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El fiscal federal Franco Picardi pidió que se investigue si Patricia Bullrich y otros altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación espiaron y hostigaron a las comunidades mapuches para favorecer los negocios inmobiliarios de los grandes terratenientes del sur de la Argentina. El dictamen da cuenta de lo que puede ser un modus operandi que combina una defensa irrestricta de las fuerzas, tareas de seguridad e incluso de inteligencia sin orden judicial e intervenciones en los expedientes para desviar el curso de las investigaciones.

La causa se inició con una denuncia presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en junio de este año. Después de unas medidas preliminares, que incluyeron revisar distintos expedientes en trámite que muestran los patrones de intervención de la cartera que dirige Bullrich, Picardi impulsó la acción penal y le pidió una batería de medidas a la jueza María Eugenia Capuchetti, una recién llegada al tercer piso de los tribunales de Comodoro Py.

 

El plan

Picardi quiere saber si existió un plan –como sostiene la APDH– orquestado desde lo más alto del ministerio de Seguridad para diluir el “conflicto mapuche” con los grandes propietarios de tierras en el sur.

Según la denuncia, muchos de estos terratenientes tienen relación directa con el gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo menciona a Eugenio Bréard, nombrado al frente de la Administración de Parques Nacionales y uno de los propietarios en el exclusivo country Cumelén, donde Macri suele escaparse a descansar y al que van toda clase de ricos y famosos – desde Máxima Zorreguieta hasta el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. En marzo de 2016, mientras Barack Obama estaba de visita en el país, Macri se hospedó en una propiedad de su amigo Joe Lewis en Lago Escondido, que es un territorio en disputa con las comunidades.

Para el fiscal, de comprobarse la denuncia de la APDH, el plan delineado por Bullrich tendría como objetivo el disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos que no están de acuerdo con el poder de turno.

“En función de los elementos plasmados en la denuncia y recogidos hasta ahora —escribió Picardi—,  los conflictos y tensiones derivadas de la cuestión indígena, y puntualmente mapuche, no fueron gestionados por el Ministerio de Seguridad desde un paradigma de reducción de la violencia, sino más bien todo lo contrario. Ello, si bien en principio podría parecer una decisión de neto corte político, ha repercutido sobre hechos que, tal como explicaran los denunciantes, resultan, al menos, pasibles de ser investigados, en tanto podrían implicar la comisión de delitos pues han significado el uso excesivo de la fuerza –en algunos casos con resultados fatales– así como la sustracción del control judicial que debe guiar determinadas actuaciones policiales”.

 

Un enemigo a medida

El fiscal, además, solicitó que se compruebe si el Ministerio de Seguridad desarrolló tareas de inteligencia en conjunto con los carabineros chilenos a fin de involucrar a integrantes de las comunidades originarias en ilícitos. En Chile el caso se conoce como Operación Huracán, un operativo que empezó con tareas de inteligencia sobre los mapuches y terminó con jefes de los carabineros presos por la fabricación de pruebas.

En su presentación, la APDH hizo notar que la cuestión mapuche estuvo en agenda del gobierno de Macri desde los primeros días. Destaca el organismo que Bullrich eligió Bariloche, epicentro del conflicto con la comunidad mapuche, para presentar en febrero de 2016 el protocolo de represión de la protesta. La Asamblea también suma que hubo reuniones con los principales interesados en desactivar ese conflicto y declaraciones públicas de funcionarios del ministerio de Seguridad que sostenían que la Justicia federal debía intervenir en las causas en las que había disputas con los grupos mapuches.

Por otro lado, Picardi cree que debe investigarse si Bullrich y compañía inventaron la Resistencia Ancestral Mapuche o la RAM y la presentaron como una organización terrorista para justificar la represión a los pueblos indígenas.

