LOS CINCO PROBLEMAS DEL ACUERDO

 

El acuerdo con el FMI es incumplible porque la economía argentina sólo crece sostenidamente si lo hace en base a su mercado interno, y para ello se requiere redistribuir el ingreso a favor de la población y no, como plantea el acuerdo, propiciar a como dé lugar la venta al exterior de productos primarios, incluso con algún grado de industrialización, que no genera trabajo y menos trabajo de calidad.

¿Cuántas horas de labor requiere exportar por año más de 37 millones de toneladas de maíz en grano, o 14 millones de toneladas de trigo, o un millón de toneladas de carne? A lo que debe sumarse la exportación de minerales, de petróleo y gas, rubros muy concentrados en pocas empresas, además del riesgo ambiental que implica su producción en nuestro país, donde no se toman las mismas medidas de seguridad que en las sociedades desarrolladas.

Sin saber quiénes compraron los 45.000 millones de dólares que le prestó el FMI al gobierno de Mauricio Macri [1], se aprueba en la Cámara de Diputados el plan de pagos en que, con ahorro argentino, se abonan los intereses, y el capital se renueva con un nuevo préstamo de ese organismo internacional a diez años de plazo, con cuatro años de gracia, de manera tal que cumpliendo con todos los requerimientos la deuda se terminaría de cancelar en 2034.

Vistos los memorándum de Entendimiento Técnico y de Políticas Económicas y Financieras del FMI queda claro que disminuyen los subsidios energéticos y al transporte, y que al revés de lo que afirma la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, su objetivo no es limitar el proceso inflacionario en la Argentina sino que por el contrario se propicia el aumento generalizado de precios, sobre todo de alimentos, agravado incluso por el conflicto Ucrania-Rusia, que los grandes empresarios productores, acopiadores y comercializadores trasladan al país (sin tener en cuenta el costo interno sino el precio internacional) como lo demuestran el precio de la carne, del maíz y del trigo en la Argentina en estos días.

 

 

Primer problema: la inflación

El aumento generalizado de los precios es buscado y es consecuencia del acuerdo con el FMI. La transferencia de ingresos de asalariados, jubilados y pensionados y todos los ligados al mercado interno (industria, comercio, construcción, etc.) y el ajuste fiscal se producen por el aumento de precios, que disminuye la capacidad adquisitiva de la población. Favorece a la administración pública, que recauda nominalmente más impuestos (en la administración nacional el IVA, impuesto al combustible, impuestos internos, al débito y crédito bancario, etc.; en las provincias el impuesto a los ingresos brutos esencialmente, sellos y otros, todos ellos atados a los precios), mientras no se incrementan en igual medida las jubilaciones y pensiones.

En la Administración Nacional el gasto más importante es el pago previsional, que representó el 43% de su presupuesto total en 2021. Se trata de 7.100.000 beneficiarios, de los cuales más del 50% perciben la jubilación mínima o en torno a la mínima (32.460 pesos para marzo de 2022) aunque hay 612 jueces que perciben más de un millón de pesos de jubilación mensual, haberes que no se ajustan por inflación.

También los salarios se deterioran por el aumento generalizado de precios, esencialmente de los alimentos, redistribuyendo ingresos a favor de los remarcadores (las grandes empresas que producen y comercian). En síntesis, se abarata la mano de obra medida en dólares, porque el dólar –y lo confirmó el presidente del Banco Central– acompañará la evolución de la inflación para preservar la capacidad adquisitiva de las divisas (no la de los salarios y jubilaciones y pensiones).

 

 

Segundo problema: el capital financiero

En 2022 ingresan más fondos del FMI que los vencimientos de capital que se deben pagar; en 2023 y 2024, en cambio, el aporte del FMI es menor que los vencimientos. En efecto, en marzo ingresa la suma de 7.000 millones de DEG (unos 9.800 millones de dólares), de los cuales 2.800 millones son para pagar la tercera cuota de capital de la deuda con el mismo FMI; otros 630 millones para pagarle intereses al FMI en abril y unos 500 millones para pagarle al Club de París. La diferencia, unos 5.870 millones de dólares, se emplearán para reconstruir el mercado de capitales, que es como eufemísticamente nombran al hecho de generar nuevos títulos de deuda nacional en dólares para permitir que Franklin Templeton, PIMCO y otros fondos de inversión que tienen acreencias en títulos en pesos [2] puedan convertirlos en dólares y volverlos a fugar.

El ministro Martín Guzmán, al exponer el lunes 7 ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, negó que esto fuera así: afirmó que el crédito era en DEG y que su conversión debería ser autorizada por el FMI, como si ello fuera un gran impedimento, negando el accionar del FMI que le prestó al gobierno de Macri en pleno proceso de fuga de capitales (cosa que teóricamente prohíbe su propio estatuto constitutivo), y negando la influencia que tienen los fondos de inversión sobre el organismo internacional, que es fácilmente demostrable en todos los países del mundo y en particular en la Argentina. Este acuerdo y esta medida garantizan especialmente la salida de capitales de los fondos que se quieran ir.

En 2022 vencen cuotas de capital con el FMI por 19.620 millones de dólares y se tiene previsto que el crédito del FMI va a ser (cumpliendo todas las metas trimestrales del año en curso) de 24.620 millones. Pero en 2023 vencen cuotas de capital por 18.815 millones de dólares e ingresan fondos del FMI por 16.615 millones de dólares. Y en 2024 vence capital por 4.700 millones e ingresan recursos por 1.100 millones de dólares.

