Leviatán

 

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez concluyó una investigación que conecta una serie de episodios aislados con apariencia de policiales a un círculo de estructuras tenebrosas. Comienza con el primer gran crimen narco de 2008 en el shopping Unicenter de Martínez y cierra con el asesinato del financista Diego Xavier Guastini en la localidad de Quilmes, un día después de las elecciones de 2019 que dieron ganador a Axel Kicillof en la provincia y, allí, a Mayra Mendoza. En los once años transcurridos aparece la evolución de los carteles narcos. La saga de financistas desaparecidos. El fondeo al fiscal Alberto Nisman. Los arrepentidos de la Procunar. Domínguez descubrió en esa trama el auge de una línea enraizada en las estructuras del Estado que pasó de encubrir a vendedores de estupefacientes ilegales a gerenciar una estructura con peso de Cartel. Conducida por el titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro, Claudio Scapolán, operó entre 2012 y 2015 con cincuenta personas: comisarios, policías, secretarios y tres abogados desplegados en San Isidro, Morón y San Martín. Disputó cargamentos de 500 kilos de cocaína a dos clanes. Reintrodujo la carga al mercado ilegal. Fraguó allanamientos. Extorsionó encausados de todo pelaje para sacarles autos, casas y dinero. Quebró voluntades. Obligó a trabajar a personas a cambio de la libertad. Y dio rienda suelta a la rapiña ruin y degradada de la Bonaerense, en operativos en los que se llevaban hasta las macetas de las casas.

“La desvalijaron, me dijo mi hija —explicó una mujer—: le robaron bicicletas, máquina de cortar pasto, macetas y seguramente algún electrodoméstico. No quedó nada. Inclusive me robaron una máquina de plomería”.

De una quinta de Moreno se llevaron ropa, zapatillas, un televisión, perfumes, 600 dólares, un rosario de plata, un sillón y hasta el motor de la puerta de entrada. “Era impresionante —dijo Walter Piñeiro—: pusieron todo en una caja y a la hora de firmar las actas con los elementos secuestrados, la caja nunca apareció. Pude escuchar discusiones entre los policías: decían que uno se llevó más que otro”.

 

 

 

 

 

La cueva

Fernando Domínguez empezó a investigar a Scapolán en 2016. Scapolán había encabezado un falso operativo de drogas en una quinta de Moreno con detenidos, secuestro de casi 500 kilos de cocaína, captura de selladoras y fotos con Daniel Scioli. El patio imponente de la quinta tenía dos leones blancos frente a una pileta que dio nombre al caso, conocido como Leones Blancos, de diciembre de 2013. En agosto de 2016, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín absolvió a los imputados y ordenó investigar al fiscal y a los policías al considerarlo un montaje. Se había iniciado con un llamado falso al 911. Hubo policías de Quilmes y un fiscal de San Isidro en un operativo localizado en otro distrito: Moreno. Habían hecho un rulo: una estrategia que les permitía usar una denuncia para ubicar un hecho en un lugar, San Isidro, y a través de un seguimiento llegar a otro lugar, Moreno. La droga, también, había sido plantada. Y ellos se habían quedado con una parte semejante. Domínguez obtuvo varios testimonios claves. Entre ellos, el financista Diego Xavier Guastini, fundamental para entender la escala. Guastini declaró ante la Procunar primero en septiembre de 2018 y luego en octubre de 2019, diez días antes de su muerte.

 

 

 

El viernes 27 de diciembre de 2013, muy tarde, dijo, pasó a verlo un colombiano. Era del grupo de Alberto “Papo” Mejía, necesitaba cambiar un millón de euros a dólares, a dos días de fin de año. Era verano caliente. Argentina imponía restricciones a la salida de dólares. El colombiano estaba apurado, tenía que comprar droga para una salida, los dólares eran para el Nene Loza, del Clan Loza, uno de los carteles que crecía desde Salta hasta Buenos Aires propietarios con el tiempo de hoteles en Salta, en Mar del Plata, casas en countries, agencias de auto, cocheras y dos Ferraris.

 

 

 

 

Los Loza no aceptaban euros y no se ponían de acuerdo con el cambio. El colombiano quería ir y pagarle, eran las cinco de la tarde, pero Guastini consiguió el dinero. Al otro día volvieron a verlo.

¿Quién le dio el dinero? Las hipótesis abren el mundo que estaba a alrededor del financista y orbitan las investigaciones de la zona norte del Conurbano. Guastini era conocido aún como el contador, en todo caso como el contador de alguien con más altura como uno de sus socios, Hugo Díaz. El dinero podía haber venido de él. O de Damián Stefanini, uno desaparecido en marzo de 2015, el otro en octubre de 2014, también investigado por Domínguez. Por la oficina de Guastini pasaban clanes de todo linaje, jefe de las barras de Independiente, Lanús y dignatarios de La Doce. Guastini conseguía dólares en pleno cepo, enviaba plata a Europa escondida en valijas. Lavaba plata. Y pasaba información.

En su declaración habló del linaje. Mencionó al Lauchón Pedro Viale, subordinado de Horacio Stiuso, asesinado por un grupo de la Bonaerense el 9 de julio de ese 2013.

