LOS DUEÑOS DE LA REPÚBLICA

 

Las propuestas del Presidente de la Nación de reformas judiciales así como la creación de una Comisión Asesora para la reforma del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia enfrentan fuertes resistencias que visibilizan la situación mendocina.

Carlos Pagni, desde su columna del diario La Nación, señaló respecto de la Comisión Asesora que “el servicio más catastrófico para el Presidente lo está prestando Omar Palermo”, destacando que protagoniza “un bullicioso intento de destitución”.

Así calificó a la Audiencia Pública que se realizó el pasado jueves, convocada legalmente por la Sala II de la Suprema Corte mendocina, que preside Palermo, ante acciones judiciales impulsadas por bloques de la oposición y diversos organismos de Derechos Humanos que cuestionan el cumplimiento de los requisitos constitucionales de María Teresa Day para integrar la Corte provincial.

Un día antes, en forma insólita el gobernador Rodolfo Suárez confesó públicamente que “tuvimos que tomar juramento prematuro a Day y lo reconozco, porque si no la Corte lo iba a impedir por una medida cautelar”, anunciando la estrategia gubernamental de vaciar la audiencia desconociendo su legitimidad. Su argumento es que puede enviar el pliego de quien quiera para integrar la Corte, y que el cumplimiento de los requisitos constitucionales no tiene la menor importancia siempre y cuando sea avalado por la mayoría simple de los senadores: que la designación puede hacerse en forma secreta y anticipada para eludir medidas judiciales y que la Corte no tiene competencia para controlar nada por tratarse de materia propia de otros poderes del Estado. En fin, toda una mala justificación del golpe institucional, la Constitución Mendocina establece claramente que el cumplimiento de los requisitos que ella misma fija es materia revisable por la Corte.

La estrategia del vaciamiento de la audiencia es acompañada también por amenazas directas de juicio político y denuncias por el delito de sedición contra los Ministros Palermo, Gómez y Adaro que concurrieron, proferida por el vicerrector de la Universidad de Mendoza y dirigente radical por el delito de sedición por concurrir a lo que llamó una “pueblada”.

La audiencia se desarrolló con la ausencia de Dalmiro Garay quien oficia de Presidente de la Corte desde que abandonó el cargo de Ministro de Gobierno del ex gobernador Alfredo Cornejo y de los otros jueces radicales que garantizan la mayoría automática, profundizando aún más la inocultable ruptura institucional.

 

 

La audiencia

Se llevó a cabo la Audiencia Pública, en forma virtual que fue transmitida por el canal oficial del Poder Judicial, adonde se encuentra disponible para su consulta, con la presidencia de Omar Palermo.

Se desarrolló durante casi siete horas, con más de cuarenta participantes de las más diversas asociaciones de abogados, colegios, organizaciones sociales como Ni Una Menos, organismos de Derechos Humanos como el CELS, la APDH, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismos de Derechos Humanos de la Provincia, profesionales de la abogacía, estudiantes, ciudadanxs y representantes de los bloques opositores.

Las intervenciones implicaron aportes a la interpretación del requisito constitucional y coincidieron en señalar la particular redacción de la Constitución Mendocina de 1916, que excluye toda otra forma de ejercicio de la abogacía que no sea el que regula la ley de colegiación; la equiparación de la magistratura a la abogacía; las exigencias de capacidad e idoneidad y su relación con las garantías de independencia e imparcialidad judicial, el impacto de la reforma constitucional de 1994 en la interpretación de la norma.

Los argumentos jurídicos fueron motivo de diversas reflexiones, como la que señaló la representante de una asociación de abogadas cuando se preguntó: en el Servicio de Neurología, ¿sería lógico designar a quien nunca atendió a un paciente? La representante del CELS hizo referencia a la necesidad de reconstruir la legitimidad de la Corte. La representante de Ni Una Menos señaló que para acceder a la Corte es necesario acreditar formación en derechos humanos, género y diversidad. Otro de los participantes expresó su preocupación porque “estamos en una discusión de un mínimo, de un piso, de requisitos formales, cuando de lo que se trata es de quien deberá resolver las causas más difíciles”. Hubo quien sostuvo que se trataba de una cuestión de ética profesional y otro expositor señaló que “deben brillar las instituciones, no solo las veredas”. Una participante describió una crisis institucional, en la que resulta de aplicación el principio pro persona, en favor del interés de los mendocinos, que requieren jueces probos, idóneos e independientes. Day no cumple dichos requisitos”. Un Director del Colegio de Abogados de Mendoza expuso en la audiencia los dictámenes de cuatro comisiones del Colegio, adversos a la postura del gobierno. Un ciudadano consideró que “estamos escandalizados y avergonzados, es un elevadísimo lugar, ante la duda por dignidad no debería haber aceptado el cargo. Un participante señaló que “el constituyente de 1915 quiso de los ministros de la Corte amplios conocimientos, mayores requisitos que para tribunales inferiores. Excelencia del máximo tribunal de Justicia.” Incluso, en el debate fue introducida la comparación con el artículo similar de la Constitución Mendocina de 1949 que corriera la misma suerte que la nacional, derogada tras el golpe de 1955 y generalmente ignorada en las discusiones jurídicas.

Todo un debate cuya realización en las condiciones descriptas quedará en la historia como un ejemplo de la impunidad discursiva de aquellos que, sin autoridad, apelan al nombre de la República al mismo tiempo que la destruyen.

 

 

El debate de fondo

La audiencia pública provocó una nueva reacción de Cornejo quien volvió a atacar a Palermo, manifestando en una entrevista que “el tema está cerrado constitucionalmente. Solo queda la chicana jurídica y política de la oposición, pero nada más y nada menos que el ideólogo de estos temas que es Omar Palermo le dará entidad a esto en la Sala 2. Él está en contra de un criterio penal, pero no se anima como se anima Zaffaroni. Zaffaroni sostiene que las personas vulneradas tienen derecho a cometer delitos, por eso el estado de derecho debe ser benévolo con ellos, no encarcelarlos. Palermo piensa igual pero no se anima a decirlo públicamente, Palermo actúa igual”.

La República no tiene dueños, tal como lo demuestra la histórica sentencia por complicidad de la Justicia federal mendocina con el terrorismo de Estado pronunciada en 2017. Omar Palermo fue quien llevó adelante la investigación fiscal antes de ser designado, por unanimidad, miembro de la Corte. La plena vigencia de los derechos humanos es parte de nuestra tradición democrática, no constituye una amenaza a la república.

Cornejo pone en tensión el sistema democrático con un discurso de demagogia punitiva donde las garantías constitucionales y los límites al poder punitivo constituyen un obstáculo para imponer un orden autoritario, lo que ya ha merecido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llame la atención sobre las normas de prisión preventiva que llevaron a Mendoza a equipararse con los índices brasileños de prisionización; y que ahora ha dispuesto medidas de seguimiento por el intento de desmantelar el Comité contra la Tortura. A ello debe sumarse la persistente violencia institucional, restricciones a la libertad de expresión; la persecución a la Organización Túpac Amaru y la criminalización de los dirigentes gremiales, sociales y políticos de todo el variado arco opositor.

Esta vez Palermo respondió, manifestando que no es la primera vez que es insultado por el ahora diputado reclamando respeto a las instituciones. Señala que los ataques se realizan por motivos políticos, por la utilización del "manodurismo". Enumera el copamiento de los organismos de control y acusa a Cornejo de tener la suma del poder público, pero no en la Sala II de la Corte. Podés verlo aquí.

 

 

 

 

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