Los blues del 4 de julio

 

Históricamente los gobiernos conservadores han tomado a las provincias como apéndice del poder central y por ende del sistema de acumulación del capital y de distribución de las riquezas bajo la estricta lógica del mercado mundial. En una economía abierta como la nuestra, donde existen grandes operadores (tanto para la compra como para la venta), los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los factores de producción (trabajo, máquinas y equipos, insumos, energía, etc.) quedan determinados por los capitales más importantes. La única lógica que conocen los capitales es la de generar la mayor tasa de ganancia en el menor tiempo posible, por ende se supedita lo que vamos a producir, cómo, de qué modo, cómo juega en ello nuestra fuerza de trabajo, nuestra inserción en el mundo, nuestro presente y nuestro futuro (e incluso la lectura del pasado) en esa lógica primaria, donde la primacía la determinan esos grandes capitales que solo permanecen en el país si se les asegura el cumplimiento estricto de la maximización de la ganancia y la minimización de los costos. De allí la confianza de los mercados y la seguridad jurídica que propician.

En esa lógica la tasa de interés y el valor del dólar y la relación entre esas dos variables es decisiva y fundamental. Sólo se emprenden aquellos proyectos de inversión que superen la tasa de interés (con lo que se supedita la economía real a la financiera), tasa que se convierte y ajusta con el tipo de cambio. Esto se agrava porque la tasa de interés de la deuda es mayor que la tasa de crecimiento de la economía en dólares (máxime cuando nos encontramos en recesión, que asegura la caída del PIB). De este modo es inexorable el crecimiento del peso de la deuda sobre el PBI. El alegre endeudamiento en que incurre el gobierno debe pagarse con un PIB que desciende. Sin proyectos de balance comercial positivo no se puede pagar la deuda ni las importaciones necesarias, con lo que el modelo es insustentable, dura mientras se pueda seguir tomando deuda, recursos con lo que se hace frente a los servicios de la misma que es por la propia lógica, cada vez mayor y más asfixiante.

En lugar de industrializar para generar trabajo y mejorar la productividad, vamos a una creciente concentración y extranjerización de la economía, grandes empresas que tienen una estrategia propia que no coincide (y no tiene por qué hacerlo) con los intereses de desarrollo y sustentabilidad del país. Con una mirada de muy corto plazo y esencialmente especulativa, se posicionan en divisas y especulan hasta que se produzca el derrape cambiario. Al mismo tiempo, una estructura de pequeñas y medianas empresas, dependientes de uno u otro sector del gran capital, que en conjunto muestran clara incapacidad para desarrollar las fuerzas productivas, integrar la producción creando los eslabones faltantes, no tienen ni pueden tener una estrategia común de desarrollo y de transformación social. Este proceso también lo sufren ahora grandes empresas nacionales. Que lo diga Paolo Rocca, presidente de Techint, que en 2015 afirmaba; “En 2018, la Argentina va a ser un país muy distinto del que es hoy. Somos optimistas”, y el viernes compareció ante el juez Bonadío. Nadie ignora que las empresas extranjeras del rubro pretenden arrebatarle su participación en Vaca Muerta 

Esa es la razón que explica y fundamenta las consecuencias de una cada vez mayor centralización, concentración y extranjerización de la economía asrgentina, donde todo aquello que no se integre a bajo costo al mercado internacional será relegado a un rol cada vez más secundario, profundizando la verdadera brecha entre la minoría que aprovechando las ventajas naturales de la posesión de la tierra más fértil del mundo y el rico subsuelo, puede vender (y comprar), y la situación cada vez más ruinosa de las economías crecientemente vegetativas de las regiones y del resto de  la población.

 

El consenso y la responsabilidad fiscal

La dependencia y debilidad de los gobiernos provinciales es doble, por un lado, supeditados al gobierno nacional, tanto en la distribución de los recursos coparticipables como en las transferencias corrientes y de capital que la Nación decida que se debe hacer en tal lugar físico (que pertenece a las provincias). Y, por otra parte, las provincias son incapaces de cobrar tributos a los sectores más ricos, como deja en evidencia que el total del Impuesto Inmobiliario Rural cobrado en todo el país representa menos del 0,2% del PIB pese a que la Argentina cuenta con recursos naturales y técnicos que producen el mayor rinde por hectáreas de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, etc.),.

