LOS LOCOS DEL MARTILLO
JxC se ha puesto en modo Grupo Aaaah… Como Luca, que no sabe qué quiere pero lo quiere ya, las distintas tribus de la etnia cambiemita no saben de qué se trata, pero se oponen, incluso a algunos cambios que ellas mismas propusieron y no concretaron cuando gobernaban, como la parte correspondiente a las provincias del pomposo programa Justicia 2020, engendrado por la alegre pareja Germán Garavano & Ricardo Gil Lavedra. Empuñan el martillo y quieren romper todo.
Gozan de un incesante aliento mediático (o lo padecen, según se mire), cuyo grado de exasperación es asombroso. El tono apocalíptico no difiere del que impera en Estados Unidos, donde el verdadero Donald Trump envía tropas federales a reprimir protestas pacíficas en los Estados que gobierna la oposición y propone posponer las elecciones de noviembre, en las que Joe Biden lo aventaja por 15 puntos en los sondeos. En cambio, Alberto Fernández es rankeado por la revista Time junto con Angela Merkel entre los gobernantes del mundo que mejor han manejado la emergencia sanitaria, y para la ONU Mujeres y el PNUD, entre 195 países rastreados la Argentina es el que más medidas con perspectiva de género adoptó por la pandemia.
No será el mejor gobierno del mundo, pero tampoco el peor. ¿Por qué están tan enardecidos en su contra?
El mito de la impunidad
La reforma judicial, que Alberto Fernández prometió durante la campaña electoral y anunció al asumir la presidencia, ha sido maldecida y estigmatizada como búsqueda de impunidad para los delitos de los cuales CFK ha sido acusada, pero siguen huérfanos de pruebas que los confirmen.
Como dijo Cristina en su impresionante alegato ante el tribunal oral, de lo que se trata es de presentar a los líderes de un gobierno popular como chorros, para que nunca más nadie vuelva a animarse.
La convocatoria a golpear cacerolas, tocar la bocina y agitar banderas tuvo menos respuesta que nunca. Fue tendencia en las redes, cosa bien fácil de lograr, pero pocos centenares de personas en las calles.
Antes de que el proyecto de ley y sus anexos llegaran a la cámara iniciadora, el Senado de la Nación, los anatemas estaban dictados e involucraban incluso aquellas decisiones aún no tomadas por el Poder Ejecutivo. La palabra presidencial y el texto del proyecto no dejan dudas respecto de la continuidad de todas las causas ya iniciadas ante los mismos jueces que las tienen ahora, con lo cual ningún alivio podría esperar Cristina de esa reforma. No la librará de Ercolini, como tampoco le hubiera quitado de encima a Bonadío, quien encontró la forma más perfecta de eludir el juicio político que merecía. Un joven columnista de Clarín, modelo 2014, desarrolló esta petición de principio: el gobierno sabe que asociar “kirchnerismo” y “mejora de la calidad institucional” es imposible. Por eso “resulta tan fácil encontrar intenciones no confesadas en la reforma”. Si es Bayer es bueno, decía una vieja publicidad. Si es Kirchner es malo, le hace eco este periodismo apropiado para una Justicia que dicta la condena antes de empezar el juicio.
Pero hasta un veterano como Carlos Pagni se obnubila y llega a considerar kirchnerista al abogado Andrés Gil Domínguez, que abogó en favor del Grupo Clarín ante la Corte Suprema en la famosa audiencia pública de 2013. El pobre lo explicó despavorido, no sea que en la calle Tacuarí se hayan olvidado.
El repudio más estridente desde estas trincheras se dirige a la posible ampliación del número de miembros de la Corte, cosa que no está decidida y que tampoco representa garantía alguna para la Vicepresidenta. Alberto Fernández ha dicho y repetido que no le parece necesario agrandar la mesa de la sala de acuerdos de la Corte, que ha tenido 9, 7 y ahora 5 asientos, con lo que alcanzan tres voluntades para formar mayoría. El filoradical Gil Domínguez opina que deben ser 9, el zaffaroniano Gustavo Ferreyra, que con 5 está bien, según recordó Fernández. Alberto Beraldi y Carlos Arslanian asesoraron en 2003 a Néstor Kirchner y Alberto Fernández en un proyecto de reforma judicial, cuando no tenían entre sus defendidos a ningún kirchnerista, agregó. Otro discípulo de Zaffaroni, Alejandro Slokar, señaló que la vastedad de esta reforma es contradictoria con la puesta en práctica del sistema acusatorio, que deja las investigaciones en manos de los fiscales. La sociedad argentina es mucho más diversa de lo que dejan entender los locos del martillo.
