LOS ESPÍAS SIN TIEMPO

 

Los fiscales de la causa de espionaje que se investiga en Lomas de Zamora pasaron las últimas semanas trabajando más de 14 horas por día para ganarle al reloj. Temen que en poco tiempo Comodoro Py —que disputa la competencia de las actuaciones— les gane la pulseada. Por eso tomaron todas las indagatorias que les restaban para poder entregar una resolución. Lo hicieron el viernes. Pidieron el procesamiento de casi 40 ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre ellos el director general Gustavo Arribas, su segunda Silvia Majdalani y también de jefes del Servicio Penitenciario Federal, quienes al entender de los instructores conformaron una asociación ilícita que ejecutaba espionaje ilegal. En sus objetivos figuraban ex funcionarios presos, políticos macristas, sindicalistas, periodistas, organizaciones sociales, culturales, comunidades originarias, dentro de una larga lista. Ahora deberá tomar la posta el juez de la causa, Juan Pablo Augé. Y otra vez corre el reloj. Si la causa finalmente termina en Comodoro Py, no es lo mismo que llegue con la situación definida.

El dictamen de más de 1.000 páginas firmado por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide afirma que hay suficiente prueba para sostener que los principales imputados dirigieron las operaciones, descartando cualquier tipo de cuentapropismo de los agentes de bajo rango. “Esta línea se desvanece ante la reiteración constante de episodios realizados contra una amplia cantidad de personas a lo largo de mucho tiempo y con un compromiso de recursos materiales y humanos imposible de destinar a ese fin por fuera del conocimiento y respaldo de los superiores”, argumentan. Luego agregan que gran parte de los imputados integraron, desde mediados de 2018 hasta comienzos de 2019, una estructura con distribución de funciones, jerarquías y responsabilidades para conseguir información y clasificarla, interceptando comunicaciones, haciendo seguimientos y sacando fotografías, todas acciones penadas por la Ley Nacional de Inteligencia.

Estas actividades extendidas tuvieron en la mira a personajes públicos como Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Florencia Macri, Hugo Alconada Mon, Hugo y Pablo Moyano, Graciela Camaño o Emilio Monzó, Nicolás Massot. También a otros como Carlos Zaninni, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Fernando Esteche, César Milani y Amado Boudou. Todos ellos presos. Los fiscales afirman que estas tareas “buscaban influir en la situación institucional, política y social del país”.

Los pedidos de procesamientos alcanzan además a otros miembros de la AFI. Entre ellos el ex director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz; el ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano; el ex jefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra; los agentes de Operaciones Técnicas y los integrantes del denominado Súper Mario Bros, un grupo de 18 agentes que respondían a Ruiz. Además aparece la ex funcionaria encargada de recibir las cartas de Mauricio Macri en la Rosada, Susana Martinengo. También Emiliano Blanco y Cristian Suriano, uno director y el otro jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. En cambio, los fiscales pidieron falta de mérito para el ex secretario de Macri, Darío Nieto.

El dictamen detalla de manera minuciosa los distintos trabajos de inteligencia realizados por los agentes de la AFI de Cambiemos. Por ejemplo, en el tramo sobre las tareas de inteligencia a Cristina Kirchner en el grupo de WhatsApp de la Súper Mario Bros aparecen pedidos de datos, fotos de sus domicilios y notas periodísticas vinculadas a la entonces senadora. Una de las agentes, en su declaración indagatoria, dijo que Alan Ruiz pidió que le consiguieran actas o fotografías del allanamiento que se estaba haciendo en el departamento de Cristina, explicando que era pedido de la “8”, en referencia a Silvia Majdalani.

 

 

 

Y después:

 

 

También hicieron seguimiento cuando CFK fue internada en el Sanatorio Pueyrredón en 2018. El mensaje circuló en el grupo Pirincho, desde donde partieron trabajos de los espías para la producción de Luis Majul.

 

 

El dictamen también incluye un seguimiento hecho en 2018 y 2019 a Rodríguez Larreta. En ese momento, en base a un informe de inteligencia, los agentes de la Mario Bros mencionan una posible relación sentimental entre el jefe de Gobierno y la presidenta de la Comuna 9 de la Ciudad. El reporte contiene seguimientos callejeros, pedidos de información a conocidos de la mujer y datos de sus redes. Otro tramo permite ver cómo los agentes investigan los vínculos de Larreta con el sindicalista macrista de Comercio, Ramón Muerza, y el empresario Alfredo Coto. “El tema es q Muerza ayudó a Larreta en la campaña...”. “Tenemos q buscar nexos entre Muerza y barras”, dicen. “Y Coto”, dice Alan Ruiz en tres mensajes a sus subordinados.

