Los frutos de la resistencia

 

En numerosas jurisdicciones, el Poder Judicial sostiene estrategias de negación de los derechos de los pueblos originarios preexistentes en la Argentina, a pesar de que –al mismo tiempo– en distintos juicios orales se prueban maniobras coordinadas entre la cúpula del Ministerio de Seguridad de la Nación, gobiernos provinciales, las fuerzas de seguridad federales y miembros de la Justicia federal. Al filo de las elecciones nacionales previstas para hoy, una Cámara Federal porteña anuló una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por la cual identificó y reconoció el territorio tradicional de una comunidad mapuche de Bariloche. Por su parte, un juzgado rionegrino dispuso para esta semana el desalojo de otra comunidad del área rural, en total desconocimiento a la ley nacional 26.160 de emergencia de los territorios comunitarios, cuya prórroga tratará próximamente la Cámara de Diputados.

El ruido de la campaña racista por supuestos “atentados terroristas” en los Andes patagónicos pretende tapar la estrepitosa caída de varias causas armadas por la pasada gestión de Patricia Bullrich con jueces y fiscales que siguen en funciones, que no rinden cuentas ni nadie se las pide. En una causa que juzga un tribunal de Comodoro Rivadavia por presuntas lesiones provocadas por seis personas contra efectivos de Gendarmería y una yegua de la unidad montada, la última semana se mostró que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, no investigó la violación de derechos y garantías cometidos durante un procedimiento que dispuso en tierras recuperadas al grupo Benetton. Aunque no es el objetivo de la causa, el dispositivo que desplegó la cartera de Bullrich contra la Pu Lof Resistencia Cushamen se está probando en el juicio “La Trochita”, que empezó en septiembre y que el viernes pasado tuvo un vuelto con las declaraciones de los seis imputados. El mismo elenco estatal participó ocho meses después en la desaparición de Santiago Maldonado y “plantado” del cuerpo sin vida en el río Chubut, dentro del espacio de Resistencia Cushamen.

Desde el año pasado corre el plazo de seis años para que la Argentina cumpla con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a otorgar título comunitario para 37 comunidades originarias en 400.000 hectáreas en Salta, próximas a la frontera con Bolivia, por un reclamo que empezó en 1991. Lejos de ponerse a tono con esa obligación internacional, sectores y fracciones del Poder Judicial y de estudios jurídicos que representan capitales privados boicotean las instancias de diálogo político para resolver el conflicto territorial y reactivan causas penales en distintas jurisdicciones. Ese lobby ya actuó en la trastienda de Senadores, cuando trató y aprobó la prórroga por cuatro años de la ley de emergencia. Ahora sigue para forzar modificaciones al texto que tratará próximamente Diputados.

 

 

 

 

 

Cruzados en Carrilafken

En 2007, la lof Antual-Albornoz se reasentó junto a la laguna Carrilafken Grande, al noroeste de Ingeniero Jacobacci (Río Negro). Las tierras recuperadas quedaron bajo las cenizas durante la erupción del volcán Puyehue en 2011. La recuperación de los animales y huerta costó años. María Antual, jovencita, fue parte del movimiento de recuperación del espacio apropiado por una familia terrateniente local. Creció, formó su familia, se fortaleció como parte del pueblo mapuche y tuvo que trabajar en el pueblo en fábricas hasta que las restricciones laborales por la pandemia de Covid-19 hicieron imposible sostener esa forma de vida. Con su propia familia, en mayo de este año se reasentó en un espacio abandonado por años para poder criar animales, anunció el Consejo Asesor Indígena (CAI), organización política de base del pueblo mapuche.