Al concluir las sesiones del Consejo Consultivo, el 18 de noviembre si se cumpliera el plazo estricto de 90 días, y su recomendación fuera distinta a lo que Fernández piensa, aún la decisión seguiría en sus manos. En cualquier caso, el trámite legislativo para convertir el presunto proyecto de ampliación en ley insumiría el resto del año. Para la selección de las nuevas figuras (las versiones circulantes hablan de entre 4 y 16 incorporaciones) habría que contar a partir del comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso los 90 días que insume el proceso de transparencia para designarlxs, que Néstor Kirchner consagró en el decreto 222/03. Así se llegaría a junio, dos meses antes de las elecciones legislativas primarias y a cuatro de las generales. El Senado debería darles su acuerdo por las 2/3 partes de sus miembros.
¿Alguien puede imaginar que en plena campaña electoral esto fuera posible? Hasta el 10 de diciembre de 2021, la oposición tiene la posibilidad de bloquear tales designaciones. Después, dependerá de las nuevas relaciones de fuerza. El gobierno puede conseguir los 2/3, pero también puede ver menguada su actual mayoría, según sea el voto popular. En ningún caso tardaría menos de dos años en tener una nueva Corte en funcionamiento. Y ya asomarían en el horizonte las elecciones presidenciales de 2023.
Es ostensible que las causas con que fue hostigada Cristina no se resolverán en la República Autónoma del Cuarto Piso.
Una opinión predominante entre quienes se inclinan por la ampliación es que la Corte debería dividirse en salas, por fuero. El Presidente tampoco aprueba este criterio. Si se dividiera en salas no podrían ser estables ni especializadas. Deberían sortearse para cada caso, opina.
Aquellos que no están de acuerdo con el grado de beligerancia contra el gobierno, como el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, eligen callar. Ya les llegará el momento cuando se desate el proceso electoral y haya que decidir sobre candidaturas. ¿Para qué apresurarse, cuando se ignora si Maurizio Macrì volverá al país y en qué condiciones? Francia, hacia donde viajó con su familia , tiene la misma cantidad de infectados por el Sars Cov-2 que la Argentina, pero diez veces más muertos. Rodríguez Larreta aportó uno de los datos más claros en la conferencia de prensa del viernes: cuando el índice de contagiosidad R baje de 1 (actualmente está en 1,03) la cantidad de casos comenzará a decrecer. Es una verdad de Perogrullo, pero muy necesaria ante tanta incertidumbre.
En el mismo vuelo viajó también la presidenta del Superior Tribunal Porteño, y fallida candidata macrista a la Procuración General, Inés Weinberg de Roca. Al llegar a París llamó a Buenos Aires para que todos supieran que fue una pura casualidad. De allí siguió a Berlín, donde tiene familia. Cuando trascendió que integraría el Consejo Consultivo, Macrì intentó disuadirla. "Me arruinás", contó ella que le dijo. Pero no la persuadió. En una entrevista con La Nación, negó que detrás de la reforma hubiera una búsqueda de impunidad para Cristina y encomió la capacidad técnica de Beraldi. Cuanto mejor es un abogado, más importantes son sus clientes, dijo.
En el país de la libertad
La situación judicial de Macrì explica en parte el encono con que un sector de PRO enfrenta al gobierno. Son demasiadas las causas que lo acechan, en distintos tribunales en los que es imposible encontrar un hilo conductor que los vincule con el actual gobierno. Su primo inteligente, el alcalde de Vicente López, Jorge Macrì, le planteó al Presidente Fernández su preocupación por las causas del Correo y los peajes. Pero también las del espionaje y el vaciamiento de Vicentin se han puesto al rojo vivo, a partir del secuestro del celular de su secretario Darío Nieto. Como anticipó esta columna el domingo pasado, Nieto habría sido el intermediario para que los bancos públicos siguieran arrojando millones de dólares al barril sin fondo de Vicentin.
Cuando concluya el peritaje que el juez Juan Pablo Augé le pidió a la Gendarmería, podrán evaluarse mejor los alcances de esa intervención, conocida a través de filtraciones originadas en las decisiones que, antes de dejar la causa, tomó su ex juez, Federico Villena, el que secuestró el teléfono y ordenó su peritaje a la Policía Federal. La duda es si podrán recuperarse los chats entre Macrì y su secretario, o no habrá más que las anotaciones que hacía Nieto como ayuda memoria antes de borrar los mensajes, que es lo que se conoció hasta ahora. Fuertes, pero indicios.
Por eso su defensa pidió que el contenido de su teléfono no salga de Lomas de Zamora, es decir que no pueda utilizarse en otras causas, para probar delitos cometidos por Macrì. Eso sí que es transparencia.
