Los juicios en el Año Covid

 

La Comisión Interpoderes funciona desde hace más de una década para agilizar los juicios de lesa humanidad pero hasta hace poco llevaba cuatro años sin encuentros. Finalizado el gobierno cambiemita, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, se vio obligado a convocarla. Luego de la anómala reunión de octubre se sucedieron otras dos reuniones en noviembre y diciembre. Sin embargo, el espacio está rengo. Los poderes ejecutivo y legislativo se apartaron de lo que consideran una convocatoria “oportunista”. “Hasta que no se sienten todos, son reuniones de café”, interpreta en clave gastronómica uno de los principales actores que asisten. Otros reconocen que, pese a ello, en términos de promesas la reunión de esta semana ha sido buena y productiva. Algunos de los participantes sintieron que por primera vez han podido plantear sus problemas y ser escuchados.

Es que las circunstancias que rodean estos juicios apremian, sobre todo en el año del Covid. Los datos informados para trabajar el pasado jueves en la Comisión no son auspiciosos, aunque para algunos no es poco dado el entramado pandémico. Desde la Casación Penal, que reúne partes elevados de todos los tribunales orales federales del país, se informó que son 16 los juicios orales en curso, 10 los que finalizaron en 2020 y cuatro los que tienen pronta fecha de inicio. El casillero en rojo dice que 86 causas –sin contar las acumuladas– todavía esperan que se les fije una fecha de inicio.

El listado de problemas puesto en común es extenso y variado. Las demoras de la Corte para resolver causas encabeza el ranking. En la primera reunión el CELS exigió que se cree una secretaría especializada y se dé prioridad a lesa humanidad en la revisión de sentencias. Pero las quejas por demoras se esparcen a las distintas instancias de la justicia, desde los juzgados hasta la Casación. Problemas de conectividad para realizar videoconferencias, homogeneización de las plataformas virtuales para los debates orales, dificultades en el reenvío de los expedientes entre jurisdicciones, demoras o insuficiencias en el seguimiento de las prisiones domiciliarias, escasez de recursos humanos y falta de integración de tribunales, engrosan el cuadro.

Una de las complicaciones más paradigmáticas sucede en Córdoba. De unas 260 causas judiciales en instrucción en todo el país, la provincia mediterránea cuenta con casi una treintena, un porcentaje sólo superado por Salta y Tucumán. En 2020 las causas en instrucción avanzaron muy poco por un conflicto de competencias y de distribución del personal judicial. El grueso se instruyen en el juzgado federal 3 a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien dispone de una Secretaría especializada en derechos humanos con más de 15 empleadxs, sin cuyos conocimiento y trabajo estas causas se paralizan. Pero fue recusado en varias oportunidades o sus actos fueron considerados nulos por su anterior rol en querellas. Su padre y abuelo, homónimos, fueron brutalmente asesinados por la dictadura. La Corte Suprema tiene que decidir sobre varios de estos casos. Mientras, el grueso de las causas recayeron en el juzgado federal 1 a cargo de Ricardo Bustos Fierro, pero apenas fueron prestados tres empleados de la Secretaría especializada. La Corte prometió una pronta resolución.

 

Problemas domiciliarios

En 623 causas de lesa humanidad en trámite (sin contar acumuladas), 3448 personas fueron o siguen siendo investigadas. Poco más de 1000 fueron condenados y casi 630 procesados. De este total, sólo la mitad están detenidos. Los datos fueron anotados por quienes participaron de la última Interpoderes y deben ser leídos en función de dos tendencias paralelas sobre las que viene informando la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, ambas alarmantes: el continuo descenso del número de personas detenidas y el aumento de arrestos domiciliarios.

En este último caso, las personas con prisión hogareña en 2015 eran 439. En 2020 son doscientos más. El dato generó preocupación además porque la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial (DCAEP) informó que sólo tenía bajo supervisión a 188 presos domiciliarios. Pero la DCAEP, creada por ley en 2014 y puesta en funcionamiento en 2016, si bien se concibió originariamente para tener alcance nacional sólo cubre el territorio porteño y también el bonaerense desde que la ex gobernadora María Eugenia Vidal retiró sin anestesia el apoyo del patronato provincial. El resto de los casos no informados corresponden a los patronatos de cada provincia.

