Los especuladores más locos del mundo II

 

La canasta básica total para un grupo familiar conformado por cuatro o seis personas –es decir la cantidad de ingresos que necesitó para no caer en la pobreza– se ubicó entre 60.000 y 64.000 pesos en el Gran Buenos Aires. Este dato corresponde a marzo. La variación mensual fue del 5% y anualizada del 45%. La realidad del día a día para las familias de los trabajadores y trabajadoras queda muy lejos de las metas presupuestarias del gobierno nacional, que había calculado el año pasado una inflación anual del 29%.

Con esta inercia, que para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) obedece a diez años de alta inflación sumados a un “shock en los precios de los insumos importados más el incremento de las materias primas”, cualquier paritaria que se haya cerrado hasta el momento ya quedó desajustada.

“La idea de Martín Guzmán de que para bajar la inflación hay que reducir el déficit fiscal para así alinear expectativas obedece a un diagnóstico errado. En este escenario, creemos que para administrar la inflación hay que mejorar los salarios reales, no ponerle un pie a las paritarias, sobre todo pensando en que el gobierno debería ganar poder político de cara a las elecciones”, sintetiza Andrés Asiain, director del CESO. Es decir, un shock de recursos para los trabajadores.

Como si estos números desalentadores no fueran suficientes, varios buitres –locales y extranjeros– asoman en el horizonte.

Si de domar expectativas se tratara, los fondos Templeton y Pimpco poseen entre ambos el 88% de toda la deuda pública en pesos (soberana y provincial) según la Consultora 1816. Para la misma fuente estos “inversores” fueron quienes vendieron sus bonos durante los primeros meses del año, provocando pérdidas para los títulos locales. En el primer trimestre del año, Templeton vendió –según la consultora citada– el 25% de su posición en pesos (628 millones de dólares) que fueron a presionar la cotización del Contado con Liquidación.

“Nuevamente se observa un incipiente movimiento devaluatorio. La presión por el CCL es parte de una movida más política porque no hay mucha alteración entre los dólares que salen y entran sobre las reservas. Pero se empieza a ver cierto esbozo de un escenario político donde el poder económico vuelve a jugar fuerte ante la dispersión de la oposición. Hay sectores que buscan una devaluación”, explicó a El Cohete un economista que gravita en los entes reguladores del mercado.

¿Qué podría ocurrir si se ampliara la brecha entre la cotización del tipo de cambio oficial y sus variantes financieras? Acá entrarían a jugar los buitres locales. Más allá del récord en el precio internacional de la soja y el maíz, y del cálculo de la Bolsa de Comercio de Rosario que indicó que este año habría exportaciones por 64.900 millones de dólares, nada garantiza que ante una disparada de la brecha –o una devaluación pre-fabricada– los grandes productores nucleados en la Mesa de Enlace dejen de vender y los exportadores corten la liquidación de divisas. En el “mercado” se huele esta movida, que ya es preanunciada a través de sus voceros mediáticos. Una película repetida.

 

 

¿Entonces?

El gobierno nacional continúa en la línea de pretender domar expectativas desde el discurso más que con decisiones de fondo. A menos que la nueva referencia sobre la posibilidad de aumentar las retenciones para desacoplar los precios internacionales de los locales haya sido un aviso certero.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, volvió a plantear la posibilidad de incrementar los derechos de exportación frente al actual contexto de suba de precios de los alimentos, medida que se complementaría con los controles de precios que ya se están encarando desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Productivo.

“Nos preocupa la inflación. Y las presiones en el precio de los alimentos las tiene todo el mundo. La Argentina produce comida y exporta. El problema es desacoplar los precios de exportación del precio interno y para hacerlo hay que tomar medidas como los cupos, las retenciones o las declaraciones juradas”, sostuvo la funcionaria durante un reportaje con El Destape Radio. “La suba de retenciones forma parte del abanico (de medidas) y está en análisis”, enfatizó.

Desde Agricultura y Desarrollo Productivo indicaron a El Cohete que dicha medida, efectivamente, forma parte del menú de instrumentos pero que aún no hay decisión tomada. De avanzarse en esta línea habría que pasar por el Congreso ya que la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, votada al inicio del gobierno de Alberto Fernández, les puso un tope a los derechos de exportación.

La semana pasada, entre Economía y Agricultura se discutía la posibilidad de tomar alguna definición más firme sobre el mercado de la carne, cada vez más sensible al contexto internacional, sin descartar las avivadas de algunos frigoríficos locales que a través de la subfacturación de exportaciones contribuyeron a empujar los precios de los principales cortes de consumo local.

“No deja de asombrarnos que, en el momento en que el país más necesita la cohesión para salir del atolladero en el que se encuentra como consecuencia de la grave crisis sanitaria, económica y social, el gobierno nacional decida cerrarse sobre sí mismo. Porque es lo que hace cuando decide prescindir del diálogo y de la búsqueda de consensos”, sostuvieron las entidades que conforman la Mesa de Enlace a través de un comunicado difundido al inicio de la semana.