El supuesto propietario de esos lotes ya había perdido un reclamo anterior, pero ahora la nueva derecha le ofreció un aliado más interesado que él mismo en querellar a María: Ernesto Saavedra, abogado de Bariloche desplazado por el Obispado de San Isidro por hacer apología del genocidio en un expediente por el conflicto de Villa Mascardi. El juez de garantías Juan Pablo Laurence, de la Tercera Circunscripción Judicial de Bariloche, consideró que el espacio que ocupa María no es parte de la reivindicación de origen de Antual-Albornoz que tiene avanzado el reconocimiento estatal y dio plazo hasta el próximo jueves al mediodía para que la gente mapuche se retire voluntariamente. Así, interpretó que el pueblo mapuche despojó clandestinamente a Edgardo Adem, comerciante de Zapala (Neuquén), quien recibió en herencia esas tierras. En el fallo finalmente dispuso que la policía provincial realice el desalojo, de ser necesario.

 

 

Otra pieza

La última semana, también, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires dio la razón a otro supuesto propietario privado de tierras en conflicto en Bariloche. Anuló la resolución del INAI por la que reconoció el territorio comunitario de la lof Buenuleo por no haber notificado del trámite administrativo a Emilio Friedrich, el particular que detenta un título de propiedad y que mandó patotas armadas en numerosas oportunidades a atacar la recuperación. El organismo público apelará en los próximos días ese fallo, anticipó Magdalena Odarda, presidenta del organismo nacional.

Los relevamientos y reconocimientos del INAI son uno de los ejes de cuestionamiento de la coalición en defensa de la propiedad privada versus territorios comunitarios. Además, la argumentación de los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Eduardo Morán y Rogelio Vincenti se corresponde con la posición del municipio de Bariloche respecto a la resolución del INAI sobre el territorio tradicional de la lof Celestino Quijada, ubicada en la ladera sur-oeste del cerro Otto, en conflicto con el Ministerio de Defensa y el country Arelauquen, del grupo belga Burco.

Buenuleo es sobreviviente de la guerra de conquista en el área del lago Nahuel Huapi. La familia Güenul o Huenul vivía en islotes, hasta que fueron desalojados para crear el Parque Nacional. Los obligaron a reasentarse en el antiguo lote pastoril 127 al sur, estepa alta y ventosa conocida como “Pampa de Buenuleo”. El proceso de urbanización de la ciudad avanzó sobre ese espacio con los barrios Pilar 1 y Pilar 2.

Ahora, Friedrich asegura que, en 2001, Antonio Buenuleo firmó un boleto de compraventa por 90 hectáreas con Claudio Abdo Thieck, certificado por el escribano Adolfo Ernesto Repetur ocho años después. Thieck intervino en el intento de despojo a la lof Quintupuray en Cuesta del Ternero en 2008 y en operaciones de acaparamiento en Villa La Angostura (Neuquén), por citar casos con los que se cuenta con documentación. Alineado con Sergio Massa, es delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Río Negro. Por su parte, Repetur despojó a Cecilio Ñiripil en el paraje Buenos Aires Chico, cercano a El Maitén (Chubut), territorio que recuperó el anciano con el CAI en 1989.

 

 

Abu Ghraib

“Sacame una foto”, dijo un gendarme a otro, pasándole su celular. Posó con los brazos en jarra, el pie derecho hundiendo el borceguí sobre la columna vertebral de Nicolás Hernández Huala, de 18 años, esposado boca abajo, mordiendo tierra y su propia sangre. El encuadre de la foto puede haber incluido a un lado a Ariel Marioto Garzi, también sangrando, tirado y esposado; al otro, a Ricardo Antigual, con la respiración entrecortada por no recibir asistencia médica rápida. “Nos hicieron desnudar varias veces”, declaró Hernández Huala ante Enrique Guanziroli, juez del Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia.

 

 

En 2004 se reveló la primera serie de fotografías de militares norteamericanos posando mientras vejaban y torturaban a prisioneros políticos en la cárcel de Abu Ghaib. “El abuso de detenidos en custodia de Estados Unidos no puede simplemente ser atribuido a la actuación por su cuenta de ‘unas pocas manzanas podridas’”, concluyó la investigación del Comité de Servicios Armados del Senado en 2008. Los gendarmes de la foto de Hernández Huala probablemente siguen en actividad, seguros de la impunidad de sus actos.

