebridge Capital, Montreux Partners, Dart Management y Davidson Kempner, y negoció en nombre de Olifant, Blue Angel y otros litigantes a inicios de 2016.

Como una trama atascada, vuelven viejos actores a la carga, energizados por las necesidades de financiamiento del país. ¿Podrá el gobierno de Alberto Fernández cumplir su promesa de priorizar los bolsillos de la gente por encima de estos intereses? El costo, sabemos, es un conflicto que puede durar décadas: ¿está dispuesto el Frente de Todos a ir de nuevo a esta batalla, o elegirá la estrategia avellanedesca de Cambiemos? El margen parece angostarse no solo por los montos, sino por la persistencia del entramado institucional y de actores.

 

 

Del anterior default al pago total

Del default de diciembre de 2001 hasta 2005, Argentina atravesó un tortuoso camino hasta obtener el primer canje de deuda, acordando con el 76,07% de los acreedores (2005), y posteriormente a través de la reapertura de canje en 2010 alcanzando al 92,4% de los acreedores. Las reestructuraciones fueron significativas por el monto involucrado, el nivel de quita sobre el capital, la reducción de monedas y jurisdicciones involucradas, y la incorporación de un bono vinculado al crecimiento del PBI. Vale destacar que el FMI no se opuso a los canjes, ni tuvo injerencia en su diseño ni gestión. La consigna fue “pagar lo que sea compatible con el crecimiento”, continuar el pago de deuda (de dudosa legalidad) pero, a diferencia del lema de Avellaneda, hacerlo solo hasta el límite de lo viable. Con la política denominada de “desendeudamiento” se abonaron más de 192.000 millones de dólares y se mejoraron indicadores de sostenibilidad de la deuda: reducción del peso en moneda extranjera, de participación de acreedores privados y en relación con el PBI.

En 2012, a través de una interpretación particular de la cláusula pari passu, el juez federal del distrito de Nueva York Thomas Griesa falló a favor de los fondos que no habían entrado a ningún canje, Elliot (controlante de NML Capital, de Paul Singer), Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel, obligando a la Argentina a pagar la totalidad de deuda reclamada. La persistencia en la jurisdicción extranjera en la emisión de títulos permitió que un juez extranjero pusiera en vilo todo el esfuerzo de política económica de un gobierno. Comenzó así una seguidilla de conflictos político-judiciales, incluyendo embargos y bloqueo de pagos a fondos reestructurados. El gobierno buscó alternativas en la jurisdicción local y apoyo a nivel internacional, hasta logró que en el marco de la ONU se estableciera una serie de recomendaciones para reestructuraciones de deudas soberanas. Nada de esto alcanzó.

El gobierno de Cambiemos cambió de estrategia, y en cuatro meses resolvió un litigio de más de 15 años. Lo hizo a su manera. En febrero de 2016 logró preacuerdos con distintos acreedores: bonistas italianos; los fondos Montreux Partners y Dart Management; Brecher Class Action; y algunos Me Too (Lightwater Corp., Old Castle Holdings, VR Capital, Procella Holdings y Capital Ventures International). También trascendió que el gobierno aceptó pagarles a los fondos NML, Aurelius Capital, Dadivon Kempner y Bracebridge Capital una suma de aproximadamente 4.653 millones de dólares, lo que suponía el pago irrestricto de bonos caídos y gastos ejecutados en la persecución internacional al deudor.
Finalmente el 30 de marzo de 2016 se aprobó, con apoyo de parte de la oposición en el Congreso, la ley N° 27.249, que permitió el pago de los holdouts, derogando las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Además del pago en efectivo de 11.864 millones de dólares antes del 14 de abril, y habilitó al Gobierno a endeudarse por un total de 15.500 millones. Quedaba así inaugurada la fiesta de la timba financiera.

 

 

Ensayando otro camino

Dado el margen de negociación, conviene no descartar ninguna salida de antemano. Para extender plazos, el FMI requeriría reformas estructurales, contrarias a gran parte de la coalición social de apoyo del próximo gobierno. Pagarle en plazo exigiría una cantidad de dólares que equivale a todo el actual superávit comercial expandido al mandato de cuatro años. No quedaría nada para nadie más, habiendo dos tercios más de deuda que resolver. A las claras, esto no es viable.

Sin ánimo exhaustivo, proponemos algunas ideas para lo que sigue. Está claro que no hay ninguna consigna que pueda simplificar esta trama:

1. Continuar un único punto de la estrategia final del actual gobierno: reperfilar vencimientos de manera compulsiva hasta dar con una solución definitiva. El costo de pagar parece mayor al costo de cualquier penalidad por dilatar el pago – incluyendo litigios.
2. Reconocer la inversión de roles por el tamaño de la deuda: la deuda es tan grande, que un default puede perjudicar tanto o más al acreedor, esto especialmente respecto al FMI.
3. Reconocer la situación de crisis a nivel geopolítico global y regional abre ventanas de negociación para una diplomacia inteligente (a diferencia de una situación de orden con clara hegemonía). En este plano, no puede desestimarse aprovechar el marco jurídico internacional impulsado por nuestro propio país años atrás.
4. Destacamos la viabilidad y necesidad de una auditoría completa de la deuda, recuperando el fallo del ex juez Jorge Ballestero. Sería necesario proceder a un examen exhaustivo de los mecanismos financieros, contables y legales de la forma en que se contrajo la deuda. Hay dudas de la legalidad a nivel nacional, y también se debate con la figura de deuda odiosa a nivel internacional. El propio FMI ha incurrido en prácticas de dudosa validez en este lapso. Para ir por este camino, la auditoría debería incorporar elementos económicos y sociales más generales, que permitan comprender el entramado de consecuencias del endeudamiento: para esto, la Argentina cuenta con un gran acervo de investigaciones académicas de respaldo. La auditoría sería además un instrumento de sensibilización para concientizar y movilizar la sociedad.

¿Es acaso pensable que la voluntad —por buena que fuera— de algunos técnicos y pocos políticos podrá más contra la presión de los acreedores, que la fuerza de un pueblo movilizado? Las recientes experiencias de Haití o Ecuador parecen indicar lo contrario.

 

 

 

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