Pero tampoco esto alcanza para entender las motivaciones más profundas de los sectores lanzados a la demolición a martillazos del gobierno nacional. Entre otras cosas, porque los riesgos penales que corren Macrì y su camarilla no se extienden al conjunto de la dirigencia política que lo acompañó en su triste paso por la política. El viaje de Macrì a París puede leerse así como un nuevo capítulo en la lucha del hombre por la libertad.
La economía o la vida
La prolongación de la cuarentena en el AMBA, que Fernández anunció el viernes junto con Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, aporta otros elementos a considerar. El Presidente planteó desde marzo una alternativa simple: entre la vida y la economía, elijo la vida, dijo. La contracara es Estados Unidos, donde Trump sostuvo en forma explícita lo contrario. Los datos de la actividad económica difundidos esta semana, validan la posición del mandatario argentino en ese esquema binario: en el segundo trimestre de este año, el PIB de Estados Unidos cayó casi un 10% respecto del primer trimestre y un 33% en comparación con el segundo trimestre de 2019. Es el mayor desplome desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en el mismo lapso, la facturación de Google, Amazon, Apple y Facebook creció casi el 20% y sus ganancias más del 13%. En cualquier caso, el crash económico de la única superpotencia global, que comenzó la crisis con los mejores resultados económicos de su historia, es tan malo como el de la humilde Argentina, que venía de dos años catastróficos, dentro de una década mediocre. Los datos oficiales argentinos para el segundo trimestre aún no están disponibles, pero institutos privados calculan para el segundo trimestre una caída interanual de 16,5%, y de 12% respecto del primer trimestre. Esto no quiere decir que la economía argentina cae la mitad que la estadounidense, porque los sistemas de medición son distintos, lo que dificulta hacer un cotejo directo, pero sí indica que el problema no es la cuarentena, sino la enfermedad. Aquí y allá.
La tapa del diario monárquico español ABC no requiere comentario. Habla por sí misma:
La gravedad de la crisis económica no se puede desconocer y alcanza a los sectores más diversos. La Brujita Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, dijo que, si no vuelve el fútbol, los clubes sin derechos de televisación deberán "bajar la persiana". Y la Red de Salas Teatrales de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que más de cien salas independientes y autogestivas “estamos frente a una realidad desesperante con riesgo de cierre definitivo”. Pero cargar este cuadro al gobierno es irracional.
El desconcierto
El desconcierto de una dirigencia cuyas consignas triviales se estrellan contra una realidad que ni controlan ni terminan de conocer, también alimenta esos estallidos, que llevan a personas normales a proferir exabruptos como el de Micky Vainilla, quien llamó Doctor Muerte al ministro bonaerense de Salud, Daniel Gollán. Puede haber cálculo político en eso, ya que con gestos no menos brutales otras personas llegaron a la presidencia de Estados Unidos y de Brasil, pero mayor es la dosis de desvarío, como producto de la angustia y la impotencia.
Otros dirigentes cortados con el mismo molde, como Carlos Rückauf, aprovecharon el proyecto de reforma judicial para insistir con sus monotemáticas obsesiones. Lo que habría que modificar es el sistema de enjuiciamiento penal, dijo, para que “de una vez por todas acabemos con este mecanismo que permite que los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra, esa es la reforma judicial que me gustaría que se haga”. Su compañero de correrías políticas, Eduardo Duhalde, el propio Vainilla, Graciela Fernández Meijide, Marcos Aguinis, Eduardo Menem, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, María Eugenia Vidal, José Octavio Bordón, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, entre otros, firmaron una declaración en la que piden que se convoque a una mesa de diálogo, deponiendo mezquindades. En tal caso, varios de ellos no tendrían qué aportar. Los proyectos ya entraron al Senado y fueron distribuidos a las comisiones. Quien quiera diálogo sabe dónde dirigirse. No es una tribuna de doctrina, sino uno de los poderes del Estado. ¿No les gusta, porque allí está Cristina? Como ella les dijo en una sesión reciente: no se resignan a que son minoría.