En la Interpoderes, las explicaciones dadas por la directora de la DCAEP, Virginia Barreyro, pudieron ser escuchadas por primera vez. La institución del Poder Judicial tiene conformada una línea de trabajo especial para los casos de lesa humanidad, además de los de violencia de género y delitos sexuales. En total cuenta con 63 empleados, pero en 2020 debió supervisar a 14.500 personas. Uno de los problemas planteados en la reunión puede definirse como falta de comunicación. Los tribunales a veces no informan o lo hacen tarde sobre casos particulares de domiciliarias. Otro es la escasez de pulseras electrónicas: sólo 72 de los 188 detenidos supervisados por la DCAEP tienen una. Pero por problemas de salud no todos pueden llevarla. El punto central, en definitiva, es de recursos y personal.

Esperanzada con una suelta de recursos, llega alivio a la DCAEP cuando los jueces sostienen criterios restrictivos frente a los pedidos de los defensores de condenados que superan los 70 años y alegan, entre otras cuestiones, enfermedades que los aquejan. Uno de los casos más resonantes es el del genocida Miguel Etchecolatz, a quien la sala IV de Casación presidida por Mariano Borinsky ordenó mantener alojado en un establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados.

El caso más reciente fue decidido este mes por la Sala II de la Casación, presidida por Alejandro Slokar, que rechazó la domiciliaria pedida por el represor de la ESMA Mario Alfredo Sandoval, quien se mantuvo prófugo durante años en Francia invocando la doble ciudadanía para evitar su enjuiciamiento. Slokar encabezó el dictamen asegurando que la unidad donde Sandoval se encuentra detenido está “subpoblada”: cuenta con 63 detenidos y lugar para 112. “Churrasco” Sandoval, como figura en denuncias ante la CONADEP desde 1984, puede considerar que juega de local ya que cursa su detención en la Unidad Penitenciaria 34, en el predio militar de Campo de Mayo.

En la misma sala presidida por Slokar están deliberando sobre la domiciliaria que beneficia actualmente al prefecto Juan “Piraña” Azic, el apropiador de Victoria Donda, que cuenta con condenas firmes. Oportunamente esta Sala había rechazado la domiciliaria definida por el TOF-5 porteño y desde entonces –unos cuatro años– es la Corte Suprema la que debe definir la suerte presidiaria del ex integrante del GT 3.3 de la ESMA. En el TOF-5 resisten los reclamos del fiscal, a la espera de una resolución suprema.

 

El poder diferencial

En una nota de octubre nos referimos a las causas de lesa humanidad donde se investigan responsabilidades empresariales. En tres casos hubo novedades en el último mes. La causa por los crímenes en el ingenio La Fronterita de Tucumán juega su suerte en Casación. Los empresarios involucrados son cuatro y fueron indagados en 2018: Jorge Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos. Las evidencias de la participación del Ingenio en los crímenes del terrorismo estatal son contundentes, al menos para que la cuestión se defina en un debate oral y público, como corresponde por el tipo de pruebas y de actor involucrados.

La Sala IV de Casación está integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Hace poco hizo lugar a los recursos de la fiscalía y la querella conformada por Andhes y ahora aceptó al CELS y al Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos de Berlín como Amicus Curiae. Este jueves se realizaron las presentaciones requeridas y está prometida una resolución para antes de fin de año. Existen dos posibilidades: o se pincha la causa al confirmar la falta de mérito o se hace lugar y se avanza en un procesamiento de los empresarios imputados. Algunas señales son auspiciosas. Pero pesa la sombra del caso Blaquier: en aquella sala se confirmó la anulación del procesamiento contra el emblema del Ingenio Ledesma, que hoy descansa en la Corte.

