Los conflictos del etnonacionalismo

 

Los conflictos derivados de las reivindicaciones del etnonacionalismo han sido recurrentes en la historia y han tenido muy difícil solución. Como señala Amin Maalouf en Identidades asesinas (Alianza Editorial), la mayoría de los conflictos sangrientos y las matanzas que se han producido a lo largo de la modernidad tienen que ver con complejos y antiquísimos contenciosos de identidad. Añade que el error habitual que se comete en el abordaje de estos conflictos es cuando se asigna a una comunidad el papel de cordero y a otra el de lobo. De modo que, frente a cuestiones de tanta complejidad, lo primero que se debiera hacer es evitar caer en reduccionismos simplificadores y saber diferenciar contingencias para ofrecer soluciones proporcionadas a cada situación.

Benedict Anderson, en su conocido ensayo Comunidades imaginadas (FCE), ha puesto de relieve que las naciones son construcciones históricas, de naturaleza contingente. Originariamente existieron sentimientos de pertenencia grupales, pero no eran identidades colectivas a las que se les atribuía soberanía sobre un territorio. Esto último es una creación del nacionalismo moderno. Anthony D. Smith, autor de numerosos ensayos sobre este tema, señala en Nacionalismo y modernidad (Ediciones Istmo) que lo que da al nacionalismo su poder, la base sobre la que se crean las naciones, son “los mitos, las memorias, tradiciones y símbolos del legado étnico, y las formas en las que un pasado vivido popularmente ha sido, y puede ser, redescubierto y reinterpretado por las modernas elites intelectuales nacionalistas”. Coincide con el enfoque modernista, en el sentido de que las naciones no son naturales, sino que han sido construidas en tiempos relativamente recientes. Pero no las considera obra de una manipulación y defiende la realidad y continuidad de los grupos étnicos (para los que acuña el neologismo inglés ethnies), cuya persistencia puede ser muy larga en el tiempo. Estas etnias se definen por una serie de rasgos, entre los que incluye los mitos de ascendencia común, una historia compartida, un sistema cultural específico (lengua, religión, costumbres), asociación con un territorio en el que creen hallarse establecidos desde hace tiempo y sentimiento comunitario de identidad y de solidaridad. La nación incluye a la etnia, pero al mismo tiempo la trasciende sobre la base de lazos cívico-legales que otorgan un nuevo contenido, en sentido político, a la pertenencia de un grupo común en un territorio determinado.

Tanto nación como etnia son creaciones que interactúan con la historia y su singularidad es fruto de un proceso de continuas adaptaciones en el tiempo. El historiador checo Miroslav Hroch ha investigado la formación de las pequeñas naciones europeas del siglo XIX a partir de lo que denomina “grupos étnicos subalternos”, que se desarrollan en el territorio de una nación dominante. Establece tres fases en los procesos que han tenido lugar en estos países. En una primera fase, ciertos intelectuales manifiestan su interés por la cultura y las tradiciones; en una segunda fase, organizan una agitación mediante la publicación de revistas y periódicos y, finalmente, cuando el movimiento adquiere una dimensión de masas, comienzan las reivindicaciones políticas, que van desde el pedido de autonomía hasta el separatismo para obtener un Estado propio. Consideraciones históricas que vienen a cuento para recordar el material altamente inflamable que insufla estos conflictos.

 

 

Las ocupaciones coloniales

Los procesos de conformación de las naciones modernas han alcanzado mayor complejidad cuando han sido fruto de acciones de limpieza étnica, dirigidas a desplazar a los habitantes originarios. Existe un matiz diferencial entre la “limpieza étnica” y el “genocidio”. Si bien la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que la limpieza étnica es una forma de genocidio, ambos términos no son sinónimos conceptualmente porque describen hechos diferentes. La limpieza étnica busca el desplazamiento de un territorio de una población considerada indeseable, mientras que en el genocidio la intención es eliminar totalmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso. Los procesos de colonización de la América española y de los Estados Unidos, la ocupación de Palestina por inmigrantes judíos y la llamada Conquista del Desierto llevada adelante por Julio Argentino Roca en nuestro país parecen ajustarse más al concepto de limpieza étnica, dado que la finalidad fue facilitar el asentamiento de los colonos. Han sido procesos inevitablemente violentos, por la comprensible resistencia opuesta por los nativos a la empresa colonizadora. En algunas ocasiones, para vencer esa resistencia, se ha acudido al expediente de aterrorizar a la población originaria mediante actos de enorme crueldad que han dejado profundas huellas en la memoria de sus descendientes.