 

 

 

Y otro:

 

 

 

En otro de los prolíficos trabajos de la Súper Mario Bros se incorporan intercambios de WhatsApp del día que Pablo Moyano tuvo un pico de stress y debió ser internado, en agosto de 2018. Los agentes van cotejando a distintas fuentes hasta conseguir datos precisos del estado de salud. Uno de ellos dice que habló con un fotógrafo de un portal de noticias, otro que llamó “al abogado Llermanos” y al jefe de guardia, que responde que va a ir a la clínica de San Justo donde Moyano está internado para a ver si le dan el parte médico.

 

 

 

También en julio de 2018, los agentes de la AFI siguieron a Hugo Alconada Mon. Fue en el momento que el periodista revelaba las acusaciones contra Arribas por supuestos sobornos pagados en el marco del Lava Jato. Las acciones demandaron seguimientos y fotos, rastreo en redes del periodista y de colegas que colaboraban con él. En esos registros, los agentes mencionan a Alconada como “Anaconda” y a sus colegas como “los pibes de la facultad”, por la diferencia de edad que tenía con ellos.

 

 

 

 

Alan Ruiz arribó a la AFI en 2018 desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Gran parte de los hechos investigados en la causa se produjeron cuando él ocupaba un lugar destacado en la estructura de Inteligencia. Los fiscales lo ubican como una figura central en el espionaje en el penal de Ezeiza a presos del universo kirchnerista.

Durante esta semana en Lomas hubo demasiadas novedades. Cada vez más cerca de la feria judicial, los ritmos se aceleraron y en los últimos días declararon varios indagados o, en su defecto, sus abogados entraron escritos con lo que sus defendidos tenían para decir.

Por rango y peso específico en la investigación, los más esperados eran el ex director de Asuntos Jurídicos, De Stéfano y el propio Alan Ruiz. El primero presentó un postergado descargo en el que, en sintonía con su estrategia, negó todos los hechos a los que se lo vincula y planteó que las actuaciones en la Provincia violan la jurisdicción. También le solicitó al juzgado a cargo de Juan Pablo Augé que se inhiba de intervenir. Es una preocupación que plantearon varios de los indagados, quienes entienden que su suerte sería distinta en el edificio de la avenida Comodoro Py 2002. En paralelo, esta semana el Colegio de Abogados de la Capital había pedido en Lomas que se avance con el procesamiento a De Stéfano por entender que había suficiente prueba que lo ameritaba.

En su descargo escrito Alan Ruiz también negó su participación en todos los hechos imputados y respondió a los fiscales sobre un episodio en la Alcaldía 3 de Melchor Romero, donde pusieron cámaras para grabar las conversaciones que los detenidos tenían con sus abogados. Ruiz explicó que había hecho ese cableado ilegal “para prevenir incidentes peligrosos” que pudieran provocar los presos. Por último señaló que durante la instrucción llevada adelante en Lomas se violentaron sus garantías y derechos al entender que le preguntaron por temas que no debía responder. Por eso planteó que se anule su declaración del 8 de julio, donde entregó detalles sobre su relación con Emiliano Blanco del SPF. El ex espía dijo que en su indagatoria anterior venía de estar detenido y con pocas horas de sueño y que le preguntaron temas de los que no se pudo interiorizar.

Pero las declaraciones más interesantes no vinieron de esa parte alta del escalafón sino de agentes que integran las áreas de Asuntos Jurídicos y Contrainteligencia, las dos que se pasan la responsabilidad de haber cometido los hechos investigados. El ex miembro de la dirección de Asuntos Judiciales, Bernardo Miguens, que dependía también de Jurídicos y de De Stéfano, dijo que ninguno de los integrantes de su “área producía ni analizaba información” sino que sólo retransmitían la que le pasaban desde otros sectores. También en un escrito le respondió al ex agente de Contrainteligencia Andrés Bertolini, que, citado como testigo, lo había acusado de entregarle escuchas y dijo que Jurídicos “era una agencia dentro de la agencia”. Miguens entró a la AFI luego de trabajar varios años en el juzgado de Claudio Bonadío.

La que declaró por Zoom pero sin imagen fue la integrante del área administrativa, Denis Aya Tenorio. Ella confirmó la elaboración de informes relacionados con los detenidos en las cárceles del sistema IRIC —para los presos por casos de corrupción— y que eran pedidos por Alan Ruiz.

“El que decía qué se hacía era mi jefe”, reafirmó Aya Tenorio, que integró también el grupo de la Súper Mario Bros. En su declaración sostuvo que Ruiz les dijo que las tareas con los detenidos era para colaborar con una causa por narcotráfico y que por eso se les hacía inteligencia. Hoy se sabe que no hubo ninguna investigación por causas de drogas contra los ex funcionarios.

