Los idus de abril

 

Se cumplieron 43 años desde el golpe genocida de 1976 y tanta movilización para recordar esa nefasta fecha no ha pasado en vano. Cada aniversario se superan los números del año anterior por la amplitud de las marchas y actos en todo el país. Uno de los errores más grotescos que cometió el gobierno actual fue su ataque a la memoria de la población. Intentó implantar a sangre y fuego que “No fueron 30.000”, que hay un “curro de los derechos humanos”, buscó consagrar el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación del 2x1 a los genocidas. Tales son los hitos con que Mauricio Macri buscó tergiversar el consenso social de todo un país en medio del inocultable naufragio del conjunto de las políticas de su gobierno.

La degradación ininterrumpida de la situación económica y social, las estadísticas sobre la pobreza creciente de millones de personas (32% de pobreza, 6,7% de indigencia), la remontada de las tasas de inflación y desempleo alimentan el desánimo de la mayoría de nuestro pueblo y encienden un estado de rebeldía que se refleja en cada una de las protestas en todos los rincones del país. La nota destacada de la marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia fue la columna sindical que se alineó justo detrás de los manifestantes pertenecientes a organismos de Derechos Humanos. Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, Dora Martínez, secretaria adjunta de la CTA Autónoma, Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense, Vanesa Siley, del Sitraju, Daniel Catalano, de ATE Capital, Sergio Palazzo, de la Bancaria, Roberto Baradel, del Suteba, Omar Plaini, de Canillitas y Walter Correa, de Curtidores, se destacaron en el centro de la “barredora” que estuvo al frente de los militantes sindicales convocados por la ocasión.

Tal unidad no fue una “genial jugada táctica”, como oíamos decir en los cándidos años '70 a dirigentes sin convicción. Se trata de un reconocimiento histórico que refleja una sana autocrítica de organismos del movimiento obrero por el abandono de aquellas banderas que habían quedado en manos de Madres, Abuelas, H.I.J.O.S., Familiares de Desaparecidos y demás organismos de Derechos Humanos. Que la propia Confederación General del Trabajo reclame por la reparación en los archivos de las empresas de los legajos de trabajadores desaparecidos tiene un fuerte impacto en nuestra realidad política. Tal vez sea eso lo que llevó a Patricia Bullrich a decir que los militantes de la alianza Cambiemos no marcharon en la oportunidad porque “el 24M fue cooptado por el kirchnerismo”. Esta cruel confesión en boca de una ministra de la Nación habla por sí misma de la relevancia que tiene en la Argentina esta conmemoración y su vinculación atávica con la democracia misma. Hay fenómenos políticos que se explican por sí mismos y este es uno de ellos. Cuando los pañuelos florecen en todas las plazas y las fotos y los nombres de los 30.000 detenidos desaparecidos sobrevuelan las calles, es señal de que un nuevo día está amaneciendo.

Varios gremios estallaron en protestas por el atraso salarial a falta de paritarias en tiempo y forma. La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) paralizó todas las terminales de Puerto de Buenos Aires en respuesta a la cerrazón patronal a adelantar pagos a cuenta de la negociación salarial. El ministerio de Producción y Trabajo se apresuró a declarar la conciliación obligatoria el mismo día. Los sindicalistas endurecieron sus posiciones en la víspera de la reunión de los miembros de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) con los ministros Carolina Stanley y Dante Sica, para frenar el intento oficial de eliminar los regímenes especiales de jubilaciones anticipadas y eximir a los trabajadores del impuesto a las ganancias. La falta de respuestas en la reunión deja abierto un paréntesis de conflictividad que el gobierno no esperaba. Ganancias es un tema que la CATT tiene cargado en la recámara y amenaza con detonar el paro si el gobierno no atiende los reclamos.

Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos (APTA, APA, UPSA, APLA Y UALA, decretó el “Estado de Alerta y Movilización) anunciaron un paro de 48 horas que debía iniciarse el viernes 29 de marzo y concluir el lunes 1° de abril debido al “dilatado e inconcluso marco de negociación salarial en curso para el período 2018/2019”. El ministerio dictó una conciliación obligatoria que estira la cuerda por 15 días.

 

La demolición

La demolición del mercado interno tiene graves consecuencias. En Junín, 50 familias de la Cooperativa de los Talleres ferroviarios vieron su fuente de trabajo cerrar tras 25 años de funcionamiento. La Cooperativa nació en los albores del neoliberalismo encarnado por el gobierno de Menem, cuando se privatizaron los ferrocarriles. Se cierra así una larga historia que había comenzado con un taller modelo que llegó a emplear a miles de orgullosos “ferrucas” y que ahora se diluye en la desoladora trampa del discurso. Industrias Lácteas de Buenos Aires (ILBA), situada en las localidades de Trenque Lauquen y Treinta de Agosto había paralizado la producción a fines de octubre pasado y sus trabajadores no cobran desde hace 8 meses. Casi treinta son las familias afectadas por la crisis: apenas una muestra de la devastación de la producción láctea. La Cerámica Verbano suspendió en su planta de Capitán Bermúdez a sus 135 trabajadores por la falta de ventas. También estalló un demorado conflicto entre la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la empresa Loma Negra ubicada en la localidad de Barker y con sede en Olavarría, tras el despido de una docena de operarios. La huelga estalló en la mañana del lunes y se endureció con la organización de una pueblada por miedo al cierre tras la intransigencia patronal. Por su parte, mientras el jefe de Gabinete Marcos Peña Braun debatía en “modo electoral” tratando de explicar logros de la descalabrada gestión macrista en el Congreso, sus notorios parientes, propietarios de la cadena de supermercados La Anónima, fueron denunciados por los sindicalistas del Sitracom (Comercio) de la seccional de Tierra del Fuego por el despido de su secretario general y una operación para desvincular con distintas maniobras a empleados con antigüedad y reemplazarlos por nuevos.

