¿Ley de abastecimiento o letra muerta?

 

Hace apenas una semana, Horacio Verbitsky nos explicaba con toda claridad la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de proveer a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional del producido de derechos de importación y exportación, en términos del artículo 4 de la Constitución Nacional. Lejos de producir el impacto esperado, motivó que el gobierno se abroquelara en la negativa de impulsar las retenciones, aun considerando que el propio Presidente mencionó, en esos días, que la mejor forma de desacoplar los precios internos de los alimentos respecto de los internacionales era justamente establecer retenciones. Otros ministros, como autistas al unísono, dijeron que era decisión del gobierno no aumentar las retenciones. En pocas palabras, el gobierno no sólo tiene la facultad de subir y bajar retenciones, sino que sabe que es una herramienta útil pero no la aplica.

Asimismo, también se escuchó a varios ministros, en especial a Martín Guzmán y Matías Kulfas, comentar reuniones que mantienen con distintos empresarios quienes han aumentado en forma desmesurada los precios, amenazándolos con aplicar las leyes que penan esa actitud.

Lo primero que me viene a la cabeza ante tamaña sinrazón, es que si un chico pobre roba un celular y lo detienen termina en una cárcel común, pero un empresario puede robarles a 47 millones de argentinos y solo lo amenazan, una y otra vez, con aplicarle la ley. La semana anterior el Presidente contó que se reunió con Luis Pagani, CEO de Arcor, la mayor empresa de productos alimenticios y que acababa de aumentar los precios un 10%, para buscar una solución y mientras se hacía la reunión Arcor aumento sus productos más importantes. Es algo así como si un delincuente, luego de descubrírsele los delitos cometidos, el juez le preguntara: ¿cuál es su pena? Preguntarle a uno de los principales responsables de la inflación cómo se arregla la cuestión es un acto al menos desatinado. Pero lo peor es que la sociedad por un lado se desalienta, y por otro cree que el gobierno no tiene herramientas para ordenar el mercado.

Entre las sanciones que se prometen está la llamada Ley de abastecimiento 20.680, sancionada el 20 de junio de 1974. Es decir, una ley que tiene 49 años de vida y que, sistemáticamente, ha sido burlada por los responsables de la recurrente inflación que azota al pueblo argentino, en especial a aquellos más vulnerables.

La alta inflación ha sido, y sigue siendo, el combustible de la máquina de fabricar pobreza. También es una herramienta importante de la concentración de la riqueza en pocas manos ya que es utilizada para disminuir la capacidad de compra de los salarios, de las jubilaciones y de las prestaciones sociales. Por ello, creo que teniendo el gobierno herramientas legales para modificar esta situación, no usarlas resulta una clara violación del pacto democrático, un privilegio intolerable y una desviación ideológica impensada para un gobierno nacional y popular.

 

 

La ley de abastecimiento

A continuación, trataré de sintetizar los alcances y las posibilidades que otorga dicha ley al Poder Ejecutivo:

1. Es una ley de orden público, ello quiere decir que es de cumplimiento y aplicación obligatoria.
2. Está destinada a regir en todo tipo de transacción económica que se destine a la sanidad, la alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento y todo bien mueble o servicio que satisfaga necesidades comunes y corrientes de la población.
3. Autoriza al Poder Ejecutivo a fijar precios máximos, a determinar los márgenes de utilidad o la congelación de precios
4. También autoriza al Poder Ejecutivo a fijar precios mínimos y /o sostén y/o de fomento. Dictar normas respecto de la comercialización, intermediación, distribución y/o producción
5. Asimismo, el Poder Ejecutivo puede:
   1. obligar a las empresas a continuar la producción de bienes y servicios, incluso fijar cuotas mínimas de producción.
   2. prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país.
   3. intervenir temporariamente por 180 días, prorrogables, empresas que no cumplan con las pautas establecidas en las leyes que regulan la comercialización de bienes y servicios.
   4. exigir la exhibición de documentación, e incluso allanar empresas en horas hábiles y proceder al secuestro de todos los elementos necesarios por un plazo de 30 días
6. Los que no cumplan las normas establecidas podrán ser sancionados
   1. por elevar artificialmente o injustificadamente los precios;
   2. acaparar materias primas o permitir incrementar innecesariamente sus precios,
   3. crear artificialmente, etapas de distribución y comercialización;
   4. negar o restringir injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios;
   5. desviar el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada;
   6. no tener para su venta mercaderías con precios máximos;
   7. no entregar factura o comprobante de venta o violar cualquier otra disposición prevista en la ley.
7. Los que incumplieren las normas previstas en la ley de abastecimiento podrán ser sancionados con:
   1. multa, clausura, intervención, quita de la personería jurídica;
   2. arresto hasta 90 días;
   3. inhabilitación de hasta 2 años respecto la recepción de créditos en las entidades financieras;
   4. comiso de mercaderías;
   5. inhabilitación especial de uno a cinco años para ejercer el comercio y la función pública;
   6. suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores del Estado;
   7. publicación de la sentencia condenatoria, a costa del infractor;
   8. suspensión del uso de patentes y marcas;
   9. en caso de extrema gravedad, se aplicará la pena de prisión de seis meses a cuatro años. Cuando las infracciones sean cometidas en beneficio de una persona jurídica, la responsabilidad se extenderá a los directores, los autores y a aquellos que debieran haber tenido conocimiento del hecho.

Las enunciadas son solo algunas de las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo de hacer cumplir las normas por aquellos que produzcan, o comercialicen, bienes y servicios. La batería de posibilidades es vasta, solo es necesario usarla.

