Los mareados

 

La situación inédita que genera la pandemia global del Covid-19 permitió exponer de una forma más que elocuente (o mejor dicho, descarnada) una serie de exclusiones en el acceso a la conectividad, por un lado, y las capacidades desiguales de la producción audiovisual local/territorial frente a gigantes nacionales y  globales, por el otro. Ante una mayor demanda de conectividad para la educación, el trabajo, las compras, trámites bancarios o estatales, el entretenimiento y la información, estas desigualdades previas se profundizaron aún más, dejando a buena parte de la ciudadanía más afuera que antes. Y algunos jugadores de las industrias culturales más débiles están más en jaque que antes.

Las desigualdades preexistentes, así como las que deja ver y acentúa con fuerza el contexto de la pandemia, conviven en un sistema info-comunicacional cada vez más concentrado y excluyente, engordado como nunca antes durante los años del macrismo que, tras descorazonar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitió en trámite exprés y con escasas objeciones la megafusión entre Cablevisión Holdings y Telecom.

La dificultad para desandar por la vía legal la alta y consolidada concentración de la propiedad en el sistema de información y comunicación del país requiere un desplazamiento táctico de la discusión hacia el robustecimiento de los actores que no integran el núcleo privado comercial. Allí cientos de actores comunitarios, populares y cooperativos de todo el país ofrecen servicios audiovisuales y de conectividad en sus territorios. El contexto de la pandemia los revaloriza y vuelve más necesarios por su capacidad de generar una comunicación más capilar y de proximidad territorial, en contraste con los mensajes de la comunicación oficial que hablan a “la Nación” y replican los medios “nacionales” donde opinan y operan un staff de profesionales de la comunicación en su mayoría porteños, o porteños naturalizados, vecinos de algunos pocos barrios de la Ciudad.

El contexto de la pandemia puso al desnudo que el centralismo porteño en la producción de contenidos —especialmente informativos— y en el dominio de un puñado de empresas de telecomunicaciones, no satisface las necesidades de acceso a contenidos socialmente necesarios y conectividad en todo el país. La miríada de actores tantas veces maltratados, postergados, sospechados y otras resguardados y fomentados desde el propio Estado, según el péndulo del gobierno de turno, deben, por su relevancia y rol esencial, ser interlocutores permanentes de los decisores de políticas para el sector.

 

 

(Des)conectividades

El gobierno, al tiempo que aborda los aspectos sanitarios y económicos de la llamada “cuarentena”, ha definido algunas medidas específicas con relación a este sector, como suspender los cortes de servicios por 180 días de internet, cable y telefonía fija o móvil para algunos clientes puntuales, el zero rating para navegar las páginas de universidades nacionales y la baja de calidad de los contenidos de Netflix para no saturar las redes. Sin embargo, las medidas anunciadas hasta el momento no contemplan la situación de quienes no son “clientes”, o que una familia con niños/as no puede resolver las tareas escolares si el único dispositivo en la casa es el celular de un mayor, por ejemplo. Cabe mencionar que la discontinuidad del Plan Conectar Igualdad por el gobierno anterior dejó frenada una política de entrega de dispositivos para la educación.

La problemática tiene números y rostros. La media nacional de acceso a internet fija es de 62,92 accesos cada 100 hogares según los datos del último trimestre de 2019 de ENACOM. Sin embargo, 18 provincias están por debajo de la media nacional: 14 presentan entre 35 y 62,92 accesos y otras tres están por debajo de 35 accesos cada 100 habitantes. A medida que desagregamos esos números encontramos un mapa muy desigual del país. A esto se suma la diferencia en las velocidades de conexión, algo tan importante en periodos de aislamiento social: en provincia de Buenos Aires y CABA el 56, 96% de los accesos son de más de 20 Mbps, mientras que en las otras 22 provincias del país solo el 25,60% de los accesos cuentan con esa velocidad y el 38,44% del “resto del país” tiene solo entre 1 y 6 Mbps.

En las últimas semanas Enacom anunció el diseño de un Programa de Emergencia con fondos del Servicio Universal para equipamiento destinado a los sectores más vulnerables a través de asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias. Por el momento no hay más información sobre esta medida, sin duda alentadora y urgente, ya que apunta a destinar recursos a los sectores con los que el Estado tiene mayores deudas en términos de conectividad, brindando herramientas a esas mismas poblaciones y comunidades. Sería interesante que se concrete el apoyo a estos actores para el despliegue y operación de infraestructura, con continuidad más allá de la emergencia, ya que el modelo comercial de las telcos es sin dudas excluyente.

