Los miserables
La pandemia y las respuestas oficiales adelantaron la confrontación de los grupos económicos que encabeza la transnacional ítalo-luxemburguesa Techint con el gobierno nacional. También avivaron contradicciones políticas, dentro del oficialismo y primordialmente en la oposición. La tremenda recesión mundial, sobre cuya profundidad y extensión sólo caben conjeturas, pone en cuestión la salida exportadora planteada por los devaluacionistas de siempre, tanto aquellos con intereses agropecuarios cuanto petroleros, que es el caso de Techint. Desde que el primer Agostino Rocca llegó a la Argentina con capitales fugitivos de Italia y Alemania, Techint creció sobre la base del subsidio estatal. La idea de un estado activo en defensa de los más débiles le resulta intolerable. Al mismo tiempo, la recesión que en la Argentina pasaría en 2020 del -1,4% previsto antes del coronavirus al -6,7% que ahora calcula la Unidad de Inteligencia de The Economist, y la consiguiente desocupación que volverá a los dos dígitos, desplazan en la atención del gobierno a la deuda externa, que incluso para los acreedores ha perdido prioridad, dado el riesgo de defaults masivos de países y corporaciones.
Día por día
Lo que sigue es una cronología que ayuda a ordenar las ideas acerca de lo que está sucediendo:
Miércoles 25 de marzo- En la antesala presidencial, el obispo católico Gustavo Carrara se cruzó con el ex senador Eduardo Duhalde. La presencia en Olivos del jerarca se divulgó el mismo miércoles 25 de marzo. La del político que inició su carrera en la democracia cristiana recién el domingo 29. Carrara encabezó una delegación de sacerdotes de su confesión que trabajan en barrios populares. Alberto Fernández había pedido verlos luego de recibir algunos informes sobre la situación en esos sectores.
Viernes 27 de marzo- El columnista de negocios del Grupo Clarín, Marcelo Bonelli, escribió en su panorama empresarial y repitió en sus spots de radio y cable, que “el establishment sostiene que es necesario un paquete global y concreto para evitar un shock económico extremadamente negativo. En reuniones secretas, los hombres de negocios son muy críticos con la lentitud de enfrentar la crisis económica. Creen que hay falta de claridad y que las autoridades económicas van atrás de los problemas reales: dicen que son la contratara del comité sanitario y que eso se refleja en la ausencia de un plan de acción global”.
El reaparecido ex Presidente Maurizio Macrì le pide en un tuit al Presidente Alberto Fernández “que reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país”.
Sábado 28 de marzo- El Presidente supo por un cable de la agencia NA, reproducido en varios medios, que el holding ítalo-luxemburgués Techint había decidido prescindir de 1.450 trabajadores de la construcción que realizaban obras civiles para terceros en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén. Ante el hecho consumado, le pidió al ministro de Trabajo Claudio Moroni, que se comunicara con el ingeniero Daniel Novegil.
—Quédense tranquilos, que no hemos enviado ningún telegrama— respondió el CEO de Ternium, de la que depende la empresa constructora del grupo.
—¿Y lo que salió publicado?– inquirió Moroni.
—Sabemos que mañana Alberto va a analizar si prorroga la cuarentena y por cuánto tiempo, y nos gustaría hablar antes de que decida.
Esta es la frase que enfureció al Presidente y que motivó su durísima respuesta.
Domingo 29 de marzo- Sin nombrar a Paolo Rocca ni a Techint, Fernández publicó un tuit mañanero en el que llamó miserables a quienes en la crisis despiden a sus trabajadores. Lo hizo con una referencia al papa Bergoglio.
La presidente del PRO, Patricia Bullrich, le respondió que todas las empresas, aún las más grandes, realizaban esfuerzos extraordinarios para pagar los sueldos y que no necesitaban retos sino ayuda.
Por la noche, Fernández anunció que la cuarentena se prolongaría hasta la terminación de Semana Santa. Explicó que era un momento de excepción, en el que “no tenemos que caer en el falso dilema de la salud o la economía. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas por la economía, no solamente garantizando dinero en los sectores más empobrecidos, que lo necesitan, sino ayudando a la pequeña y mediana empresa”. Por eso, agregó, “no me resulta grato ver que alguien despida a un empleado. Voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios, o el que especula tratando de subir los precios en un momento de extrema necesidad, voy a ser duro con ellos y con los que despiden gente. La pandemia nos tiene que enseñar la regla de la solidaridad, aquí nadie se salva solo”. De nuevo sin nombrar a Techint ni a Rocca, concluyó: “Para muchos empresarios se trata de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos y así lo voy a hacer respetar”.
