Los gendarmes de Rocca

 

En la causa de acción preventiva contra daño ambiental promovida por la asociación civil Cuenca Río Paraná contra Ternium —planta ubicada en General Savio, partido de Ramallo— impugnaron la pericia de Gendarmería Nacional y solicitaron al juez que “desprecie el contenido del informe y base su sentencia en las fotografías y videos que reflejan contundentemente la existencia de un enorme pasivo ambiental que afecta la zona de bañados, humedales y bosques nativos”.

En el expediente de la causa que tramita ante la Secretaria 3 Civil y Comercial del Juzgado Federal de San Nicolás, se encuentran pruebas de los incumplimientos de la empresa de Paolo Rocca: no cuenta con el permiso de vuelco de efluentes líquidos; se detectaron contaminantes —metales pesados— en agua subterránea; se verificaron parámetros de vuelcos excedidos por la Autoridad del Agua (ADA); afectación de bosques nativos y humedales; usurpación del espacio público.

Los funcionarios de Gendarmería habían sido denunciados penalmente en mayo.

Cuando desde la asociación civil accedieron a la totalidad de fotografías y material fílmico tomados por los propios gendarmes en sus sucesivas inspecciones de la planta industrial de la empresa demandada, presentaron, el 15 de octubre, la impugnación en la causa civil por la falsedad del informe pericial aportado, que no coincide con lo que se observa en video e imágenes.

 

 

Los angelitos mienten

El 14 de diciembre de 2023, en el predio industrial de Ternium, funcionarios de la Gendarmería debían cumplir con la orden judicial dictada por el juez federal Reinaldo Rodríguez sobre la existencia o no de depósitos de residuos industriales especiales o peligrosos en la zona costera del río Paraná —espacio público— o dentro del predio en cercanías de la zona costera, como también en el sector donde se trasladarían los residuos para su tratamiento por parte de operadores externos y en la zona de bosques nativos existentes.

El informe, que lleva la firma del gendarme comandante Ángel Frías y el segundo comandante, Ángel Rojas, sostiene: “En el interior y las periferias, en sentido hacia el río, se observa una contención para evitar la escorrentía de líquidos pluviales y conducirlos hacia una pileta de tratamiento puesta en servicio en el presente año”. La afirmación es falsa, expresa el abogado Fabián Maggi en su impugnación. Y señala imágenes fotográficas que “Gendarmería escamoteó y que ahora fueron forzosamente aportadas”, que muestran que la afirmación de los gendarmes de la supuesta “contención” no es tal.

 

 

Una ampliación de la imagen permite una mejor visualización y detalle. “El curso del río a la izquierda, el muro de ‘contención’ a la derecha, en el medio, caballos, charcos de agua mezclados con los residuos, es decir, un escenario completamente distinto al maliciosamente inventado por los integrantes de Gendarmería, en su falaz informe”, describe en su impugnación el abogado especializado en medio ambiente.

 

 

Existe un video, que Gendarmería retenía en su poder, donde “se observa por sobre las montañas de residuos el muro de ‘contención’ y luego, desde el muro para abajo, es decir para la zona baja de bañados humedales y bosques nativos, masiva presencia de residuos, completamente abandonados, impregnado el ambiente de sustancias ajenas a ese ecosistema, se observa un suelo intensamente negro”, describe la asociación civil Cuenca Río Paraná. El video es contundente.

 

 

En ese registro fílmico, “el gendarme realiza zoom sobre el sector sur haciendo foco en la garita de seguridad que determina el límite sur con el río de esa planta industrial”, explica Maggi en el escrito donde impugna el informe de esa fuerza. “En ese paneo se observan montañas de residuos de diversos colores mezclados con tierra, se aprecian movimientos de suelo reciente a los que Gendarmería insólitamente denominó ‘nivelados de suelo’; toda la escena filmada revela un escenario muy distinto al que falsamente construyó Gendarmería en su informe”, precisa.

 

 

Menos operarios y menos certificados ambientales

En 1992 SOMISA pasó a manos del grupo Techint, acompañado por las empresas brasileñas Usiminas y Campanhia Vale do Río Doce y la chilena CAP. Desde entonces, la compañía pasó a llamarse Aceros Paraná en 1993. Tiempo después, Aceros Paraná fue rebautizada como Siderar y hoy en día se llama Ternium, del grupo que comanda Paolo Rocca.