Prioridades
Uno de los argumentos más repetidos es que las prioridades de la sociedad no pasan por la reforma judicial, como si el gobierno no se ocupara de otra cosa. Esta semana el Congreso avanzó en el tratamiento de la moratoria para todas las empresas en apuros, la suspensión de quiebras, la ampliación del presupuesto, la propuesta presentada por el Estado a los acreedores bajo ley argentina, la ley de teletrabajo. Durante uno de esos debates, Máximo Kirchner señaló que la moratoria no hace discriminaciones ideológicas y comprende a las empresas del Grupo Clarín, cuyos medios no cesan de denunciar la ley como hecha a medida de Cristóbal López. ¿Qué responderían si se les planteara todos o ninguno? En esa intervención, que no deja dudas sobre su crecimiento político, menciona una noticia que no tuvo la merecida repercusión: la minuta en la que el asesor de Trump y candidato a la presidencia del BID, Mauricio Claver Carone, revela que el megapréstamo del FMI a la Argentina obedeció a una decisión política de su gobierno, con el propósito de ayudar a Macrì en su intento reeleccionario. También citó la opinión del responsable del fondo acreedor Greylock ("no el Movimiento Evita, no la Cámpora, la Greylock", ironizó), para quien el pago a los fondos buitres en cuanto Macrì asumió, no obedeció a un fallo judicial sino a una decisión política.
Al referirse al teletrabajo, el abogado laboralista Mariano Recalde reseñó los vaticinios catastrofistas de las patronales argentinas ante cada avance de la legislación protectora de los trabajadores. Su padre, el prócer de los laboralistas, Héctor Recalde, recordó en uno de sus libros la afinidad entre la oposición a la primera ley de franco dominical obligatorio (como viven en tugurios donde no se puede estar, van a ir a emborracharse a las tabernas) y la que, casi un siglo y medio después, encontró la Asignación Universal por Hijo (se va por la canaleta del juego y la droga). Mariano enumeró:
- la posición de la Unión Industrial cuando el Presidente radical Hipólito Yrigoyen promulgó la ley que instituyó la jornada laboral de ocho horas, en 1929: nuestra industria no podrá competir con la europea y deberá cerrar.
- el rechazo a la ley de 1938 que estableció la indemnización por despido para los empleados de comercio. Para la UIA, esto produciría “el retraimiento de los capitales para ser invertidos en nuevas empresas”.
- la objeción del diario La Prensa al salario mínimo, vital y móvil, y al aguinaldo, impuestos por Perón en 1945: plantean problemas económicos de imposible cumplimiento para las pymes.
Recalde concluyó que ni en 1929 ni en 1938, ni en 1945, “con las leyes laborales que se sancionaron, se dejó de crear empleo ni se fueron del país las inversiones, ni se produjeron ninguna de las catástrofes que presagiaban los grandes empresarios”. Tampoco las 69 leyes laborales del kirchnerismo tuvieron ese resultado: en 2003, había 355.476 empresas que daban trabajo; en 2015, llegaron a 568.737. Esas 213.000 empresas más que se crearon no tuvieron ningún impedimento porque los trabajadores tuvieran más y mejores derechos en sus puestos de trabajo. “Después de 2015, no se sancionó ninguna ley laboral a favor de los trabajadores. Sin embargo, cerraron más de 24.500 empresas”. En los doce años del kirchnerismo, a pesar de esas leyes, casi se duplicaron las exportaciones de la industria del conocimiento: de 3.510 millones de dólares en 2002, a 6.560, en 2015. En 2019 habían caído a 6.458 millones de dólares. “El problema para las empresas no está en los derechos de los trabajadores; sino en los tarifazos; la caída del consumo y la pérdida de ventas; la implementación de un modelo de especulación financiera y de alta tasa de interés, que hacía imposible sobrevivir y que afectó a todas las industrias”.
Con los trabajadores
El lunes 27 de julio, como había prometido, Fernández inauguró el plenario de delegados generales de la CTA.
En su mensaje de media hora se presentó “como un compañero de todos ustedes que ocasionalmente ocupa la presidencia”, reiteró su deseo de la unidad de los trabajadores (mencionó a Hugo Yasky, Héctor Daer, Hugo Moyano y Sergio Palazzo) y apoyó la propuesta de una mesa multisectorial entre la CTA, la CGT y distintas asociaciones de pequeñas y medianas empresas. Dijo que habla con todos, pero sabe bien a quiénes representa. “El primer compromiso lo tengo con los que nos votaron, que son ustedes”. También expuso que un Estado inteligente debe regular en favor de los trabajadores.
Nada más lejos de las propuestas de la Unión Industrial (UIA) y de la Asociación de Empresarios (AEA, conducida por Héctor Magnetto y Paolo Rocca), que reclaman devaluación, subsidios, rebajas impositivas, allanamiento a las condiciones de los acreedores externos y desentendimiento del trabajo informal. Fernández habló de un país donde todos estén incluidos y no donde algunos ganen mucho y muchos pierdan casi todo.