Renault implementó un plan de suspensiones rotativas y a Lear, tributaria de Peugeot, a afectando con la misma medida al 40% de su personal. La evidente crisis del consumo popular llevó a  Tsu Cosméticos, una de las líderes del rubro Venta Directa por Catálogo, propiedad del ex presidente de la AFA Armando Pérez, al concurso preventivo y a cerrar su planta de producción en Villa Lynch para tercerizar varias líneas de producción. Se destruyen 150 empleos directos y los 1.000 que componen la plantilla están en riesgo. La actividad del rubro tiene varias empresas amenazadas, que subocupan a 800.000 revendedoras empleadas que completan sus salarios con pequeñas comisiones que les permiten llegar a fin de mes o redondean ingresos familiares y ven peligrar su magro jornal.

Como un relámpago en un día soleado, María Eugenia Vidal sorprendió con una oferta inesperada para los docentes. La ubicua gobernadora decidió otorgar un 15,6% de recomposición por 2018 y aplicar una cláusula gatillo antiinflacionaria para 2019. Tras dieciocho meses de ofertas inconsistentes, los gremios del Frente de Unidad Docente aceptaron considerar la proposición. Roberto Baradel explicó el carácter del posible acuerdo: "Hicieron de todo para dividirnos y obligarnos a aceptar una propuesta a la baja. Pero ahora el gobierno ha hecho una oferta diferente". La citación se había realizado ante la amenaza de un nuevo paro. Los gremios tenían mandato para realizar una huelga de 48 horas ante cualquier ofrecimiento menor al considerado. La medida de fuerza quedó momentáneamente suspendida, aunque formalmente no se levantó. Vidal demostró que “sí se puede” dar aumentos de sueldo: son milagros de la lucha docente empujados por la firmeza sindical y la necesidad de votos en un año electoral.

Los trabajadores de la Agencia Télam se volvieron a movilizar, por cuarta semana consecutiva, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para denunciar la injerencia del Ejecutivo en ese fuero. Hubo una vigilia desde la noche del miércoles hasta el mediodía del jueves cuando, en el marco de la presión callejera del Sipreba, acompañados por el batifondo del paro y movilización de los Judiciales de UEJN en reclamo de sus propias paritarias, el plenario de camaristas ratificó que la Sala V deberá resolver los recursos cautelares y le volteó al oficialismo la expectativa de que las ocho cautelares pendientes de resolución se distribuyeran en el resto de las salas. Ahora la decisión de cerrar esta etapa del conflicto está en manos del juez Enrique Arias Gibert, que tiene la posibilidad de devolver a sus puestos de trabajo a 153 trabajadores de la agencia de bandera.

 

Un adelanto del 4 de abril

El viernes se realizó el Caravanazo en la Matanza con una ruidosa marcha de vehículos que partió de Diaz Velez y Rivadavia y culminó en la Secretaría de Trabajo de San Justo. Más de 40 cuadras de vehículos compuesto por representantes de las Pymes, la U.O.M. local, ambas corrientes de la CGT, las 2 CTA, y varios movimientos sociales se transformaron en un adelanto de lo que será la marcha del 4 de abril próximo.

Abril amanecerá bien temprano. Tras la conmemoración dolorosa de la ocupación británica de las islas en del Día del Veterano de Guerra y los Caídos en las Malvinas del 2 de abril, se realizará el jueves 4 en la Ciudad Autónoma una marcha nacional en “defensa del trabajo y la producción nacional” que unirá la Plaza de Once con la de Mayo. La CGT residual de Daer y Carlos Acuña se montó sobre el evento inicialmente convocado por la UOM y las pymes del rubro, que será acompañado por los gremios industriales, el movimiento multisectorial 21F que encabezan Bancarios, Camioneros, Gráficos, varios sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores y distintos nucleamientos de la CGT. Han comprometido su presencia ambas CTA, y los movimientos sociales mayoritarios (CTEP, CCC, Barrios de Pie, etc.) y esta será la primigenia respuesta de magnitud a los siniestros índices récord en muchas décadas de desocupación, inflación, pobreza, caída del consumo, derrumbe de la producción y calidad de vida en general.

Los rebeldes más poderosos de la CGT (Camioneros y otros) afirman que aunque los cegetistas residuales que amontonan los hermanos Daer —Rodolfo (alimentación) y Héctor (Sanidad)— no vayan al paro, irán a la huelga con las regionales del interior para darle un hilo conductor a la disputa con el gobierno, y acordaron con otros dirigentes sindicales avanzar en ese sentido. Un plenario conjunto de ambas CTA de la Capital aprobó un plan de lucha que comienza en la movilización del 4 de abril y todo se encamina a un paro general que se concretará en ese mismo mes. La unidad sigue avanzando y la huelga ya resulta inevitable. Sin los colectiveros ni los ferroviarios, el funcionamiento del transporte público puede depender de piquetes más o menos confrontativos o díscolos, y en el marco del malhumor social creciente muchos dirigentes del sector más combativo especulan que eso será suficiente para paralizar el país. Con Pablo Moyano en la estratégica vicepresidencia de la poderosa Federación Internacional de gremios del Transporte (ITF en inglés) habría respaldo de ley para los gremios que rechazan la conducción de una CGT paralizada y vacilante que se mueve a los tumbos entre el síndrome del atril, los carpetazos del gobierno y los decretos que habilitan la caja de los fondos para las obras sociales con que el gobierno apuesta a premiar a quienes pongan la cara para frenar los entusiasmos cerriles del descontento obrero.

 

 

 

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