Lobos con togas
Denuncia penal de la IGJ contra jueces comerciales por defender negocios espurios de Macri, Aranda y Lewis
La Inspección General de Justicia apuntó sus cañones a uno de los reductos más oscuros y a la vez determinantes para consumar todo tipo de fraudes en perjuicio del Estado: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Con la firma de su titular Ricardo Nissen y el patrocinio de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, el organismo de control presentó una denuncia penal contra nueve jueces de esa Cámara, que funciona a una cuadra del Obelisco porteño, por dictar resoluciones contrarias a la ley que revelan “un sistemático plan criminal de actuación velando por intereses totalmente ajenos a los estatales”.
La denuncia plantea que, frente al intento de la IGJ de cumplir su función legal de fiscalizar a los distintos tipos de sociedades comerciales, los camaristas “actuaron como ‘abogados en causa propia’ o como integrantes del denominado ‘Partido Judicial’ en defensa de los intereses del ‘establishment’ y no como rectos intérpretes de la ley”.
Esa actitud se traduce en la constante revocación de las resoluciones de la IGJ, aun ignorando su propia jurisprudencia, violando leyes y procedimientos, con “una doble finalidad: sostener a ultranza la ideología liberal” que gobernó el país entre 2015 y 2019, y “defender los intereses de empresarios y funcionarios macristas que se encuentran seriamente comprometidos en las investigaciones llevadas a cabo por la IGJ por denuncia de terceros o mediante actuaciones de oficio”.
Entre los beneficiarios de la conducta de los jueces, la denuncia incluye a Macri y su esposa Juliana Awada, al directivo del Grupo Clarín José Antonio Aranda, al magnate inglés Joseph Lewis, al ex secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, y a Alejandro Jaime Braun Peña, familiar del ex jefe de gabinete de la gestión PRO. El ex Presidente y sus vínculos “sólo tienen por finalidad hacer negocios espurios, a como dé lugar, por encima de los márgenes legales, neutralizando las políticas de Estado del Poder Ejecutivo a través del actuar de magistrados complacientes y conspirando, con tal modo de accionar, contra el interés general de la sociedad argentina en su conjunto”, explica la denuncia.
Los camaristas denunciados son Héctor Osvaldo Chomer, María Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machín, Pablo Damián Heredia, Miguel Bargallo, Ángel Sala y Hernán Moncloa. La IGJ los acusa de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y usurpación de funciones.
La presentación completa puede leerse aquí: Denuncia IGJ.
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