Libertad para el gran capital

 

En un artículo anterior publicado en este medio, “Afrenta a la República”, nos preguntamos acerca de las causas de la actual situación política caracterizada por la presencia de dos fuerzas de ultraderecha —hoy coaligadas bajo la dirección del ex Presidente Mauricio Macri— que están disputando la posibilidad de acceder a la presidencia de la República, aun cuando expresen abiertamente su carácter anti-republicano, anti-democrático y anti-popular, su voluntad de destruir los derechos de los trabajadores, sus aspiraciones autoritarias y la reivindicación de los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Y nos preguntamos si la lucha por la memoria, verdad y justicia de tantas décadas no ha sido suficiente para evitar el olvido.

Se ha dicho que los grupos sociales carecen de una memoria colectiva que pueda ser transmitida como lazo viviente al interior de la familia y al ambiente de trabajo; y que la herencia cultural es aquello que cada persona se fabrica gracias a la escuela, a las lecturas, a sus relaciones personales, siendo disueltos bien pronto dentro de él las herencias y recuerdos que las generaciones precedentes no han tenido el modo de transmitirle. Y que este proceso de cancelación de la memoria del trabajo y de la historia se ha vuelto más violento con el advenimiento de la financiarización de la economía capitalista y el triunfo del neo-liberalismo.

Es en este contexto que debemos combatir la enfermedad del olvido, la negación de la historia planificada eficazmente por los voceros de la derecha y —revalorizando las luchas de las Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones de derechos humanos— profundizar el estudio y el debate de nuestra historia, ampliando el conocimiento de los lugares en los que esta se desarrolló.

El bloque ultra-derechista (fascistas “libertarios” y macristas) se unifica —sin mayores precisiones— en dos consignas: “libertad” y “cambio”.

Cabe preguntar a qué libertad se refiere el candidato a Presidente de La Libertad Avanza, la libertad de quiénes y para qué; y cuál es el real significado de la palabra mágica que se repite como un mantra: cambio.

El candidato ultra-derechista ha repetido frases de los economistas ultraliberales de la llamada “Escuela Austríaca” (von Mises, von Hayek y otros) que no dejan lugar a dudas. De acuerdo a este pensamiento, la libertad no es un derecho de todas las personas, sino la de los poseedores de los medios de producción y de cambio, los dueños de la tierra, de las empresas, de los bancos, nacionales y extranjeros. Como lo señalara Martínez de Hoz, al asumir como ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar, se trata de “liberar las fuerzas productivas” (y obviamente a sus titulares) de las trabas asfixiantes del Estado. El candidato Milei quiere ir más allá aún de la catástrofe económica, social y política de la dictadura, de los gobiernos de Menem, la Alianza y el propio Macri. Se trata de culminar una tarea que consideran inconclusa o interrumpida, la de poner a disposición del capital internacional los recursos naturales del país: petróleo, gas, litio; que todo lo que sigue siendo público se transforme en privado.

Detrás del accionar agresivo y violento, y de las excentricidades del mencionado candidato, de las declaraciones que alentaron la última corrida cambiaria, la falta de combustible y otras maniobras especulativas, con claros objetivos electoralistas, se advierte claramente la direccionalidad de los grupos económicos nacionales y transnacionales.

Se trata de imponer la “Lex Mercatoria” como instancia superior a las instituciones de la República. La colaboración de los países de nuestra región con las instituciones financieras internacionales, así como la firma de tratados de comercio e inversión son ejes fundamentales del comercio internacional y de la inversión extranjera. La pre-existencia de 66 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que amparan las inversiones realizadas por empresas extranjeras implica que la Argentina no sólo se encuentra condicionada por el Fondo Monetario Internacional, sino por una red de acuerdos con monopolios extranjeros, cuyo incumplimiento, a juicio de estos, genera causas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo creado por el Convenio de Washington del 18 de marzo de 1965, con sede en esa misma ciudad, que entiende en las diferencias de naturaleza jurídica que surjan entre un Estado contratante y la empresa de otro Estado contratante. Este organismo, que desplaza la jurisdicción de nuestros tribunales en estos conflictos, ha emitido resoluciones desfavorables para nuestro país.