Cuando el Presidente terminó, el plenario continuó hasta bien entrada la tarde y aprobó un documento que además de definir la Multisectorial Nacional por la Producción y el Trabajo, declara la voluntad de participar en el Consejo Económico y Social e impulsar espacios análogos en las provincias y el apoyo a la propuesta oficial a los acreedores externos. Además de la ampliación de la respuesta a la emergencia alimentaria y social, postula que el propuesto gravamen extraordinario a las grandes fortunas personales sea el punto de partida hacia una reforma del sistema tributario para que paguen más los que más tienen. También plantea reformar la ley de entidades financieras, para regular su actividad y las tasas de interés en función del desarrollo industrial y sancionar la ley que la Constitución ordena desde 1957, de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, incorporando el antecedente del convenio del SUTNA con Bridgestone.
El plenario reclamó sendas leyes de trabajadores de servicio de reparto a través de plataformas; de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene; de reducción de la Jornada Laboral; de prevención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género en el ámbito laboral; de acceso a internet como un derecho ciudadano en todo el territorio nacional; Extensión de la prohibición de despidos hasta fin de año. Además de convertir el IFE en una renta Nacional ciudadana, pidió políticas crediticias que favorezcan a las pymes y a la producción nacional y controlar al sector financiero para terminar con la fuga de capitales y la manipulación de precios de transferencia; impedir el aumento abusivo de los precios de los alimentos y de las tarifas energéticas, aumentar las alícuotas de los impuestos sobre los activos en el exterior para los grandes contribuyentes y avanzar en la producción estatal de bienes industriales.
Los pies sobre la tierra
Inserto en esta realidad, el gobierno podrá llevar adelante políticas populares sostenidas por su base social, más sólidas que las fantasías construidas en torno de la cerealera Vicentin, que chocaron contra una resistencia con la que nadie había contado, como si bastara con un vozarrón y una pantalla de televisión para derribar la previsible respuesta de los poderes fácticos. El decreto que reconoce la imposibilidad de doblegarlos con palabras confirma las objeciones que aquí se plantearon desde el primer día, aguafiestas en medio del júbilo de las buenas intenciones o la épica de la derrota digna. Tanto en el decreto rectificatorio como en declaraciones públicas, Alberto afirmó la inconveniencia de que el Estado comparta la responsabilidad de los directores (algo que sostuvo desde antes de asumir, cuando los Nardelli le pidieron auxilio) o ponga plata a fondo perdido.
(También es claro el comunicado oficial sobre la negociación con los acreedores, que el martes 4 de agosto no logrará las suficientes adhesiones. Su último párrafo dice que para llegar a un acuerdo sostenible que no someta al pueblo a más sufrimientos y angustias, la propuesta del 6 de julio es la definitiva y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener. "Nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina". Es decir, o aceptan o se confirma el default, y en el futuro sólo podrán cobrar menos de lo que hoy se ofrece.)
En los pocos días previos a la medida cautelar del juez local, los interventores pudieron copiar algunos de los libros societarios. De allí surge que las deudas de Vicentin rondan los 1.500 millones de dólares, y sus activos no pasan de 600. "Ni locos vamos a poner ese dinero para solucionarles los problemas a los Nardelli y Padoan", le dijo el Presidente en una comunicación previa a la firma del decreto a uno de los más vocales impulsores de la patinada. Su opción es autonomizar YPF Agro de la petrolera estatal y sobre esa base crear una empresa nueva que cumpla algunas de las funciones que en algún momento se pensaron para una Vicentin estatal.
Al mismo tiempo, el gobierno presionaría con las causas penales y, en el concurso, a través de los acreedores estatales para conocer el estado de las empresas (cuesta creer que hasta el día de hoy un juez parcial haya permitido que no presenten el balance), los negocios de los últimos años, la más que sospechosa venta de Renova.
El gobierno tuvo la flexibilidad necesaria para no empantanarse en una batalla sin destino. Quedan tres años y medio del primer mandato presidencial para planificar, con tiempo y conocimientos por parte de especialistas, las imprescindibles reformas al comercio interno e internacional de granos, la producción de alimentos y la correcta liquidación de las exportaciones, asuntos demasiado serios para tratarlos a los trompicones.
Y sobre todo, con el anclaje social imprescindible, organizando el apoyo que ya en junio expresó la solicitada que firmaron los dirigentes de todas las centrales y agrupamientos sindicales, por primera vez juntos en varias décadas, que mostró un apoyo a la decisión del gobierno muy superior a la oposición del ridículo banderazo, en defensa de la propiedad privada (que los Nardelli y Padoan saquearon) y en contra de la cuarentena.
La base está.
La música que escuché mientras escribía.
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