El grupo ganó la privatización de SOMISA —empresa siderúrgica con mayoría accionaria estatal, creada en 1947, durante la presidencia de Perón y por idea del entonces coronel Manuel Savio— pagando mucho menos de lo que la propia siderurgia tenía como stock de producción puertas adentro. La siderurgia, que tenía 12.000 empleados, quedó con 3.500 en manos de Rocca.

Pero no solamente operó con menos trabajadores, generando un impacto económico-social negativo en la zona, sino con menos certificados ambientales. La empresa, desde que quedó en manos del grupo Techint, desde el año 1993 hasta el 2011, desplegó su actividad sin contar con Certificado de Aptitud Ambiental (CAA).

Ese certificado que obtuvo recién en 2011 fue renovado en 2014. Un año operó sin CAA, hasta que obtuvo su renovación en 2017. Su vencimiento fue en 2019. Hasta la fecha, se encuentra sin renovación. Un dictamen pericial demuestra que Ternium lleva 12 años incumpliendo la expresa intimación del ex OPDS para que la empresa cumpla con la normativa vigente.

 

 

Impacto menor, cuando se trata del amo Rocca

Desde la asociación civil Cuenca Río Paraná, realizan una clara crítica al Ministerio de Ambiente bonaerense, dada la no protección del bosque nativo, dejando que la empresa opere afectándolo. Sin un estudio de impacto ambiental, esa cartera provincial declara que la intervención del bosque nativo que realizó Ternium en ese sector es “menor”.

“No se construye autoridad enfrentando a CFK, sino frente a Paolo Rocca”, dijo un tal Carlos Fernández en el club Atenas de La Plata, hace casi un mes. Pero Rocca sigue cooptándolo todo y se mueve sin problemas por encima del poder político. Es el empresario más topo de Milei. Pudo infiltrar en su gobierno a:

• Horacio Marín, quien fue director de Tecpetrol —petrolera del grupo Techint—, ocupa el cargo de presidente y CEO (director ejecutivo) de YPF.
• Matías Farina, también de Tecpetrol, es funcionario del área de Exploración y Producción de YPF.
• Gustavo Gallino —ex director general de Techint Ingeniería y Construcción— es vicepresidente de infraestructura de YPF.
• Federico Barroetaveña —que se desempeñaba en el área financiera de Techint— ocupa el rol de director financiero de YPF.
• Lisandro Deleonardis —ex director de Relaciones Institucionales de Techint— es vicepresidente de Asuntos públicos de YPF.
• Luis de Ridder —ex gerente de petróleo de Tecpetrol— es subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, cartera que forma parte de la estructura de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.
• Horacio Amartino —quien estuvo a cargo de Presupuestos, Planning y Control de Techint— fue colocado por Rocca como director de la Unidad Ejecutora de Gasoductos.
• Miguel Ponte —ex Recursos Humanos de Techint, que fue funcionario de Macri— ocupa un cargo en la Secretaría de Trabajo del gobierno de Milei. Autor de la frase: “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral. Como en el organismo lo es comer y descomer”.
• Julio Cordero —quien formó parte del Departamento Jurídico de Techint— es el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
• Ernesto Rona —que supo ser directivo de Techint y especialista en Recursos Humanos— otro hombre de Paolo Rocca en el gobierno de Milei, ocupa la Secretaría de Trabajo.

La empresa de Rocca genera un gran impacto ambiental en la zona. Sin embargo, es Rocca el que aparece fastidiado en público por los altos costos que paga, ya sea el salario de los trabajadores o la pesada carga impositiva. Desde 2017 tiene una causa ante el Poder Judicial de San Nicolás, donde objeta la tasa de inspección por seguridad e higiene que le cobra el municipio de Ramallo.

La jueza María Isabel Fulgheri, del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo 1 de San Nicolás, encargada de dar resolución a ese proceso, todavía tiene abierta la causa que lleva siete años. De tratarse de alguien con menos poder, su planteo hubiese sido desestimado.  Pero Paolo Rocca todo lo puede, cooptando incluso a gendarmes que le responden mejor que a Patricia Bullrich.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí