LOS DESOCUPADOS Y LA TIERRA

 

“Más poderoso. Más trabajo por día. Más económico”. La publicidad en la prensa anunciaba la salida a la venta del nuevo modelo de tractor Deering. A su lado, una foto dejaba ver a once húngaros desocupados. Como si fuera un catálogo de productos para arar la tierra, los inmigrantes posaban en una plaza de la capital santafesina. “Aún hay doscientos hombres sin trabajo”, se informaba. Era octubre de 1929 y se iniciaba una larga crisis económica que se venía insinuando desde tiempo antes.

Entre 1929 y 1934, estos llamados “parias de la civilización moderna” se movieron en errantes caravanas a lo largo y ancho del país. Muchos eran engañados antes y después de cruzar el océano. Uno de estos grupos, en 1932, se formó con rusos, polacos, alemanes y checoslovacos, “jóvenes y fuertes”, se decía, que habían llegado hasta el Chaco, luego de conocer la miseria en Buenos Aires. Especialmente decepcionados con las agencias de colocaciones y las condiciones de trabajo rural, finalmente se asentaban en las ciudades. “Soñamos con una buena suerte en las Américas. Siempre leíamos en los diarios que esta tierra era grande y rica, pero ya ven que los trabajadores andan pidiendo limosna”, declaraba uno de ellos.

 

 

 

 

El fenómeno era mundial. En 1929, una brutal crisis económica había detonado en la bolsa de Nueva York y se había dispersado a todo el Occidente. La Sociedad de las Naciones calculaba entre 25 y 30 millones los desocupados en el mundo. La crisis se sintió especialmente en el comercio de los productos agropecuarios. Naturalmente, Argentina lo sufrió. Tenía una economía extremadamente vulnerable frente a estos movimientos del mercado mundial. Las 17 millones de toneladas que había exportado en 1928 por un valor de 2.396 millones de pesos, se transformaron tres años más tarde en 18,4 millones que valieron 1.455 millones de pesos. En consecuencia, también sufrieron los ingresos fiscales. La desocupación y los quebrantos comerciales siguieron el camino de la debacle. El afamado modelo agroexportador enseñaba sus miserias.

El escenario presentaba algunas similitudes con lo sucedido durante la Gran Guerra, entre 1914 y 1917, cuando también se habían registrado altísimos niveles de desocupación. Por entonces, un sector de la clase dominante había empezado a reconocer que no era un problema reducible a la movilización de “vagos y malentretenidos”: se trataba de un paro forzoso y efecto directo del mismo sistema productivo del capitalismo.

La nueva realidad, combinada con los límites encontrados en la producción agraria, dejaría ver cuán acertada era aquella tibia admisión. La expresión más cruda de ello fue, quizás, la formación de numerosos asentamientos precarios de desocupados en distintas ciudades del país, donde se acumulaban los inmigrantes sin fortuna. En la Capital Federal, muchos de ellos se fueron asentando en la zona del Puerto Nuevo, que tomó el nombre de Villa Miseria (nombre que quedaría sellado más tarde en retratos literarios como el de Bernardo Verbitsky).

 

 

 

El dictador José Félix Uriburu ordenó una concentración forzosa de esta población de indigentes y sin trabajo en galpones especiales en las mismas dársenas. Sin embargo, otros asentamientos sin control tomaron forma cerca de allí, como el de Villa Desocupación, en la zona de la antigua avenida Canning y la Costanera, cerca del Club de Pescadores, que fue rebautizada como Villa Esperanza. Por aquellos años, los directores italianos Luis Amadori y Mario Soffici retrataron parte de esta realidad en el film que codirigieron, Puerto Nuevo.

 

 

 

 

Las primeras reacciones “desde arriba” apelaron a recetas conocidas: reducción del gasto público y achicamiento del déficit fiscal. Pero ello era insuficiente, toda vez que el problema irresuelto se agravaba, a ojos de la oligarquía, con la presencia del comunismo. Como señalamos en otra ocasión, el movimiento encabezado por Uriburu, que terminó con la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, era antidemocrático, antiliberal, antiobrero y anticomunista. La respuesta represiva de este nacionalismo reaccionario fue brutal. Sin embargo, tampoco alcanzaba. Su experiencia duró poco.

En esta coyuntura, los comunistas –y en menor medida los anarquistas— fueron los únicos que se propusieron fomentar la organización de los desocupados. Impulsaron actos, movilizaciones, se internaron en las villas y formaron comités. Propusieron que el Estado y los patrones financiaran un seguro al desempleo igual al salario, la condonación del pago de los servicios y alquileres, el asentamiento en viviendas ociosas, la asistencia médica gratuita, la reducción de la jornada laboral, la prohibición de los desalojos y la locomoción gratuita y libre.

