Lógica contorsionista

 

Mi amigo Sebastián Fernández, a quien la mayoría conoce como Rinconet, suele llamar al proceso mental que voy a describir como “lógica contorsionista”. Consiste en suscribir un hecho o una calificación para luego negar el mismo hecho o la misma cualidad. Un ejemplo palmario de eso es lo que hace Mauricio Macri que afirma que la culpa de todos los males de la Argentina es de los “70 años de peronismo” para luego, y sin sonrojarse, suscribir que, de seguir vivo, Juan Domingo Perón estaría militando en Juntos por el Cambio. Rinconet suele rematar estos ejemplos con la frase “Creo que ya entendí”.

 

 

 

En general los ejemplos de la lógica contorsionista que da el Rinconete me suelen hacer reír. Aun cuando no desconozco que los aplicadores de lógicas contorsionistas lo que están haciendo es un acto de cinismo inmenso.

En las primeras semanas de marzo de este año Morales Solá hizo una contorsión que de tan forzada, tiendo a pensar que puso en riesgo su lógica por completo. Yo le recomendaría recurrir a terapia de modo urgente. No sé cuánta contradicción en la lógica de alguien puede resistir una psiquis, sobre todo cuando se trata de la psiquis de alguien que, se supone, vive de analizar y reflexionar acerca de la realidad.

El 14 de febrero de este año Morales Solá comenzó su columna habitual escribiendo que “ocho senadores y diputados cristinistas resolvieron con una simple resolución el debate sobre si habrá –o no– un indulto para Cristina Kirchner”.[1] La columna se refería a la implementación de ciertos artículos del Código Procesal Penal Federal, por parte de la Bicameral que tiene a su cargo dicha implementación. En particular aquella norma que dispone que un condenado comenzará a cumplir su condena una vez que la sentencia esté firme. Y afirma, sin demasiados argumentos, que una sentencia está firme cuando ha sido confirmada por la Cámara de Casación. Cuando leí esa nota tuve muchas ganas de remitirle a Morales Solá dos sentencias de la Corte Suprema.

La primera de ellas es la sentencia del caso “Olariaga”, que señaló “que la expresa indicación del procesado de recurrir ante el tribunal impide considerar firme al pronunciamiento”. El fallo Olariaga es de abril del 2007. Es decir 7 años antes que se dictara el Código Procesal Penal Federal, cosa que ocurrió en el año 2014. Pero más aún, voy a recordar una sentencia también de la Corte Suprema de diciembre de 2019, en el caso “Rojas, Jara y Vázquez, s/ homicidio agravado", donde se señala “que cuando ese artículo [art. 18 de la Constitución Nacional] dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme”. Y entonces vuelvo a Olariaga para contestar la pregunta acerca de cuándo una sentencia esta firme. Es fácil, dice Olariaga, que “la inmutabilidad propia de la cosa juzgada recién se adquiere con la desestimación del recurso de queja por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Verán entonces que una sentencia está firme cuando ya no quedan recursos para interponer contra dicha sentencia. Y no quedan recursos para interponer cuando la Corte Suprema ha rechazado el recurso de Queja. Ni un minuto antes.

Debo señalar, además, que alguien podrá estar preso antes solo si el tribunal considera que existe riesgo de fuga o que se entorpezca el proceso judicial, pero esa prisión será una prisión preventiva y como tal el tribunal deberá fundar esa prisión preventiva en algo más que la mera voluntad de que alguien esté preso. De modo tal que lo que Morales Solá llamó “indulto encubierto” no lo es. Es la explicitación normativa de lo que ya han señalado la Corte y la Constitución Nacional, que la prisión no puede ser utilizada como una pena anticipada.

No había pasado siquiera un mes de esta columna de Morales Solá, que el 7 de marzo el periodista pasó de temer y denunciar el indulto [2] – tan anunciado por él mismo como inexistente en los hecho— para Cristina Fernández de Kirchner, a plantearlo como posibilidad. Señaló el columnista que “algunos sectores judiciales, que no son kirchneristas, y cierto núcleo de empresarios importantes, comenzaron a proponer que el Presidente firme un indulto para beneficiar a Cristina Kirchner. No están de acuerdo con ese recurso, pero lo consideran el mal menor. La única opción ante una posible ruptura del sistema. El indulto sería la confirmación de un país sin justicia, pero sería peor que obliguen a los jueces a firmar sentencias al margen de la ley o contra la ley”.