El caso de la Provincia de Buenos Aires es claro:

 

RECAUDACION ACUMULADA HASTA JULIO
	2018	Porcentaje	2017	Porcentaje
IMPUESTOS
INMOBILIARIO TOTAL	14.657	9,50%	10.104	8,26%
INMOBILIARIO RURAL	3.686	2,40%	2.896	2,37%
SELLOS	14.294	9,31%	11.478	9,38%
AUTOMOTORES	15.872	10,33%	13.302	10,87%
INGRESOS BRUTOS	101.269	65,92%	82.621	67,55%
TOTAL DE LA RECAUDACION	153.624		122.320
Nota: En millones de pesos
Fuente: ARBA  Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

 

En la tierra más fértil del país y tal vez del mundo, los que pagan el impuesto inmobiliario rural lo hicieron solo por el 2,40% y el 2,37% del total de la recaudación tributaria en el acumulado de los primeros siete meses de este año y del año pasado respectivamente. El mayor ingreso tributario de las provincias es el Impuesto a los Ingresos Brutos que es un impuesto al consumo (es un impuesto indirecto que se traslada y lo paga el consumidor final) y representa las dos terceras partes de la recaudación.

En ese marco las provincias (menos San Luis) firmaron con la Nación un acuerdo donde se comprometen para reducir la “presión tributaria”, a disminuir y hasta eliminar desde 2020 la alícuota de sus dos principales impuestos, IIBB (que repetimos es su principal ingreso propio) y Sellos. Y todavía es peor en el Impuesto a los Sellos, donde se fija una alícuota máxima de 0,75% para el año 2019, del 0,5% para el 2010, del 0,21% para el 2021 hasta eliminar el gravamen desde el  1° de enero de 2022

El dislate de lo firmado no se compensa ni mínimamente por los compromisos asumidos por la Nación, que principalmente es la eliminación del artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, cuyo 20% de la recaudación total se destinaba a la ANSES y ahora lo reciben las provincias (para este año 2018 se estima en unos $ 104.000 millones) y eso hace que a su vez, el gobierno nacional cambie la fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones para tratar de pagar menos y de esa forma aminorar para las cuentas del Tesoro de la Nación el costo de esa transferencia.

Si observamos la estructura tributaria nacional, los impuestos que gravan consumo, ganancia y bienes patrimoniales, según proyecta el gobierno nacional para 2019 (y que es similar a la estructura vigente), las dos terceras partes son gravámenes al consumo, donde solamente el IVA representa el 7,82% del PIB. En cambio el impuesto a las Ganancias (que pagan cada vez más trabajadores) es el 4,90% del PIB;  y Bienes Personales (patrimonio) representa el 0,14% del PIB, por ende es el consumo, que va a descender fuertemente este año y el próximo por las políticas contractivas del gobierno de Cambiemos, el principal soporte impositivo del país, tanto para el gobierno nacional como para las provincias (por la coparticipación federal de impuestos), y en cambio es ínfimo el impuesto al patrimonio. (En la Nación: Bienes Personales y en las Provincias el Impuesto Inmobiliario y a la patente automotor.)

Ante un sistema tributario sumamente regresivo, que alimenta excedentes para comprar dólares y fugarlos y a la vez una amplia franja de la población no le alcanza para llegar a fin de mes, la Nación le impone severas condiciones a las Provincias en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2019, y sin embargo, como si fuera el síndrome de Estocolmo, la gran mayoría de las provincias a través de sus diputados y senadores, aseguran su aprobación.

 

El acuerdo presupuestario con las provincias

En un marco en que no se sabe cómo hará la Argentina para cumplir el pago de las obligaciones externas en 2020 y qué continuidad política habrá después de las elecciones (que le garantice al FMI y a los tenedores de títulos que no se va a reestructurar la deuda), el gobierno nacional le impone a las provincias un proyecto de ley de Presupuesto para el año 2019 que tiene como única prioridad generar los excedentes para cumplir con los compromisos de deuda

Ley que de acuerdo al Programa Financiero del Gobierno de Cambiemos para 2019, se propone alcanzar un déficit primario de cero, pero los intereses pasan a ser del 3,3% del PIB (estimado con el FMI en 459.236 millones de dólares) con lo que asciende a una deuda por déficit fiscal de 15.155 millones, que teóricamente (y habría que ver si es así o los intereses no son mayores) sería refinanciado por el FMI.

