Limpias y sobre todo sanas

La ex jueza y profesora consulta de la Universidad de Derecho de la UBA, Lucila Larrandart pidió que el Departamento de Derecho Penal se pronuncie sobre la situación de las personas privadas de su libertad en la emergencia sanitaria. Este el texto que presentó:

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y a través suyo a todos los integrantes del Departamento, del que formo parte como Profesora Consulta, ex Profesora Asociada y ex Directora de esta unidad académica, a los fines de exponerle un tema que, por su fundamental importancia, debiera ser objeto de pronunciamiento académico por parte de los integrantes del Departamento específico de la Universidad pública.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 066/20, en relación con la pandemia del Covid-19, urgió a los Estados a enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias. En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia, manifestando su profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos.

Conforme con lo establecido en sus Principios sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades.

Recuerda que los Estados se encuentran en una especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica que deben asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Así, están obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia, instando a los Estados a adoptar planes de contingencia para prevenir la propagación del virus en los centros de detención y para garantizar la atención médica adecuada a las personas privadas de libertad.

Asimismo hace suyo el llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas del último 25 de marzo por el cual exhortó a los Estados a proceder con la debida urgencia para reducir el número de personas privadas de libertad y a examinar los distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al Covid-19, en particular a las personas que tienen más edad y aquellas aquejadas por enfermedades.

En tal sentido recomienda, entre otras cosas:

1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19.
2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.
3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del Covid-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.

La Cámara de Casación ordenó que se analice la prisión domiciliaria para detenidos de grupos de riesgo, ordenando “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”, lo que pidió al resto de la Justicia.

La decisión fue tomada “en atención a la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Así se apoyaron en uno de los argumentos de ese organismo e instaron a sus pares a “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19”.

A su vez la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, considerando que el momento exige de todos que estemos a la altura de las graves circunstancias y asumamos plenamente nuestra responsabilidad humana, profesional y académica, sugiere, entre otras cosas, que:

• Se haga llegar al gobierno el pedido de medidas de emergencia para reducir con la premura del caso la población penal.
• Destaquen ante gobiernos y medios de comunicación que en esta emergencia los males previos —como como superpoblación, insuficiente alimentación y atención médica— se agravan ante el riesgo inminente de infección.
• Expliquen que en las prisiones se encuentra un alto porcentaje de personas que no están condenadas.
• Aconsejen que se proceda a una despoblación penal racional, privilegiando a quienes son más vulnerables al virus, a quienes están cerca de la liberación definitiva o condicional y a quienes responden por delitos que no impliquen afectación de la vida o de la integridad física o sexual.
• Difundan los llamamientos que a este respecto han formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Su Santidad el Papa Francisco.
• No ahorren esfuerzos para peticionar y hacer saber la gravedad de esta emergencia que, de no adoptarse medidas urgentes, derivaría en una mortandad masiva de presos y personal, configuradora de un crimen de lesa humanidad.

Estos problemas son lo que creo que deben enfocarse desde el ámbito académico a fin  contribuir en su solución.

Pensamos que es en este ámbito donde se discute cuál es la misión del Derecho Penal, cuáles son los límites del poder represivo del Estado y cuáles son los límites constitucionales que conforman un verdadero Estado de Derecho.

Creemos que la Universidad Pública debe tener una fuerte presencia en la discusión de los problemas. Y que no puede estar ajena a ello: debe lograr uno de los objetivos básicos de la Universidad Pública cual es lograr formar profesionales creativos, críticos y emprendedores, que el día que egresen de la Facultad se lleven no solamente una sólida formación académica, sino también una formación como ciudadanos comprometidos con la realidad y que tengan el recuerdo de que la Facultad les abrió todas sus puertas para concretar sus iniciativas, porque esto contribuye al futuro de nuestra sociedad.

Es por eso que propongo que se cite a una reunión de todos los Profesores e integrantes de la Carrera Docente de este Departamento, a fin de formular la opinión académica acerca del tema y de la defensa del derecho a la vida y de los principios del Derecho Penal que no deben ser conculcados.

 

 

 

 

 

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