LO NUEVO NO NACE

 

Obviamente el problema causado en la actividad económica por el Covid-19 ha sido preponderante, y se suma a los cuatro años del gobierno de Cambiemos con endeudamiento y cambio de los precios relativos, una brutal devaluación de nuestra moneda que solo en tres meses (del 25 de abril al 24 de julio de 2018) fue del 100% y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios, con lo que ello implica en la demanda agregada y el nivel de vida de la población.

El correlato de la crisis en la Administración Nacional es de un alto nivel de inconsistencia fiscal y monetaria que no se puede extender en el tiempo por el incumplimiento de los pagos, por una parte, y se suma una manifiesta lentitud en liquidar las exportaciones conformando una combinación perversa en contra del pueblo argentino.

Por un lado, el déficit fiscal nacional cierra el año 2020 en 2.292.730 millones de pesos, el 8,5% del PIB, convirtiéndose en el segundo mayor déficit fiscal que se tenga registro, detrás del de 1975 en el Rodrigazo. Prácticamente un tercio del gasto público es déficit, dada las erogaciones ocasionadas por la atención del Covid-19 y la asistencia de todo tipo a la población. Por otra parte, dicho déficit fue financiado casi en exclusividad por el BCRA, hecho que obviamente impactó negativamente en el sector privado. El año 2020 termina con un total de crédito a las empresas de 6,09% del PIB que sumado a los créditos personales de un 5% del PIB, adicionando ambos, araña el 11,09% del Producto y el BCRA tiene que inmovilizar (pagando intereses) por una suma que es incluso mayor a la Base Monetaria, en LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) por $ 1.633.620 millones y, pases pasivos (que los bancos le prestan al BCRA a menos de siete días) por otros $ 1.220.889 millones, totalizando las inmovilizaciones (LELIQs más pases) una suma de $ 2.854.509 millones (cuando la Base Monetaria al 30 de diciembre de 2020 fue de $ 2.470.260 millones).

Déficit fiscal e inmovilizaciones monetarias (pagas, el BCRA le abona a los bancos intereses por las mismas por encima de la inflación oficial) que reflejan el grado de desequilibrio de las cuentas públicas internas que básicamente financió el BCRA, a costa de expandir el déficit cuasi fiscal.

Y paralelamente el mismo gobierno devaluó nuestra moneda en casi un 50%, pasando el tipo de cambio comercial de $ 59,60 el 2 de enero a $ 89,25 el 30 de diciembre 2020, que impacta en la licuación de pagos y de deudas que son en pesos, a costa de acrecentar la deuda que es en divisas, de esa manera la Administración Nacional logra disminuir el pago de los salarios que crece nominalmente en pesos pero que en dólar es menor, igual con el resto de los pagos, deudas, contratos, licitaciones, pagos de jubilaciones y pensiones, etc., pero ese ahorro se hace a costa del poder adquisitivo.

 

 

Observando los grandes números del Presupuesto Nacional y contemplando que la inflación de todo el año 2020 fue del 36,1% medido por IPC del INDEC, los ingresos crecieron con respecto al año 2019 solamente un 22,9% y en cambio, el gasto total lo hizo en un 50%. Pero el Gasto de Capital que es la inversión pública, creció en términos nominales en los gastos de AySA (obras de agua potable y desagües) y otras obras públicas, pero en conjunto descendió para ser solo el 3,92% del gasto, cuando en el año 2015 fue el 11,16%. Debe agregarse que para cerrar el año sin más déficit se suspendió la cuarta entrega del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y de los ATP (Asistencia al Trabajo y a la Producción) que fueron políticas públicas importantes.

 

 

Política monetaria y cambiaria

Superado lo peor de la crisis de la pandemia y de la recesión del macrismo, el BCRA debería tomar cartas en el asunto y utilizar el exceso de liquidez del sistema financiero reorientándolo desde la especulación hacia la inversión y el trabajo. Tener un mapa que exprese qué sectores se quiere impulsar y obligar a las entidades financieras a prestar a ese sector y sino que dejen de ser bancos, su función es canalizar el ahorro de parte de la población para financiar la producción, no para que especulen o presten sin ningún riesgo al BCRA para que este a su vez inmovilice esos fondos. El crédito al sector privado es insignificante (11,09% del PIB) y lo poco que hay en su mayor parte se presta a sí mismo (al mismo grupo económico). Hay cientos de actividades que no funcionan por falta de crédito, incluso sin necesidad de importar nada, como es el caso de la construcción, que además es fuerte demandante de mano de obra (1).

