Los atributos de la voluntad

 

En su discurso de asunción, el Presidente Alberto Fernández convocó a la construcción de un nuevo contrato de ciudadanía social, fraterno y solidario. Solidario, dijo, porque en esta emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. Caracterizó a estos valores constituyentes del nuevo contrato como portadores del espíritu de época que se inaugura con el nuevo gobierno, mientras llamó a caminar con dignidad, rumbo al desarrollo con justicia social. Un espíritu que evoca a Rousseau, quien en Contrato Social expresó que “la voluntad particular tiende, por su naturaleza, al privilegio, y la voluntad general a la igualdad”.

El inicio del discurso enunciando los valores del nuevo tiempo es una definición que le da a la actual sucesión un significado que difiere de la habitual referencia a “un cambio de administración en la alternancia”, sino que expone un cambio de régimen, no sólo en la economía sino en la concepción de la política, en el tipo de lazo social.

Hay un objetivo que subyace en lo sustancial de este comienzo del discurso que es el “nunca más al neoliberalismo”. Wendy Brown en Un pueblo sin atributos lo describe como el proyecto del abandono completo del dominio individual o colectivo de la existencia. Es un paradigma en el cual no hay alternativa frente a cualquier problema respecto a una única solución posible: “Más mercados, mercados completos, mercados más perfectos, mayor financiarización, nuevas tecnologías, nuevas maneras de monetizar. Cualquier cosa excepto la toma humana de decisiones colaborativas y contestatarias, el control sobre las condiciones de existencia, la planeación para el futuro. Cualquier cosa excepto las construcciones deliberadas de la existencia a través de la discusión democrática, la ley o las políticas”. Inversamente, Fernández en su discurso expresa su convicción de la política como herramienta de la transformación económica y social. Nuevamente merece la evocación de Rousseau, quien definía en el texto citado: “Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que desea y puede alcanzar; lo que gana es la libertad civil… Hay que distinguir la libertad natural, cuyos únicos límites son la fuerza del individuo, de la libertad civil que está limitada por la voluntad general”.

El discurso del 10 de diciembre anuncia un Estado presente, constructor de la justicia social. Afirma que la economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. Estos ámbitos no resultan del juego espontáneo de los mercados. No son construcciones que devienen de la marcha por “el único camino”, sino que son fruto y conquista de la voluntad consciente de la vida del pueblo, muchas veces de sectores marginados de la economía formal por la selectividad mercantil.

La cultura del trabajo, dice Fernández, se garantiza creando empleos formales con todos los beneficios de la seguridad social. En oposición al discurso del CEO-Presidente del tercer período neoliberal, que creaba expectativas en la generación de puestos formales, sobre la base de la espontaneidad de los mercados a partir de la “flexibilización” del régimen laboral, y se valía del eufemismo del emprendedor para encubrir la precarización de los contratos de trabajo. Encubrimiento que aspiraba a destruir la conciencia de la clase trabajadora y, en consecuencia, a debilitar su potencia para defender su nivel de vida alcanzado.

La única solución posible reconocida por el neoliberalismo condujo a lo que Fernández describió como “aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas”.

El concepto de ciudadanización de la democracia que propuso el Presidente recupera una sustancia que necesita sobreponerse a la lógica de mercado, en la que los candidatos compiten frente un electorado reducido a la condición de consumidores pasivos de opciones para el voto.

Los objetivos expuestos por el Presidente explicitan el compromiso por los Derechos Humanos. Los lineamientos que el miércoles pasado expusiera Martín Guzmán, en sus primeras definiciones como ministro, revelan ese compromiso. El enfoque frente a la deuda reafirma que no habrá más ajuste para su pago, que la meta fijada es frenar la caída recesiva de la economía y que la voluntad de pagar se convertirá en posibilidad con el crecimiento económico y el aumento de las exportaciones. A pesar de la condición frágil de la economía, el ministro anunció una Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que mejorará el ingreso de los jubilados y de los sectores populares. Los acreedores pierden el carácter privilegiado que tuvieron durante el gobierno neoliberal de Macri, van a la cola de la atención de las necesidades urgentes y de la reactivación económica. La atención de los derechos económicos y sociales precede al derecho de los prestamistas a cobrar. Es lo que el discurso presidencial denominó como ética de las prioridades. Martín Guzmán, también sostuvo los derechos políticos —de soberanía—, reivindicando que el programa macroeconómico será nuestro, distinto y no diseñado desde afuera. Siguiendo lo anticipado en el discurso de Fernández, cuando advirtió sobre su no aceptación de “repetir la historia de misiones técnicas imprudentes que prometen planes que no pueden cumplir y toman decisiones que luego terminan comprometiendo el destino de millones de argentinas y argentinos”.

El Ministro criticó que en el único año de crecimiento de la economía de Cambiemos, el gobierno de Macri promoviera una reforma jubilatoria regresiva, que recortó los ingresos reales de los beneficiarios del sistema. El Presidente caracterizó al movimiento obrero organizado como la columna vertebral del acuerdo social. Sus palabras junto a la crítica del Ministro de Economía sentenciaron que con la derrota de Cambiemos fueron sepultados los proyectos de reforma laboral y previsional, las reformas estructurales en las que más insiste el FMI, como complemento de los programas de ajuste que exige.

Guzmán anunció que no existe lugar para políticas de ajuste, y que evalúa inconveniente afrontar la atención de la emergencia social con emisión. Las fuentes fiscales que le quedan para hacer política económica y evitar la continuidad del descenso de la actividad económica son la reasignación de las partidas previstas para el pago de deudas, las retenciones al sector agropecuario, al minero y a las grandes empresas industriales con competitividad exportadora, los impuestos a los activos de los argentinos en el exterior, los impuestos a los bienes personales y los tributos a los bancos que tuvieron ganancias extraordinarias debidas a los negocios con LEBACs y LELIQs y a las altas tasas de interés.

Las condiciones heredadas de un gobierno que entregó el ejercicio real de la política a los CEOs de grandes empresas privadas son gravísimas. Constituyó un caso extremo de la transformación cultural neoliberal, porque el Estado fue convertido en un administrador de la Nación sobre la base del modelo de la empresa capitalista, destruyendo el acervo conceptual de la administración pública, al asimilarla a la privada. Una operación letal para la vida política. Así, la meritocracia mudada de las empresas al gerenciamiento de la política desarticuló la vigencia de los principios que deben regir el ejercicio del poder democrático, mientras enjambraron al Estado con y desde sus empresas de origen que resultaron ser las favorecidas.

No hay un destino único posible de la actual situación económica. Pero sí existe una concepción de la política, una decisión de fidelidad a ella y un programa macroeconómico articulado con un proyecto de desarrollo. Hoy, endeudados con el FMI, se adoptó el camino de reconstruir la capacidad de pago a ese organismo y a los acreedores privados, sobre la base de no ajustar, ni asumir reformas estructurales regresivas y ajenas a la voluntad del pueblo. El gobierno popular, con prudencia y coraje, se dispone a ejercer un comportamiento soberano que implica necesariamente rechazar el paradigma colonizador de la globalización financiera y su organismo gerente, el FMI. En el mundo de la financiarización, plantarse con un programa propio constituye un gran desafío. Un momento de emergencia nacional. Un hecho patriótico.

 

 

 

* Profesor de la UBA,  ex director del CEFID-AR

 

 

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