Los campesinos no existimos

 

Detrás de los discursos de seguridad alimentaria y agricultura sostenible, las discusiones en el G20 sobre agricultura se plantean fundamentalmente el libre comercio y el fin de las barreras arancelarias. Quien lo expresó claramente en la reunión de ministros de agricultura fue Julia Klöckner, ministra federal de Alimentos y Agricultura de Alemania, acompañada por el ahora secretario de Agroindustria de Argentina y ex presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere.

En lo que respecta a las discusiones y propuestas sobre agricultura, participaron como “sociedad civil” un grupo de afinidad presidido por Luis Pagani (Arcor) e integrado por representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luigi Bosca, Cepas Argentinas SA, Carozzi (Chile), Coca-Cola, Danone, PepsiCo y Unilever. CREA, Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) .

Los intereses de la agricultura familiar y de las economías regionales populares no tuvieron ningún tipo de representación en las propuestas del gobierno de Argentina.

¿Es libre mercado lo que nos conduciría al desarrollo sostenible? ¿Significa una posibilidad para la Argentina?

En primer lugar no existe en el contexto actual un posible libre mercado, y en segundo lugar existen enormes disparidades entre las economías, producto entre otras cosas de largos años de proteccionismo, fundamentalmente de EE.UU. y la Unión Europea a sus sistemas agrícolas.

La agricultura estadounidense de la mano de la ley agrícola (farm bill) ha estado subsidiada con un promedio de $25.000 millones de dolares anuales y según la Oficina de Presupuesto del Congreso se proyectan alrededor de 199.000 millones de dolares destinados a la agricultura estadounidense para los próximos 10 años.

En el caso de la PAC ( Política Agrícola Común de la Unión Europea), los subsidios a la agricultura de 2014-2020, superan los 308.000 millones de euros; el presupuesto promedio / año para los subsidios, es de más de 44.000 millones de euros.

Ademas, en muchos países el trabajo precarizado e incluso esclavo reduce los costos de los productos agrícolas, no siendo esta una variable aceptada en el marco de un proyecto que se pretenda inclusivo.

Por esto es muy difícil que la producción de nuestras economías regionales presente alguna chance de competitividad bajo esas reglas, y sobre todo después de que el gobierno de Cambiemos eliminó todo tipo de subsidios a tarifas y dolarizó los precios de los combustibles.

A esto se suma el predominio de las corporaciones transnacionales, que controlan gran parte del mercado global de agroquímicos y semillas, así como de la infraestructura de transporte y carga.

El proyecto de ley de semillas que pretende aprobar el oficialismo cambiemita va en dirección a favorecer ese dominio extranjero y corporativo.

En la actualidad Argentina ni siquiera cuenta con un ministerio de Agricultura, y las economías regionales y las miles de familias de pequeños productores y agricultores familiares no cuentan con ningún tipo de incentivo estatal.

Mas allá de los acuerdos posibles del G20, lo cierto es que el macrismo abrió la importación de productos agropecuarios deliberadamente. Los impactos en las provincias han sido desastrosos. Como señalamos, no es posible competir frente a siderales subsidios.

Los productores de cerdos, uva, manzanas y tomate, entre otros, sufrieron en carne propia estos embates, con consecuencias que aun no podremos cuantificar, asociado a las disparidades dentro de cada cadena, en la que Argentina también tiene estructuras monopólicas de los sectores industriales que trasladan todos los costos a los productores.

Por ejemplo, respecto del vino, en 2015 se importaron 1283 hectolitros, en 2016 lo importado se incrementó a 91.443 hectolitros y en 2017 llegamos a 810.104 hectolitros, estancando definitivamente el precio de la uva que se le paga al productor, al cual le subieron todos los costos. Además, solo cerca de un 20% del vino se exporta, es decir el mercado principal del vino es el interno.

Respecto al tomate entero pelado, en 2015 la cantidad de kilos importados fue de 335.667, en 2016 aumentó exponencialmente a los 3.593.869 mientras que en 2017 ingresaron 10.302.124 kilos. Recientemente se oficializó la quiebra de ALCO-Canale, que industrializaba tomate en Argentina

Situaciones similares ocurren con los cerdos, las manzanas y otros productos de las economías regionales.

Desde la perspectiva de un proyecto para las mayorías, la agricultura tiene fundamentalmente el rol de producción y abastecimiento de alimentos saludables y suficientes para garantizar la soberanía alimentaria y la generación de trabajo de calidad, en un marco de sostenibilidad ambiental y ecológico y el arraigo de la población en todo el territorio nacional con ingresos adecuados para un modo de vida digno.

Si bien es cierto que la Pampa Húmeda tiene una posibilidad de renta diferencial por sus condiciones y es un potencial factor de ingreso de divisas al país, esto no puede condicionar toda la política agraria del país. Además, la desregulación generalizada que impulsó Cambiemos sumada a la significativa baja de las retenciones, hace que la socialización de divisas de ese sector sea ínfima dado que esta región esta altamente concentrada y bajo un esquema de subordinación a las trasnacionales, por lo que una gran parte de esas divisas en realidad ni siquiera ingresa al país. Es por esto que ese argumento no puede ser suficiente para que en base a un pequeño sector con condiciones de exportación competitiva y alta rentabilidad se castigue a la gran masa de agricultores familiares y campesinos que producen para el mercado interno y generan mas del 60% del trabajo rural con tan solo el 18% de la tierra agrícola del país.

Por otro lado, diversos estudios estiman que cerca del 50% de las emisiones de gases con efecto invernadero provienen de la agricultura industrial, siendo esta forma corporativa de altos insumos de derivados de hidrocarburos uno de los principales causas del cambio climático: ¿no debiera ser entonces una preocupación del G20 fomentar una agricultura amigable con el ambiente? ¿No es acaso la mitigación de la crisis climática uno de los Objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible?

Conociendo además que la agricultura campesina con tan solo el 25% de las tierras agrícolas alimenta al 70% de la población mundial: ¿no debería ser central en la discusión de agricultura cómo fortalecer y proteger al sector que puede terminar con la crisis alimentaria? De hecho, por recomendación de la FAO la propia asamblea general de Naciones Unidas estableció el próximo decenio como la “Década de la Agricultura Familiar”. Y la tercera comisión de la asamblea general de Naciones Unidas aprobó la adopción de la Declaración de los Derechos Campesinos el pasado 19 de noviembre (el gobierno argentino vergonzosamente se abstuvo, dando la espalda a toda una tradición a favor de los DD.HH. en la ONU).

Es claro que las discusiones e intensiones que promueve tgran parte del G20  y particularmente el gobierno de los CEOs van a conramano de los intereses de las mayorías; es más, van a contramano del futuro bienestar de la humanidad. Un proyecto nacional y popular deberá retomar la política agraria con un fuerte protagonismo del Estado en la protección del mercado interno y en la intervención de las cadenas agroalimentarias de manera de socializar la renta agraria y desarrollar la industria nacional, generar trabajo digno y garantizar la soberanía alimentaria.

Publicado en InfoNews

 

* Diego Montón es titular del Movimiento Nacional Campesino Indígena  
Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de Vía Campesina.

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