Los espías de Benetton

 

—¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?

El agente de inteligencia Dante Claudio Giménez entra como si nada al despacho del Piso 3 de la Fiscalía de Esquel. Adentro lo recibe Fernando Rivarola.

—¿Qué tal? —responde de manera automática el funcionario del Ministerio Público Fiscal.

—Hace mucho que tengo una visita pendiente —dijo—. Me presento formalmente, yo pertenezco a la Secretaria de Inteligencia, estamos trabajando en la zona con el tema…

—¿La causa de Vuelta de Río? —completa Rivarola.

—Sí, con la causa de Vuelta del Río. Por lo general, la visita que hacemos nosotros es para ponernos a disposición de lo que necesite y nuestro trabajo es bajo absoluta reserva. Trabajamos muy bien con la Policía de Chubut, con las fuerzas federales obviamente.

La conversación fluye.

Era el 28 de mayo de 2015; dos meses y medio antes –13 de marzo— había ocurrido la recuperación territorial de la Pu Lof en Resistencia Cushamen; el 14, Giménez ya reunía información sobre Facundo Jones Huala sin ningún pedido judicial ni orden alguna desde Buenos Aires. Por entonces, la AFI era conducida por Oscar Parrilli. Sin perder tiempo, Rivarola comenzó a preguntarle qué tipo de información traía.

—A nosotros nos interesa mucho poder ver el movimiento de las personas —dijo.

—Hay montones de personas –explicó Giménez—, se turnan, hay de Río Negro también, uno tiene conocimiento. Le comento, las obtenciones nuestras no son exactamente las judicializables sino que sirven para una investigación y luego usted pedirá las medidas necesarias.

—¡María! ¡Vení! ¡Pasá! —dijo el fiscal—. Le presento a la doctora (María) Bottini.

A los pocos minutos de iniciada la reunión, Rivarola, Bottini y Giménez se vuelcan sobre una computadora para ver y analizar el pendrive que les había traído el agente. Hablan de Facundo Jones Huala, de la RAM, de algunos incendios, de Chile, etc. El encuentro dura una hora. Tras su partida, Bottini se queda sola en la oficina; toma el teléfono interno y aguarda que la atiendan.

—Hola —escucha—. ¿Preguntás ahí, si llega a venir Alonso de la Sociedad Rural, decile que estoy acá en lo de Rivarola? Decile que suba al tercero.

Rivarola –el mismo fiscal que recientemente instaló el término desahogo sexual en un caso de violación– y Bottini fueron procesados por espionaje ilegal, junto al agente Giménez. Parte de ese material –que Giménez llevó en diferentes ocasiones a la casa de varios policías de la provincia de Chubut, un ejemplo claro del “enraizamiento regional” entre agentes de inteligencias y fuerzas de seguridad– se utilizó para la detención de Facundo Jones Huala en 2016.

El magistrado que llevó la causa por espionaje fue Guido Otranto, el primer juez del caso Maldonado (artífice del encubrimiento a la Gendarmería). Tras un largo peregrinar, la Cámara de Casación sostuvo que ambos fiscales no habían cometido ningún delito. No así Giménez, cuyo procesamiento quedó firme. Entonces, Otranto firmó otro fallo en el que sostuvo, en un giro copernicano, que en realidad les fiscales no sabían que el espía había obtenido la información de manera ilegal porque básicamente “desconocían las leyes de inteligencia vigentes en el país.”

 

 

Sociedad Rural Benetton

El segundo destinatario de la información obtenida de manera ilegal por el agente Giménez fue Hernán Alonso, por entonces titular de la Sociedad Rural de Esquel, una patronal integrada por varios lobistas directos de la Compañía de Tierras del Sur, mejor conocida como Benetton, con casi 900.000 hectáreas en el país.

Alonso estuvo al frente de esa patronal hasta 2016, cuando asumió como ministro de Producción de Chubut en la gestión de Mario Das Neves, aunque conservó un lugar de vocal hasta noviembre de 2017. Tras un tiempo fuera de la administración pública, regresó al Ministerio de la Producción durante la gestión de Mariano Arcioni.

El 22 de febrero de 2019, durante una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el abogado de la fiscal Bottini, Julián Ariel Schettini, vinculó directamente a Alonso con las presiones que se ejercían en aquella época para avanzar en la acusación contra los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen. Las menciones directas sobre Alonso fueron confirmadas a este periodista por la abogada Sonia Ivanoff y el letrado Gustavo Macayo.

