LOS MILAGREROS DEL NEOFEDERALISMO

 

La irracionalidad expeditiva

En Mendoza se disparó la compra masiva de un spray nasal con carragenina que tendría un efecto preventivo de los contagios por Covid-19. Al día de hoy no hay ninguna evidencia científica que haya probado ese efecto. En nuestra nota Excepcionalismos  ya describimos cómo el Ministro de Salud de Córdoba había aprobado un protocolo para el "uso compasivo ampliado" del ibuprofeno inhalado porque "en situación de pandemia grave, donde los tiempos no son suficientes para alcanzar evidencia científica suficiente mediante un diseño de investigación experimental adecuado, se considera racional recorrer ese camino a través de mecanismos más expeditivos pero igualmente seguros para el paciente". Esa iniciativa fue replicada en agosto en las provincias de Jujuy y La Rioja, y promovida por varias farmacéuticas que exaltaban los supuestos beneficios de lo desconocido. Después se sumó el antiparasitario ivermectina. Y ahora el spray nasal con carragenina.

A pesar de las prohibiciones de la ley de ejercicio de la medicina a anunciar o aplicar sustancias inocuas atribuyéndoles acción efectiva; de estar penalizado el anunciar la curación por medios secretos y el propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa tal como puede hacerse con la aerosolización al usar ibuprofeno inhalado; de las exigencias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y del Código Civil sobre las investigaciones que demuestren la seguridad y eficacia para el uso de una sustancia como medicamento; de la definición del derecho a la salud como el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y del artículo 42 de la Constitución Nacional (CN) que obliga a todas las jurisdicciones a la protección de la salud con una información adecuada y veraz; entre tantos otros supuestos, cada día se difunde sin límites alguna nueva cura milagrosa.

 

 

Derecho a la salud y pseudociencia

La Food and Drug Administration (FDA), organismo de control de alimentos y medicamentos en Estados Unidos, tiene una lista de más de 100 productos fraudulentos para la Covid-19. Y de todos los productos que le presentaron para su prevención o tratamiento, sólo acaba de aprobar uno: el Remdesivir. Pero la irracionalidad del Presidente Trump promovió la administración de alcohol o desinfectantes como efectivos para el coronavirus. Y entre nosotros, una periodista totalmente desubicada promovió el consumo de dióxido de cloro. Un niño murió en Neuquén, un hombre en Jujuy, y hubo dos intoxicados graves  por hacerlo en Mendoza.

En ese marco, algunas respuestas políticas que se observan ante la pandemia en la Argentina, de dudosa o nula legitimidad ético-normativa, reclaman como fundamento de las mismas la legalidad de un federalismo que procedimentalmente las avalaría.

El derecho a la salud es reconocido por la Argentina como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Entre las medidas de los Estados para asegurar la plena efectividad de ese "derecho de toda persona al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental", debe figurar "la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas". Los Estados Partes del Pacto también reconocen el derecho de toda persona a "gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones".

Pero el Pacto, que en la Argentina es letra constitucional, vincula indisociablemente a "la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas" con "el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Y los derechos a la salud y a gozar de los beneficios del progreso científico, se vinculan en modo también indisociable, a los derechos a la integridad y a la vida.

 

 

El espíritu del progreso científico y sus beneficios

 

 

En una visión científicamente fundada de la salud, guiada por la búsqueda desinteresada de la verdad para alcanzar los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, el reconocimiento político y normativo de la Nación o de las provincias al uso de sustancias sin las evidencias que lo hagan recomendable, son actos de disociación del significado de la salud como bien protegido por las medidas para que ese bien se haga realidad. Son actos que desvinculan el derecho a la salud de los derechos a la vida y la integridad.

 

 

La ANMAT fue creada en 1992 a imagen y semejanza de la FDA de los Estados Unidos. La FDA tuvo su origen en 1906 con la Ley de la Pureza de los Alimentos y Medicamentos para la protección del consumidor, después de una larga dedicación al tema por el médico y químico Harvey Wiley que en 1885 ya había publicado el libro El espíritu del progreso científico. Una exigencia principal de esa ley fue su exigencia de un etiquetado que informara adecuadamente al consumidor acerca de las propiedades del producto en cuanto a su seguridad y beneficios. Y es que antes de la FDA estaba muy extendida la promoción y consumo de todo tipo de compuestos y elixires milagrosos sin la menor evidencia de sus efectos.

 

 

 

 

En 1902, cuando se dedicaba al estudio de la toxicidad de los conservantes para los alimentos, Wiley constituyó un grupo de funcionarios voluntarios (El Escuadrón Veneno) para probar una dieta con varios conservantes y ver sus efectos sobre el organismo. Varios de los participantes enfermaron. Esto mostró la necesidad de una ley que regulara medicamentos y alimentos. El experimento fue limitado a doce personas, todas ellas voluntarias, y por los mismos que iban a promocionar y autorizar su consumo.

 

 

 

 

Es una gran diferencia con el experimento colectivo que significa la promoción o autorización de una sustancia a la población sin evidencias de su seguridad y eficacia. Esto es lo que llevó a Schlink y Kallet, en 1933, a publicar 100 millones de Conejillos de Indias, denunciando la exposición de toda la población al consumo de  medicamentos inseguros por personas que, llegaron a decir, estaban cometiendo un "homicidio estadístico".

