Los favores sospechosos

Alan García tomó una decisión existencial. Según los colegas peruanos, estaba abrumado por el escándalo Odebrecht. Decidió terminar con su vida. Sean cuales fuesen el conjunto de razones que lo llevaron a ese final, el hecho marca lo difícil que es procesar para las personas en general, y los funcionarios en particular, el enjuiciamiento penal, como bien lo sabía Cesare Beccaria.

Pero el sismo que produjo en aquellas tierras (igual que en otras) es bien diferente a las derivaciones del caso en nuestro país, que sigue aplastando débiles y acariciando poderosos al compás de las encuestas electorales, porque a pesar de las promesas de transparencia, nada ha cambiado.

Salvo los expedientes que instruyen los jueces Sebastián Casanello (Odebrecht & Aysa) y Daniel Rafecas (Odebrecht & Gasoductos), el caso de “Odebrecht & Soterramiento del Sarmiento”, probablemente el más candente de todos, no genera preocupación para el poder y muestra los rasgos más opacos de la justicia federal.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a los devaluados ex funcionarios kirchneristas y despegó a los empresarios del caso, entre los que se halla Ángelo Calcaterra, el primo presidencial. Lo hizo en un contexto bastante singular. Tan singular que su resolución genera más especulaciones que certezas en el mundillo judicial.

El juez, que tenía vencidos los plazos para tomar la decisión, lo hizo en medio de demasiados temas pendientes. Tenía que resolver el acuerdo de arrepentimiento suscripto por el testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, y el fiscal Franco Picardi, que iluminaba un camino sobre la cocina de los hechos y que fue prolijamente grabado. También, los compromisos que firmó Picardi para conseguir la colaboración de la Justicia brasileña, que requieren la conformidad del juez.

Por esas cosas del azar, la esposa del magistrado Ana María Juan recibió una buena noticia en su carrera para ser juez federal: según fuentes oficiales consultadas por A24.com, el martes pasado el Poder Ejecutivo envió el pliego para el cargo en el juzgado federal de Hurlingham. Su audiencia en el senado será el 14 de mayo. Solo en base a estos elementos exógenos en los pasillos de Comodoro Py se explicaba una decisión que llamó la atención y que en definitiva muestra una vez más la tendencia de la justicia federal a caer simpática con el poder de turno.

Pero ello no alcanza para entender por qué los hechos que Odebrecht confesó en nuestro país no terminan de fluir. No tengo una explicación para ello, pero hay que prestar atención a los elementos que arroja sobre Comodoro Py el viento que viene desde el juzgado federal de Dolores y que inmovilizaron a muchos funcionarios que tienen a su cargo instituciones relevantes, como las cabezas del Ministerio Público Fiscal y de la Corte Suprema de Justicia.

La naturaleza de las prácticas que describió el juez Alejo Ramos Padilla en su último pronunciamiento, la documentación que aportó Giselle Robles como ex abogada de Leonardo Fariña, la renuencia del fiscal Juan Pablo Curi a aceptar arrepentidos, la conversión de Juan Ignacio Bidone que pasó de acusador a acusado con ganas de colaborar, tienen a las instituciones políticas, parlamentarias y judiciales congeladas.

La agrupación “Iniciativa Justicia” se acercó hasta la Defensoría General de la Nación, para plantear su preocupación por la aplicación de la ley del arrepentido; sobre todo, en la causa de los“Cuadernos de Centeno” en la que el rol del Defensor Oficial Gustavo Kollman es criticado por sus pares de la esfera privada.

La Defensora General de la Nación tiene una magnífica chance de tomar la iniciativa y, dentro de sus facultades, diseñar políticas públicas que saquen a la justicia del lodazal en que se encuentra. Porque, después de todo, la cuestión más importante tiene que ver con que, a más de 200 años de la independencia nuestro país, la Justicia está cada vez más cerca del gobierno de los hombres y más lejos del gobierno de la ley y de lo que pasa en la calle.

Publicado en el blog Dos Justicias