Los dilemas de la energía

 

La discusión en torno a una redistribución progresiva de los costos de los servicios públicos parece un pretérito lejano, pero fue uno de los tantos déficits del gobierno que terminó hace sólo dos domingos. Lo será nuevamente en cuanto exista posibilidad de reconstrucción del ingreso para los sectores de menores recursos, lo que vuelve necesario mantener el debate en agenda.

Los números del censo recogido en 2022 y recientes producciones académicas ofrecen algunas claves para pensar un ítem que involucra no sólo formas de salario indirecto de la población, sino también a su calidad de vida.

Adicionalmente, es posible extraer de ese corpus de datos alguna hipótesis sobre los resultados que arrojaron las urnas, en que vastos sectores populares castigaron al oficialismo de entonces, aun a expensas de propiciar un ajuste que irá más allá de toda “campaña del miedo” lanzada en tiempos proselitistas.

 

Advertencias desoídas

Luego del tarifazo aplicado por el gobierno de Mauricio Macri, una de las demandas hacia el de Alberto Fernández fue la de corregir las asimetrías de un mercado basado en recursos naturales autóctonos o en la importación con impacto en la balanza comercial, pero privatizado desde la década menemista, monopólico y no sujeto a demanda elástica.

El Cohete abordó en detalle tanto la problemática como el trasfondo de la interna en torno a ello, que tuvo su punto más agudo con la reducción de subsidios al consumo residencial por vía de su segmentación por estratos sociales, en particular en el área metropolitana de Buenos Aires.

Federico Basualdo, subsecretario de Energía, había advertido que la salida imaginada por Martín Guzmán no sólo no sintonizaba con las urgencias del momento, sino que representaba un ahorro ínfimo en la meta de reducir el déficit por exigencia del Fondo Monetario Internacional. A mediados de 2021 una mano anónima, pero al menos afín al ministro de Economía, pretendió instalar el rumor de que Basualdo sería separado del gobierno por “incompetencia”.

Guzmán y Fernández demoraron incluso la obra del Gasoducto Néstor Kirchner, cuya inauguración hubiera llegado antes del invierno de 2023.

 

Del tarifazo a la segmentación

Milena Poggiese defendió este mes su tesis de Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Pocas semanas antes, un trabajo suyo sobre la segmentación tarifaria del gobierno de Fernández había estado entre los más destacados aportes juveniles de la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP), fundada en noviembre de 1957 por personajes tan disímiles como Aldo Ferrer y los hermanos Juan y Roberto Alemann. Acababan de producirse el golpe de 1955 y los fusilamientos del año siguiente, pero todavía no habían pasado bajo los puentes las oscuras aguas que correrían luego. Décadas más tarde, entre 2008 y 2010, la AAEP fue presidida por Daniel Heymann, mentor universitario de Guzmán.

El abordaje académico actual del tema gira en torno al concepto de “pobreza energética”, que no toma en cuenta sólo el grado de afectación de los ingresos al pago de servicios, sino también la calidad de acceso y la disposición de equipamiento para un aprovechamiento eficiente del consumo. Ambos factores inciden sobre el nivel de vida y las economías de los hogares, que en términos estrictos no demandan energía sino servicios energéticos que requieren de ella.

En su trabajo, Poggiese detecta que el carácter progresivo de la segmentación se vio limitado por lo ambiguo de la clasificación de cada sector y toma como parámetro de pobreza a aquellos hogares que destinan más del 10% de sus ingresos al pago de tarifas.

Como ocurre en otros rubros de consumo imprescindible, ser pobre cuesta muy caro. Antes de la segmentación de Fernández y luego del tarifazo de Macri, el promedio de ingresos destinados al pago de esos servicios era en el país de 6,8%, pero representaba el 2,62% para el decil de mayores ingresos y casi el 15% para el de menores.

 

 

En ese sentido, la segmentación fue redistributiva, porque redujo la participación de los sectores bajo y medio en el conjunto de la población bajo pobreza energética e incrementó la incidencia del nivel de altos ingresos.

 

 

Los límites de la redistribución

Al analizar la incidencia distributiva de la segmentación de 2022, con impacto en el año siguiente, Poggiese encuentra particularmente problemático el caso de los subsidios sobre el consumo de gas de red: la participación del decil de menores ingresos es significativamente menor que en el caso de la electricidad.

La entonces estudiante avanzada y actual graduada conjeturó que eso podía deberse a “la limitada extensión de las redes de gas natural, que afecta especialmente a los sectores más pobres de la población”. Para ello, se basó en los números del programa Hogar, que subsidia el 80% del precio de las garrafas para hogares sin conexión a la red: evidencia que el 71% de la masa beneficiaria pertenece a los tres deciles de menores ingresos.

A su vez, luego de la exposición de Poggiese en la AAEP se conocieron los demorados resultados del censo de 2022, que encontró que casi el 44% de la población utiliza aún gas envasado. Resta cruzar esos datos con los de ingresos, pero los mayores índices de uso de garrafa se dan en el noreste, que se ubica en el primer lugar entre las zonas más pobres del país, y el noroeste, que ocupa el tercero. Los porcentuales de hogares que no utilizan gas de red para cocinar –lo estrictamente relevado por el censo– son especialmente altos en Formosa (99,1), Corrientes (98,9), Chaco (98,8), Misiones (97,5), La Rioja (91,2), Catamarca (87,4) y Santiago del Estero (78,2).

La comprobación es doble. Por un lado, luego de tres décadas la administración privada no ha solucionado esas inequidades, que hacen a la justicia social pero también a la soberanía territorial. Por otro, se verifica el llamado “principio de equiparación”, que supone que si una región alcanza un determinado grado de desarrollo en un rubro es muy probable que exhiba uno equivalente en los restantes elementos que la componen.

En materia específica del impacto de los subsidios en las tarifas de gas, las carencias de conexión de los sectores más pobres aparecen como explicación para el fenómeno observado por Poggiese al reordenar a las familias de acuerdo al gasto per cápita: el 30% de menores niveles recibe la misma proporción en subsidios de gas que el 30% superior.

A ese cuadro distributivo se añade que es demasiado elevado el umbral de hogares que tras la segmentación permanecieron con beneficio a subsidio, abarcando incluso a sectores de ingresos medio-altos. Mientras tanto, continúan sin resolución otras variables de pobreza energética, como el acceso a equipamiento que pudiera hacer más eficiente el consumo.

 

Barrios privados, de todo

En su edición del segundo semestre de 2022, la revista Energías Renovables y Medio Ambiente publicó un artículo en que Danae Franco Lopera, Rodrigo Durán y Miguel Condori analizan datos recogidos por el Registro Nacional de Barrios Populares en julio del mismo año. De ello surge que el 62% no cuentan con conexión eléctrica formal y el 97% carece de acceso a la red de gas, por lo que no se verían beneficiados por política alguna de subsidios, incluyendo la segmentación. Son barrios privados, según la inolvidable definición del más mágico de sus habitantes.

Este es el cuadro por regiones:

 

 

Cuando la motosierra se apague y deje ver su saldo, deberán tomarse en cuenta algunas de estas variables –muchas veces ignoradas, por lo que de naturalizado tienen– para encarar la ardua reconstrucción.

 

 

 

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