A ello debe agregarse la demanda del fondo buitre Burford Capital contra nuestro país ante el mismo tribunal de la ciudad de Nueva York, hoy a cargo de Loretta Preska, sucesora de nuestro conocido Thomas Griesa, tendiente al pago de una indemnización por la expropiación de YPF, con el argumento de que la nacionalización se realizó sin una oferta pública de adquisición. Cabe señalar que el fondo buitre nunca fue inversor o socio de YPF, sino que adquirió a las firmas Eton Park y Petersen Energía, ex socios minoritarios, el derecho a accionar contra nuestro país.

Todas las fuerzas políticas de derecha han manifestado su solidaridad incondicional con el fondo buitre, lo que implica que desean que la Justicia norteamericana confirme el fallo de Preska que condena a nuestro país al pago de una indemnización de 16.000 millones de dólares. Es evidente que la oposición tiene en vista la re-privatización de nuestra empresa petrolera, y su adquisición a precio vil por parte del capital extranjero.

Podríamos concluir que la libertad que persiguen Milei y sus socios es la del gran capital nacional e internacional para apropiarse de los bienes públicos y los recursos naturales de nuestro país.

El ideal perseguido por el neoliberalismo es el de los mercados incontrolados, por lo que deben crearse condiciones favorables para un “clima de negocios”, basado en la especulación financiera. No sólo los recursos económicos, sino el propio orden jurídico debe ser privatizado, ya que el Estado debe garantizar que las grandes corporaciones —los nuevos soberanos globales— puedan percibir beneficios ilimitados.

El objetivo de la oposición de derecha responde a una estrategia regional tendiente a encuadrar a nuestro país —que hoy padece las consecuencias del endeudamiento contraído por el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional— en la estrategia económica y geopolítica de Estados Unidos. Esto implica no sólo la sumisión a las condiciones impuestas por el FMI, sino el abandono de los proyectos que tienden a recuperar la soberanía nacional: control del comercio exterior, control de cambios, energía nuclear y la privatización de YPF y Aerolíneas Argentinas, entregando Vaca Muerta y los recursos naturales a la explotación de las corporaciones transnacionales.

Liberar las fuerzas productivas y los mercados de la “asfixia estatal”, esclavizando a los trabajadores por el temor al despido y la represión. Esta es la “libertad” que proclama el candidato de La Libertad Avanza. Para ello es necesario un cambio de régimen político.

Existe una “internacional” de la extrema derecha, a la que pertenecen —entre otros— el trumpismo, el bolsonarismo, la derecha chilena de Kast, los neo-franquistas de Vox, el Frente Nacional de Francia, los fascistas polacos y húngaros. Los “libertarios”, junto a dirigentes del PRO, han adherido a la Carta de Madrid, manifiesto escrito por los neo-franquistas de Vox. Este se dirige a todas las fuerzas políticas de la derecha en América Latina, alentándolos en su campaña de oposición sistemática a cualquier gobierno popular surgido de elecciones democráticas. Llama “Iberoesfera” a las naciones de América Latina, encabezadas por España, y afirma que una parte de esta está “secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista”, extendiendo dicha calificación no sólo a Cuba y Venezuela, sino a todos los gobernados por frentes democráticos y populares, nombrando entre otros a Argentina y Bolivia. Señala que el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla son iniciativas “que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica”. Invocan la defensa del “Estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada”, que estarían en peligro.

Hay objetivos muy claros en esta internacional neo-fascista: el desconocimiento sistemático de la legitimidad de los gobiernos populares desde el momento mismo en que son votados por el pueblo, como ha ocurrido en Brasil, cuando Bolsonaro desconoció la victoria de Lula y sus organizaciones irregulares armadas ocuparon el Parlamento, replicando lo que hicieran los partidarios de Trump al tomar el Capitolio. Otra de las prácticas de la ultra-derecha es la estrategia de la tensión permanente tendiente al desgaste del gobierno y a su posterior derribo, como ocurriera con el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, y como pretendieron en nuestro país, explotando las contradicciones y debilidades del gobierno nacional.

