Los GOC, De Patricia a Aníbal
Se amplían los Grupos Operativos Conjuntos (GOC) de la DEA en nuestro país
Cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, estuvo el año pasado en la ciudad de San Nicolás, anunció que se crearía un comando antinarcóticos. La visita a la ciudad fue el pasado 1° de octubre, invitado por el Partido Justicialista local, que dirige Lucas Gaincerain, amigo personal y jefe de Gabinete del Ministerio. En esa oportunidad, Fernández contó (como publicamos en El Cohete) que “un día me vino a visitar Mark Stanley, el actual embajador de Estados Unidos en la Argentina, planteándome que ellos estaban dispuestos, atentos al trabajo que hacemos nosotros, a ayudarnos a poner un COC (sic)”. Se refería a los GOC (Grupos Operativos Conjuntos) de la DEA (agencia norteamericana encargada de la Administración de Control de Drogas), que selecciona a los oficiales argentinos que lo conforman. Con naturalidad, el ministro agregó: “Ellos hablaban de Santa Fe, y yo le pedí que no, que se hiciera en San Nicolás”, haciendo gala de la sumisión de su política de seguridad.
El 9 de marzo pasado, en su exposición ante la Cámara de Diputados, Fernández expresó que se trataba del tercer GOC que se instalaba en el país. Fue más preciso en la pronunciación de la sigla, pero demostró no sobre qué fuerza norteamericana lo dirige. “Es un grupo especializado construido con el FBI y con las fuerzas de cada una de las provincias. Tenemos uno en Salta, tenemos uno en Misiones y estamos construyendo (otro) –en este momento–, en San Nicolás, con el FBI, la policía de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba”.
Los GOC funcionan desde 2017 en nuestro país, de la mano de la ex ministra Patricia Bullrich. Con Aníbal Fernández se expanden.
La DEA y los GOC
El periodista Julián Maradeo es autor del libro La DEA en la Argentina. Su investigación muestra cómo la injerencia de la agencia norteamericana en nuestro país le permite hacer lo que se le antoja. Maradeo es licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y colaborador en la revista Crisis. Conocedor del tema, explica en diálogo con El Cohete que “los Grupos Operativos Conjuntos (GOC) son grupos de tareas inter-fuerzas creados por Patricia Bullrich, que puso a cargo de su coordinación a Martín Verrier”. Desde el comienzo, la DEA impuso condiciones a Bullrich: “Por un lado, en el proceso de selección de integrantes de estos GOC, debían finalizar con una reunión a solas entre los aspirantes a formar parte y los agentes norteamericanos, luego de haber sido sometidos a un polígrafo (detector de mentiras) que midiera su idoneidad para integrarlos”.
“Agentes de seguridad argentinos, formados por las instituciones argentinas para actuar en territorio argentino, pero que pasan a ser elegidos como integrantes de estos GOC por una agencia norteamericana”, explica Maradeo. Luego revela que lo que la DEA le impuso a Bullrich fue “una relación discrecional con los GOC, que está sostenida por una caja de dólares en negro que la DEA pone a disposición de ellos como plan de cooptación”. El periodista cuenta que “esos dólares se rinden a la DEA a través de una forma muy informal, a través de un Excel, al cual no tienen acceso las autoridades argentinas”. Maradeo accedió a documentos confidenciales del Ministerio de Seguridad, en los cuales constaba que eran plenamente conscientes de que esto estaba ocurriendo. Incluso, detalla que “en ese informe constaba que los jefes de las fuerzas de origen –ya sean las fuerzas federales de seguridad, o las fuerzas provinciales, cuyos oficiales forman parte de los GOC– les rogaban al Ministerio de Seguridad nacional que les informasen qué hacían sus oficiales con la DEA, porque ellos no tenían conocimiento alguno”.
Al poco tiempo de asumir como ministra en diciembre de 2019, Sabina Frederic realizó una serie de modificaciones en el objeto de los GOC, determinación que también tomó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con Cristina Caamaño. “Se elimina por completo la instancia de utilización de los polígrafos, porque se habían dado cuenta que –por un lado– no eran eficaces y, por el otro, mucha de la información que se había recabado en la gestión de Patricia Bullrich y Martín Verrier había sido utilizada para presionar y extorsionar a estos integrantes de los GOC”.