Paralelamente, en la liquidación de las exportaciones de productos agropecuarios y de manufacturas de origen agropecuario se retrasan todo lo que los exportadores pueden, habiendo sido la cosecha 2019/20 récord, según lo informado por las cámaras exportadoras de aceite y de cereales CIARA-CEC. La liquidación acumulada del año 2020 es de 20.274,4 millones de dólares, un 17% menor que el año pasado, que fue de 23.719,5 millones, cuando en la cosecha 2018/19 hubo una fuerte sequía y los precios en el Mercado de Chicago en dólares crecieron un 45% en los últimos tres meses del año 2020, cuando el costo argentino es mucho menor generando una renta extraordinaria por la que deberían pagar impuestos y derechos de exportación.

Si al párrafo anterior le agregamos que las principales diez empresas exportadoras (COFCO, Cargill, ADM, Bunge Ceval, Louis Dreyfus, AGD, ACA, Molinos Agro y Díaz y Forti SA) concentran el 91% del total de negocios de exportación de granos y productos derivados de origen argentino, es claro y evidente que no liquidaron esperando y propiciando una devaluación de nuestra moneda y explica la diferencia entre el valor del dólar oficial y todos los paralelos.

Persistir con el camino de la devaluación haría volar por el aire el delicado equilibrio en que nos encontramos, subiría aún más el precio de los alimentos y demás insumos que requiere nuestro pueblo, empujando a fracciones cada vez mayores a la pobreza, a la indigencia y a la desesperación, a la par que caería más el PIB por el menor consumo interno que no puede ser compensado porque las exportaciones no representan más del 25% del total de lo que se produce. Y es peor, porque en lugar de que esos mayores ingresos incrementen las inversiones terminan engrosando la fuga de capitales en la que nuestro país tiene el triste privilegio de que su burguesía tiene más recursos afuera de la Argentina que adentro.

Esto esclarece porque a los grandes empresarios del agro, de la industria, banqueros y comerciantes no les interesa tanto preservar el mercado interno y sí coinciden en asegurar y expandir sus activos en el exterior. Que incluso les permitiría comprar a la competencia por el acrecentamiento del valor de los activos que fugaron.

Es más, desde el Rodrigazo y de menor a mayor, nuestra burguesía se somete al capital financiero internacional y a su moneda, el dólar, prefiriendo vender los activos en el país por saberse débil e incompetente para lidiar con el capital extranjero. Lo refleja clara y terminantemente el caso Vicentin, sexto exportador de granos y manufacturas de origen agropecuario en el año 2019, que monta un escenario de fraude y fuga para rendirse sin luchar desde diciembre de ese año (2).

Igual podríamos decir de todos los hijos y nietos de esos industriales que supo tener este país del confín del mundo, que poseen más activos financieros que reales, más activos afuera de la Argentina que en la Argentina, porque han preferido vender sus empresas a la competencia extranjera.

La devaluación oficial de nuestra moneda en casi de un 50%, muy por encima de los salarios, jubilaciones y pensiones, que impacta lógica y directamente en los precios internos, de manera tal que el INDEC reconoce, para diciembre 2020, que una familia constituida por un matrimonio y dos hijos requiere un ingreso mínimo de $ 54.207 por mes para no ser pobres (Canasta Básica Total) y de $ 22.681 mensuales para no ser indigentes (Canasta Básica Alimentaria). No solamente la crisis implicó la perdida de trabajo, sino que son muchos los que aún conservando su empleo, trabajan y son pobres.

 

 

Lo viejo y lo nuevo

El economista Aldo Ferrer se equivocaba cuando ponía la esperanza en la burguesía que tenemos, ya que nuestros empresarios actuales no son los que él había visto en 1968 o aquellos liderados por José Gelbard hasta octubre de 1974. La dictadura militar y el modelo de valorización financiera de capital la diezmó y la que queda es una burguesía de rapiña, apátrida y tonta, a la que sólo le importa acumular dólares en el exterior aún a costa de que sus empresas valgan cada vez menos, como lo demostró la gestión de Cambiemos.

Las relaciones de nuestro país con el exterior demuestran que no se tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho desde el año 2003 hasta los últimos datos oficiales de noviembre de 2020, nos dicen que se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) de 156.681 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que la legislación financiera y cambiaria heredada de la dictadura de Videla, del menemismo y del macrismo (3), permitió que las empresas pagarán supuestas deudas externas e importaran en forma anticipada mercaderías comprándole dólares al BCRA al precio oficial (4); más el hecho de que los exportadores y los bancos tardan en ingresar las divisas de las operaciones, demostrado que hasta octubre 2020 en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio), habían ingresado 5.049 millones de dólares menos que lo registrado por las Aduanas y el INDEC en la Balanza de Pagos. El INDEC contabiliza a octubre 2020, exportaciones por 46.556 millones de dólares y el MULC percibe solamente 41.507 millones en esa divisa.