La pregunta del millón es: ¿por qué no se usa? ¿Qué motiva que el Presidente y los ministros de las áreas correspondientes permitan que parte del empresariado se burle de ellos y del pueblo argentino, aumentando los precios sin tener en cuenta que los perjuicios son sufridos por la mujer y el hombre del común? Quisiera saber, y entender, qué motiva a los funcionarios a no aplicar una ley le permitiría mejorar sensiblemente el problema inflacionario, o a no implementar una restricción de volúmenes exportables de trigo mientras el pan duplica su valor. ¿Qué valores tiene el ministro de Economía que se reúne con los poderosos del llamado “círculo rojo” que son los responsables de la inflación que atosiga a los sectores populares, en vez de simplemente aplicarles la ley? Si cualquier habitante de la nación comete una infracción o un delito, le cae el peso de la ley con toda crudeza, pero a los empresarios solo se les promete que se les va a aplicar la ley, cosa que no se materializa en ningún rubro productivo.

Si bien el Presidente ha dicho varias veces que las retenciones son la mejor manera de equilibrar los precios, también manifestó que no envía un proyecto de ley porque sabe que va ser rechazado. Es decir, que perderá la votación. Pero ocurre que por la ley de abastecimiento tiene la facultad de fijar precios máximos, y si ello no alcanza puede prohibir o restringir las exportaciones. El país requiere de dólares mientras los campos están inundados de silos bolsa, y tiene al alcance de la mano intervenir cuando alguien acapare materias prima o productos.

Es triste advertir que si bien el gobierno sabe perfectamente quienes son los responsables de remarcar precios “por las dudas”, termina aceptando mansamente esa situación en lugar de aplicar la ley de abastecimiento que impone penas hasta privativas de la libertad a aquellos que elevaren artificial o injustificadamente los precios desproporcionadamente en relación a sus costos.

Un caso emblemático es lo que pasó con el servicio de Internet que provee el grupo Clarín. El gobierno dictó un decreto declarando a la prestación del servicio como “servicio público”, es decir sujeto a lo que dicte el órgano de aplicación. El órgano de aplicación decidió fijar un precio para el servicio domiciliario, sin embargo, el grupo Clarín siguió aumentando como si nada hubiera sucedido porque un juez de Córdoba —que siempre actúa en favor del grupo— dictó una medida cautelar. Todo este entuerto se hubiera resuelto si el gobierno, amparado por la facultad que le otorga el inciso a) del artículo 2 de la ley de abastecimiento respecto de “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores”, la hubiera hecho efectiva. Claro hay que estar dispuesto a pelear contra el grupo Clarín, y para eso hace falta mucho coraje.

Hace un tiempo el Presidente le declaró la guerra a la inflación, e inmediatamente los precios se dispararon. Ante ello ordenó una ronda de reuniones con los empresarios más importantes que no dio ningún resultado. ¿No sería más lógico que sancionaran a quienes lo hicieron? A veces tengo la impresión de que el gobierno fue a esa guerra con un rifle de aire comprimido y guardó su artillería, mientras del otro lado lo esperaban con misiles y dispararon. Debo confesar que me duele en el alma que un gobierno nacional y popular se cuide de no ofender a los poderosos mientras se condena al hambre y a la pobreza a millones de personas en estado de vulnerabilidad. Sueño con un país como el que nos ilusionara Néstor Kirchner, donde se termine “eso de que no se debe ser débil con los poderosos y fuerte con los débiles ”.

Permanentemente bregamos por un país en el que se distribuya adecuadamente la riqueza, pero cualquier esfuerzo se ve invalidado por un gobierno que no está dispuesto a pelear con los poderosos. El esfuerzo de millones de argentinos siempre termina en las mismas manos. La economía creció más del 14% y sin embargo la mayoría de los asalariados quedan debajo de la línea de pobreza al igual que dos tercios de los jubilados, los planes sociales dejan al borde de la indigencia mientras el Ministerio de Desarrollo Social propone reducirlos y entregar herramientas de trabajo. El impuesto a la renta inesperada que anunció el propio Ministro de Economía, que parecía una idea razonable, feneció antes de ver la luz porque los del círculo rojo pegaron cuatro gritos y quedó archivado bajo siete llaves. Los empresarios tienen el privilegio de pagar las contribuciones patronales reducidas, son beneficiarios de todos los planes de promoción industrial, pueden hacer con los precios lo que se les dé la gana. La desigualdad crece día a día por la tozudez del Ministro de Economía, quien no deja de repetir que el “plan económico” es el acuerdo con el FMI.

En el Congreso abundan los proyectos de inclusión social: plan de facilidades de pago para los que llegan a la edad y no les alcanzan los aportes; ingreso básico universal, cobrarles a los que fugaron el dinero, pero el gobierno opta por un silencio aterrador mientras parece boicotearlos. Y esto se refleja en la actitud de Economía que, con el pretexto de “arreglar la macro”, no toma ninguna medida que no sea consensuada con los poderosos.

Estamos en una trampa, los sectores de poder escriben la música que el FMI toca y el gobierno baila como en la cubierta del Titanic. Lo peor es que esos mismos sectores de poder apoyan a los sectores más neoliberales y fascistas, por lo tanto, hacen funcionar el gobierno de acuerdo a sus intereses para luego aplastarlo. El problema es que cuando ello ocurra, los perjudicados seremos los 47 millones de ciudadanos.

Creo, como muchos, que hay 2023, pero es imprescindible que el gobierno modifique su actitud, que cambie los ministros que sea necesario, que haga una correcta distribución del ingreso nacional y aplique la ley de abastecimiento con coraje. El miércoles se cumplió un nuevo aniversario de nuestra fecha patria, lo recordamos con unción, respeto y admiración por aquellos que la construyeron. Creo que hay que volver al espíritu del 25 y jugarse por la patria, que al final es lo más importante.

Ojalá, así sea.

 

 

 

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