Lo esencial es invisible a los ojos

 

La frase que nos regaló Saint Exúpery en su obra El Principito, invocada en innumerables situaciones, viene a cuento para ayudarme a desentrañar lo esencial, verdadero e importante –dentro de mi subjetividad, por supuesto– respecto del próximo incremento de haberes previsionales en el marco de la movilidad jubilatoria, como así también unas líneas sobre el IFE.

 

 

El aumento del 7,5%

La mínima jubilatoria, a diciembre de 2015, ascendía a $4.299. Ese valor, actualizado por el índice de precios al consumidor (o por la inflación, expresión más coloquial) a diciembre de 2019, arroja un valor de $17.069. Sin embargo, al concluir el mandato del gobierno de Macri en diciembre de 2019, la mínima jubilatoria ascendía a $14.067,93. Es decir que, en términos de poder adquisitivo y luego de cuatro años de gestión macrista, el haber previsional perdió $3.001,07 respecto de la inflación del periodo, lo cual equivale a una pérdida de valor real de la prestación del orden del 21,47%.

Por otro lado, y utilizando idéntico razonamiento para analizar lo acontecido con  la jubilación máxima, en diciembre de 2015 ascendía a los $ 31.000, pero actualizada por el índice de precios al consumidor del periodo, en diciembre de 2019 debería haber alcanzado el valor de $ 125.122. No obstante lo cual, el valor real que la misma ostentó en diciembre 2019 fue de $ 103.061, lo que implica una pérdida de $ 21.880 o de un 21,47% menor a la inflación del periodo.

 

 

Cristina Fernández de Kirchner
	Dic-15*	Dic-19	Sep-20
Mínima	$4.299	$17.069	$20.857
Máxima	$31.000	$125.122	$150.396
IPC		303,62%	20,20%

Prestación Jubilatoria, valor real de Dic.2015, actualizadas por IPC a Dic.2019 y Sept.2020

*Valor real vigente Diciembre de 2015

 

 

Mauricio Macri
	Dic-19*	Sep-20
Mínima	$ 14.068	$ 16.910
Máxima	$ 103.061	$ 123.879
IPC		20,20%

Prestación Jubilatoria real a diciembre 2019, mínima y máxima, actualizadas por IPC a septiembre 2020.

*Valor real vigente a Diciembre de 2019

 

 

A la pérdida de poder adquisitivo de la prestación previsional producido durante el macrismo habría que agregarle:

• El incremento desmesurado de las tarifas públicas;
• La virtual eliminación de tener medicamentos gratuitos a través de PAMI;
• La liberación de los precios de los medicamentos;
• El alza desmesurada de las tasas de interés de los créditos ANSES;
• El fenomenal endeudamiento, mediante un sistema usurario, a partir de la toma de los créditos ANSES.

La nueva gestión de gobierno iniciada en diciembre 2019 por Alberto Fernández decidió suspender la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria y otorgar los aumentos en la misma fecha pero mediante decretos, hasta tanto se analice y promulgue una nueva ley de movilidad jubilatoria. De esta manera, el gobierno comenzó su gestión con una jubilación mínima y máxima de $ 14.067 y $ 103.061 respectivamente. Si a ambos montos los actualizamos por el IPC de enero/septiembre de 2020 (estimando un IPC para agosto y septiembre de 1,9% por mes), la inflación del periodo alcanzaría el 20,20% y las prestaciones mínimas y máximas ascenderían a $ 16.908,53 y $ 123.879, respectivamente.

En la realidad, la mínima alcanza hoy los $ 18.129 y además, a dicho valor, habría que agregarle $ 1.000 que corresponden al valor adicional sobre los haberes mínimos que significó el pago de los dos bonos de $ 5.000 —dados en diciembre 2019 y enero 2020— más el bono de $ 3.000, ambos divididos por 13 (los 12 meses del año más el aguinaldo). De esta manera, el valor de la mínima real asciende a los $ 19.129 y la máxima a los $ 121.990, lo que implica que la mínima está $ 2.221 o un 13,13% por encima de la inflación, mientras que la máxima estaría por debajo del valor ajustado por inflación en $ 1.889, es decir, perdió un 1,51%.