Maradeo analiza que, cuando asumió, Aníbal Fernández no revisó lo que había pasado en esas cajas oscuras de la DEA a los GOC. “Lo que hace es dar una serie de pasos en dirección a lo que había hecho Bullrich y vuelve a imponer la utilización de los polígrafos, esta vez para la creación del GOC en San Nicolás”. El investigador averiguó que por estos días se avanzó en el proceso de preselección de los integrantes del nuevo GOC que funcionará en territorio nicoleño. “Hubo polémicas, porque varios de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad no pasaron por el polígrafo al que los someten los norteamericanos con total apoyo del Ministerio de Seguridad”.
El periodista también señala que “otra de las decisiones que tomó Aníbal Fernández es que los Grupos Operativos Conjuntos pasen a la órbita de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que está conducida por Damián Neustadt”. Maradeo contactó al funcionario para preguntarle si había tomado la decisión “de revisar lo que habíamos denunciado en el libro y en diferentes artículos periodísticos sobre lo que estaba ocurriendo en estos GOC, y decidió no responder y refugiarse en el más absoluto silencio”. El Ministerio de Seguridad proyecta que los GOC no solamente funcionen en Salta, Misiones y San Nicolás, “sino que se prevé que también se cree uno en el ámbito del AMBA, en la región de Cuyo y en la Patagonia. O sea, aquella injerencia de la DEA sobre estos grupos inter-fuerzas se expandirán en todo el territorio argentino”, sostiene Maradeo.
Las drogas como mecanismo de control
Las drogas como mecanismo de control forman parte de una idea vieja, aunque en nuestro país algunos anuncios luzcan como novedades. El nacimiento del “combate contra las drogas” fue explicado por Horacio Verbitsky en el libro Vida de Perro. A cincuenta años del lanzamiento de tal “guerra”, una revista norteamericana entrevistó a John Ehrlichman, uno de los principales asesores del Presidente norteamericano Richard Nixon, quien confesó: “Nosotros teníamos dos problemas, los hippies que combatían y denunciaban la guerra de Vietnam y los negros que reclamaban igualdad de derechos. Nosotros no podíamos criminalizar ni a los hippies ni a los negros. Pero criminalizamos la marihuana que fumaban los hippies y la heroína que consumían los negros. Fue el instrumento perfecto para controlar a esos dos colectivos” (2018:100-101).
La política de drogas en nuestro país fue atravesada por el prohibicionismo. La idea que reinó fue que la relación de las personas con las drogas es perjudicial, y si algo perjudica, debe ser combatido. La provincia de Buenos Aires optó por suscribir el convenio para la desfederalización de la ley de estupefacientes, adhiriendo en 2005 a la ley nacional 26.052, que establece que algunos de los delitos previstos en la 23.737 sean investigados y juzgados en la órbita provincial. Esa separación diferenció estrategias y la provincia de Buenos Aires orientó esfuerzos a los eslabones más débiles de la cadena, donde los fiscales provinciales quedaron atados al esquema de intervención territorial de la policía.
En septiembre de 2011, la Fiscalía General del Departamento Judicial San Nicolás –en base a la política impulsada por la Procuradora General María del Carmen Falbo–, resolvió la tematización de la Unidad Funcional de Instrucción 1 para especializarla en la tarea de investigación y juicio de delitos vinculados a la ley 23.737, de comercialización de estupefacientes. Desde ese entonces están a cargo los agentes fiscales María Verónica Marcantonio y Patricio Mugica Díaz.
Sobre la capacitación recibida para esa fiscalía tematizada, Marcantonio contó en su momento –consultada por quien escribe–, que “los cursos eran brindados por gente de la Procuración que estaban dedicados específicamente a estupefacientes. También tuvimos varios en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina por agentes de la DEA”, a los que la fiscal asistió en tres oportunidades. En 2020, Marcantonio concurrió a un curso de capacitación en el Hotel Hilton, brindado por la DEA. Recordó también que en años anteriores vinieron fiscales de distritos de Nueva York, “que tenían a su cargo todo lo que es la comercialización de estupefacientes”. Lo que sucede en San Nicolás también ocurren en otros departamentos judiciales donde los fiscales son cooptados por la agencia norteamericana. Con fuerzas policiales y un Poder Judicial local que se mueve al ritmo de la agencia norteamericana, el nuevo GOC sólo agravará los problemas. “Todo lo que signifique capacitación de personal es oro en polvo”, dijo Aníbal Fernández en San Nicolás.