Si bien puede considerarse que esos procesos de colonización son hechos irreversibles, deben ahora, en un contexto cultural muy diferente, dar lugar a acciones reparadoras de los enormes sufrimientos causados. En esa línea, en el conflicto identitario que envuelve a la comunidad mapuche en las provincias de Río Negro y Neuquén, existen reivindicaciones legítimas que han sido recogidas en la redacción del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Tras la reforma de 1994, el nuevo texto estableció que corresponde al Congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantizar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, advirtiendo que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. El cumplimiento efectivo y no retórico de estos derechos no es una tarea sencilla y las demoras en el cumplimiento de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160 de 2006, que prevé la suspensión de los desalojos de tierras indígenas con el fin de posibilitar el relevamiento catastral de los territorios con presencia de pueblos originarios –paso previo para formalizar la entrega de los títulos de propiedad–, es causa de profundo malestar en estas comunidades.

La mayoría de las organizaciones que nuclean a los pueblos originarios de la Patagonia, como la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y la Confederación Mapuche de Neuquén son entidades que colaboran activamente con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que dirige Magdalena Odarda. Han condenado algunos ataques incendiarios que han tenido lugar en Bariloche y El Bolsón, no obstante, avalan las acciones de recuperación de tierras como método válido, dirigido a dar mayor visibilidad a la reivindicación de sus derechos. Las tomas, que jurídicamente pueden ser consideradas usurpaciones, dan lugar a procesos judiciales y generan enorme irritación en los vecinos afectados, que reclaman acciones más enérgicas a la Justicia. Junto a estas organizaciones legales, se discute si también existe una organización clandestina, denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a partir de la valoración que se hace de un comunicado difundido en 2014, en el cual asumía la autoría de los ataques perpetrados contra el Consulado de Chile en Bariloche y el refugio Neumeyer, propiedad del Club Andino Bariloche. En el texto, los autores afirmaban que no eran “ni argentinos ni chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el territorio libre y recuperado para todo nuestro pueblo”, reclamaban, y reivindicaban el principio de autodeterminación de los pueblos para justificar “la resistencia e incluso la insurrección armada para alcanzar objetivos como el separatismo y la liberación nacional”.

Algunas voces, como la del obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, expresaron sus dudas acerca de la existencia de esta organización. En un comunicado publicado el 31 de agosto de 2017, la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y la Confederación Mapuche Neuquina caracterizaron al grupo RAM como un “fantasma” que se “parece más el accionar de un grupo de inteligencia que a la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche”, atribuyendo a los servicios de inteligencia argentinos y chilenos la implementación de un plan para dar lugar a la aplicación de la ley antiterrorista. Amnistía Internacional Argentina, junto con otras organizaciones de derechos humanos, también han expresado su profunda preocupación por “la creciente estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. En una nota publicada en el diario El País de España, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, denunció la existencia de “estrategias de desgaste y persecución que sirven para silenciar reivindicaciones históricas de los pueblos originarios”.

 

 

El Informe Bullrich

El 25 de noviembre de 2017, en un intento de desalojo en Villa Mascardi, efectivos de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval asesinaron a Rafael Nahuel, un joven de 22 años de origen mapuche. El gobierno de Mauricio Macri atribuyó el episodio a una supuesta agresión con armas de fuego por parte de integrantes de la RAM,​ a la que los agentes habrían respondido disparando con armas 9 milímetros. Investigaciones posteriores confirmaron que los mapuches baleados no estaban armados. En mayo de 2019, la Cámara Federal de General Roca desestimó la figura de legítima defensa, invocada por los presuntos autores de los disparos. ​Desde aquel episodio, han sido notorios los esfuerzos de la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, dirigidos a demostrar la existencia del grupo RAM en la Patagonia, como forma ex post de justificación legitimadora de las intervenciones de Gendarmería y Prefectura. Con esa intención, el Ministerio de Seguridad de la Nación, junto con los gobiernos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, dio a publicidad un informe de 180 páginas para probar “la existencia de grupos terroristas mapuches en la Patagonia” en diciembre de 2017.

