Los archivos duplicados de Lacalle

 

El gobierno de Luis Lacalle quiere aparentar tener la iniciativa en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. El domingo 9, el diario oficialista El País adelantó que el ministro de Defensa, Javier García, y el Presidente disponían de documentación de inteligencia encontrada en una dependencia militar y la entregarían en la semana al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que depende del Poder Legislativo. La asociación de Familiares de detenidos-desaparecidos se preparó para reclamar una copia de la información, pero fueron sorprendidos el martes con que el Presidente también se las entregaba a ellos, y en mano. Es más, la información fue puesta a disposición del público en el portal del Ministerio de Defensa Nacional el lunes 10.

Según declaró García, lo encontrado da cuenta de actividades de inteligencia y represión militares de los años 1972, 1973, 1976, 1977, y del 2 de abril al 15 de mayo de 1986. “En términos genéricos: son operativos militares con solicitud de captura de varias personas; información de inteligencia sobre organizaciones de personas, organizaciones sociales y sindicales; partes de operativos militares, procesamiento con pedidos de capturas, información con gente que notoriamente está infiltrada en reuniones y asambleas; declaraciones de detenidos, algunas nominadas, otras no; e información sobre actividades del ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en el país”.

Podría ser útil, si no resultara que esa información ya fue encontrada en 2006 por la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y su asesor Augusto Gregori en una inspección de cinco horas a la Escuela de Inteligencia, y hoy conforman el llamado Archivo Berrutti. Lo que ahora se localizó –no el 5 de mayo sino el 23 de abril– en un calabozo del Grupo de Artillería 5 (lugar de detención y tortura hasta 1974) fue una de las tantas copias parciales del material relativo a la represión, consistente en cinco libros y 1.650 fojas.

Gregori reconoció el material y le parece que ahora el gobierno de Lacalle “dio un buen golpe publicitario”. Hoy el Archivo Berrutti tiene copias en el Ministerio de Defensa Nacional y, a través del Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Derechos Humanos. “Es la misma política que hizo Macri durante cuatro años: anunciar, proclamar, y después nada. Lo que importa es la manija”. A su criterio, la publicidad del gobierno “está muy bien manejada, y la verdad que el Frente Amplio nunca hizo un buen manejo de los archivos. Los podría haber hecho públicos, como Lacalle, pero en cambio decretó que eran secretos por diez años, siendo documentos de hace treinta años; igual algo trascendió. Ya que ni siquiera hizo un buscador para bucear en esa documentación, hubiese dejado que la gente lo hiciera”.

 

Como lo comprometimos en campaña electoral y lo ratificó el presidente @LuisLacallePou cuando asumió, el compromiso es con la transparencia y con el acceso a la información que se disponga. pic.twitter.com/b0jpswnBHu

— Javier García (@JavierGarcia_Uy) May 11, 2021

 

Es claro para Gregori que el gobierno hace esto “en medio de la pandemia y sus crecientes dificultades, con la juntada de firmas contra la ley fundacional de este gobierno, que ve asomar la posibilidad de llevarla a plebiscito, y con la fecha cercana del 20 de mayo: desde 1976 se hace una marcha cada vez mayor por los detenidos-desaparecidos, que este año será virtual pero igual promete ser movida. Lo que está haciendo el gobierno es pellizcarle la bandera al Frente Amplio”, fuerza hoy opositora que se muestra sin iniciativa y desganada.

La que no entró por el aro de la jugada publicitaria del gobierno es la ex jueza Mariana Mota, quien debió renunciar en agosto 2017, cuando fue sacada sin más del estrado penal porque actuaba sin concesiones en los casos de terrorismo de Estado. Hoy preside la INDDHH y desde allí insiste una vez más en que se busque en dependencias militares el archivo de la OCOA, Organización Coordinadora de Operaciones Antisubversivas.

Y si el gobierno de Lacalle realmente quiere dar a conocer algo nuevo en materia de archivos, tiene el del coronel Elmer Castiglioni, confiscado en un allanamiento a días de su muerte, en octubre 2015, conformado por 65 cajas de documentos, 500 disquetes y más de 100 CDs, con información represiva generada entre 1968 (con Uruguay en democracia hasta 1973) hasta 2015, treinta años adentrado el país en la democracia. Para su traslado ocuparon una amplia camioneta, que los llevó al Poder Judicial, donde nadie los ve.

 

 

 

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