Los tres jóvenes son juzgados por supuestas lesiones a varios gendarmes y por lastimar a una yegua durante el operativo de represión del 10 de enero de 2017 en Resistencia Cushamen, que entregó formalmente Pablo Noceti a Otranto, según consta en el expediente de instrucción. Sumadas las declaraciones de las tres mujeres mapuche enjuiciadas, se explican las verdaderas circunstancias del intento de desalojo. El 29 de noviembre el fiscal Teodoro Nürnberg deberá decidir con qué sostiene la acusación o si desiste de encubrir a la Gendarmería –cara visible de la estrategia de la ex ministra Bullrich–, al tribunal federal de Esquel que montó el caso y al gobierno de Chubut que provocó las condiciones políticas para el desalojo que fracasó.

De lo que va del juicio oral, surge que:

• Al final del gobierno de Mario Das Neves en su transición a Mariano Arcioni, hizo caer la mesa de diálogo para consensuar el paso de La Trochita por el espacio comunitario de Resistencia Cushamen, donde las vías pasan junto a las rukas.
• La anulación de la instancia de diálogo político era indispensable para habilitar la vía de la violencia estatal, que el área de Noceti diseña entre octubre y diciembre para empezar a ejecutar el 10 de enero en el terreno.
• Las irregularidades y violación de derechos y garantías se dio tanto en el territorio primero como después en Esquel (trámites iniciales en el Escuadrón, lugares de detención y despacho de Otranto).
• Gendarmería manipuló la prueba documental generada con los vuelos de drones, fraccionando videos en secuencias breves para sostener la historia oficial: que ingresaron por la fuerza a la ruka ante el peligro de que el grupo mapuche se prendiera fuego a sí mismo, que personal femenino redujo a las mujeres y atendió a lxs niñxs, que se usó un matafuegos para apagar el fuego, que varones lesionaron a una yegua de la montada, que dos mujeres mapuche lesionaron a las gendarmes,
• Los jefes del operativo mintieron respecto a un supuesto riesgo de incendio intencional. Efectivos varones del grupo especial rompieron el techo para ingresar y reducir a las mujeres, que, maniatadas, fueron entregadas a las mujeres gendarmes, por lo que les resultó imposible forcejear con ellas y lastimarlas. Mirta Curruhuinca recibió directamente en la cara y los ojos el polvo del matafuegos; sin ver, fue guiada hacia afuera por gendarmes, cayéndose sobre una de las supuestas víctimas, que había tropezado con la puerta rota al retroceder.
• Hubo ensañamiento contra Mirta, a quien arrastraron por el suelo lleno de piedras y la dejaron semidesnuda. Las esposas de acero le dificultaban la circulación en las manos. Ahora sufre un proceso de pérdida de visión por el daño del polvo del matafuegos, que le acentuó una afección en la piel del rostro.
• Gendarmería no atendió el pedido de atención médica a un joven que podía desestabilizarse por el estrés y a una mujer en tratamiento por un principio de cáncer.
• Los detenidos fueron esposados a las camillas en Esquel, como si no alcanzara la custodia armada.
• La Trochita pasó por el territorio y no llegó a destino porque se rompió a la altura del casco de la estancia Leleque del grupo Benetton, mostrando que no era real la necesidad de su uso, sino excusa para el operativo. Un mes después de la represión, la comunidad acordó con los trabajadores del tren una forma ordenada de paso, que se hizo sin inconvenientes.

A cada unx de los imputados, el juez Guanziroli insistió: “¿Lo denunció, lo relató ante el juez en Esquel, qué pasó con las denuncias?”, lo que sugiere que evalúa la posibilidad de iniciar de oficio una investigación sobre las torturas y vejámenes en conocimiento de Otranto y otros funcionarios judiciales.