En realidad, la mayor parte del informe son fotografías de lugares incendiados y de las armas secuestradas en algunos allanamientos: cuchillos, hachas, martillos y serruchos. El informe reconoce que “la gran mayoría” de las agrupaciones culturales y reivindicativas mapuches no tienen vinculación con la RAM y no avalan los métodos insurreccionales violentos, aunque añade que “algunos integrantes de esa organización sí participan en otras organizaciones indigenistas”. Señala la presunta existencia de una relación entre la RAM y el movimiento etnonacionalista radicalizado de Chile, en particular con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización violenta nacida en el país trasandino a fines de la década de 1990. Según el informe, “la RAM replica en la Argentina los métodos y la ideología de su organización análoga chilena, y ambas comparten la definición de la Nación Mapuche –con algunas diferencias doctrinarias– y de los territorios ancestrales en los que esta debería basarse”.

El informe debe tomarse cum grano salis porque existen pruebas de intervenciones fraudulentas por parte de los servicios de inteligencia de Chile para incriminar a ciudadanos mapuches. En una nota periodística, María Beatriz Gentile, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, ha revelado los detalles de la denominada “Operación Huracán”, realizada en septiembre del 2017 por carabineros chilenos, que condujo a la detención y encarcelamiento de ocho comuneros mapuches acusados de terroristas. En enero de 2018, un informe del Ministerio Público de Chile reconocía que se había detectado la manipulación de las pruebas que incriminaban a los detenidos mediante pericias técnicas. Al haberse acreditado la fraudulenta operación de inteligencia, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, se vio obligado a aceptar la renuncia del director de Carabineros, Bruno Villalobos, y del general Gonzalo Blu, responsable de los hechos. Esa operación fue una de las incluidas en el Informe Bullrich para reforzar la hipótesis de la existencia de grupos terroristas mapuches actuando en la Patagonia.

Recientemente, tras el incendio de un centro de información turística en construcción y del Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, ha retomado la tesis del protagonismo de la RAM. Consideró que se trataba de “hechos terroristas” causados por “un grupo beligerante con conexiones internacionales”. La prudencia aconseja no anticiparse al resultado de las investigaciones policiales, pero tampoco hay motivos para descartar ninguna hipótesis. La virulencia que el conflicto mapuche ha alcanzado en Chile, con incendios frecuentes de propiedades y maquinaria, la muerte violenta de varios comuneros y decenas de mapuches condenados bajo la ley antiterrorista, no permite descartar la presencia de alguna célula que intente trasladar a territorio argentino esa conflictividad. En cualquier caso, lo que se debe evitar es incurrir en la tradicional torpeza de la derecha, que con la excusa de la lucha antiterrorista busca estigmatizar al conjunto de pueblos originarios que ejercen reivindicaciones territoriales. Justamente, la reacción excesiva o desproporcionada puede ser funcional a los intereses de los más violentos.

La Patagonia es una de las regiones más bellas del mundo, bendecida por la naturaleza. Es un espacio geográfico extenso, con baja densidad de población y con una enorme dotación de recursos estratégicos, como el petróleo o el gas, y considerables cantidades de agua dulce. Todas estas circunstancias la sitúan como un espacio geográfico que se presta a ser causa de potenciales conflictos. Conviene no olvidar las enseñanzas de la historia. Texas también era una provincia escasamente poblada, que pertenecía al estado mexicano de Coahuila y Texas. A principios del siglo XIX, se comenzaron a asentar colonos provenientes de los Estados Unidos, que en poco tiempo se convirtieron en la población mayoritaria. En 1835 estalló una revolución dirigida por estos colonos que dio lugar a la formación de la República de Texas. Después de varios intentos fallidos, finalmente el Senado y la Cámara de Diputados de los Estados Unidos aprobaron la anexión de Texas en diciembre de 1845. De este modo, México perdió más de la mitad de su territorio.

 

 

A la vista de estos antecedentes, los partidos políticos argentinos debieran evitar que estos conflictos, que suelen prolongarse a lo largo de mucho tiempo y afectar a gobiernos sucesivos de diferente coloración política, sean utilizados en las luchas partidarias y en las batallas electorales. Es muy tentador para la oposición acusar al gobierno de “connivencia con las acciones terroristas” por el solo hecho de que se actúe con la prudencia y el tacto necesario para evitar incrementar el conflicto. El reduccionismo propio de las visiones maniqueas, a la que es tan afecta la derecha conservadora, conduce inexorablemente a la recaída en lamentables y onerosos errores políticos que deben sobrellevar luego las generaciones futuras.

 

 

 

 

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