Las células dormidas del PRO en la web instalaron el hashtag #AlbertoElMiserableSosVos.
Ese mismo día, en el portal de Daniel Hadad, Duhalde dio su versión de la visita a Olivos. Dijo que:
- duró media hora;
- el Presidente lo llamó para conocer su experiencia sobre la salida de la crisis de 2002;
- acordaron la realización de un plan para “después de la crisis”, que facilite un salto productivo con fuerte respaldo del Estado, que garantice que “la política se pondrá del lado de los que produzcan”;
- ese diseño se acompañaría con un nuevo esquema político;
- “tenemos que ir a una gran coalición política a la chilena para gobernar la Argentina, una nueva representatividad que incluso pueda plasmarse electoralmente”;
- “hay que construir ampliando la base política que lo llevó al gobierno”;
- puso como ejemplo de su acuerdo de entonces con Raúl Alfonsín, la llegada al gabinete de Roberto Lavagna.
Los puntos de contacto entre esta versión y la realidad son tangenciales. Duhalde se presentó sin aviso previo en Olivos y Fernández lo recibió sólo cinco minutos, una vez que comprobó que no lo llevaba ninguna urgencia. El mandatario escuchó con respeto cuando su visitante le propuso incorporar al gobierno a ministros de otros partidos y al despedirse le dijo que si lo interrogaban los periodistas dijera que él lo había llamado, para justificar por qué violaba la cuarentena. Duhalde replicó que ya había cumplido 14 días de cuarentena luego de su regreso de España, donde se embelesa con cualquier relato sobre el Pacto de la Moncloa. Fernández le explicó que la actual cuarentena no rige sólo para los viajeros.
—Pero yo fui presidente— arguyó el ex Senador.
—Pero ya no es— repuso Fernández.
Electo senador por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre de 2001, Duhalde se hizo cargo del Poder Ejecutivo por decisión de la Asamblea Legislativa y produjo la mayor devaluación de la historia argentina. Además de Lavagna, histórico efector de Techint, designó como ministros a Jorge Reinaldo Vanidossi (hoy en el PRO), al radical Horacio Jaunarena y al peronista de negocios Miguel Ángel Toma. En 2002, Jaunarena junto con el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni y el ex ministro menemista Roberto Dromi, y con la bendición del cardenal Bergoglio, propuso amalgamar al Ejército y a las diversas policías en un superministerio de Defensa y Seguridad. Esa pirámide verdeazul contemplaría la intervención castrense en el conflicto social, el control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Duhalde tenía ya la legislación correspondiente a la firma, cuando su Ministro de Justicia, Juan José Álvarez, le anunció que en tal caso renunciaría, debido a lo cual retrocedió. El mandato provisorio que el Congreso le confirió a Duhalde llegó a su abrupto fin cuando el dispositivo montado para impedir una movilización piquetera concluyó con el asesinato por parte de la policía bonaerense de los jóvenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en la estación ferroviaria de Avellaneda que hoy lleva el nombre de ambos.
A las 21.30 un cacerolazo apoyó el reclamo a los políticos desde los balcones de los barrios más acomodados de la Ciudad Autónoma.
Lunes 30 de marzo- Representante del Estado en el directorio de Techint, Miguel Angel Toma desmintió al Presidente al que representa y justificó los despidos de Techint, con el especioso argumento de que es un mecanismo contemplado en el convenio de la UOCRA.
En el Congreso los diputados del PRO propusieron que los políticos redujeran sus sueldos, consigna con la que se activaron cuentas del PRO en las redes antisociales.
Del mismo modo circuló una Acordada de la Corte Suprema de Justicia, firmada por Carlos Fernando Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, quienes en una reunión extraordinaria resolvieron reducir en 20% los salarios de los funcionarios judiciales “en concordancia y conforme los lineamientos del Poder Ejecutivo”. La señal de cable Crónica TV y la radio Mitre la difundieron sin chequear su autenticidad. Era falsa pero muy bien hecha, en el papel y con el tipo de letra que utiliza la Corte, guardando el estilo usual y con las firmas verdaderas de los jueces y sus sellos. El texto también resolvía suspender en sus funciones (y en el cobro de sus salarios) a todos los empleados interinos, con lo cual además de presionar al Poder Ejecutivo, apuntaba a suscitar reacciones dentro del funcionariado judicial. Esta sofisticada falsificación conspira contra cualquier exégesis ingenua de toda la operación, que revela un alto profesionalismo y nula espontaneidad.
