Los condenados de la Tierra

 

“Me parece que en lo ambiental hay una gran oportunidad de discutir el modelo de país que queremos” exhorta Tamara Basteiro, subsecretaria de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. La jerarquización de la cartera de Ambiente a rango ministerial en la gestión pública bonaerense cumplió un año de vida. Su institucionalización responde, en gran medida, a la vigorización de la organización social y política en defensa de la Casa Común. También está impulsada por una mayor concientización de la población en torno a las consecuencias del cambio climático, que emergen en forma de fenómenos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor e incendios. Lo que gran parte de la sociedad observaba hasta hace poco como una extravagancia de la agenda onegeísta o un gesto onanista de hippies con OSDE, sobreviene en su carácter de crisis civilizatoria global que pone en riesgo las posibilidades vitales de las grandes mayorías.

Hablar de ambiente es debatir cómo hacemos uso de los bienes naturales, cómo ordenamos el territorio y planificamos la extensión de la superficie urbana, cómo promovemos un desarrollo social sustentable a largo plazo y cómo satisfacemos las necesidades humanas en armonía con el entorno. “Hablar de cambio climático es hablar de los países que se la llevaron toda”, sentencia Basteiro, licenciada en Gestión Ambiental y la primera graduada de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Quilmes. También recuerda que fue Néstor Kirchner quien advirtió, en la X Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en 2004, esta enorme desigualdad entre el Norte y el Sur Global. “Si superponemos el mapa mundial de la pobreza y el endeudamiento financiero de los países con el mapa mundial de la ubicación de las mayores extensiones de activos ambientales que aportan al mantenimiento de la biodiversidad, es fácil advertir su coincidencia”, señaló el entonces Presidente de la Nación. “Del mismo modo, si superponemos el mapa de los acreedores financieros con el de los países que mayor contribución realizan a la degradación que produce el cambio de clima en el mundo, encontraríamos simétricas coincidencias”.

En un tiempo en el que las organizaciones –primordialmente juveniles– engrosan sus filas bajo la consigna de que “no hay justicia climática sin justicia social”, vale la pena traer al presente las palabras de aquel estadista sudamericano que le marcó la cancha a 120 líderes mundiales: “No debemos aceptar la doble moral que significa reclamar a los países en desarrollo el cumplimiento estricto de los compromisos financieros vinculados con la deuda externa, al tiempo que las sociedades más evolucionadas y poderosas evitan el compromiso básico con la preservación de la vida”, afirmó Kirchner, desnudando la hipocresía del discurso green de las grandes potencias. Así puso sobre el tablero global una ficha que el poder real hace denodados esfuerzos en ocultar, en tanto redimensiona la magnitud del saqueo imperial. “Quienes cargamos con deudas de increíble peso en materia financiera somos a la vez los mayores acreedores ambientales en el planeta, en cuanto constituimos una verdadera reserva ambiental que no recibe ningún tipo de compensación por parte de sus deudores ambientales”, enfatizó el ex Presidente. Los acreedores financieros “no admiten hacerse cargo de la deuda ambiental que tienen contraída con los países menos desarrollados”, remató Kirchner hace dos décadas. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia.

La pregunta es, entonces, qué intereses encubren los sectores que intentan caricaturizar la gestión ambiental como si fuese una especie de pasatiempo de funcionarios armando huertas. “Cuando hablás del campo y hablás de los agrotóxicos, estás hablando de cómo producen los sectores concentrados del poder”, repara la responsable de las políticas ambientales bonaerenses. Es apuntar con el dedo a quienes “te regulan los precios”. En fin, es discutir el sistema de distribución de la riqueza en una era en la que, como sintetizó el filósofo Fredric Jameson, “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”.

 

 

 

Lo popular del ambientalismo

Al asumir como ministra de Ambiente de Axel Kicillof, Daniela Vilar especificó que el horizonte que guiaría su gestión sería cimentar un ambientalismo popular que permita el buen vivir de todos los bonaerenses. “Construiremos un consenso ambiental con la gente adentro”, definió, parafraseando a su referente político en La Cámpora, Máximo Kirchner, porque “el principal problema ambiental es la desigualdad y es la pobreza”.

Más de un 80% de los desastres naturales están provocados por factores antropogénicos. Hoy, 2 de abril, se cumplen 10 años del evento meteorológico que azotó a la ciudad de La Plata generando la muerte de al menos 89 personas. Este no ha sido un fenómeno aislado, ya que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), en América del Sur “las inundaciones fueron responsables del 59% de los desastres, el 77% de las vidas perdidas y el 58% de las pérdidas económicas de la región”. La tasa de mortalidad de estas calamidades es proporcional al nivel de desarrollo: en los últimos 50 años, el 91% de las muertes asociadas a catástrofes naturales se produjeron en países de ingresos medios y bajos.

El modelo neoliberal profundiza el deterioro socioambiental. Ese fue el foco de la disertación de Máximo Kirchner en el cierre del plenario “Luche y Vuelve”, realizado en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda a mediados de marzo. Allí vinculó el endeudamiento con la discusión sobre en qué ambiente nos vamos a desarrollar: “El Fondo aprieta, la Argentina cede y nos quieren comprar por baratijas las cosas. Es lo que yo llamo las tres flexibilizaciones a las que nos van a empujar si no se cambia: flexibilización laboral, flexibilización impositiva y flexibilización de las normas ambientales para poder dañar y así acumular más grandes ganancias a costa de nuestro territorio”.