 

Alberto Fernández
	Sep-20
Mínima	$ 19.129
Máxima	$ 121.990

Prestaciones Jubilatorias a Sep.2020, mínima y máxima vigentes.

 

Esta situación se complementa con los siguientes ingresos indirectos originados en decisiones adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández desde diciembre pasado:

• Suspensión de incremento de tarifas públicas;
• Otorgamiento de medicamentos en forma gratuita por parte de PAMI a todos sus afiliados;
• Suspensión del pago de las cuotas de los Créditos ANSES;
• Control en el precio de los medicamentos.

Finalmente corresponde analizar lo acontecido con las jubilaciones mínima y máxima desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2020. En el período diciembre de 2015 a septiembre de 2020 (estimando una inflación para agosto y septiembre de 2010 en el 1,9% mensual), la inflación alcanzó un 385,15%. En consecuencia, si la jubilación mínima, a diciembre de 2015, era de $ 4.299, en septiembre de 2020 debería ascender a $ 20.856, mientras la máxima debería alcanzar los $ 150.396. De ello resulta que, bajo este análisis, la mínima actual estaría retrasada en $ 1.727 y la máxima en $ 28.406, es decir, han perdido respecto de la inflación correspondiente al período diciembre/2015-septiembre 2020 un 9,02% la mínima y un 23,28% la máxima.

Podríamos concluir, entonces, que el actual gobierno logró en 9 meses recuperar gran parte de la pérdida de poder adquisitivo en casi el 80% del universo del sistema, mientras que el 20% restante registra una pérdida de poder adquisitivo más elevada que antes. En otras palabras, mientras que durante el macrismo la mayor perdida se concentró en los que menos ganaban, hoy han recuperado una mayor proporción del valor de sus prestaciones. Y aquellos que menos perdían en tiempos del macrismo pero ostentaban las prestaciones mas altas, o cercanas a la máxima, son los que más han perdido en este tiempo. Sin duda un cambio de prioridades. Resta saber si la Justicia avalará el cambio de criterios o si mantendrá la idea de que la movilidad debe ser igual para todos. Tengo muy poca esperanza de que la Justicia defienda alguna vez a los que menos tienen.

 

 

El IFE

Hace muchos años que dedico mi tiempo y esfuerzos al estudio de cuestiones relacionadas con la seguridad social. He participado en infinidad de eventos donde se analizaron numerosas ideas, propuestas y proyectos. En todos los casos, los proyectos estrella en América Latina fueron aquellos que abarcaban un universo significativo de gente (Bolsa do familia en Brasil; AUH en Argentina; Oportunidades en México). Es obvio que, en principio, llamen la atención los programas masivos, pero valorar los programas solo por su envergadura numérica me parece un desatino, porque un programa social tiene por objetivo mejorarle la vida a la gente, y la gente nunca es solo un número. Por ello creo que es saludable revisar regularmente la implementación de los programas de manera de tener la posibilidad de hacer las adaptaciones necesarias.

Lo primero que quiero destacar es que el IFE es una de las ideas más innovadoras y progresistas que se han implementado en los últimos tiempos. Por ello, aspiro analizar algunas cuestiones del IFE –Ingreso Familiar de Emergencia– con una visión de impacto.

El objeto del IFE es otorgar “una prestación monetaria no contributiva del sistema de seguridad social de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de aquellos sectores más vulnerables, a causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno nacional para proteger la salud pública”.

El objeto de compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de aquellos sectores vulnerables a causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno nacional para proteger la salud pública, se cumplió parcialmente. Esto es así debido a varios factores, entre los que se destaca, por ejemplo, que las solicitudes de la prestación fueron cruzadas con la declaración jurada laboral de febrero, es decir, un mes antes de que se iniciara la pandemia. Es posible que muchos que estaban trabajando en febrero perdieran esa condición tiempo después —finalizó su periodo de prueba y el empleador no concreto su contratación, por ejemplo— y por ende no calificaran para obtener el IFE cuando se lanzó, pero sí dieran el perfil para obtenerlo dos meses después. Nos guste o no, lo cierto es que aquellas personas que en tiempos de pandemia perdieron su trabajo no pudieron acceder al IFE y quedaron desprotegidos.