Es obvio que el escalonamiento de desembolsos apunta, en su lógica financiera, a asegurar la salida y con ello la posible entrada de capitales, que es como creen que se puede financiar el Tesoro de la Nación y de esa manera reemplazar el financiamiento por el Banco Central, que en 2021 fue del 3,7% del PIB (en pesos pero equivalente al tipo de cambio oficial a 15.400 millones de dólares) mientras este año sólo le permiten financiarse por el 1% del PIB (unos 4.116 millones de dólares).

Los números no cierran por ningún lado, pero ni al gobierno ni mucho menos al FMI pareciera importarle.

 

 

Tercer problema: suba de la tasa de interés

El objetivo monetario es que la tasa de interés real sea mayor que la inflación y la devaluación del tipo de cambio. Esto es, recrean la bicicleta financiera (carry trade) porque su lógica es que, para que no se pasen a dólares, la retribución en pesos debe ser más redituable que comprar divisas. Con la tasa de interés positiva confiscan el capital de las empresas endeudadas en pesos, que incluso lo hacen porque no pueden vender (conservan un stock mayor que el necesario) ante el cada vez menor mercado interno por la inflación (que reduce la capacidad adquisitiva a la población).

A su vez perjudica a todos los que tienen deuda en pesos e imposibilita tomar crédito para refacciones o compra de bienes durables.

Con la suba de la tasa de interés se garantiza la ganancia de los bancos, sobre todos los nueve bancos privados [3], que tienen al mayor volumen de depósitos y que son también los mayores poseedores de Letras de Liquidez del BCRA (LELIQs), Notas de Liquidez (NOTALIQs) y otras inmovilizaciones (pases pasivos) que suman 4,7 billones de pesos a la fecha.

El perjudicado es también el Banco Central, que deberá pagar un interés mayor por las inmovilizaciones referidas (una tasa de interés cada vez mayor sobre los 4,7 billones de pesos) que torna un déficit cuasi fiscal o del Banco Central que es impagable.

 

 

Cuarto problema: los recursos naturales

Como las metas que se acuerdan con el FMI finalmente no se van a poder cumplir, se promociona  cuando no lo necesitan a empresas hidrocarburíferas y mineras (a costa del ingreso del Estado), o se apunta a las exportaciones de bienes –que alcanzaron los 77.900 millones de dólares en 2021 impulsadas por los precios y por las cantidades (la soja, el maíz, el trigo y sus derivados tienen precios récord en los mercados internacionales), con récords en el país de producción de maíz, de trigo y de cebada– pero nada se dice sobre cómo impacta en los precios de esos productos (pensemos en el precio del pan, la harina, etc.) en el mercado interno, por un lado, y tampoco del impacto ambiental que tienen esas producciones y actividades.

Las medidas anunciadas como paliativas de la persistente suba de los precios de alimentos (economía familiar, cooperativas alimenticias, etc.) son como una aspirina para un enfermo terminal, cuando se deberían aumentar fuertemente los derechos de exportación (retenciones), poner cupos de exportación a la carne, al maíz y al trigo y controlar férreamente el valor del dólar.

Si la hiperinflación de 1989 y 1990 se logró frenar malvendiendo las empresas públicas (YPF, SOMISA, ELMA, SEGBA, FFCC, Aerolíneas Argentinas, etc.), ahora vienen por el litio y los minerales raros de nuestra puna, por el gas que quieren sacar a 6.000 metros bajo del nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense; por el petróleo de San Carlos en Mendoza; por el hierro y la plata de la meseta de Chubut; por el oro y el cobre de Famatina en La Rioja y de Agua Rica en Catamarca, cuyos pueblos con justa razón se oponen. Buscan seguir súper explotando el Río Paraná, sin respetar nuestro suelo con cultivos transgénicos, talado de bosques y hasta incendio de campos.

 

 

Quinto problema: pobreza y exclusión social

En una sociedad con altísimos niveles de pobreza, desocupación y exclusión social, aplicar las medidas propuestas por el FMI implica el riesgo de agravarlos hasta un punto de no retorno, generando a su vez un conflicto social inminente.

Lo único que garantiza el acuerdo con el FMI es que la mayoría de los jubilados y pensionados van a cobrar la miseria que cobran ahora y aún menos hasta 2034. Y que a los asalariados les va a costar más conseguir empleo y cada vez recibirán una remuneración menor en términos de poder adquisitivo.

 

 

En síntesis

El país ya ha vivido las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. No fue fácil pero, con un alto costo de sangre inocente, se consiguió finalmente tener un gobierno que defendió el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. La Argentina se puso de pie, crecía en forma sustentable y redistribuía ingreso en forma progresiva. El poder económico pareciera no temer que este proceso se repita y, lo que es peor, sin Néstor Kirchner. Cuando se enciende el fuego sin control, se corre el peligro de quemarse en la hoguera.

 

 

 

 

[1] Recién el 3 de marzo 2022 la jueza María Eugenia Capuchetti releva al Banco Central del secreto bancario –de la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977– para que dé a conocer los nombres de los principales compradores de dólares desde que se firmó el acuerdo con el FMI en junio de 2018.

[2] Las estimaciones extraoficiales dicen que poseen títulos por el equivalente a unos 4.000 millones de dólares.

[3] Bancos Santander-Río, Galicia, Bilbao Vizcaya, Macro (en estos cuatro bancos tiene participación Black Rock), Credicoop, Citi, Patagonia, HSBC, Supervielle.

 

 

 

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