Otra de las ex agentes que declararon en estos días, Jimena Honor, también complicó a Asuntos Jurídicos. Ella integraba Contrainteligencia Criminal y declaró que “lo único que hacía era memorandos que remitían al área de De Stéfano”. En un escrito que acompañó su declaración, Honor no dudó: “Jurídicos participaba de análisis de inteligencia de casos no judicializados, es decir, su actuación excedía lo legal y las causas judiciales”. “Ese área informaba al Director General (Gustavo Arribas) en caso de tomar conocimiento de los mismos”. Los fiscales pidieron que se le dicte a ella la falta de mérito.

Todo estos trabajos, según sospechan los abogados querellantes, sirvieron para armar la Operación Puf Puf, en la que se acusaba a los ex funcionarios y empresarios, presos en Ezeiza, de organizar una maniobra para hacer caer la Causa de los Cuadernos. Ese expediente, iniciado por Elisa Carrió, fue archivado por falta de pruebas.

También esta semana, desde La Plata, llegó un espaldarazo al trabajo de los fiscales Incardona y Eyherabide y del juez Augé. La Cámara Federal de esa ciudad confirmó el procesamiento contra Arribas, Silvia Majdalani y Alan Ruiz dictado en Lomas en el tramo de la causa por el espionaje a Cristina en el Instituto Patria y en su departamento de Barrio Norte. El único cuya situación mejoró fue el ex director operacional de Contrainteligencia, Martín Coste. La Cámara entendió que no violó la ley de Inteligencia, pero cometió abuso de su autoridad y falsificó documentos para darle un aparente marco legal al seguimiento de Cristina.

Toda la enorme causa que tramita en Lomas está compuesta por la investigación del espionaje del Instituto Patria, el tramo de la Súper Mario Bros, que fue la que hizo inteligencia incluso a los funcionarios macristas, y la del SPF, con epicentro en los presos de Ezeiza.

Hay otros movimientos judiciales que pueden impactar ahora severamente contra las causas de Lomas y provienen de Comodoro Py. Las salas I y IV de Casación Federal se disputan la competencia sobre la causa. La primera está integrada por Ana Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, la otra por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Hace una semana Figueroa notificó a Borinsky para que no intervenga más en la causa. El viernes Borinsky le contestó de manera negativa. Ahora deberá ordenarse un desempate que involucraría a los otros jueces de Casación. La Sala IV ya había anulado el fallo que mantenía en Lomas de Zamora la investigación del espionaje en cárceles, una apelación de la defensa de Darío Nieto.

Estas tensiones entre las dos salas comenzaron a fines de octubre y ya llevan adelante tres causas diferentes que piden la inhibición de Lomas como jurisdicción. En medio de estos trámites, el propio Arribas pidió que separaran a Figueroa porque había declarado como testigo en otra investigación, vinculada al funcionamiento de una "mesa judicial" en el macrismo. Finalmente esa recusación no prosperó.

Más allá de cuál de las dos salas triunfe en el tironeo, los destinos de la causa parecen conducir de manera irremediable a Comodoro Py. En cualquiera de las dos salas, los votos de sus integrantes garantizarían el traslado de las causas que recaerían en el juzgado de María Eugenia Capuchetti donde comenzó la disputa de competencia. Al tratar de leer el futuro, algunos recuerdan que Capuchetti rechazó el primer pedido de Nieto para cambiar de jurisdicción. Otros mencionan el pasado de la jueza con las visitas al edificio de la AFI en 2018.

“Es curioso, cuando los tribunales viven peleándose por no tener causas y plantean incompetencias, esta causa tan delicada, con tantos personajes pesados, la quieren todos. Imposible no pensar en cuestiones políticas, que se anteponen a las judiciales. Además la Corte tiene vasta jurisprudencia que sostiene que cuando hay una asociación ilícita prevalece la jurisdicción donde se cometieron los delitos”, explica un fiscal federal de los tribunales de Retiro.

Con los pedidos de procesamiento del viernes, los fiscales terminaron gran parte de su trabajo. Ahora es el juez Augé quien tiene que decidir el dictamen. Como plazo orientativo tiene los diez días hábiles que terminarían justo cuando comience la feria judicial de enero. Si no llega —y aún no fue hacia Comodoro Py—, sólo cuenta con un mes para resolver. Porque hay que recordar que a final de febrero se termina su subrogancia en ese juzgado federal de Lomas y su futuro allí es tan incierto como el de la causa.

 

 

 

 

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