La economía argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná, que van desde la localidad de Timbúes (al norte) hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la principal zona portuaria de exportación de esos productos en el mundo.

La propuesta concreta del Consejo Agroindustrial Argentino, donde se aglutinan las principales empresas, cámaras, bolsas del sector, incluso la FAA (Federación Agraria Argentina), la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y CONINAGRO, tres de los cuatro componentes de la Mesa de Enlace, es lo viejo, la primarización de la economía argentina. Si no, preguntémonos cuánta mano de obra demanda una tonelada de soja o de aceite. Pero no sólo genera poco trabajo, sino que incluso, como prioriza las ventas externas, revierte el sistema y en lugar que se destinen los saldos exportables, vende afuera a costa de la caída del salario y del empleo de los trabajadores que reduce el mercado interno. Y el camino es vía la presión a la devaluación de nuestra moneda, que no puede disociarse del mercado interno porque la CAA exige la estabilidad de las retenciones por diez años. Es más, la supuesta puja sería que para que no suba el precio del dólar, se debe aumentar las tasas de interés, y con ello se entra en una combinación perversa contra la economía nacional, generando la transferencia de los que trabajan y producen para el mercado interno (que es donde se destina más del 70% de lo que se produce en el país) a favor de los exportadores y de los bancos.

Es cierto que la Argentina tiene un fuerte sustento con una gran producción alimentaria, el desarrollo industrial, minero y tecnológico, posible con la mayor expansión nuclear y satelital, pese al retrasado impuesto en la industria y las posibilidades energéticas: gas, petróleo y litio para las baterías eléctricas y los autos eléctricos como posibilidad inmediata y mediata. Pero para crecer sostenidamente debe orientarse esencialmente al mercado interno.

Por eso el camino es el inverso, no hay necesidad de devaluar nuestra moneda porque ya lo hizo y de sobremanera la gestión de Cambiemos. Y por otra parte y fundamentalmente, el rinde de nuestra pampa húmeda hace que el costo sea mucho menor que el internacional y les deja a los productores, acopiadores y comercializadores una renta extraordinaria. Por eso se deben aumentar las retenciones, permitir desligar el precio externo del interno y eso es, a la vez, recaudación para el Estado nacional.

De no hacerse se encarecen los alimentos porque es lo que básicamente exportamos, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones. Lo nuevo consiste en defender nuestra moneda, aumentar las remuneraciones por paritarias y decretos para las jubilaciones y pensiones y hacer obra pública para generar empleo y que se financie con impuestos a las grandes corporaciones de este país. Que es, por otra parte, lo planteado en la Ley de Presupuesto Nacional 2021, que debería actualizar sus números, porque la inflación va a ser mucho mayor que el 29% estimado. Esa Ley sostiene que los salarios públicos crecen por encima de la inflación y el tipo de cambio (y es referente de la remuneración en el sector privado y el resto de las administraciones públicas), impulsando el mercado interno.

 

 

 

1. Y que no está libre de especulación, dado que el gobierno apuesta a su recuperación pero los grandes proveedores de cemento, ladrillos, hormigón, estructura metálica, clavos, herrajes, etc. exigen un fuerte incremento en sus precios.

2. La paradoja se cierra con saber que parte de esos activos líquidos se lo administran por ejemplo Black Rock y otros fondos de cobertura como por ejemplo, Franklin Templeton, que supo poner a su representante en la Argentina, Gustavo Cañonero, como Vicepresidente del BCRA cuando el ex jefe de la Mesa de Dinero del JP Morgan y el Deustche Bank, Luis Caputo, fue nombrado Presidente y, continuó en funciones cuando Caputo renunció presionado por el FMI, hasta el 9 de diciembre de 2019.

3. Macri anuló la Emergencia Cambiaria, que obligaba a exteriorizar la compra de divisas al BCRA mediante acuerdo firmado por la máxima autoridad de Comercio Exterior del país, de Aduana y del BCRA (Decreto 2581/1964) y la redujo solo al BCRA.

4. Que se hubiera evitado derogando el Decreto 893/2017 que a su vez había anulado la Emergencia Cambiaria del Decreto 2581/1964 vigente durante 53 años.

 

 

 

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