Las Sociedades Rurales de Esquel, Bariloche y Neuquén –socias de Confederaciones Rurales Argentinas– fogonearon la hipótesis de la RAM y la supuesta peligrosidad del pueblo mapuche, agenda que sería asumida por Patricia Bullrich desde el minuto cero de su gestión.

La Sociedad Rural de Esquel (SRE) es un virtual enclave de Benetton. Por ejemplo, Vivian Hughes, vocal de esta entidad gremial, fue empleado de la Estancia Leleque e intermediario junto al capataz Ronald McDonald (nada que ver con la marca de hamburguesas) en el reclamo por mayor represión a los mapuches. El empresario forestal Arnaldo Díaz, además de los trabajos que hace exclusivamente para Benetton en la forestación de sus tierras, también es vocal de la SRE; otros dos lobistas de los italianos son Juan Goya, ex vicepresidente segundo de CRA (2015 – 2017) y Fernando Hidalgo Solá, con amplias hectáreas de tierras en la zona cordillerana de Chubut; ambos son vocales de la misma patronal agropecuaria.

El 24 de mayo de 2015, el diario Crónica de Comodoro Rivadavia anunciaba en su tapa Informe especial sobre la RAM. En esas páginas se hablaba de “separatismo” y “terrorismo”. Cuatro días después de esta publicación, Bottini y Rivarola le contaban al titular de la Sociedad Rural de Esquel sus avances contra los mapuches. Esta resultó ser la agenda que compró Bullrich apenas asumió y que le fue planteada en Bariloche por los empresarios patagónicos que la visitaron durante las sesiones del Consejo Federal de Seguridad en febrero de 2016.

 

 

Frankenberger

Bariloche fue uno de los epicentros desde donde se planificó el avance contra las comunidades mapuches. No por nada aquella ciudad había sido uno de los lugares de residencia del ex defensor de represores Pablo Noceti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

“Ministra, nuestra preocupación tiene que ver con los graves hechos delictivos cometidos por grupos autodenominados Resistencia Ancestral Mapuche que pretenden quedarse con las tierras de la zona. Sabemos que estos grupos estarían vinculados a comunidades aborígenes radicalizadas en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén”. Los empresarios patagónicos le dejaron a Bullrich este mensaje en un encuentro que primero se mantuvo en secreto y luego fue revelado por el propio Ministerio de Seguridad al momento de difundir su informe sobre la RAM en diciembre de 2017.

Uno de los interlocutores de Bullrich en aquel encuentro resultó ser Santiago Nazar, por entonces vicepresidente y actual titular de la Sociedad Rural de Bariloche.

Con un pie en esta ciudad, Noceti hizo alianza con Guillermo Frankenberger, integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que actuó como un delegado del Ministerio de Seguridad en todas las operaciones contra los mapuches. Tal es así que es la persona que aparece sentado a su lado, teléfono en mano, durante una de las audiencias vinculadas a la prisión de Facundo Jones Huala. Fue promovido por Macri al grado de comisionado general en enero de 2017.

 

 

 

La PSA fue clave en las operaciones de espionaje hacia las comunidades. Lo reconoció la propia Bullrich en un informe de gestión del 30 de agosto de 2016 cuando dejó por escrito que esa fuerza estaba a cargo de “las tareas de investigación” vinculadas a Facundo Jones Huala y la RAM.

“Nadie conocía a esos oficiales, estaban en los aeropuertos, los mapuches no iban a los aeropuertos; distinto es el personal de Gendarmería que está directamente en el territorio. Por eso eligieron a la PSA para esas tareas”, recoció a este periodista un ex integrante de la AFI.

Luego de la desaparición de Santiago Maldonado tras la represión (ilegal) de la Gendarmería, Bullrich fue a fondo con la construcción de la “amenaza terrorista” vía la RAM. Noceti fue su persona de confianza en la región patagónica y quien articuló con les fiscales generales y gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut la persecución hacia las comunidades.

“La organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche constituye un grupo radicalizado cuyo accionar se caracteriza por hechos de agresión y violencia… que constituyen una grave amenaza para la seguridad interior, y por lo tanto, atentan contra el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos, garantías y la plena vigencia de las instituciones y la Constitución Nacional”, puede leerse en un convenio de cooperación firmado por Bullrich y les fiscales generales de las tres provincias patagónicas en marzo de 2018.

Noceti en persona era quien llamaba a cada jurisdicción para reclamar datos sobre las causas contra los mapuches y ofrecer toda su colaboración.