 

 

 

 

Como indicamos, el agravamiento de la situación hizo recalcular a un sector de las clases dominantes, que pretendía retomar el camino que venía explorando sin mucha convicción desde comienzos de siglo y trascendía gobiernos. Expresión de ello, todavía con Uriburu en la presidencia, fue la realización del primer Congreso Nacional del Trabajo, donde se discutieron políticas públicas para las colocaciones, la desocupación, el patronato estatal de desocupados y el seguro social, entre otras cuestiones. Al año siguiente, cuando se produjo el recambio en la presidencia, con el general Agustín Justo, y comenzó a gobernar la Concordancia, se desarrolló una serie de medidas en este sentido, intervencionistas, especialmente novedosas en relación a los desocupados. Ello se ajustaba bien a los intereses de una oligarquía que podía unir su interés agropecuario con su interés industrial. Tampoco alteraría demasiado la política represiva hacia los sectores más radicalizados y hacia los yrigoyenistas irredentos. Una de las primeras medidas más importantes fue la creación de una Comisión de Asistencia Social a los Desocupados que regimentó los galpones de Puerto Nuevo.

En el caso de los socialistas, a instancias de sus parlamentarios, se creó una comisión en el Congreso que se proponía trazar un diagnóstico más preciso sobre la realidad y diseñar un plan de obras públicas sin desorganizar el presupuesto vigente. Una de las primeras medidas de la comisión interparlamentaria fue la realización del primer censo nacional de desocupados, que se hizo de forma periódica durante un tiempo. Su promotor, el socialista Alejandro Castiñeiras, señalaba que se hacía para terminar con las soluciones policiales o los impulsos caritativos, que “desnaturalizan el sentido real de la ayuda que deben merecer los trabajadores carentes de empleo”.

El censo calculó en casi 334.000 las personas que sufrían el paro forzoso. Los dividía en permanentes, circunstanciales, parciales y estacionales. El 5,5% eran mujeres. Argentinos en su mayoría, italianos, españoles y polacos en gran cantidad, casi la mitad del ámbito rural. Los opositores, incluidos los socialistas que lo habían impulsado, cuestionaron sus resultados. Señalaban que habían quedado zonas enteras sin censar y que muchas personas prefirieron no responder porque temían ser objeto de persecución. Algunos llegaron a estimar la desocupación en un millón de personas. Otros, que en la Capital Federal el flagelo llegaba al 20%.

Importantes debates se dieron en torno a la financiación de un Fondo para la desocupación. Los socialistas propusieron impuestos a la venta de automóviles, de lubricantes, una contribución única para quienes compraban inmuebles y para los que acumularan más de un trabajo con una remuneración total por encima de los 300 pesos e incluso un aporte del Jockey Club por las ganancias producidas en el Hipódromo. También pidieron que los desocupados pudieran viajar gratis para buscar ocupación, que se abriera un plan de colonización de tierras públicas y que el crédito público se dirigiera de forma preferencial a los arrendatarios en lugar de los trusts. Por otro lado, propusieron que una parte del empréstito con los ingleses fuera destinado a tal fin y que bancos y seguros invirtieran obligatoriamente buena parte de sus carteras en títulos del Estado. “Aún los más egoístas deben comprender que el más rudimentario principio de solidaridad exige una mejor distribución del trabajo en épocas como las actuales o de lo contrario una contribución al fondo con el cual se procura crear trabajo”, señalaba el socialista Francisco Pérez Leirós, histórico representante sindical de los municipales.

Sin mayores detalles, dos hechos eran sumamente ilustrativos de la lucha que se desarrollaba. En 1933, una movilización de desocupados dirigida por comunistas produjo saqueos contra las cadenas de almacenes GDA y ARSA. “Toda la prensa de la Capital ha chillado por los ataques realizados contra la ARSA. Nos han tratado de criminales chorros y miles de inmundicias para indisponer al público trabajar contra nosotros. Y bien. ¡Qué es la ARSA! Es una empresa monopolista que aplica altos precios a todos los artículos y que está tratando de monopolizar la venta para luego hambrear más a los trabajadores”, se leía en La Internacional, órgano del comunismo. Por otro lado, en agosto de 1934, en el puerto de Santa Fe, más de cincuenta obreros sin trabajo le propusieron al gerente de la casa Dreyfus que los empleara un día a la semana a cada uno. La propuesta fue aceptada y al día siguiente, se hicieron presentes cuatro de ellos. Pero el capataz dio tareas a tres, mientras que al cuarto lo increpó porque era uno de los que andaba organizando a núcleos de desocupados. Revólver en mano, le dijo que si continuaba en esas andanzas lo iba a “arder a balazos”.