 

 

Piezas diarias, tablero de fondo

“Somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”, sintetizó Vanesa Millallanco, una de las imputadas. “No queremos formar un estado dentro del Estado (argentino). Ya somos un pueblo-nación desde hace 130 años”, afirmó, refiriéndose a la etapa posterior al awkan, la campaña militar comandada por el general Julio Argentino Roca.

“Estamos dispuestos a asumir tantas veces como sean necesarias que nos sienten al banquillo de los acusados por proteger el agua, la naturaleza, para ustedes también. Los estados están negociando los recursos, los ñien mapu (energías fuerzas de la tierra). Ustedes no están ajenos a esto, al conflicto central”, le dijo Mirta Curruhuinca al juez. “Mi hijo está prófugo de la Justicia por intentar salvar una vida”: la de Rafael Nahuel Salvo en Mascardi.

“Entraron rociándonos con matafuegos para salvarnos. Nos ponemos delante de los niños, contra la única pared que no tiene ventana”, rememoró Ailin Pilquimán, cuyo hijito de once años todavía sufre las secuelas de la violencia estatal. En ese momento, pensó: “Acá nos pegan un tiro y la Justicia les va a creer a ellos. Es feo revivir todo esto. No dejó de pasar. Sigue pasando en todas las comunidades. Siempre sentados en este lado de acusados”.

“Como pueblo mapuche jamás lastimaríamos un caballo, si hasta lo incorporamos a las ceremonias”, aseguró Antigual por él y por todos los imputados por herir a la yegua. Al igual que Marioto, Garzi había llegado el día anterior para acompañar a la comunidad, que desde hacía 20 días se rumoreaba que iban a desalojar.

Cualquiera sea el resultado de las elecciones de medio término, el miércoles y jueves se retoma la movilización para reclamar a Diputados una sesión urgente a fin de tratar la prórroga de la Ley de Emergencia. Al fondo del conflicto apunta el fallo de la Corte Interamericana que ordenó al Estado argentino “adoptar y concluir las acciones necesarias, sean estas legislativas, administrativas, judiciales, registrales, notariales o de cualquier otro tipo, a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título colectivo que reconozca la propiedad de todas las comunidades indígenas víctimas sobre su territorio, es decir, sobre una superficie de 400.000 hectáreas en el departamento de Rivadavia”. Lo que vale para Salta, vale para las demás provincias.

Ese proceso es concurrente con una demanda colectiva de trámite avanzado en Río Negro. Antual-Albornoz, el CAI y otras diez comunidades iniciaron en 2009 una demanda judicial al Estado provincial para que “disponga el reconocimiento total y definitivo de las fracciones del territorio tradicional que ocupamos. A la vez, para que conforme la comisión investigadora de los despojos y robos de tierras y restituya los espacios a nuestros peñi y lamngen”. Lo hizo después de haber ganado el caso Casiano-Epugmer ante la Corte Suprema de Justicia y agotado la vía administrativa local en once recuperaciones posteriores.

“Me da vergüenza reclamar cada cuatro años que se prorrogue una emergencia”, expresó Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), durante el Encuentro Intercultural Territorio, Derecho y Pueblos Originarios, realizado desde Bariloche por la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, entre otros.

 

 

Nicolás Hernández Huala es hermano menor de Facundo Jones Huala, preso político en Chile. Nació en Bariloche, donde aprendió a andar a caballo en compañía de otro hermano. Ya adolescente, se sumó a comunidades en Chubut, donde otros lamngen (hermanos) lo sacaron baqueano. “El animal no busca hacer daño. La persona sí”, explicó al juez, ya que quedó debajo de la yegua de Gendarmería, que no lo lastimó. Vive en un paraje rural con Ailin Pilquimán y sus hijxs. Se trasladan a un pueblo para las audiencias. Por estas semanas se les complica porque están pariendo las ovejas y hay que atenderlas. Llankakurra, su hijita más pequeña, crece en el campo con los pollitos y corderos. Ella no tiene que tener vergüenza.

 

 

 

 

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