La candidata a Vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, ha efectuado declaraciones en la Cumbre de la Iberoesfera, realizada en Madrid en octubre del año pasado, remarcando una total coincidencia con sus objetivos. Dichas declaraciones, como las que ha realizado en el marco de la campaña electoral, no se encuadran en la teoría de los dos demonios, ni se agotan en la negación de los crímenes cometidos por los militares y fuerzas de seguridad, sino que los reivindican, lo que constituye una clara apología o enaltecimiento del genocidio planificado y llevado a cabo por la última dictadura cívico-militar en cumplimiento del Plan Cóndor diseñado por el imperialismo norteamericano.

En sus últimas declaraciones, la candidata Villarruel ha dicho que “todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina referido a su pasado es falso”, que se trata de un relato construido por la izquierda, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y que Raúl Alfonsín —primer presidente post-dictadura y co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos— fue “abogado de terroristas”. Su definición más clara es: “Los patriotas hemos subestimado lo que significan los derechos humanos, que son el arma principal para poner de rodillas a los Estados soberanos”.

La ultra-derecha derrotada el 22 de octubre pertenece a esta internacional de fuerzas anti-democráticas y anti-populares, cuya organización y conducción real se halla en manos de los grupos económicos nacionales y transnacionales, que no vacilarán en descargar sobre el pueblo las consecuencias de la crisis mundial y provocar un brutal retroceso social y político. Cualquiera fuera el resultado del balotaje, continuará desplegando su prédica incesante de odio hacia las organizaciones políticas y sindicales de la clase trabajadora. La peligrosidad de estos sectores pone en serio riesgo la continuidad de una democracia ya condicionada por el endeudamiento externo y un Poder Judicial dependiente del poder económico dominante.

En síntesis: el cambio que pretenden es un cambio de régimen político, un Estado de excepción permanente que borre las apariencias representativas parlamentarias, que destruya —a través de la persecución política y judicial— las fuerzas democráticas, nacionales y populares que pretenden una transformación del país con soberanía y justicia social. Y para lograr estos objetivos reclaman una revisión total de estos 40 años de democracia, la libertad de los condenados por delitos de lesa humanidad y —en nombre de la “reconciliación nacional”, en el marco de una suerte de Pacto de la Moncloa— un nuevo punto final en los juicios seguidos contra los militares, miembros de fuerzas de seguridad y civiles que participaron en los crímenes de la dictadura. La liberación de algunos de estos procesados y condenados será de mucha utilidad para los objetivos de persecución y represión de los militantes democráticos y populares. Uno de ellos, Jorge Eduardo “Tigre” Acosta, miembro de la Marina y jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada, condenado a prisión perpetua por numerosos delitos de lesa humanidad, envió desde la cárcel un mensaje de adhesión a La Libertad Avanza en el que señala que “se aproxima la hora de conocimiento de la verdad”, coincidiendo con las declaraciones de Milei respecto a la caracterización como “guerra civil revolucionaria” de lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar. Es evidente que Acosta y demás genocidas reclaman su libertad, el fin de los procesos y su reconocimiento como héroes victoriosos de una supuesta guerra, y que Milei y Villarruel coinciden con este reclamo.

Una de las características del fascismo es el culto a la muerte, en sus más diversas formas. “Viva la muerte” era la consigna impuesta por el general franquista Millán-Astray a los soldados de la Legión. Milei ha dicho que será quien pondrá “la tapa al ataúd del kirchnerismo”. Habría que recordar que estos discursos funerarios no han tenido mucha suerte en las luchas políticas argentinas. Herminio Iglesias quemó un ataúd que representaba a la Unión Cívica Radical en 1983, y esta torpeza contribuyó a la derrota del peronismo y a una mayor diferencia de votos a favor de Raúl Alfonsín.

Por todo ello, no puede existir neutralidad alguna ante el balotaje del 19 de noviembre. La contradicción principal hoy entre los candidatos y fuerzas en pugna no es peronismo o anti-peronismo, ni kirchnerismo o anti-kirchnerismo, por lo que el voto a Sergio Massa se impone como una condición ineludible de auto-defensa de las instituciones de nuestro país, de nuestra Constitución nacional, de la continuidad de la lucha por los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, la soberanía nacional y la justicia social.

 

 

 

 

 

 

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