¿Libertad de expresión?

 

El 3 de junio finalmente me aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. No tengo palabras para agradecer la rápida, eficiente y conmovedoramente amable atención de las personas a cargo del operativo en la Facultad de Medicina. No quiero dejar de resaltar que a poco mas de un año de decretada la emergencia en materia sanitaria, la Argentina cuenta con las vacunas para inmunizar a su población e incluso las está produciendo, convirtiéndose así en uno de los ocho países del mundo que fabrican vacunas contra el Covid.

Tampoco quiero olvidar a los 84.628 fallecidos por la enfermedad y a sus familias. No quiero dejar de mencionarlos, porque a partir de hoy se han flexibilizados las restricciones en muchas de las zonas con mayor nivel de contagio del país. Los cito para llamar a la reflexión a todos los que me lean, porque aún estamos en medio de una campaña de vacunación. Que es exitosa, pero no mágica. Todavía vacunados podemos trasmitir el virus a otros. Aun vacunados podemos enfermar e incluso morir. La flexibilización de las medidas de aislamiento no una piedra libre para salir a lamer picaportes. Ni para dejar de cuidarnos o dejar de usar barbijos o para sumergirnos en un recital, todos amuchados. Digo esto porque hay provincias que siguen atravesando fases agudas de la emergencia.

Mientras nos vacunamos y tratamos de seguir vivos, los hechos se suceden a un ritmo vertiginoso. Pienso que al inicio de la vacunación al Presidente lo denunciaron por envenenamiento: miembros de la Coalición Cívica, partido que integra la alianza de Juntos por el Cambio. Si no fuese por la complacencia de los periodistas que suelen entrevistar a los miembros de la Coalición Cívica, empezando por quien la lidera, Elisa Carrió, alguien les señalaría la paparruchada de explicación que siguen ensayando ante los medios, sin que nadie se la discuta: denunciaron al Presidente de la Argentina por envenenamiento, porque en realidad —dicen— querían denunciar al Presidente de Rusia por ser un dictador. Así las cosas, en un país de lógicas complacientes.

La tesis del envenenamiento rápidamente dejó de ser efectiva, básicamente por ser falsa. Entonces pasaron, sin solución de continuidad, a la tesis del “faltan vacunas”. Como si la escasez de vacunas no fuese una situación mundial, como si todo el planeta no estuviese intentando comprar vacunas a los pocos países que las producen.

Y de la mano del “faltan vacunas” vino, “hay que comprar la Pfizer”, y las denuncias contra el Poder Ejecutivo por no haberlas comprado. El punto cúlmine de este frenesí tuvo dos partes. Una de ellas protagonizada por Patricia Bullrich, cuando aseveró que la Argentina no había adquirido las vacunas de Pfizer porque había mediado un pedido de coimas y el gobierno argentino pretendía imponer un socio local. Rápidamente la empresa salió a desmentir y entonces Patricia Bullrich trato de convertir la mentira en un hecho político y ofreció ir a Olivos a explicar sus dichos y contar lo que sabía. La respuesta del Presidente fue clara: la mentira no es un hecho político. A continuación la demandó por sus dichos mendaces.

La segunda parte del frenesí se dio en la Cámara de Diputados, donde concurrieron los representantes de los laboratorios y quedó claro que la Argentina no había adquirido la vacuna en cuestión porque el régimen de responsabilidad del Estado Argentino era inadmisible para el laboratorio Pfizer. No tuvo desperdicio la declaración del devenido en visitador médico Mario Negri, que entonces protestó porque no se había invitado a Pfizer a participar de la redacción de la ley.

Sucede todo esto, pero también suceden días de gloria. Mientras algunos solo buscan entorpecer la gestión de gobierno, que lidia con un país endeudado de modo aberrante por el gobierno de Mauricio Macri, con tarifas en dólares que este fijó y con una creciente inflación sobre todo en materia de alimentos, el Congreso de la Nación tiene momentos memorables. El jueves pasado fue uno de ellos, cuando la sesión que parecía ser un gran fracaso concluyó con una jornada de reivindicaciones justas y necesarias.

El plan inicial era aprobar la ley que regula los estándares objetivos de la situación de emergencia. Es decir, los criterios objetivos determinados por ley que definen los índices de contagios y qué restricciones proceden en consecuencia. Es decir, la salida a la maraña de decretos y normas de orden local que se ven afectadas por las disposiciones sanitarias.

No se obtuvieron los votos para aprobar esa ley, pero se aprobaron tres normas cruciales. Uno fue la diferenciación tarifaria para zonas frías de la Argentina, que impactará en las poblaciones que atraviesan inviernos extremadamente fríos y consumen más a la hora de calefaccionar.