Y así como el 14 de febrero había afirmado que lo que busca el kirchnerismo es el indulto para Cristina Fernández, el 7 de marzo reconoció algo que sabemos todos. “Con todo, el principal problema para el indulto es Cristina Kirchner. No quiere ser indultada”. Y añadió: “El indulto es un perdón de la máxima autoridad política a un delito cometido. Ella no acepta que cometió delitos. Quiere ser declarada inocente”.

Veamos entonces que todo el kirchnerismo trabaja activamente para lograr el indulto encubierto de CFK, aunque CFK no quiere ser indultada sino declarada inocente… Creo que ya entendí.

Me llevó dos paginas y media llegar a este punto. Porque la lógica contorsionista, y no solo la de Morales Solá, es en efecto un acto de cinismo. Y es fácil entender las razones de por  qué optan por contorsionarse hasta el ridículo más absoluto.

Para explicar las razones debo hacer una brevísima introducción. Durante muchas décadas, en nuestro país y  en buena parte de la región los modos de imponer modelos económicos y sobre todo formas de distribución de las riquezas que no contaban con el apoyo popular, fueron la realización de golpes de Estado contra gobiernos que promovían modelos más justos de distribución. Le pasó a Yrigoyen y le pasó a Perón. También a Frondizi y a Illia. Y a Estela Martínez de Perón, aun cuando me permito opinar que este último golpe tuvo mas que ver con el antiperonismo de los sectores privilegiados de la Argentina y la ausencia de algún dirigente político que pudiese significar una salida aun formalmente democrática [3], el ensoberbecimiento de los militares que aspiraban conducir el país y las presiones y apoyos decididos del gobierno de Estados Unidos, en el marco d la disputa económica e ideológica en el contexto de la Guerra Fría.

Los gobiernos militares terminaron desprestigiados y dejaron de ser una opción posible. En la Argentina, no sólo por las nefastas políticas económicas implementadas sino por la barbarie de una represión feroz y sangrienta, cuyos delitos aún estamos juzgando y cuyas víctimas aún lloramos como país.

El desprestigio de los gobiernos derivados de la interrupción de orden constitucional obligó a las clases dominantes —eternas privilegiadas de las políticas económicas que implementaban las dictaduras— a buscar nuevas formas de ejercer el control sobre las decisiones gubernamentales. Buscaron distintos aliados dentro de los propios poderes del Estado para seguir ejerciendo ese control. Así hemos tenido Presidentes que, con su apoyo, llevaron sistemáticamente adelante las políticas económicas que consagran la desigual distribución de la riqueza. (Basta ver las políticas económicas que llevo adelante Juntos por el Cambio.) El Poder Legislativo también funcionó muchas veces como el resguardo de los intereses de unos pocos. (Acá nomas y hace poco lo vimos cuando se discutió en el Congreso el aporte extraordinario a las grandes fortunas, fundado en las necesidades que nacieron de la pandemia del Covid-19. Ahí vimos con claridad cómo los representantes del 40% de los votos del país se dedicaron a defender los intereses económicos de apenas 13.000 personas. Privilegiaron los intereses económicos de esas 13.000 por sobre el interés general de más de 44 millones de argentinos.) Porque así funcionan las alianzas de los privilegiados y algunos miembros de los poderes del Estado. Siempre en detrimento del interés de todos.

Pero donde con más claridad se ha evidenciado el peso de esa alianza es en el Poder Judicial. Y no es extraño, porque de todos los poderes del Estado es el que menos sujeto a controles y renovaciones democráticas está sometido. Esta alianza no es nueva. Ya en el golpe de 1930 fue el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema, quien lo convalidó. Ninguno de los golpes de Estado suprimió el funcionamiento del Poder Judicial. Porque hay que decirlo con claridad: las dictaduras derrocaban al Poder Ejecutivo, disolvían el Poder Legislativo, pero jamás encontraron problemas en que continuase funcionando el Poder Judicial.

Es esta alianza con el Poder Judicial, trascendente para los sectores privilegiados, la que funda la lógica contorsionista que vemos estos días. Porque para decirlo con claridad, hoy lo que buscan los contorsionistas en proteger a los miembros del Poder Judicial.