Martes 31 de marzo- El diputado radical cordobés Mario Negri envió una carta al Presidente en nombre del interbloque de Cambiemos, sugiriendo la constitución de un fondo para ayudar al sector productivo, con el 30% de los haberes de los cargos jerárquicos de todo el sector público.
Siempre rápido para el minuto a minuto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hizo trascender que la quita que él propone es del 40%, más la suspensión de asesores y la venta de autos. Desistió luego de una llamada del presidente, quien le pidió que le transmitiera a Mario Negri que por las buenas, todo bien, pero que si querían hacerse los malos él iba a publicar la lista de ñoquis de cada diputado de la oposición, que figuran pero entregan el dinero al legislador que lo nombró.
Fernández invitó a desayunar en Olivos al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta para coordinar restricciones a la circulación mientras dure la cuarentena.
Miércoles 1° de abril- Mirgor, la empresa creada por Macrì y que sigue a cargo de su hermano Nicky Caputo, amenazó con despedir a sus 740 trabajadores si no le levantan la cuarentena.
El Poder Ejecutivo prohibió por un decreto de necesidad y urgencia “los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días”.
Elisa Carrió y el grupo de diputadxs que le responden se borró del WhatsApp legislativo de Cambiemos, expresó “respaldo y respeto” a Rodríguez Larreta, reclamó “acompañar de manera solidaria y colectiva sin personalismos” y consideró inmoral “pretender sacar ventajas personales a costa de uno de los distritos que nos toca gobernar”.
Pese a ello, desde la cuenta Equipo Banquemos.com, que se presenta como un grupo de activistas de Juntos por el Cambio, y con el hashtag #5ACacerolazo, se propone insistir con el ruidazo antipolítico hoy a las 18.
Viernes 3 de abril- Las primeras encuestas indican que más del 70% de la población apoya la prohibición de despidos durante la emergencia. Y esta opinión varía con la clase social.
Hugo Yasky propuso en nombre de la CTA la creación de un fondo de emergencia, que podría reunir 1.050 millones de dólares, si las cincuenta personas más ricas de la Argentina, según el listado de la revista Forbes, aportaran por única vez el 1,5 % de sus fortunas personales valuadas en conjunto en 70.040 millones de dólares. Ese monto es equivalente al que haría falta para adquirir 90.000 respiradores o 50.000 equipos para test de coronavirus o poco más de 1.000.000 de internaciones en terapia intensiva. La CTA expone que, para fortalecer las posibilidades de la acción estatal, además de desarrollar instrumentos de política pública, se requiere dotar al Estado de mayores recursos económicos, que deben obtenerse de quienes tienen mayor capacidad contributiva. Los mayores esfuerzos deben pedirse a quienes, en el peor de los casos, sólo perderán por la recesión una parte de las riquezas que nunca han dejado de acumular. “Pero es precisamente ese poderoso núcleo del empresariado que se ha enriquecido con la concentración económica y la especulación financiera, cuyas ganancias dolarizadas están en las guaridas fiscales, el que hoy pretende imponer por encima de cualquier lógica solidaria la ley del más fuerte”. Como ejemplo paradigmático menciona el despido de 1.450 trabajadores dispuesto por Techint, la empresa de Paolo Rocca, “el hombre más rico de la Argentina, cuyas ganancias anuales superan los 400 millones de dólares”. Su “brutal decisión” no solo responde al “despiadado cálculo económico, sino que está dirigida a convertirse en la punta de lanza de una ofensiva de los grupos dominantes que, con acciones como esta, pretenden dejar claro que no están dispuestos a aceptar medidas que le devuelven al sector público capacidad de incidir sobre las ciegas leyes del mercado”.
La rápida reacción del Presidente Alberto Fernández y la firma del decreto que prohibió despedir y suspender durante sesenta días, “generó la reacción de algunos empresarios y del núcleo más retrógrado de la alianza Cambiemos, que reavivando el discurso de la antipolítica, histórico caballito de batalla de la derecha, replicó convocando al cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos”. Esta extorsión “pretende presionar al poder democrático y a la opinión pública, para poner por encima de cualquier otra consideración su rentabilidad empresaria y, a la vez, favorecer al sector más duro de la oposición. En una situación como la actual, cuando la protección de la vida es el valor que convoca al esfuerzo comunitario, la avaricia y la mezquindad que revela este accionar resultan especialmente obscenas”.
