Los héroes de Vicky

 

Menos de una semana después de que Victoria Villarruel se definiera como “orgullosa hija” de un militar que defendió la Patria de los “terroristas” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el monte tucumano, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a militares y policías que fueron parte del Operativo Independencia. A contramano de lo que habían pedido la fiscalía y las querellas, por mayoría, el máximo tribunal penal del país no revirtió las absoluciones que habían dictado los jueces en Tucumán.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma– revisó la sentencia que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán había dictado en 2017 por la represión que se desató en 1975. Inicialmente, el TOF había dictado diez condenas y siete absoluciones.

De los diez condenados, tres murieron y otros dos fueron declarados incapaces. De esa forma, la Casación ratificó las sentencias de los militares Jorge Omar Lazarte, Néstor Rubén Castelli y Enrique José del Pino y de los policías Manuel Rubén Vila y Ricardo Oscar Sánchez.

Casación hizo dos reenvíos. Por un lado, absolvió a Vila –que venía con una condena a diez años de prisión– por el delito de asociación ilícita. En el caso de Castelli, dijo que era constitucional la pena de prisión perpetua y reenvió su caso al TOF para que dicte una nueva sentencia. Él había llegado con una condena a 18 años de prisión.

En Tucumán, siete imputados habían sido absueltos por lo que se conoce como error de prohibición o por el beneficio de la duda. Slokar se pronunció por la condena porque entendió que no podían desconocer la ilegalidad de sus actos. Para el camarista, el argumento para exculparlos fue falaz porque convalidó la posibilidad de violar domicilios. “Las detenciones también transgredieron la normativa del momento –escribió Slokar–, pues preveía de modo expreso que las personas detenidas debían ser puestas dentro de las 48 horas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”.

El juez se pronunció en línea con lo que había planteado el Ministerio Público en su apelación: que el TOF había dicho que desde febrero de 1975 se ejecutó un plan sistemático de violación de derechos humanos, que incluyó violaciones de domicilios, privaciones de la libertad, torturas y homicidios de personas, cometidas de manera global en el territorio provincial. “Por ello resulta arbitrario justificar algunos de los hechos que se ejecutaron en ese marco y otros no”, habían señalado desde la fiscalía.

Casación fue en contra de los discursos que emanan desde el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que plantean lo sucedido en el Operativo Independencia como una guerra. La mayor exponente de esa posición es Villarruel, que incluso declaró como testigo “experta” en uno de los juicios que se llevaron a cabo por secuestros y desapariciones en Tucumán antes del golpe de Estado. Su padre, el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, solía jactarse de haber combatido a la guerrilla tanto en el ámbito urbano como rural.

El máximo tribunal penal convalidó lo que había sostenido el TOF de Tucumán: que había una superioridad notoria de poder de fuego en las Fuerzas Armadas y que el ERP no tuvo jamás dominio pleno en una porción del territorio.

Incluso desde una posición conservadora, Yacobucci resaltó que se estaban juzgando crímenes de lesa humanidad. “Los sucesos que aquí se imputan, sin perjuicio de integrarse temporalmente al ejercicio de la potestad de un gobierno democráticamente elegido, fueron cometidos por agentes del Estado en el marco de un ataque generalizado contra la población, que trascendió el empeño en responder a la violencia de grupos irregulares armados”, escribió. “Aun frente a la actuación violenta de grupos armados, ello no justifica legalmente cualquier metodología de reacción estatal”.

Por su parte, Slokar se refirió al Operativo Independencia como los “sucesos ocurridos con anterioridad al golpe de Estado cívico-militar concretado el 24 de marzo de 1976 y que configuraron la ‘antesala’ del genocidio perpetrado en el país entre aquella fecha y 1983”. Dijo, además, que fue el inicio de una política institucional con la luctuosa práctica de la desaparición de personas.

Con citas al investigador Santiago Garaño, Slokar afirmó que las Fuerzas Armadas asumieron entonces la tarea de disciplinar a la población tucumana y que en el Operativo Independencia se manifestaron tres elementos programáticos de la llamada doctrina antisubversiva: la acción represiva, la acción cívica y la acción psicológica. En su voto, Slokar se pronunció en referencia a los delitos sexuales que fueron analizados en el juicio y sostuvo que la “absoluta impunidad que cubre a los responsables de las violaciones sexuales aumenta la sensación de inseguridad de las mujeres”.

 

 

 

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