“Nos empezaron a pedir desde el Ministerio información de muchos lugares; se veía que estaban formando una especie de base de datos. Cuando empecé a ver en el informe (sobre la RAM), me di cuenta que había muchos datos que los metían por las dudas. Noceti me llamó en alguna oportunidad consultándome cosas. Su actitud era de apoyo a que esto avanzara, ofrecieron cualquier cosa que necesitáramos, ya sea a través del Ministerio o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”, reconoció el fiscal Oscar Oro, con asiente en El Hoyo e injerencia sobre Esquel, en diálogo con este periodista (Agencia Cadena del Sur, 9 de abril de 2019).

 

 

El espía que se parecía a Maldonado

Otro operador de inteligencia que dependía directamente de Bullrich era Fernando El Chino Cornes, que desde el 1 de agosto se ganó el perverso sobrenombre de Maldonado, por su apariencia de pelo largo, parecido a un hippie cualquiera, como lo definió el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio ante una consulta para El Cohete.

Cornes fue parte del armado (fallido) de Bullrich para detener a Hugo Moyano. Su nombre está incluido en una denuncia que formuló el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, contra el Procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

En las tres oportunidades que Cornes estuvo ante Carzoglio, el espía de Bullrich se jactó que su trabajo era “estar en todos lados” y que “operaba en las fronteras y con Gendarmería”. También se ufanaba de utilizar una camioneta Pick Up obtenida luego de un operativo antidrogas.

Entre todos los viajes que hacía, uno de sus destinos habituales era la zona de la cordillera entre Neuquén y Bariloche; dicen que siempre se movía en camioneta para no dejar rastros de pasajes aéreos, y que lo hacía con la cobertura de la PSA. Sus viajes se intensificaron luego del 1 de agosto de 2017, por eso dentro del Ministerio dejaron de reconocerlo como El Chino para apodarlo directamente Maldonado.

Una de sus terminales en Neuquén era, probablemente, el fiscal José Gerez, otro de los funcionarios judiciales utilizados por Bullrich para instalar un inexistente tráfico de armas entre mapuches de ambos lados de la cordillera. En Chile, a ese tráfico inexistente se lo llamó Operación Andes, una maniobra que estalló por los aires cuando se descubrió que Carabineros había inventado pruebas contra los mapuches. La causa penal iniciada en el país vecino reúne mucha de la documentación que confirma que Bullrich y la Gendarmería también realizaron tareas de inteligencia ilegal durante el caso Maldonado, vía el comandante Jorge El Potro Domínguez, tal como fue publicado la semana pasada en este Cohete.

 

 

“Llamá a la PSA”

La Policía de Seguridad Aeroportuaria también era utilizada por Gonzalo Cané, ex secretario coordinador con los Poderes Constitucionales, para moverse de un lado al otro durante las semanas que estuvo en Esquel para intervenir en el expediente por la desaparición forzada de Maldonado.

Era el 16 de septiembre de 2017. Sábado. Temprano, ese día el funcionario había pactado un reportaje entre una periodista de La Nación con el juez Guido Otranto. Por la noche, se fue a cenar al bar ubicado a una cuadra del juzgado federal. Casi siempre ocupaba la misma mesa. Estaba acompañado por un policía federal cuyo nombre de pila era Juan Manuel.

 

 

Dentro del bar le gustaba hablar por teléfono, en voz alta. “Tenemos varias escenas para refutar. El lunes se las mostramos a Macri”. Lo escuchaban varias mesas a la redonda. “Hoy vuelvo por suerte, todo tranquilo, me subo a la camioneta, puede estallar una bomba atómica que no miro para atrás… La verdad es que hay una runfla de pelotudos detrás de Pablo que creen que descubrieron el derecho hoy”, seguía, verborrágico. El pelotudo era Noceti.

–Llamá a la PSA –le ordenó al policía de civil de nombre Juan Manuel mientras seguía hablando en voz alta—. Así nos vamos al aeropuerto.

Antes de que llegara la pick-up oscura (¿sería Cornes?), su acompañante le mostró una frase que había buscado en su teléfono celular, que puesta en su boca resultaba temeraria. Cané leyó: “Los valientes nunca sienten la muerte sino solo una vez”. A ambos se les escapó una risotada. El texto era de Shakespeare y le faltaba una parte: “Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte”.

La pick- up conducida por alguien de la PSA llegó a los 15 minutos y Cané dejó la ciudad de Esquel esa misma noche.

 

 

 

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