Basteiro, quien además es consejera directiva de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) por la provincia de Buenos Aires, destaca la productividad del concepto de “flexibilización ambiental” para confrontar con las perspectivas que pretenden escindir la cuestión ambiental de las decisiones de política económica. Por ejemplo, considera que no se puede discutir la problemática de los residuos como algo aislado. “Porque sí, el residuo contamina. Pero también hay gente que vive en basurales a cielo abierto y tienen plomo en sangre, o que busca su recurso económico para vivir sin ningún tipo de protección o elementos de seguridad”.

Para diseñar una política ambiental que realmente beneficie a los sectores populares no basta con horrorizarse con el plástico tirado en la calle. Karl Marx decía que “el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, de la cabeza hasta los pies”. Las mercancías (como la computadora o el celular a través de la cual están leyendo este artículo) se convierten en fetiche y encubren de manera eficaz la historia de hambre y explotación de todos los obreros necesarios para construirla. En esta etapa del capitalismo, la militancia ambiental debe ser precavida ante la tendencia del residuo a fetichizarse, porque detrás de las tapitas de gaseosa reutilizables está el sudor de miles de compatriotas. Entonces, lo que hay que preguntarse, dice Basteiro, es: “¿Cuál es el circuito de ese residuo? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Quién vive de ese residuo? ¿Cómo vive? ¿Cómo mejoramos su condición de vida?”.

 

 

 

 

En Pehuajó, el intendente Pablo Zurro inauguró el miércoles pasado, junto al gobernador Kicillof, un Complejo Ambiental en un predio que durante 35 años fue uno de los 81 basurales a cielo abierto que tiene la Provincia. Acampando en el lugar, el jefe comunal aprovechó para recomendar la lectura de Los profetas del odio y la yapa, de Arturo Jauretche.

 

 

 

La madre de todas las batallas

Los humedales son paisajes donde la injusticia urbana alcanza su máxima expresión. Sobre ellos se asientan barrios privados que desvían el curso natural de ríos y arroyos para embellecer sus jardines. En estos lotes, erigidos sobre modernos terraplenes, los propietarios pueden avistar sus embarcaciones de lujo desde la comodidad de su living a costa de inundar las barriadas aledañas, como consecuencia de la disminución de la superficie de absorción generada por este insolente movimiento de suelo. La manipulación de los reservorios de agua dulce para la complacencia de unos pocos se traduce en la destrucción de los escasos bienes –y, quizá, hasta en la pérdida de la vida– de las mayorías vulnerables. En esos territorios, la disputa de poder es tan encarnizada “que hace años que la sociedad civil pelea por una ley y la ley no sale… Siempre se frena en alguna instancia”, analiza Basteiro.

 

 

 

 

 

La desigualdad también se verifica en el acceso al goce de las áreas de patrimonio natural, histórico y cultural. Por caso, en la zona periurbana norte de la ciudad de La Plata hay más de 10.000 hectáreas de reservas naturales –pulmón verde para el buen respirar de la población de mayor poder adquisitivo de la región–, mientras que en el periurbano sur no hay ni una sola hectárea destinada a la promoción recreativo-ambiental de sus habitantes.

El ordenamiento territorial y la definición de los usos del suelo son responsabilidad primaria de la esfera municipal, según lo indica el decreto-ley 8.912/77 de la Provincia de Buenos Aires. Con este instrumento, los 135 distritos bonaerenses tienen la potestad de definir la zonificación, la ocupación y subdivisión del suelo y sus niveles de infraestructura. La ley provincial de Bosques Nativos, sancionada en 2016, estableció presupuestos mínimos para el manejo sostenible de estos ecosistemas y empoderó al Estado provincial con una herramienta capaz de restringir determinados usos. La subsecretaria de Política Ambiental explica que la regulación no tuvo ningún tipo de avance hasta el año pasado, cuando se convocó a privados tenedores de tierra a presentar planes de conservación que serán financiados por el Estado provincial, y valoró que más allá de la fiscalización y el control se haya creado una política de incentivos que enfrente de manera realista el desmonte ilegal. Hay que hacer algo con esa persona que compró un terreno, que “tiene una necesidad, necesita vivir”. Sin embargo, “el derecho al bien común va por arriba de todos los derechos”, pondera.

“Si hubiera una Ley de Humedales, tendría un esquema similar”, visualiza Basteiro. Acto seguido, recapitula: “La realidad es que el ordenamiento del territorio es la discusión madre para mí, porque ahí entran todos los ecosistemas, entra la biodiversidad, entra dónde vas a poner las industrias y dónde vas a poner la zona residencial”.

 

 

 

Letal

En la última década, casi el 70% de los 1.733 asesinatos de defensores del ambiente se registraron en nuestro continente, según lo reportado por Global Witness. En nuestro país, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel discutieron el ordenamiento territorial e incomodaron los intereses privados de quienes pretenden acaparar los bienes comunes de la Tierra, y eso les costó la vida. Si alguien no quiere oír, seguro que es un gringo o un dueño de este país. En voz de Daniel Viglietti: “Yo pregunto a los presentes / si no se han puesto a pensar / que esta tierra es de nosotros / y no del que tenga más”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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