Los miserables del Ejército

 

“Andá a limpiar el baño”, fue la orden del sargento que la soldada Yésica Velázquez debió obedecer. Desde entonces, una seguidilla de situaciones que ella denunciará como acosos y presiones la acercaron al suicidio.

Limpiaba el baño del Regimiento de Gualeguaychú cuando sintió que la tomaban de atrás por los brazos y la volteaban, en busca de su boca, al tiempo que le desprendían el uniforme en un intento por forzarla a tener relaciones. Resistió.

En las horas siguientes pensó qué hacer. En esos casos, se tiende a creer que es una situación excepcional, que no se repetirá.

Le costó unos días señalar al sargento Hugo Víctor Mercado; pero más años soportó desde aquel 2016 en que no obtuvo respuesta de sus superiores. Incorporada al Ejército en 2014, era una recién llegada al Regimiento “Dragones Coronel Zelaya”, que homenajea a Cornelio Zelaya, el jefe de la caballería que junto a Manuel Belgrano y José Rondeau peleó por la independencia hasta en el Alto Perú.

Después de su primer abuso, al menos otras dos mujeres de entre 21 y 24 años padecieron situaciones de acoso sexual por parte de dos suboficiales.

No eran una excepción. En 2017, una soldada voluntaria de 19 años fue “mandada” a las habitaciones, donde fue abordada por sus jefes para someterla a un “abuso sexual agravado", por lo que en abril de 2020 denunció a un capitán, un mayor, un sargento, un cabo y una soldada. En otro “festejo de ingreso”, en el Regimiento de Caballería de Tanques 8 de Magdalena, 12 soldados fueron acusados de violar a un compañero, como detalló Laura Guarinoni en Morir en el cuartel.

Hacia 2018, en La Pampa, un cabo fue acusado de abuso sexual. Fue sentenciado en enero último porque “aprovechó la situación de superioridad jerárquica” sobre una soldada.

El mismo abuso de poder llevó al sargento Mercado a pasar de los acercamientos al maltrato.

 

 

 

Ganas de “desaparecer”

En el caluroso enero de 2021, Yésica invitó a su familia a que la acompañara en el tiempo de descanso a la piscina del Casino de Suboficiales. Como es lógico, estuvo en traje de baño. Lo que no tenía lógica fue que sus imágenes en esas condiciones circularan entre los teléfonos de los machos del cuartel, aunque –como no son todos iguales– alguno le avisó.

Cuando entendió que fue captada con el acercamiento de la cámara domo del predio, concluyó en que no sería casual que como jefe de Guardia estuviera Mercado.

Lo denunció ante el jefe, Juan Facundo Candioti: “Mi mayor, no es la primera vez que hace esto ni que me trata mal”. Recibió por respuesta: “Si te vas a detener por cada cosa que hacen los demás, vamos a ir todos para atrás”.

Resignada a desistir dentro de su fuerza, acudió a la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú. A partir de ese 20 de enero, tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés y el juez de Garantías Tobías Podestá, pasó a contar con un perímetro protector de 200 metros que Mercado tenía prohibido traspasar. Tampoco podía comunicarse ni mandarle a decir nada por 90 días.

Ella empezó a sentirse presionada: denunció que recibía llamadas que mentían ser de la Fiscalía y padeció “una convulsión por nervios” que la tuvo internada varias horas.

A finales de enero supo que la Policía entrerriana secuestró dos pendrives de la mochila de Mercado, además de celulares, una CPU y tarjetas SIM. Cumplidos los tres meses, recibió del Juzgado una prórroga a las medidas preventivas, aunque vio reducida la distancia a 20 metros dentro del cuartel.