La lógica contorsionista por ejemplo dice que el lawfare, esto es la persecución judicial, política y mediática de opositores políticos, no existe ni existió. Que es sólo una excusa para defenderse de personas imputadas de delitos contra la administración pública. Pero en la misma nota el contorsionista de ocasión escribe que “los tribunales de Comodoro Py se parecen a una ciénaga, está fuera de toda duda. Que la señora de Kirchner ha sido allí víctima de arbitrariedades, también”. [4]

Alguien debería contarle a Carlos Pagni que precisamente es la ciénaga de Comodoro Py lo que denunciamos los que hablamos de lawfare. Porque aún hoy recorremos sus pasillos empantanados sabiendo que durante muchos años los compartimos con los servicios de inteligencia, con jueces apretados, fiscales que extorsionaban a los acusados y a sus abogados. También con jueces designados a dedo y otros que se reunían con el Presidente en la Casa Rosada. No voy a hablar de las arbitrariedades, porque la lista seria interminable. Pagni las conoce, incluso sobre algunas de ellas ha escrito.

Son precisamente las condenas y procesamientos de esa ciénaga que es Comodoro Py y la suma casi infinita de arbitrariedades lo que denunciamos. Cuando las víctimas son referentes políticos, le decimos lawfare, por señalar el direccionamiento especifico contra un determinado sector.

Ha sido en el marco del lawfare que muchas de las arbitrariedades de la ciénaga se han hecho evidentes. Lo significativo es que se han hecho públicos no solo los santos sino los milagros también. Sabemos qué hicieron, porque están siendo investigados sus hechos, y a veces sabemos quiénes. Y muchos de esos quiénes son funcionarios judiciales.

¿Espionaje ilegal? Sí, el fiscal Juan Ignacio Bidone está procesado por ese delito. ¿Maniobras extorsivas? Sí, el fiscal Carlos Stornelli está siendo investigado por ese delito. ¿Designaciones a dedo? Sí, el juez Pablo Bertuzzi esta denunciado por ello y la Corte Suprema hace pocos meses señaló que su designación era contraria a la Constitución. ¿Presiones para dejar su cargo de juez? Farah acaba de regresar a su cargo en la Cámara Criminal y Correccional luego de declarar como fue presionado para dejar su cargo. ¿Persecución direccionada? También, en la causa Indalo, donde se investiga la persecución que sufrieron Cristóbal López y Fabián De Sousa. En esa causa están las comunicaciones de miembros del gobierno con jueces que intervenían en las causas de Indalo. ¿Testigos pagos? También, actualmente esta denunciado el pago irregular a un testigo. Y lo sé bien porque yo soy querellante en esa causa. La última vez que un juez o varios jueces aceptaron un testimonio pago, terminó con Galeano condenado. ¿Jueces que encubren a otros jueces? Se acaba de presentar una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra un camarista de Casación que ha decidido impedir que se conozcan qué funcionarios y qué jueces charlaban habitualmente. ¿Peritos que mienten? También, el caso de David Cohen, que adulteró una pericia. ¿Manipulación judicial? Hay una causa en Dolores que da cuenta de esa manipulación judicial y ni hablar de la causa que conocemos como Mesa Judicial.

Reitero: por primera vez en mucho tiempo, sabemos los hechos y los nombres de sus presuntos responsables. Y muchos de esos presuntos responsables son funcionarios judiciales.

Pero a los contorsionistas lo único que les importa es proteger precisamente a los presuntos responsables. Para ello hacen cosas como decir que lo que existió no existió y es sólo una excusa, abominar del indulto para luego pedirlo y así con las contorsiones que vemos en vivo y en directo. Porque el indulto que piden algunos solo impediría que las investigaciones sobre las arbitrariedades puedan continuar.

No nos engañemos, lo que buscan es impedir con los argumentos contorsionistas es el avance de las investigaciones. Porque muchos miembros del Poder Judicial se han cansado de sus colegas, miembros de la alianza espuria, y empiezan a impulsar las investigaciones que afectan sus intereses. Desde Ramos Padilla investigando la causa D’Alessio hasta Augé investigando el espionaje ilegal en Lomas de Zamora. Desde la denuncia de presiones que dio inicio a la causa Mesa Judicial al reclamo de explicaciones que la Cámara de Casación le ha hecho a su presidente.