En este torbellino, el 21 de agosto de 1934, el gobierno de Justo hizo aprobar una ley que creaba la Junta Nacional para Combatir la Desocupación, con el número 11.896. La Junta absorbió muchas de las políticas previas y funcionó principalmente con aportes del estado y donaciones de empresas. Se integró con hombres de distintas cámaras patronales y de la CGT y se proponía, entre otras cosas, adiestrar a los desocupados sin profesión, concentrar en campos especiales (sic) a los que no tenían aptitudes o deseos de trabajar y reasignarlos donde se requirieran sus brazos.

 

 

 

 

Una de las propuestas que se discutió en la Junta fue la creación de colonias agrícolas, que genéricamente era compartida por buena parte del espectro político. Pero los enfoques eran distintos. Mientras para algunos debía inscribirse en el terreno de la política contra los latifundios, para las derechas se trataba simplemente de limpiar los “focos de infección”. La cuestión de la calidad de las tierras a asignarse era decisiva y por entonces también atravesaba a las políticas de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios. Era fundamental determinar de antemano si estas colonias debían y podrían generar un excedente para vender en el mercado o si sólo permitirían a los nuevos ocupados vivir en penurias.

Así, desde el diario La Prensa, en septiembre de 1933, se apoyó el proyecto del diputado Carlos Pueyrredón, por el Partido Demócrata Nacional, quien luego sería intendente de la ciudad de Buenos Aires y que había llegado a advertir que o se trasladaba a la población o se habilitaba un “campamento de gitanos” en la ciudad. Desde La Prensa señalaban que la aplicación de impuestos atentaría contra la iniciativa privada y que la solución consistía “en fijar sobre un buen lote de tierra a toda familia sin trabajo y en enseñarle a que viva de su chacra y considere como cosa un tanto secundaria y aleatoria el comercio de los productos que no consuma”. A eso le llamaban “agricultura integral”. Esta mirada, mezclada de ideas románticas y anti-modernizantes, asociadas a la vida gauchesca, no iba a ser compartida por otros sectores. En el caso de la Junta Nacional para Combatir la Desocupación, en 1940, su presidente, Eduardo Crespo, proponía una colonización a la medida de las comodidades urbanas, con escuelas, teatros, cines, asistencia médica y servicios públicos.

Al ceder lo peor de la crisis, hacia 1935, se registraba una importante caída de la desocupación y la policía, luego de varios fracasos, desalojó los asentamientos de la costanera, entre golpes, detenciones y quemas de ranchos. Con el correr de los años, la población siguió siendo expulsada del campo. Si al comienzo eran principalmente inmigrantes, luego el fenómeno atacó masivamente a los nativos. Al finalizar la década, la Junta Nacional para Combatir la Desocupación señalaba que entre las causas del paro forzoso se encontraban la mujer, los inmigrantes y los jubilados, pero también los progresos mecánicos, la no posesión de la tierra por quienes la trabajaban y la falta de un plan de explotación racional del suelo. Los proyectos de las colonias no prosperaron. Tenía sentido. Entonces la creciente industrialización en las ciudades pudo darles un lugar.

 

 

 

Para seguir leyendo y viendo

 Luis Amadori y Mario Soffici, film Puerto Nuevo, 1936.

José Panettieri, Paro forzoso y colocación obrera en Argentina en el marco de la crisis mundial (1929-1934), 1996.

Noemí Girbal Blacha, “La Junta Nacional para combatir la Desocupación. Tradición y modernización económica en la Argentina de los años treinta”, 2003.

Maricel Bertolo, Estado y trabajadores en Argentina. El Departamento Nacional del Trabajo ante el fenómeno de la desocupación, 1907-1934, 2008.

Mariela Rubinzal, El nacionalismo frente a la cuestión social en Argentina [1930-1943]: Discursos, Representaciones y prácticas de las derechas sobre el mundo del trabajo, 2012.

Iñigo Carrera Nicolás y Fabián Fernández, “El movimiento obrero y los desocupados en la primera mitad de la década de 1930”, 2011.

José Benclowicz, Un movimiento de desocupados para la revolución. El Partido Comunista y la organización de los trabajadores desocupados hacia la década de 1930 en Argentina, 2016.

 

 

 

 

 

 

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