Pero en los lugares con alta concentración de hipocresía, la presión surte efecto. El viernes 3, en una acordada auténtica, la Corte Suprema anunció que sus cinco miembros dispondrían “voluntariamente un aporte del 25%” de sus remuneraciones de marzo para la cooperadora del Hospital Muñiz “para la adquisición de los bienes o insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria”.
Sábado 4 de abril- El Presidente Alberto Fernández rechazó por demagógica la propuesta de Juntos por el Cambio de reducción salarial para los funcionarios. “Mis ministros y funcionarios no son ñoquis ni reciben sobres por izquierda. No tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata. No tienen los argentinos un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones".
Lunes 6 de abril- El diputado nacional Sergio Massa insistirá con llegar más lejos y antes que nadie, en la línea del recorte del gasto político señalada por la prensa comercial. Su colega Máximo Kirchner presentará al bloque que preside tres propuestas:
- Un impuesto extraordinario a quienes ingresaron al blanqueo de 2017 (como la familia de Paolo Rocca, los gerentes de Techint; el hermano, la suegra y las cuñadas de Macrì).
- Un tope a las ganancias de los supermercados, como porcentaje sobre su facturación, que oscilaría entre 2,5% y 4%, según el modelo de Francia y Gran Bretaña.
- Un impuesto sobre el patrimonio de los legisladores que tengan bienes declarados por más de 20 millones de pesos.
Como decía Mastroianni en La mujer del cura: “El concepto está claro”.
La Reina Loca
Uno de los principales jefes militares argentinos recibió una llamada telefónica de un par brasileño. Se conocen desde que coincidieron en una misión internacional y desarrollaron una cordial relación. El jefe brasileño le informó al argentino que las Fuerzas Armadas habían decidido soslayar al Presidente Jair Bolsonaro en la toma de decisiones, sin apartarlo del cargo, pero reduciéndolo a una figura decorativa. No fue una comunicación oficial, sino un diálogo entre dos amigos, pero su contenido coincide con cosas que ya se sabían y con las nuevas revelaciones de un sector de la prensa brasileña. El conflicto con el Ministro de Salud se desarrolló en público, lo mismo que el acuerdo entre 25 de los 27 gobernadores para coordinar las acciones entre ellos ignorando al Presidente, que por su parte convocó a una manifestación en demanda de la clausura del Congreso.
Según la revista digital Defesanet, que expresa el punto de vista militar, el lunes 30 el jefe de la Casa Civil, general Walter Braga Neto, asumió como Jefe de Estado Mayor del Planalto, en un acuerdo entre altos mandos militares, ministros civiles y el propio Presidente, que fue comunicado a las cabezas de los otros poderes del Estado. “Mientras la grave situación de crisis continúe, el general será el presidente operacional de Brasil. Braga Neto asume para distender y organizar”. Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del Presidente, había posteado que valía más la pena hablar con un humilde inteligente soldado que con un general que no toca ningún pito. Pero poco después la frase desapareció de la cuenta presidencial. Los hijos del Presidente son su talón de Aquiles. Si se resiste a la nueva situación, podrían activarse causas contra uno de ellos por corrupción y contra otro por la organización de milicias clandestinas, del tipo de las que en la Argentina se conocieron como Triple A. ¿O alguien pensó que el reiterado saludo presidencial simulando disparar un arma era una broma?
El portal Jornal GGN, dirigido por el periodista Luis Nassif, escribió que el viernes pasado, cuando Bolsonaro amenazó con sabotear la cuarentena, el juez del Tribunal Federal Supremo Gilmar Mendes informó a “asesores de la presidencia” que la medida no pasaría el filtro judicial. De hecho, la jueza carioca Laura Bastos Carvalho prohibió al gobierno la difusión de piezas publicitarias instando al regreso al trabajo.
El sábado, a pedido de esos asesores, Gilmar Mendes repitió su relato ante Bolsonaro y los generales Luiz Eduardo Ramos, Ministro jefe de la Secretaría de Gobierno, y Walter Braga Neto, de la Casa Civil de la presidencia. Braga Neto fue designado en ese cargo por Bolsonaro en febrero. Hasta entonces había sido jefe de Estado Mayor del Ejército. Citando ejemplos históricos, el juez sugirió que se creara un “Estado Mayor de la Presidencia”, con participación del presidente del Tribunal Supremo, José Antonio Dias Toffoli y de los presidentes de las Cámaras de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre. Maia nació en Chile en 1970 y reside en Brasil desde sus tres años, cuando el golpe militar.