Se contorsionan como anguilas para encontrar la salida que deje a resguardo la subsistencia de los funcionarios judiciales que participaron en el lawfare. Voy a reiterar algo que conté en anteriores notas. Los miembros de alianzas espurias que impulsaron el lawfare fueron los primeros en ofrecer diálogos para “solucionar” los problemas judiciales, apenas Macri fue derrotado en las elecciones. Se encontraron con la desagradable sorpresa que este gobierno, que le ganó a Macri, no abrió los canales de dialogo en los términos en que algunos miembros del Poder Judicial esperaban. Ellos ofrecían “soluciones particulares” a cambio de una suerte de amnistía, y el gobierno les respondió con proyectos de reformas judiciales para lo que pasó no volviese a pasar. “Nunca más es nunca más”, dijo el gobierno.

Y claramente ese no es el dialogo que ellos, los que llevaron adelante el lawfare, pretendían entablar. Lo que pretendían los miembros de la alianza espuria es que nada cambiara. “Nadie viene a hablar con nosotros”, declaran en privado. Y es así, nadie va a ir a pedirles nada que no sea un cambio que restablezca las reglas del Estado de Derecho. Se acabó el trueque. Aunque algunos no lo acepten. Como tampoco quieren aceptar que deberán hacerse responsables de lo que hicieron.

Resultó paradigmático lo que contó un periodista del diario Clarín, días después de la Asamblea de Apertura de la Sesiones ordinarias, donde el Presidente de la Nación reafirmó su voluntad de modificar la ciénaga que son algunos sectores del Poder Judicial. Contó Santiago Fiorito [5] que en la Corte Suprema señalaron que “tal es la vehemencia que observan y la falta de certezas sobre el éxito del plan que uno de los jueces se preguntó cuál será el próximo paso. Se descargó en la intimidad con una pregunta filosa: '¿Por qué Alberto no indulta a Cristina y listo?'” Porque para decirlo con claridad, la Corte Suprema fue también parte de la alianza espuria y fue parte del lawfare y para ellos también las investigaciones que avanzan y la posibilidad de cambiar el estado de situación del Poder Judicial es también un peligro.

Voy a decir que creo necesario modificar al Poder Judicial. Creo imprescindible avanzar con las investigaciones sobre las arbitrariedades que comete y cometió el Poder Judicial. Y también creo necesario que los responsables respondan por sus actos.

Pero como no soy contorsionista, voy a decir que espero que todo aquello que creo necesario hacer se haga respetando las garantías constitucionales. Que nadie vaya preso como pena anticipada. Que todos puedan defenderse y producir prueba. Que ningún proceso se manipule. Que se acaben los forums shoppings, los jueces amañados, las pericias falsas y los fiscales que extorsionan. Porque esas son las reglas del Estado de Derecho. Reclamé su vigencia durante el gobierno de Mauricio Macri, sin éxito. Y las voy a seguir reclamando siempre. Porque las garantías y los derechos son para todos.

Y porque ese es el  pacto democrático que volvimos a afirmar los argentinos, cuando el pasado 24 de marzo plantamos vida para conmemorar nuestro reclamo infinito por MEMORIA, VERDAD y también JUSTICIA.

 

 

 

 

[1] https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-indulto-encubierto-a-cristina-nid14022021/

[2] https://www.lanacion.com.ar/opinion/proponen-un-indulto-para-cristina-nid07032021/

[3] En este sentido me pareció interesante una nota aparecida en el diario Clarín el 25 de marzo de este año en la que da cuenta de documentos desclasificados por Estados Unidos sobre la última dictadura argentina que revelaron, que no solo Estados Unidos sabia de los planes para derrocar a la Presidenta constitucional, sino que además promovían que efectuado el golpe asumiera la presidencia Jorge Antonio, un empresario de extracción peronista. https://www.clarin.com/politica/documentos-secretos-extrano-sondeo-washington-poner-empresario-peronista-presidente_0_Ps-cKfaOk.html

[4] https://www.lanacion.com.ar/politica/el-cuchillo-del-lawfare-puede-cortar-al-kirchnerismo-nid25032021/

[5] https://www.clarin.com/politica/cristina-kirchner-esconde-nuevo-plan-accion-dura-reaccion-corte-suprema_0_zMt670dPY.html

 

 

 

 

 

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