 

 

El huevo de la serpiente

¿Cómo es que tantos políticos y juristas de orientación diversa y tantos trabajadores de la salud y de los medios de comunicación ejercen sin reparo alguno esa violencia simbólica sobre el conjunto de la población, al desmantelar el significado de progreso moral que supuso el derecho internacional de los derechos humanos y en particular el derecho a la salud? ¿Cómo es posible observar hoy estas señales de una regresión política, social y cultural que nos lleva a más de cien años atrás?

La respuesta rápida que dan muchos, para esa grieta en el significado universal de la vida, la integridad y la salud, y que escucho repetir desde hace años, es que el federalismo en la Argentina significa que la protección del derecho a la salud es una facultad no delegada de las provincias. Pero este es precisamente el punto en disputa. Porque la autorización por los gobiernos provinciales del uso de sustancias como medicamentos para la prevención y/o tratamiento de la Covid-19, sin las debidas exigencias de calidad y sanidad de las mismas, es contraria a la protección de esos derechos y del bienestar general.

Y lo que se observa es que esas iniciativas enlaza con el ideario político de la indiferencia ante la ciencia y la oposición a los "populismos de izquierda" que han promovido Donald Trump y Jair Bolsonaro en la región. Pero las políticas que promueven la ignorancia y la desinformación, siendo antiderechos, no son ignorantes ellas mismas. Saben muy bien, como han sabido todos los grupos de poder en la historia, que al alentar los actos basados en creencias irracionales se desdibuja la ética, ya que no hay modo de guiar éticamente nuestra conducta si no es sobre las evidencias de verdad que muestran los hechos de la realidad. Y la desinformación y la ignorancia son permisivas respecto a la corrupción, las injusticias, la discriminación, la explotación y la violencia.

 

 

La violencia introyectada

 

 

 

 

Entre los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, hay dos que son sus pilares fundamentales: el mencionado PIDESC y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El primero entró en vigor el 3 de enero de 1976. El segundo el 23 de marzo de 1976. Al día siguiente, un golpe de Estado instauró en nuestro país una dictadura cívico-militar que fue el primer movimiento para la reformulación de la democracia liberal argentina en una democracia neoliberal, incluyendo un neofederalismo por la minimización del Estado nacional. A los 80 días de la entrada en vigor de uno de los Pactos y al día siguiente de la entrada del otro, ambos fueron borrados a sangre y fuego en la Argentina. La lucha por su defensa y restauración no sólo marca el alto valor de esa lucha y sus logros, sino también la magnitud de una violación y retroceso que ni el retorno de la democracia pudo restaurar íntegramente.

El neoliberalismo es una política dirigida a disolver todo vestigio del universalismo normativo de los derechos humanos y los estados de bienestar como el que instauró el peronismo de 1945 y buscó restaurar el peronismo 2003-2015 en la Argentina. Y esa disolución incluye al derecho a la salud.

 

 

Promover el bienestar general

He escuchado decir que aunque el gobierno regule el uso de los productos que se están promocionando para la prevención o el tratamiento de la Covid-19 sin evidencias de su seguridad y eficacia, la gente seguirá comprándolos. Esto se comprendería si, como la ANMAT decía en una Disposición de 1997 sobre medicamentos de venta libre, "el autocuidado de cada persona depende de obtener la máxima información posible sobre el producto del que se trate". Pero no es esto lo que se observa. Y además de los riesgos propios del consumo de sustancias sin evidencias de su seguridad y eficacia, el problema de salud pública a que da lugar es el de una falsa seguridad que conduce a un mayor riesgo de enfermar individualmente y de contagiar a otros.

Quienes no somos juristas y observamos horrorizados una población librada a las falsas promesas de un cuidado de la salud que es un engaño, pero hicimos una revisión básica del estado de la cuestión sobre el derecho a la salud en la jurisprudencia y la doctrina jurídica, descubrimos rápidamente que el argumento del poder no delegado de las provincias no es un límite jurídico a  la intervención del gobierno nacional en tanto esté en juego el bienestar general. El artículo 42 de la Constitución establece: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno". Y el inciso 18 del artículo 75, heredado de la idea de democracia liberal de Alberdi, y no del neoliberalismo, establece que corresponde al Congreso "proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración". Bienestar es salud, progreso de la ilustración es conocimiento científico.

Por eso la justificación de una política o una conducta social que pone en serio riesgo al bienestar general, apelando a las facultades no delegadas en materia de salud y por tanto propias de las provincias, no se basa en un argumento jurídico. Es un argumento político que reafirma la violencia simbólica introyectada del neoliberalismo. No se trata del federalismo "parcialmente nacional y parcialmente federal" con el que El federalista describía en 1789 al sistema norteamericano de la democracia liberal. No se trata del federalismo de pactos preexistentes de consentimiento mutuo, sino del pactar con una visión que convierte la libertad de la voluntad individual en el seno del bienestar colectivo, en la necesidad de procurarse la mercancía que el mercado deja a su alcance. Aunque no sea segura ni efectiva.

 

 

 

 

 

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