Desde que finalizó la dictadura, las Fuerzas Armadas intervinieron dos veces en forma directa en cuestiones políticas en contra de presidentxs electxs. La primera, cuando el presidente Fernando Collor de Melo cerró el Servicio Nacional de Informaciones e interrumpió el programa nuclear. La segunda, cuando Dilma Rousseff instituyó una Comisión de la Verdad. No es el caso de Bolsonaro, quien se retiró del Ejército como capitán y comparte con los militares la glorificación del golpe de 1964. Es mirado con recelo por el generalato, pero tiene mejor inserción entre los rangos inferiores, los suboficiales, las policías militares de distintos estados y un sector agresivo de la ultraderecha. “Si fuese desmontado del poder, habría agitación en las calles, cosa que no ocurrió ni con Collor ni con Dilma. La neutralización de Bolsonaro es prioritaria, pero será mantenido en el cargo, por cálculo político”, dice la crónica. Además, si Bolsonaro cayera, los militares temen que en las próximas elecciones volverían el PT y la izquierda. “Se montó entonces una estrategia delicada. Bolsonaro sería colocado en el papel de reina loca de Inglaterra, de modo que sus apariciones no contaminasen la figura de la Presidencia”. Cualquiera diría que continuará. Ni la continuidad de Bolsonaro, ni su desplazamiento por los militares son noticias para celebrar.
A diferencia de la Argentina, en Brasil hubo poca memoria, menos verdad y ninguna justicia por los crímenes de la dictadura. Y eso se siente. Por eso las Fuerzas Armadas brasileñas tienen tamaña injerencia política. Aquí, en cambio, como resultado de un proceso ejemplar, las Fuerzas Armadas no reivindican la dictadura y están por completo subordinadas al poder político. En esta emergencia se encargan de la logística para la preparación y distribución de alimentos en los conurbanos. Sin armas.
El gobierno nacional está especialmente preocupado por la situación en Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina. La errática conducta de Bolsonaro podría acrecentar el número de víctimas de la enfermedad hasta cifras que paralizaran la economía, con el inevitable reflejo aquí.
La fiebre naranja
La militarización del conflicto económico con China es una constante de la política estadounidense que cada gobernante maneja a su manera, y Donald Trump no firmó ahora sino en diciembre de 2017 la Estrategia de Seguridad de su país, que reemplaza al terrorismo y el narcotráfico como principal enemigo. Su lugar es ocupado por China y Rusia, que “buscan expandir sus vínculos militares y la venta de armas en la región”. Pero además China busca atraer a la región a su órbita mediante “inversiones y créditos estatales”. En otra escala, las maldiciones se dirigen a Cuba, Venezuela e Irán.
Seguridad Económica es Seguridad Nacional, dice el documento. Para lograrla señala cinco objetivos:
- Rejuvenecer la Economía Doméstica (es decir el mercado interno);
- Promover Relaciones Económicas Libres, Justas y Recíprocas;
- Ser Líder en Investigación, Tecnología, Invención e Innovación;
- Promover y Proteger nuestra Base de Seguridad Nacional en Innovación (contra la penetración de competidores como China)
- Afirmar el Predominio Energético.
No se debe olvidar que ese mismo documento se propone Combatir la Corrupción en el extranjero, y su enunciado dice: “Mediante el empleo de nuestras herramientas económicas y diplomáticas, los Estados Unidos continuarán apuntándoles a los funcionarios extranjeros corruptos y trabajando con los países para que mejoren su capacidad de enfrentar la corrupción, de modo que las empresas de los Estados Unidos puedan competir en forma limpia en un entorno de negocios transparente”. Poco después el ex juez Edward Prado llegó como embajador para llevarlo a la práctica.
Si se consulta esa hoja de ruta, que no fue secreta sino pública, es más fácil entender la actualidad. La semana pasada publicamos la presentación del jefe del comando sur ante el Congreso, donde dijo que Estados Unidos incrementaría su presencia militar en América Latina. Explicó que esto incluiría “una mayor presencia de barcos, aviones y fuerzas de seguridad para tranquilizar a nuestros socios y contrarrestar una serie de amenazas que incluyen al narcoterrorismo”. Y no dio más detalles, porque como él mismo explicó al asumir, “los militares nunca decimos lo que estamos haciendo”. Ahora lo están haciendo: un operativo de bloqueo sobre las costas de Venezuela. Y amenazas de ataques a Irán, cuyo gobierno había ofrecido un canje de prisioneros por ayuda humanitaria contra la pandemia.
La música que escuché mientras escribía
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