En ese sentido, le sugirió a la jueza que pregunte a Naciones Unidas si el grupo figura listado como una organización terrorista y que averigüe si hay alguna causa que la investigue en la Ciudad de Buenos Aires o en las provincias sureñas. Aunque no lo pidió, esa podría ser una tarea para la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) que el procurador interino Eduardo Casal creó el año pasado y puso en manos de Juan Manuel Olima Espel y de Armando Antao Cortez, un ex secretario letrado de Alberto Nisman en la UFI AMIA.

 

Las causas

El punto más sensible del dictamen de Picardi tiene que ver con la sospecha de que se hayan utilizado recursos para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso – por ejemplo, las de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y la de la muerte de Rafael Nahuel. La intención allí habría sido encubrir la responsabilidad de integrantes de las propias fuerzas y de funcionarios ministeriales e instalar versiones falsas e inexactas de lo sucedido.

Por eso, también, le pidió a Capuchetti que cite a Carlos Cortez, responsable de Comunicación del Ministerio de Seguridad, desde donde salieron versiones sobre los expedientes y, entre otras cosas, se difundieron comunicados que coincidían milimétricamente con la versión dada ante la justicia por el prefecto Francisco Pintos, principal acusado por la muerte de Nahuel.  La semana pasada, la Sala III de la Casación Federal había anulado un fallo de la Cámara de General Roca que procesaba a Pintos y decía que los integrantes de la Prefectura habían perseguido a los mapuches en Villa Mascardi, lo que derivó en el homicidio del muchacho.

Una de las posibles maniobras del Ministerio de Seguridad para obstruir o dificultar la investigación en causas con agentes involucrados es la presentación de peritajes. En el caso de Nahuel, Gendarmería –que tuvo otras intervenciones polémicas en causas sensibles como la de la muerte de Nisman– dictaminó que el proyectil extraído del cuerpo del joven no era compatible con el del subfusil de Pintos. Una pericia de profesionales independientes se había pronunciado en sentido contrario.

“No puedo soslayar –escribió Picardi— que de demostrarse tras el análisis de los estudios efectuados y la realización de uno nuevo de carácter dirimente, que las conclusiones arribadas por Gendarmería Nacional hayan sido deliberadamente falsas, nos podríamos encontrar ante un real supuesto de obstrucción de la investigación, el que podría estar digitado por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

El fiscal también pidió a la jueza que preste atención a la causa por el espionaje que habría sufrido la familia Maldonado mientras Santiago se encontraba desaparecido y ellos en la búsqueda. Esa investigación tramita en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Picardi ya la tiene certificada.

 

Los imputados

Además de Bullrich, tres funcionarios de su confianza fueron imputados por Picardi. El que más veces es mencionado en la denuncia y en el dictamen es Pablo Noceti, antes jefe de Gabinete de Bullrich y actual secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales. Ascendió a ese cargo cuando Gonzalo Cané se cansó de sus aventuras securitarias y volvió como secretario letrado a la Corte Suprema. Cané, anterior secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, también fue imputado por Picardi. Lo mismo que Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior.

Picardi quiere que la jueza llame a prestar declaración testimonial a dos comandantes de Gendarmería, Jorge Elías Mariani y Antonio José del Pilar, que declararon haber entrado a la comunidad mapuche Campo Maripé –en la zona de Vaca Muerta– sin orden judicial y por indicación de Noceti. La incursión tuvo lugar en junio de 2017.

Según surge de la denuncia –y como ha publicado el director de El Cohete– Noceti, que actuó como abogado de represores, es uno de los más entusiastas sostenedores de la idea de que los mapuches podían ser detenidos en flagrancia, sin necesidad de que un juez firme una orden. El fiscal, por su parte, entiende que puede existir una utilización abusiva del concepto de flagrancia y la sustracción del control judicial por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad.

Hasta ahora, la única que puso el grito en el cielo fue Bullrich. “Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado”, escribió la ministra en su cuenta de Twitter. “Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar”.

La jueza Capuchetti deberá decidir si acepta las medidas y abre formalmente la investigación.

 

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