Los arrepentidos después del tsunami

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

El ruido en la economía y en la política generado tras el tsunami Fernández-Fernández también se siente en la Justicia. Especialmente en Comodoro Py 2002, donde las PASO son el GPS en lugar de la Constitución. Por estas horas, algunos de los principales interrogantes giran en torno al futuro de las causas y juicios de corrupción tanto K como M y al uso discrecional de las prisiones preventivas. Otro caso, menos comentado públicamente pero que va a generar un fuerte debate, es el de los arrepentidos.

Es que el proceso judicial y la seguridad de aquellos que delataron a ex funcionarios kirchneristas preocupa a más de uno. Quizás el caso más emblemático sea el de los Cuadernos de Centeno, que llegó a tener veinte arrepentidos. Pero no es el único. Y tampoco es el problema de fondo.

Sucede que, de acuerdo a un relevamiento informal que realicé con fuentes judiciales, para la Justicia argentina hay tres clases de arrepentidos que son motivo constante de cuestionamientos de las diferentes partes involucradas y que ahora cobraron más notoriedad:

1. Arrepentidos comunes, en las causas de drogas. Concretamente, se trata de aquellos que se quedan en la cárcel y conviven con personas cercanas a las que delataron. No consiguen la libertad porque no tienen domicilio. Su única protección es que los fiscales no muestran su nombre. El único beneficio es la promesa de una condena menor a futuro. Son casos envueltos en situaciones complejas.
2. Arrepentidos Vip. Ellos son los que negociaron con las autoridades los términos de la confesión. Van a la TV, tienen casa, medicina prepaga y custodia. El ejemplo más famoso es  Leonardo Fariña.
3. Arrepentidos forzosos. Es decir, aquellos que son detenidos como un mecanismo de convencimiento. Los funcionarios judiciales les ofrecen la libertad a cambio de la confesión. Por ejemplo, en la causa de los Cuadernos esto fue denunciado por algunos imputados. Uno de ellos fue Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, en una audiencia ante la Cámara de Casación Penal (ver acá el video). En delaciones de esta naturaleza, lo que está en discusión es el modo en que esas personas tomaron la decisión. Sobre todo, porque en muchos casos despidieron a su defensor de confianza, designaron al oficial y luego se arrepintieron. En la regularidad de esa dinámica yace una sospecha de que en algún momento se va a debatir a fondo.

Los tres tipos de arrepentimiento tiene un punto en común. Los unen problemas de implementación de la ley de los que derivan diversos planteos. La Ley del Arrepentido  27.304 tiene algún punto discutible. Todas las leyes poseen algunas oscuridades. No obstante, en este caso el Procurador Eduardo Casal, que tiene a su cargo el diseño de la política criminal del Ministerio Público Fiscal, podría haber elaborado un protocolo para que los fiscales apliquen la ley del mismo modo. Por ejemplo, podría haber garantizado que una persona decida arrepentirse en libertad plena, que se filme la negociación con el fiscal y la confesión y que los fiscales informen cada tanto cómo va el chequeo de la confesión. Recordemos que todo arrepentimiento debe ser corroborado.

Pero eso no pasó hasta ahora y, producto de estos problemas de implementación y de la bomba electoral de las PASO, el temor habita a muchas personas.

Los jueces y fiscales de Comodoro Py temen represalias por lo que hicieron. Muchos estiraron la ley, no siempre de un modo compatible con las causas.

Por su parte, los funcionarios sienten que pueden sufrir lo mismo. Sobre todo, porque ese modo de aplicar la ley se convirtió en jurisprudencia. En otras palabras, muchos temen el modelo Bonadío-Stornelli.

Además, los arrepentidos que hablaron y apuntaron contra los ex funcionarios K ahora sienten peligrar su seguridad. Pero, principalmente, muchos están preocupados porque si mintieron pueden perder todos los beneficios y además afrontar el delito de perjurio que contempla la ley 27.304 .

Más allá de las decisiones de los jueces y fiscales, quien asuma en diciembre tendrá el desafío de que reconciliar la ley con la Justicia y que la misma deje de ser un arma.

 

* Publicado en #DosJusticias

 

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