Otro proyecto que recibió aprobación fue el cupo de trabajadores para personas travestis, transexuales y trans. Histórico y justo reclamo de sectores no solo discriminados del mercado laboral, sino además invisibilizados de modo dramático. Para estos colectivos, la norma hace la diferencia entre morir y vivir, dado que, obligados por la discriminación laboral que sufren, no les quedan más opciones que ejercer la prostitución como único modo de vida; sometidos a todo tipo de violencias, les compañeres de esos colectivos llaman a quienes superan los 40 años “sobrevivientes”. Así de urgente es la situación de estos colectivos. Así de justo es que se dictase una ley que les resguardase de algo que solo el prejuicio había impedido hasta acá: la posibilidad de acceder a trabajo formal.

Luego vino la discusión por un proyecto de ley que establece medidas positivas a favor de les trabajadores de los medios de comunicación. Porque hay que decirlo con todas las letras: mucha de nuestra sociedad aún machista y patriarcal se basa en la permanencia en esos grandes formadores de sentido que son los medios de comunicación de discursos sexistas y estructuras de organización excluyentes para las mujeres. Precarizadas, discriminadas, sexualizadas y maltratadas con naturalidad por los medios de comunicación, el proyecto promueve y establece estímulos concretos para que esa situación cambie.

Mientras se llevaba adelante la sesión, llegó a los correos electrónicos de los diputados un mail suscripto por el presidente de ADEPA, el presidente de ATA, el presidente de ARPA y el presidente de ADIRA. Es decir, las organizaciones que nuclean a los grandes medios de comunicación de la Argentina. Relató la diputada Bernazza en la sesión que “me han enviado una carta a título personal, que supongo que hemos recibido todos y todas en nuestros correos oficiales. No la voy a leer por completo, pero me parece interesante leer estos titulares porque dicen que ellos tienen la intención de acompañar la equidad de género".

En un párrafo se expresa: “De hecho, nuestras instituciones están comprometidas, desde hace ya varios años, en promover una agenda de diversidad en los medios, tanto en términos de contenido como de políticas”. Añadió la diputada: “Señor presidente, en esa carta muy extensa me informan finalmente que el artículo 8° es el artículo con el que no acuerdan porque dicen que eso traería alguna preferencia en la asignación de la publicidad oficial por parte del sector público nacional".

"Resulta evidente —continuó— que la carta refería específicamente a ese tema y que este es el tema que preocupa, y se justifica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con los mismos argumentos que escuché en esta sesión por parte de la oposición. Me parece que este es el punto en discordia. Con esta situación, estamos en condiciones de tener todas las cartas sobre la mesa. Y con las cartas sobre la mesa, ver si vamos a votar a favor de la igualdad de género o si vamos a votar a favor de los poderes reales”.

Mientras esto sucedía, los diputados de la oposición se levantaban de sus bancas e intentaban dejar sin quorum la sesión. Fue inútil, porque la ley se aprobó con 136 votos afirmativos.

Pero quiero que lean los artículos del conflicto, que los diputados opositores se negaban a votar:

“Régimen de promoción para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada con y sin fines de lucro".

"Artículo 6 - Registro y Certificado. La Autoridad de Aplicación creará un registro de servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada y expedirá un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de acción. El certificado acreditará la implementación y promoción de las disposiciones de la presente, y puede ser utilizado en todas sus estrategias de comunicación institucional".

"La reglamentación debe determinar el procedimiento de inscripción y vigencia. Este registro tiene carácter público y debe ser periódicamente actualizado".

"Artículo 7 - Informes y Requisitos. Para acceder al registro y obtener el certificado establecido en el artículo 6°, los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada deben elaborar anualmente un informe donde acrediten progresos en materia de equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, detallando el cumplimiento de al menos cuatro (4) de los siguientes requisitos:

1. Procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros;
2. Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual;
3. Implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, de conformidad con la normativa vigente en la materia;
4. Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras;
5. Disposición de salas de lactancia y/о de centros de cuidado infantil;
6. Promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación; y
7. Protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género".

"Artículo 8 - Preferencia. Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional, integrado por los organismos comprendidos en el artículo 8 de la ley 24.156, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, sin perjuicio de los criterios objetivos y requisitos establecidos por la normativa vigente en la materia”.

Leyeron bien. Para tener una preferencia en el acceso a la pauta oficial, los medios de comunicación solo deben cumplir cuatro de los presupuestos del artículo 7.  Si no los cumplen, no se verán privados de publicidad.

Escuché en la sesión disparates varios: desde una diputada opositora que instó a denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, hasta que estas normas importaban una afectación de la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un derecho sistémico de la democracia. Porque sin libertad de expresión no hay sistema democrático. Pero que alguien me explique cómo o de qué modo medidas para “apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras” y la “disposición de salas de lactancia y/о de centros de cuidado infantil” afectarían la libertad de expresión.

Una cosa es la libertad de expresión, pero otra bien distinta es decir que bajo ese derecho se incluye el derecho a descuidar o discriminar a las trabajadoras.

 

 

 

 

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