Pero fue ella la que recibió la orden militar de no acercarse al denunciado. Debía permanecer en una oficina sin salir, desde donde lo veía moverse por todo el Regimiento, incluso por delante de la puerta donde era obligada a recluirse, le mostraba la pistola y sugería que podía hacer cualquier cosa, “si total, ya está la denuncia hecha”. Le oía proferir su apellido como si fuera un blasón: “Ojo, soy Mercado”, mientras incumplía las recomendaciones del Departamento de Género del Ejército por las que velaba el Poder Judicial.

El 13 de julio padeció “las más gravosas y ostentosas de sus acciones, no las únicas, ya que él había tenido antes actitudes y comentarios de contenido sexual y se habría molestado al verla hablar con otros. Se encuentra acreditado que él tenía el pleno dominio sobre los hechos, toda vez que las probanzas arrimadas al sumario han permitido demostrar la autoría del imputado en los hechos que se le atribuyen”, describirá el juez Hernán Viri.

Yésica tenía ganas de matarse: “Yo quería desaparecer y pensaba dónde hacerlo. No quería hacerlo en casa porque estaban mis hijos”. Lo intentó en el Regimiento, con una soga se colgó. Así la encontraron y le salvaron la vida. Desde entonces está con tratamiento psicológico. Aunque recibió permiso médico para deambular, debió seguir un tratamiento. Se desmayaba. En pos de su salud, debió renunciar al Ejército: “Cuando me fui, pusieron que no era reincorporable en ninguna fuerza, como que yo era un problema”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fuero Federal

Como los hechos se habían dado dentro de una base nacional, en septiembre la denuncia pasó al fiscal federal Pedro Rebollo, quien para el 5 de octubre encontró un modus operandi en la causa contra otro suboficial de ese regimiento. Recién en noviembre, Mercado fue trasladado desde el Regimiento de Caballería de Exploración 12 a Campo de Mayo.

 

 

Hacia 2022, con un nuevo nombre para el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, la Fiscalía avanzó en la acreditación de pruebas fílmicas y de 18 testimonios. A la vez, la Cámara Federal de Paraná confirmó el procesamiento de aquel segundo suboficial por el “abuso sexual gravemente ultrajante” de otra uniformada.

Ya no eran sólo un par de subalternos degenerados: se vislumbraba un encubrimiento encabezado por el jefe Candioti, porque no activó el protocolo para preservar la salud de su subordinada, y por falso testimonio al declarar a favor de sus suboficiales.

 

 

 

 

Una Fuerza endogámica

A mediados de aquel 2022, el Ejército se comía a sus recién llegados. El 19 de junio mataron a Matías Chirino en un rito de iniciación en Paso de los Libres. También en Corrientes, días después, internaron de urgencia por los maltratos recibidos al soldado Marcelo De La Sota. Al mes siguiente, dejaron en sillas de ruedas al cabo Michel Natahel Verón en el regimiento de Apóstoles, Misiones.

Ese litoral es jurisdicción de la Brigada de Monte XII, cuyo comandante sigue siendo Sergio Jurczyszyn (h), quien durante once años instruyó a comandos, algunos de los cuales terminaron ligados a los destinos luego denunciados, como se detalló aquí.

Hace tres semanas, Jurczyszyn se mostró contrario al Servicio Militar Obligatorio en entrevista con un medio de Misiones. Allí habló del compromiso democrático post-dictadura y de víctimas de su Fuerza a manos de sus jefes.

 

 

 

 

 

 

Días antes, por la muerte de Chirino, habían sido procesados y embargados por 500.000 pesos cada uno los capitanes Claudio Andrés Luna (35 años), Rubén Darío Ruiz (35), Hugo Reclus Martínez Tarraga (34); el teniente 1° Darío Emmanuel Martínez (31); los tenientes Exequiel Emmanuel Aguilar (31), Franco Damián Grupico (26); los subtenientes Facundo Luis Acosta (26), Gerardo Sebastián Bautista (31) y Claudia Daniela Cayata (34).