Pero el viernes, tras las declaraciones de Español, fueron más enfáticos: “¿Nuevamente declaraciones de este tenor? Estos dichos intempestivos enervan a nuestros productores, generan preocupación y acrecientan la grieta. Pero ya sabemos que el kirchnerismo apela a ese doble discurso de amenaza que dista de la política de diálogo que predica”, sostuvo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. Otra película repetida.

El aumento de las retenciones como instrumento de política económica podría contribuir a desacoplar precios. ¿Pero qué medidas deberían tomarse si los grandes productores dejasen de vender su producción por su afán especulativo ante una ampliación de la brecha cambiaria y los exportadores frenasen la liquidación de divisas? La pelota –y el manejo de la cancha– siempre parece caer del lado de los ruralistas.

 

 

Los vivos detrás de la vaca

En marzo, la carne picada común registró un incremento mensual de 8,5%, al igual que la paleta. La nalga tuvo una suba de casi 9% mientras que el cuadril aumentó un 7%. El INDEC también precisó que la leche fresca entera aumentó un 12% y el queso cremoso casi un 16%.

El consumo interno de carne del período enero-marzo de este año fue el peor desde 2003. Como contra partida, las exportaciones de febrero tuvieron un incremento interanual del 31%. La demanda internacional –con China comprando el 75% de las exportaciones de este producto– contribuye al aumento de precios. Es verdad. Pero el Ministerio de Agricultura también detectó una serie de maniobras de subfacturación de exportaciones que impactaron en el mercado interno, de la cuales los productores que hoy se quejan por las nuevas medidas sobre el comercio exterior también se beneficiaron.

Hace dos meses, el Ministerio de Agricultura inició una investigación sobre una serie de frigoríficos que no estaban incorporados al Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Aparecieron empresas fantasmas –gracias a que el macrismo habilitó a que cualquiera pudiera constituirse en exportador– que triangulaban operaciones a China vía Uruguay.

La maniobra era la siguiente: al país vecino vendían –de manera contable– a 1.000 dólares (valor a modo de ejemplo) y desde ahí se simulaba la venta a China a 2.000 dólares. La diferencia eran dólares negros que ingresaban vía contado con liquidación.

Todavía existe una investigación interna en curso que podría llegar a una denuncia penal. Aparece el nombre de una persona que financió la puesta en frío de esa carne y la llegada al embarque. ¿Actuaba por su cuenta o era la cara de algún pez más gordo? Sería clave conocer toda la trazabilidad que dé con el beneficiario final de la triangulación. La UIF podría tener un rol relevante.

Este caso es citado desde Agricultura como explicación para una de sus últimas regulaciones sobre el comercio exterior, donde se le empezó a pedir a los exportadores que dieran detalles de sus negocios.

La otra norma que se publicó esta semana apunta a evitar la subfacturación de exportaciones a través de una declaración jurada. Nada más que eso. Vale la aclaración porque las patronales del agro denunciaron la vuelta de los ROE (que eran cupos de exportación) y no es así. Al menos por el momento.

¿Por qué la subfacturación provocó el aumento de la carne en el mercado interno? Desde Agricultura lo explicaron de esta manera: algunos frigoríficos vendían al exterior cortes por 1000 dólares (dato a modo de ejemplo) pero facturaban por 900 o en algunos casos por 10. Esa diferencia les permitía pagar un poco más por la compra de los animales. Es decir, corrieron el piso de lo que se fijaba en Liniers y así se movieron todos los precios.

La explicación que le dieron a este cronista no es tan desacertada. Luego de la última resolución, los precios en Liniers bajaron. “Como el ganado en pie se empezó a vender un poco más caro, los productores se beneficiaron de esa movida ilegal de la subfacturación de algunos. Por eso ahora se quejan porque van a cobrar menos. Nada de lo que se hizo debería incidir en los volúmenes que se exportan”, explicaron a El Cohete.

La semana pasada, la Aduana publicó una lista de frigoríficos que habrían subfacturado exportaciones en relación a los precios de referencia fijados por las autoridades de control. Varias empresas ya habían sido incluidas en otro listado de febrero, que incluía a quienes se les formularon cargos para que pagasen la diferencia detectada.

Hay frigoríficos que presentaron diferencias de casi 1000%, como fue el caso de Login Food SA, también sancionado en febrero. Es decir, habría reincidencia de varias sociedades.

Otros que deberán explicar la disparidad entre los precios de referencia y el valor de exportación declarado son La Anónima, de la familia Braun –con diferencias promedio del 150%–, Coto y Friar, que pertenecía a Vicentin. Nunca nada es tan transparente en el sector agropecuario.

Entonces, si la película descripta es repetida, también lo son sus actores: el mundo financiero y los dueños/exportadores de los granos y las vacas, todas aristas de un mismo problema irresuelto.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí