LOS ALUMNOS NEUQUINOS DE PY

 

Un operativo de pinzas se despliega sobre tres expedientes penales contra miembros de la comunidad mapuche Paisil-Antreao de Villa La Angostura, sur del Neuquén, los que deberían debatirse en juicio oral y público del 7 al 10 de octubre. Uno de los abogados querellantes, con un planteo fuera de término, habilitó un movimiento de piezas que desplazó al juez natural del juicio y designó otro muy cuestionado desde su designación en el cargo. 

Hace cuatro meses, la operación empezó a hacerse visible a través del fiscal de primera instancia Adrián De Lillo de la Cuarta Circunscripción, quien impulsó y logró la elevación a juicio conjunta de tres legajos por presunta usurpación de dos fracciones del territorio que ocupa la comunidad y la vivienda del casero de una tercera fracción también en conflicto con capitales privados. A la vez, el mismo fiscal mantuvo paralizada la investigación del ataque violento perpetrado el 13 de junio del año pasado por una patota de encapuchados al resguardo mapuche que, dos meses antes, paralizó el avance del proyecto de urbanización del Fideicomiso Lago Correntoso de capitales de especulación ligados al Presidente Macri.

 

 

Un tribunal colegiado dispuso que el juicio oral y público se haría del 29 de julio al 1 de agosto inclusive con Mariano Etcheto como juez. Distintos planteos de la defensa de los mapuche —a cargo de Luis Virgilio Sánchez, de la Asociación Gremial de Abogad@s de la Argentina—, alargaron los plazos estableciéndose como nueva fecha del juicio del 7 al 10 de octubre próximo.

A fines de mayo, en una misma semana se selló la etapa de De Lillo para sus superiores. Primero, en una audiencia pública de control de pruebas quedó expuesto: no había visto grabaciones en video ofrecidas por la defensa un año antes, las que comprometen seriamente su hipótesis respecto a uno de los legajos. En ese momento aseguró que el ataque al resguardo (paralizado) no tenía relación con el presunto despojo contra el ocupante de la vivienda en el predio propiedad de Emanuel Ginóbili, pese a los hechos ocurrieron sucesivamente en el mismo día, en el mismo lugar, con muchos protagonistas en común. Esa misma semana, la defensa pidió medidas de prueba en la causa paralizada (que no va a juicio) que incomodó a De Lillo y pidió no continuar esa investigación argumentando exactamente lo contrario que había dicho ante el juez de Garantías Juan José Nazareno en esa audiencia pública, que quedó grabada y de libre acceso.

Atilio Fabián Converti, contratista de obra con empresas registradas en provincia de Buenos Aires, y Martín Bianchini, comerciante de Villa La Angostura, denunciaron la presunta usurpación de dos fracciones de tierra urbana localizadas en el faldeo del cerro Filo Belvedere, espacio territorial de Paisil-Antreao. También denunció despojo Guillermo Martínez, ocupante de la vivienda del casero de la fracción de 12 hectáreas que reclama Ginóbili, cuya relación de dependencia laboral permanece confusa pero no su activa intervención en la logística previa y posterior al ataque violento de los encapuchados.

Bianchini está representado por Guillermo Hensel, concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN), ex funcionario público e integrante de una familia que participó del despojo del territorio tradicional desde la década del '30 cuando su abuelo, administrador de la antigua estancia Cumelén, fue favorecido con tierras por Exequiel Bustillo, primer presidente de Parques Nacionales. Converti no designó querella particular, aunque el estudio Hensel interviene en la gestión de bienes de Converti en el barrio Las Balsas.

Por su parte, Jorge Mena, de Neuquén, abogado de Ginóbili en expedientes contra la Paisil-Antreao, representa la querella de Martínez, quien trabajó en el desmonte y aserrado del bosque nativo realizado por el Fideicomiso Lago Correntoso en un lote de 87 hectáreas ubicado a continuación del lote del Fideicomiso Terrazas del Correntoso de Ginóbili.

 

El jefe del jefe

José Ignacio Gerez, fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, sigue de cerca el conflicto con el fideicomiso que integran Alberto Artemio Rossi, concuñado de Macri, entre otros. En abril del año pasado, la comunidad instaló un resguardo en el camino de acceso al camino de un kilómetro hecho ilegalmente en zona roja protegida por la ley nacional de protección al bosque nativo. Uno de los fiduciarios y representante legal de la firma, Carlos Alberto Rossi, denunció a la comunidad. Gerez dispuso que asumiera el control de la situación Fernando Rubio, jefe de fiscales de la circunscripción con asiento en Junín de los Andes. Él mismo viajó a la localidad para monitorear el desarrollo de una audiencia de conciliación a la que los empresarios denunciantes no fueron. 

 

 

Dos meses después, otros dos titulares de ese fideicomiso, Norberto Omar Dabas y Jorge Roberto Torres, alquilaron dos vehículos particulares en Bariloche y participaron de la patota de encapuchados que golpeó y amenazó al resguardo mapuche una medianoche de pleno invierno. De Lillo no localizó nunca a Dabas ni a Torres para notificarlos en el expediente del que se apartó cuando quedó expuesto que no investigaba. En cambio, aceleró el proceso contra siete miembros de la comunidad por hechos posteriores al ataque violento.

 

 

Así como parece que De Lillo no puede ser la cara visible de la Fiscalía en las causas mapuche, el lobby inmobiliario tampoco digirió a Etcheto, con una trayectoria prolija pero que este caso no opuso resistencia cuando Hensel lo recusó fuera de término. La Fiscalía no había recusado a ese juez; aún así, no lo defendió como juez natural del juicio oral y público y, por el contrario, convalidó la designación de su reemplazo Jorge Alberto Criado.

 

El mejor peor alumno

Sin concurso previo, Criado fue designado como fiscal adjunto en 2004 por acuerdo del TSJ del gobernador Jorge Sobisch (MPN) integrado por Jorge Sommariva, Arturo González Taboada, Marcelo Otharán, Roberto Fernández y Eduardo Badano, y el fiscal subrogante Alejandro Gavernet. Un año después comenzó a acumular denuncias por torturas, allanamientos nocturnos ilegales, detenciones arbitrarias sin orden judicial. De una de esas causas lo salvó Rubio, sin tener atribuciones para archivar esas actuaciones, según la documentación presentada durante la impugnación al concurso de Criado para juez de instrucción.

El pliego de Criado fue cuestionado formalmente por un amplísimo espectro de organizaciones e instituciones, desde la Mutual del Personal de la Policía de Neuquén a la APDH Neuquén, pasando por el SEJUN (gremio de los judiciales provinciales), una decena de organizaciones sociales de San Martín de los Andes y la Asociación Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad. El MPN y sus bloques aliados en la Legislatura impusieron su mayoría en 2012 en la elección de Criado.

Las hermanas Olga y Teresa Buamscha, ancianas de una familia tradicional de Junín de los Andes, fueron asesinadas en 2005. Ni el juez de la causa Rolando Lima ni el fiscal Criado repararon en el respeto a la ley para dar respuesta a la demanda popular para dar con los homicidas a cualquier precio. Por esos allanamientos ilegales fueron condenados dos policías, pero perdonado el fiscal que se los ordenó. 

Lima fue condenado por su asociación con piratas del asfalto y está en prisión; Criado será el juez que evalúe la prueba y resuelva sobre los derechos de la gente mapuche en estos tres legajos.

 

Días por venir

Etcheto aceptó ser desplazado y, a su turno, el 4 de setiembre Criado aceptó ocupar su lugar. El 23 de este mes se realizará la audiencia en la que se tratará el reclamo de la defensa sobre el modo en que el un abogado del lobby del cartel de las inmobiliarias y el Poder Judicial coincidieron en la estrategia que desprotege a la comunidad y pone en duda las garantías de imparcialidad.

A veinte años de iniciado su proceso de recomposición como pueblo mapuche, la Paisil-Antreao está en condiciones de plantear en audiencias públicas los documentos y los testimonios que prueban el despojo sostenido por generaciones de actores acostumbrados a operar desde la trastienda, o con el respaldo explícito de la burocracia estatal.

 

 

El gobernador Jorge Sapag impulsó a un hombre de su extrema confianza como fiscal general en 2012. En el último período Gerez se plegó a la estrategia represora de la ministra Patricia Bullrich, participó de la conformación del “Comando patagónico”, viajó a Chile, trajo documentación “envenenada” de los servicios y alimentó el fantasma de la RAM. Desinflado ese paraguas político de Estado y con defensas sólidas, el lobby del cártel de las inmobiliarias boicotea la instancia del juicio oral y público.  

 

 

 

 

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