Esperan en libertad a que la medida del juez federal Gustavo Fresneda por “homicidio culposo”, (sin intención de matar) sea ratificada o no por la Cámara Federal de Corrientes, ya que fue apelada tanto por la defensa como por la querella, que entiende que les imputan un delito de pena menor.

 

 

 

 

 

 

 

Detenidos

Así como aquellos apellidos tardaron en ser dados a conocer, tampoco ahora el Poder Judicial nombró a otros militares acusados de “minimizar, desvalorizar y ocultar los hechos” contra Yésica, aunque dejó trascender que dos responsables del cuartel incumplieron sus deberes de funcionarios al omitir las denuncias penales.

La víctima contabiliza “más de diez” implicados: los jefes anteriores a Candioti; los que compartieron las imágenes por celulares y el principal González, un amigo de Mercado que le decía “¿quién te va a creer si no tenés pruebas?”

Las pruebas pueden ser colectadas por funcionarios judiciales dispuestos. Por eso se mandó a detener al denunciado y a su jefe; uno, en Campo de Mayo; el otro, en su vivienda entrerriana. El suboficial declaró; su superior se negó. Ambos solicitaron la excarcelación. Sin embargo, continuarán en dependencias de Gendarmería hasta que se resuelvan sus situaciones procesales, dentro de los diez días. El allanamiento le fue informado a TN para su transmisión en vivo:

 

 

 

 

 

 

 

La voz oficial

El Ministerio de Defensa informó que el Ejército había aplicado las “medidas disciplinarias” acordes al “protocolo institucional ante casos de violencia de género”, y lo obligó a expresarse. La Fuerza no dio nombres en su escueto comunicado sobre la “presunta víctima”: “El Ejército llevó adelante las actuaciones administrativas pertinentes para la comisión de una falta grave, aplicó las consecuentes medidas disciplinarias y determinó el cambio de destino del acusado a fin de proteger los derechos de la presunta víctima. La Institución se encuentra a disposición de las autoridades judiciales a fin de colaborar”.

 

 

 

 

 

 

 

A lavar los platos

Yésica y sus hijos subsisten con el salario de su marido, también suboficial del Ejército en Entre Ríos, y de los rebusques de ella “haciendo uñas”. Mientras, dos mujeres guardan silencio porque siguen bajo el mando de los uniformados.

En una sociedad en que la unión de las mujeres inclina la balanza en pos de darle mayor peso a sus luchas, se suman antecedentes a favor de las soldadas voluntarias:

• En mayo de 2018, enviaron a juicio a un sargento 1° del Ejército por el abuso sexual en octubre de 2017 dentro del Grupo de Artillería Antiaérea en Mar del Plata.
• A finales de 2018, el enfermero teniente 1° Juan Lozada González fue condenado a seis años de prisión por abusos sexuales entre 2015 y 2016 en el grupo de artillería de Montaña 8 Uspallata, de Mendoza.
• En agosto 2022, el cabo 1° Sergio Alejandro González, de la Brigada Mecanizada 10 en Santa Rosa, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por un abuso sexual en 2018.
• En octubre de 2022, el teniente coronel Carlos Alberto Bulacio, del liceo de Tucumán, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a pagar dos millones de pesos en indemnización por pretender que una soldada le practicara sexo oral mientras fregaba el piso arrodillada.
• En febrero de 2023, el Ministerio de Defensa reincorporó al Ejército a una mujer cabo dada de baja en Santa Fe tras denunciar a un capitán por abuso de autoridad y maltrato. Le abonaron los salarios caídos.

En el caso del teniente coronel, no será necesario llevar un pañuelo verde para adivinar quién mandó a la voluntaria a limpiar. “La división sexual del trabajo se encuentra reflejada en la asignación de puestos dentro de la fuerza”, había señalado María Josefina Minatta, la primera fiscal del caso de Yésica.

A propósito: el Mercado que la mandó a lavar el baño se llama Víctor Hugo, como el autor de la novela Los Miserables.

 

 

 

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