Por lo tanto, para obtener un déficit fiscal primario cero, traslada a las provincias parte del gasto al tiempo que les resta parte de los ingresos [1]:

1°) Al eliminar desde el 1° de septiembre de 2018 el Fondo Federal Solidario, por el que se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación al poroto, aceite y harinas de soja, que el mismo gobierno de Cambiemos estima un “ahorro” para la Administración Nacional de 8.500 millones de pesos para lo que resta del año y de 25.000 millones para 2019. A partir de 2008 esos recursos se destinaron a obras en todas las provincias y en más de 5.000 municipios.

2°) También plantea el acuerdo con el FMI que las provincias que están recibiendo la restitución del 15% del porcentaje de la coparticipación (de los Pactos Federales I y II de los años 1992 y 1993, que se eliminó por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2015), que representa unos $ 150.000 millones anuales, sean parcialmente utilizados en reemplazo de los subsidios al transporte, que representaron en 2018 unos $ 100.000 millones (de los cuales unos $ 25.000 millones corresponden al servicio ferroviario y los restantes $ 75.000 millones a colectivos).

3°) Las transferencias no automáticas (partidas de dinero para hacer frente a gastos educativos, de salud, de asistencia social y hasta de capital para obras y viviendas) de la Nación a las provincias se frenaron fuertemente este año 2018 y lo mismo va a suceder en 2019 donde cuentan con un muy menor presupuesto.

 

En busca de un por qué

La pregunta obligada es por qué aprobarían el Presupuesto 2019 las provincias que no tienen ningún apoyo fundamental de la Nación y encima les asignan gastos que mal o bien venía realizando el gobierno nacional. Si no les van a dar más partidas para obras que las que restringidamente presenta el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2019, todo ello inserto en una economía recesiva, con altas tarifas y tasas de interés que ocasionan menor nivel de actividad, suspensión de tareas y hasta cierre de establecimientos y despido de personal, ¿cuál es la razón para que las provincias acepten firmar un acuerdo previo con el Ministerio de Interior, resignándose a las severas condiciones impuestas por el gobierno de Cambiemos?

Y la respuesta tiene un aspecto formal: la Nación las amenaza con suspender la devolución del 15% de la masa de coparticipación de los Pactos Federales I y II; e incluso con frenar, como hizo este año, las austeras partidas presupuestarias para gastos corrientes y de capital de 2019; con no autorizarles tomar deuda en el exterior; y con desatender los permanentes reclamos cubiertos y encubiertos que las provincias consuetudinariamente le hacen al gobierno nacional. Pero también hay un aspecto informal: los gobernadores saben que este Presupuesto fue aprobado antes por el FMI y, no son pocos los que se llegan a Buenos Aires los 4 de julio para saludar al embajador.

Finalmente nada es gratis. Así como el FMI le impone y sujeta a condiciones al gobierno de Cambiemos, dicho gobierno hace lo mismo con los de las provincias. La Adenda que se firma de acuerdo con los lineamiento impuestos por la Nación, tiene una cláusula principal: que se ejecute un plan de retiro del personal público, que lo va a financiar la Nación, una deuda que las provincias podrán pagar en su medida y armoniosamente, como el país y su gente le va a pagar los 57.100 millones de dólares al FMI.

Ni Bartolomé Mitre lo hubiera hecho mejor. Y hay siderales diferencias intelectuales entre Mitre y Macri, y entre el FMI y el Foreign Office del Imperio ingles.

 

 

 

[1] Finamente tras las conversaciones con los ministros de hacienda de las provincias se suspendió el traspaso de la tarifa social para el servicio eléctrico (Resolución 122/2018 que establecía que, a partir del 1 de enero de 2019, el financiamiento del régimen de Tarifa Social de electricidad pasaba a estar a cargo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires).

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