El Parlamento del Mercosur se reunió este lunes en Montevideo como lo hace una vez por mes. A pesar de los ataques que padecemos del gobierno nacional y la prensa hegemónica, su actividad es intensa y ha tenido este año mas sesiones que el Senado y la Cámara de diputados de Argentina. Hubo asistencia casi perfecta de la delegación de nuestro país, tanto oficialistas como opositores. Las sesiones continúan en medio de otras tareas como la participación como observadores en elecciones regionales o compartir Eurolat con miembros del parlamento europeo.
Claro que la intención de desprestigiar este organismo es parte del desprecio del gobierno de Mauricio Macri por los procesos de integración regional. Por eso ha trabajado para desmembrar lo construido en los últimos años. Achicó el Mercosur con la suspensión a Venezuela e impidió el ingreso definitivo de Bolivia. Además de desarticular varias áreas, suprimió el funcionamiento de las cumbre sociales a las cuales concurrían centenares de organizaciones de la sociedad civil para debatir y llevar sus propuestas a los Presidentes. En ese proceso, hay que recordar que el gobierno argentino se retiró de la UNASUR y colaboró con el congelamiento de la CELAC.
Pero a pesar de todos esos esfuerzos, de no pagar las dietas que nos corresponden y de atacarnos permanentemente, el Parlasur tiene vida intensa. Y sirve como espacio de diálogo. Y uno de los datos es que es el único organismo donde permanece Venezuela, un aspecto solicitado tanto por oficialistas de ese país como por la dura oposición a Maduro con, como se sabe, posiciones irreconciliables en ese país pero que conviven en el parlamento regional. El pedido de permanencia fue aprobado por unanimidad por los representantes del resto de los países. También es interesante la aceptación de una delegación de Bolivia, que participa, como observador con voz, en su condición de país asociado.
En ese contexto, la reunión reciente del lunes pasado fue interesante. Funcionó bajo el impacto de la noticia de lo sucedido en Bolivia, y nos propusimos colaborar para denunciar lo que estaba pasando y colaborar en la búsqueda de una solución. Se trabajó y aprobó una declaración y se resolvió que se realizara en el país del altiplano una Audiencia Publica de la Comisión de Derechos Humanos de los parlamentarios para tomar testimonio de las reiteradas y graves denuncias sobre violaciones a las garantías constitucionales. También se decidió concurrir al Observatorio de la Democracia para colaborar con el esclarecimiento de lo sucedido en la elección.
Uno de los puntos más simbólicos en el arranque de la sesión es que se inició con los testimonios de los tres parlamentarios bolivianos. Edgar Mejia Agilae, Eliana Berton Guachalla y Benita Diaz, quienes acercaron una dramática descripción en primera persona de la terrible situación que estaban viviendo y que, con el correr de los días, iba a aparecer con mayor claridad. Aún existía mucha confusión y desinformación. Pero ellos nos ayudaron a entender la brutalidad con la que se estaba actuando. Relataron cómo se hizo renunciar a ministros y a funcionarios atacando, quemando sus casas y amenazando de muerte a sus familiares. También hablaron del peligro que corría la vida de Evo Morales y de Alvaro García Linera. Y de cómo sus renuncias evitaron un baño de sangre donde las víctimas serían, una vez más, los integrantes de los sectores populares. A esa altura ellos mismos tampoco sabían si iban a poder regresar a su país y qué les había sucedido a sus familias por entonces acosadas, y de las que no sabían dónde estaban.
Conmovedor, impactante y esclarecedor cada uno de los relatos. Lo que permitió dar paso a una declaración conjunta en la que se caracterizó lo que estaba sucediendo como golpe de Estado cívico-militar. En ese sentido no sólo fue el primer organismo interregional que rechazó el golpe de Estado, sino que tuvo la particularidad del respaldo de casi todos los parlamentarios. Pedimos que la votación se hiciera nominalmente porque en este tema tan trascendente debía quedar claro quién estaba a favor y quién creía que eso que había pasado no había sido un golpe de Estado.
Sólo cuatro diputados partidarios de Jair Bolsonaro en Brasil votaron por el NO a la declaración, contra 44 que apoyamos. En la delegación argentina, además del voto del Bloque FPV-PJ y los electos por UNA encabezados por el constitucionalista Jorge Vanossi, votaron contra el golpe varios de los integrantes del Bloque Cambiemos: los radicales María Luisa Storani y Gabriel Fidel, el cordobés Walter Nostrala y los peronistas Osvaldo Mercuri y Daniel Ramundo. Se abstuvo la radical Lilia Puig de Stubrin. Y la sorpresa fue el voto respaldando a la declaración de Pepín Rodríguez Simón , operador judicial y muy cercano a Macri, cuyo aislamiento en este tema es indisimulable. Consultado por El Cohete, Rodríguez Simón dijo que adhirió a la declaración "sin entusiasmo pero sin alternativa. Como parlamentario juré por las leyes de Mercosur y ser independiente del gobierno nacional".
El documento señala lo siguiente:
- "Considerando los graves hechos de violencia que se han desatado en las últimas jornadas en Bolivia, donde se ha roto el orden democrático institucional al asumir directamente por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, el impulso a una ola de violencia política que pone en peligro miles de vidas al haberse convocado abiertamente a la insubordinación para deponer por la fuerza al Presidente Evo Morales, el Parlamento del Mercosur declara:
- Artículo 1° - Rechazar el Golpe Cívico-Militar en curso en el Estado Plurinacional de Bolivia, contra el gobierno democráticamente electo del Presidente Evo Morales, así como la estrategia de violencia política extrema instrumentada por milicias privadas con la complicidad de mandos militares y policiales contra integrantes del gobierno y sus familias.
- Artículo 2° - Realizar un llamado a la comunidad internacional a demandar la protección de la vida del Presidente Evo Morales y de los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y gobiernos locales, así como de sus familiares, ante la ola de violencia desatada por los promotores del Golpe de Estado.
- Artículo 3° - Declara su desconocimiento a cualquier régimen surgido del Golpe de Estado, y reitera su pleno apego a la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile.
- Artículo 4° - Encomendar a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur a realizar el seguimiento permanente de la situación, informando de la situación al Plenario del Parlasur y de ser necesario, constituirse como espacio institucional para recibir y tratar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de esta ruptura del orden democrático".
Por todas estas cosas, hoy es posible decir más que el Parlasur tiene mucho para ayudar en la situación de Bolivia, y así lo hará. Los organismos regionales deben cumplir ese papel. Como lo hizo la UNASUR en tres ocasiones, interviniendo en un violento conflicto entre Santa Cruz de la Sierra y el gobierno de Evo Morales en 2008 que pudo haber terminado con la secesión de la Media Luna boliviana. También ayudó a aplacar la rebelión policial contra Rafael Correa en Ecuador en 2010 y participó para evitar una guerra durante el gobierno de Alvaro Uribe, entre Colombia y Venezuela, con la gestión personal de Néstor Kirchner, por entonces secretario general del organismo. Pero la UNASUR no funciona, y ahora interviene la OEA, que lo único que hace es echar leña al fuego, y siempre colaborando con los intereses de los Estados Unidos.
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