 

Producción audiovisual “nacional”

Los medios de radio y televisión, y últimamente de forma creciente experiencias de portales digitales, que operan fuera del sistema privado comercial hiperconcentrado, tejen lazos de proximidad con los barrios o pueblos donde se encuentran con sus públicos. En ocasiones se trata de identificación política o en torno a una causa; en otras, la cercanía territorial los une a una agenda de interés común: son los medios que hablan de “las cosas de acá”. Muchos de estos medios salen a la calle y se conectan con los y las ciudadanas más allá de las pantallas en actividades culturales y barriales, en que fortalecen sus lazos, sentido de pertenencia y cercanía. En ocasiones es incluso la misma comunidad la que contribuye al sostenimiento económico de “sus” medios.

Un estudio publicado en 2019 por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de Argentina (RICCAP) analizó la situación de cerca de 300 medios de este sector en todo el país. Casi el 60% presta servicios en localidades de menos de 100.000 habitantes y más del 40% alcanza poblaciones rurales. Pese a la tarea esencial que realizan, la mayoría cuenta apenas con permisos precarios para transmitir y lo hacen en condiciones igualmente precarias por la dificultad para afrontar el recambio tecnológico, luego de años de virtual parálisis de los fondos estatales destinados a estos fines. Sus promotores y entidades que los agrupan y organizan, que peregrinan las oficinas públicas intentando obtener alguna licencia, un fondo de fomento (otorgados sin ninguna diligencia durante el periodo anterior) o la ya casi inexistente pauta oficial nacional, deben, como actores esenciales de la comunicación que son, sentarse a la mesa de la toma de decisiones. Existen desde el sector proyectos como la Iniciativa para el Fomento de la Pluralidad y la Diversidad Informativa que aspira, con propuestas concretas, a instalar en la agenda política la sostenibilidad de estos medios.

Párrafo aparte cabe a los medios públicos, Canal 7 en particular, único con licencia nacional que, pese a funcionar como pantalla de una enorme cantidad de horas de contenidos educativos en este contexto, encuentra por estos días límites en la provisión de “información socialmente necesaria”, que por otra parte es heterogénea según la región que se trate. El canal nacional de ADN porteño tampoco puede atender a la enorme diversidad de necesidades de información, por lo que de forma tácita delega en muchas regiones del país a los medios comunitarios la tarea de cumplir una función pública.

 

 

 

Pandemia, presente y ¿después?

No se trata de romantizar un sector de la comunicación, se trata de marcar –una vez más— que la comunicación de la que son capaces los medios comerciales asentados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas capitales provinciales está lejos de garantizar, por su propia lógica mercantil, el derecho a la comunicación a vastos sectores de la sociedad. Tampoco el modelo privado comercial de servicios de conectividad garantiza una cobertura universal ni velocidades acordes a la demanda actual, lo que muestra que el acceso a internet como un derecho humano, tal como lo reconoció la Organización de Naciones Unidas (ONU), está lejos de poder ser una realidad.

Los medios comunitarios, cooperativas y las redes comunitarias de internet, entre otros actores que integran este sector, cuentan con diagnósticos claros de sus necesidades y demandas que han generado proyectos y propuestas presentadas públicamente y en varios despachos, que requieren la atención y tratamiento por parte del Estado sin más dilaciones. De lo contrario, sólo una parte del sistema info-comunicacional logra que sus necesidades y demandas sean atendidas, reproduciendo un esquema privado-comercial concentrado cuyos intereses responden a una lógica distinta a la del bien común, aunque a veces sus argumentos retomen esa retórica, sobre todo en situaciones de crisis.

Estos problemas “de arrastre” que muestra la pandemia, ¿serán abordados como una situación de excepción? ¿Las medidas anunciadas y otras que puedan surgir, son sólo de emergencia? ¿Cómo se garantizan estos derechos en los barrios populares (hay más de 4.400 en nuestro país) y en aquellas poblaciones que no son rentables para el sector privado comercial? ¿Esta pandemia reproducirá el sistema info-comunicacional desigual que conocemos o permitirá algunos cambios de rumbo? ¿Será momento de apoyar a prestadores cooperativos y comunitarios para que desarrollen sus proyectos comunicacionales y operen esas infraestructuras de internet tan necesarias?

 

 

 

 

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