Un caso similar es el del empresario Vicente Massot y su diario La Nueva Provincia, que operaba al servicio de la dictadura desde Bahía Blanca. Sobre él pesa una falta de mérito que el fiscal general Javier de Luca define como “sobreseimiento encubierto” y es difícil de remover. La semana pasada, la Unidad Fiscal bahiense pidió la ampliación de su indagatoria y su procesamiento. Lo hizo a partir de la incorporación de nuevas pruebas, como su estrecha relación con al agente de la DINA chilena Enrique Arancibia Clavel y otras que surgieron del debate oral por los crímenes de la Triple A en el sur bonaerense.

 

 

Distinto es el caso de La Veloz del Norte. En Salta el año termina bien para este caso emblemático de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. No es sencillo rearmar el errático y bifurcado recorrido de una causa que vuelve a poner al empresario Marcos Levín a las puertas de una nueva sentencia en su contra.

Levín había sido condenado por un tribunal a 12 años de prisión en 2016 por el secuestro y las torturas contra Víctor Cobos, trabajador y delegado sindical en La Veloz del Norte. En el procesamiento, para llegar al debate oral, habían sido apartados los casos de otrxs trabajadores y trabajadoras, con argumentos que caracterizaban sus sufrimientos como delitos comunes y no de lesa humanidad, razón por la cual se consideraban prescritos.

La sentencia, que incluía la condena a tres policías, fue confirmada por la Cámara de Salta, pero en un extravagante fallo fue anulada por la Sala III de la Cámara de Casación. Esa sentencia descansa en la Corte Suprema, que no tiene que definir como en los antecedentes Blaquier o Massot por una “falta de mérito” sino en relación a la caracterización de los hechos como delitos de lesa humanidad. El panorama invita a ser optimistas si la Corte sigue la lógica que permitió el nuevo procesamiento de Levín.

Las apelaciones por la desestimación de los otros casos en instrucción (causa que tomó el nombre de “La Veloz Residual”) llegó finalmente a los despachos de los supremos, quienes recientemente le mandaron a rehacer la tarea al juzgado federal 1 de Salta. Esto llevó al juez de instrucción Julio Bavio a revisar su fallo original y dictar el nuevo procesamiento. Consideró a Levín como instigador por el secuestro y las torturas contra 16 personas. Tanto o más relevante es el hecho de que haya procesado también al Jefe de Personal de la empresa, José Grueso, como partícipe necesario. Grueso había quedado indemne hasta ahora en todo el desarrollo de la causa.

En su nuevo fallo, el juez no se muestra muy convencido frente a los testimonios de las víctimas, que se han ampliado entre la etapa de instrucción y la del juicio por lógicas razones de mérito de la acusación y las querellas al preguntar. Sin embargo, Bavio retoma la tesis de “poder diferencial” planteada por la fiscalía originalmente: “a diferencia de cualquier particular Marcos Levin tenía a su disposición la estructura de una empresa importante del medio salteño, disponiendo consecuentemente de un poder social diferencial conferido por esa posición dominante”, planteó. Además analiza la intervención de un juez (fallecido) en el operativo contra los trabajadores en 1977 como parte del entramado delictivo.

¿Qué cambió para que tuviera lugar el nuevo fallo? El fallo de la Corte Suprema fue determinante. En efecto, Bavio forma en buena medida sus nuevos argumentos con las palabras de la Corte. Por otro lado, porque Levin soporta otra causa, la llamada “Causa Conexa”, un tramo que cursa en el Juzgado Federal 2 donde se investigan los secuestros y torturas de dos personas ajenas a la empresa pero en los propios galpones de La Veloz. Allí, el mes pasado, Levín también fue procesado como partícipe secundario por el secuestro, violencia, amenazas y torturas contra el delegado ceramista y militante comunista Carmen Esteban Juárez. En esta investigación, se produjeron nuevas pruebas que pudieron ser puestas en diálogo con los hechos ahora analizados por Bavio. Finalmente, como siempre, tienen mérito la presencia de las querellas, en este caso la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

No hay que esperar novedades por ahora. Mientras la Corte debe resolver sobre la anulación de la condena contra Levín dada por la Casación se espera que los nuevos procesamientos recorran el camino recursivo, para recién poder llegar ante un tribunal oral, cosa que no sucederá en 2021.

 

 

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