Si bien está por demás demostrado que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, en muchos países existe una resistencia al debate profundo. Esto se debe –principalmente– a que orbitan múltiples intereses y grandes negocios alrededor de esta cuestión. Se sabe que todas las agencias norteamericanas, y especialmente la DEA, cabalgan sobre una gestión global del mercado de estupefacientes y la instalación de una falsa guerra contra el crimen del narcotráfico. Se combate a unos para que otros, administrados o regulados a través de las gestiones de estas agencias y las grandes potencias, puedan realizar el comercio global ilegal.
La verdad de la milanesa
La politóloga Valentina Novick se desempeñó como subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial en el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante la gestión de Sabina Frederic. Tuvo el trabajo de mediar con la DEA. Consultada por El Cohete, califica de inútil el trabajo de los GOC. “Estos grupos operativos no sirven en términos del objetivo de intervenir sobre la política del narcotráfico. No son grupos de elite de investigación”, señala, y describe cómo se posiciona la DEA por encima del Estado argentino, cuando ni siquiera pudieron lograr que “la DEA informara de los planes de estudio con los que capacitaron a los dos grupos ya conformados desde la gestión de Patricia Bullrich, el GOC NOA, en Salta, y el GOC NEA en Posadas (Misiones)”.
Cuando le tocó trabajar en conformación de nuevos grupos, la gestión de Frederic –que puso a Novick a cargo– dio la directiva de que no debían utilizar el polígrafo, “porque estaba prohibido y porque los miembros de los GOC son fuerzas federales y provinciales, policías argentinos. Los dos GOC que funcionan hasta el momento se encuentran en casas cuyo alquiler paga el Ministerio de Seguridad de la Nación y las provincias. Por lo tanto, resaltamos que se debía trabajar de acuerdo a la ley argentina”.
El Ministerio de Seguridad, cuenta Novick, nunca pudo saber cuál era la capacitación que brindaba la agencia norteamericana. “Ahí fue cuando se trabó la conversación con la DEA, porque ellos decían que el polígrafo era fundamental y entonces no podía existir un grupo conjunto, por lo tanto, no hubo grupo conjunto nuevo. Y los que estaban tenían un bajísimo volumen de trabajo. La propia Justicia federal, tanto de Salta, como de Posadas, no usaba estos grupos para investigar”. La impresión de Novick fue “que era una política que sometía a las directivas de otro país a nuestras fuerzas de seguridad, pero que encima no tenía un efecto concreto en términos de mejorar la calidad de las investigaciones para luchar contra el narcotráfico”.
Novick cuenta que cambiaron la resolución de creación que habían heredado de Patricia Bullrich desde 2018 para transformarlos en grupos de investigación en delitos complejos. “Una de las propuestas que le hicimos a la Embajada de Estados Unidos fue que esos grupos se capacitaran en otro tipo de investigaciones, como delitos económicos, y que trabajáramos en conjunto con ellos para tener una mejor capacitación. Eso no prosperó porque el modelo es el de la DEA, de la task force, del combate contra el narcotráfico”. La ex funcionaria cree que este tipo de políticas evidencia el sometimiento frente a las agencias, sin siquiera realizar un análisis sobre si esa política sirve.
Un caso de gravedad –cuenta la ex funcionaria– ocurrió con uno de los integrantes del GOC NOA. Un efectivo pasó el polígrafo y al poco tiempo (unos seis meses después) tuvo serias denuncias por violencia de género. Terminó quitándose la vida cuando fue trasladado a otra zona. Por otro lado, la DEA utiliza dinero que distribuye en los GOC. Son dólares destinados para informantes que suministren datos y no se tiene registro de cómo se utiliza ese dinero.
Novick planteó que hay legislación en nuestro país a respetar, pero a la DEA no le interesó. Si bien la política de Frederic fue darle continuidad a los GOC abiertos por Patricia Bullrich, la ex ministra intentó que estén apegados a la ley. Eso determinó que la DEA no ampliara los GOC porque no querían respetar las normativas argentinas.
Con Aníbal Fernández se expanden los GOC . El Cohete a la Luna solicitó a Lucas Gaincerain una explicación sobre el funcionamiento y objetivo de los GOC. Le encomendó responder a Luciana Caminos, quien se presentó como prensa del Ministerio. Ante la consulta, se limitó a decir: “Si tenemos información, le aviso”. Ni aviso, ni información.
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