Para recibir el IFE, las personas debían completar una solicitud por Internet, cumplimentada por más de 12 millones de personas. De ese cúmulo de gente se descartó a quienes tenían otra prestación de alguna naturaleza, se tomó la decisión de darle la prestación a los beneficiarios de la AUH sin fijar un control o consistencia adicional respecto de otras situaciones complementarias de esas mismas personas, para luego cruzar esos datos contra las declaraciones juradas del mes de febrero. Luego se incorporaron casos donde se detectaron errores o inconsistencias en los cruces definidos, de manera de llegar a los casi 9 millones de beneficiarios que la han percibido. Pero luego de aquella inscripción inicial no se realizó ninguna nueva, por ende el IFE 2 y 3 repitió el pago a los elegidos en la primera oportunidad sin contemplar las situaciones que podrían haberse presentado desde febrero a la fecha. Por ello, aquellos que se quedaron sin recursos en los meses subsiguientes a febrero quedaron vedados de ingresar, y por ende, desprotegidos.

Otro tema que me parece importante destacar es el caso de la incorporación a la totalidad del universo que cobra la AUH, sin considerar algún control o consistencia puntual adicional respecto del nivel de ingreso familiar. No hay duda de que mediante la AUH se protege a los niños/niñas y es una de las prestaciones más equitativas de la seguridad social donde el derecho nace en el niño/niña, por lo que es correcto que la totalidad de los chicos tengan ese derecho más allá de su situación económica. Pero otra cosa bien distinta es la relacionada con los padres. Téngase presente que, como indiqué en la nota “Los Nadies” del Cohete del domingo 16/8 , aún resta incorporar al cobro de esta prestación a un millón de chicos que son los más pobres de todos. Por otro lado, dentro de los que cobran la AUH, están los hijos de más de un millón de familias que corresponden a los sectores medios argentinos.

Es decir, los que más lo necesitan no cobran el IFE porque no están incorporados a la AUH, mientras que entre los que efectivamente pueden percibirlo se encuentran casi 1,5 millones de monotributistas, de los cuales algunos de ellos corresponden a sectores medios con realidades distintas, y esto se puede ver con un simple ejemplo. Imaginemos el hijo de cualquier profesional o comerciante importante o industrial o productor agropecuario que se incorpora a trabajar con su padre. Lo primero que hace es inscribirse en el monotributo para poder facturar y registrar ingresos propios, sin obligar al padre a pagar las cargas sociales. Si esos muchachos tienen hijos, tienen derecho a la AUH y por ende, al IFE, pero ¿ese muchacho está entre los que, producto de la pandemia se encuentran en situación de vulnerabilidad? Claro que no. Pero la cosa no queda ahí, si tiene hijos menores de seis años, además, puede llegar a cobrar el programa Alimentar.

Reitero que el IFE es una gran idea, pero creo que es necesario revisar algunas cuestiones para optimizar su llegada. Tengo la convicción de que las políticas sociales, para que sean justas, deben tener parámetros claros para conformar un universo prestacional,  y brindar la prestación a todos los integrantes de ese universo, sin excepciones.

En junio del '69, un periodista de la revista Siete Días le preguntó a Rodolfo Walsh cómo se definiría ideológicamente. Walsh respondió: “Prefiero extraer mis datos de la experiencia cotidiana: me interno lo más profundamente que puedo en la calle en la realidad, y luego cotejo esa información con algunos ejes ideológicos que creo tener bastante claros”. Por eso creo que es necesario leer la realidad, para luego valorar si ideológicamente las políticas que se aplican coinciden con las prioridades de los sectores populares que prometimos proteger.

 

 

 

 

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