 

 

 

 

Y dijo que como estaba en ese mundo iban a verlo de varios lados. Ese viernes lo esperaba un policía de la Departamental de Drogas Ilícitas de Quilmes, Adrián Gonzalo Baeta, la primera persona que lo encontró muerto, custodio y ahora con pedido de captura por la nueva investigación. Baeta era uno de sus contactos. Siempre buscaba datos. Ese día le pasó el dato del Clan Loza.

Baeta siguió a los colombianos, dijo Guastini. En avenida Córdoba los esperaba otro colombiano del grupo de Correa Calderón en un Chevrolet Zafira color champagne. Solía usarlo El Nene Loza para mover la droga. El Zafira paró en Guardia Vieja, donde vivían los colombianos. Al otro día partió rumbo al Oeste, pero la gente de Baeta lo perdió. Al día siguiente, sábado 28, los colombianos volvieron a la cueva de Florida. Estacionaron en una cochera de Guastini. Andaban con una Toyota blanca. El grupo de Baeta les puso un rastreador y volvieron a seguirlo, volvieron a perderse y un día más tarde llegaron a la quinta de Moreno.

Estos aportes permitieron al fiscal Domínguez reorientar la investigación. Un día después del crimen de Guastini, homologó el testimonio como arrepentido de un ex policía que había seguido a la Toyota desde el centro porteño hasta Moreno. Trabajaba para Baeta. Lo obligaron a llamar al 911 para hacer la denuncia falsa que iba a activar el operativo legal. Y, además, lo pusieron como testigo. Domínguez lo encontró detenido por otra causa.

 

 

El policía

“Acá hay un antes, un durante y un después”, dijo el ex policía Carlos Daniel Maidana. En 2013, el hombre trabajaba para la Departamental de Quilmes desde hacía un año. Lo habían intentado detener porque tenía antecedentes en un secuestro extorsivo. “Me iban a llevar detenido, pedí por favor que no me lleven —dijo—, me esposaron, pedí por favor que no. Y Baeta me dijo que trabaje para ellos. Yo fui policía y tengo experiencia: querían averiguaciones que no podían hacer, como además conozco el ámbito delictivo, me ofrecen eso a cambio de no llevarme detenido. Accedo, me dan un teléfono y el primer trabajo que me encomendaron fue una reunión con unos narcotraficantes europeos para infiltrar a Baeta”.

En aquella oportunidad terminó detenido. “Se enojaron y me golpearon entre cuatro y cinco policías en la celda”. Lo liberaron, le dijeron que cierre la boca, que siga en contacto con Baeta y que si se borraba, matarían a su familia. El sábado 28 de diciembre de 2013, Baeta lo puso a seguir a la Toyota blanca. Domínguez corroboró las comunicaciones con las antenas de la zona. Maidana llegó a la Moreno. Pero perdió a la camioneta. Volvió a salir al día siguiente, domingo 29 rastreando el GPS. Miró las quintas. Ubicó dos. Una abierta y la otra con frente ciego. Habló con los vecinos. Preguntó por una Toyota. Se metió en una casa de enfrente. Esperó.

 

 

 

 

Baeta aguardaba novedades en compañía del jefe de la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes, Juan José Magraner. Había trabajado con Scapolán en San Isidro.

“Los otros dos policías hablaron con Scapolán –dijo Maidana— para decirle que ya tenían ubicada la droga, yo sé que era ese fiscal porque lo nombraban, era el que les daba las órdenes para que pudieran trabajar. Sé que de todos los movimientos que hacían le decían al fiscal. Yo hasta ahí no sabía si el fiscal sabía de mi 'trabajo' para la policía. Estuve varias horas”.

Escondido en la casa de enfrente finalmente vio salir tres autos: un Corsa Gris, una camioneta Sprinter y el Chevrolet Fiesta color champagne. ¿La Zafira? Llamó a Baeta, les dijo que salían en caravana hacia el Acceso Oeste con vidrios polarizados y dos personas por auto. Los policías quedaron en guardia sobre la Panamericana. Maidana subió a una camioneta celeste metalizada que pasó a buscarlo. La Chevrolet S10 tenía capacidad para más de 1000 kilos de carga: quien organizaba todo sabía que estaban siguiendo a una camioneta con cargamento y de qué monto hablaban.

Los policías vieron a la caravana en el cruce de Gaona y el Puente del Buen Ayre, la siguieron y la atraparon a la altura del Peaje. Cuando Maidana llegó, supo que uno de los tres autos se había escapado: casualmente el Corsa gris donde aparentemente iba el Nene Loza. Scapolán todavía no estaba. Cortaron el tránsito. Cruzaron los autos. Y alguien le dio la mano a Maidana:

–Soy el fiscal Claudio Scapolán —dijo.

 

 

 

De Unicenter a Macrí

Scapolán creció al amparo de Julio Novo. El entonces fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Novo, tuvo entre sus hombres de confianza a Gonzalo Acosta, hijo del ex jefe del grupo de Tareas de la ESMA. Como escribió hace años el director de este Cohete, en 2007, un año antes de Unicenter, un plenario de jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro lo acusó de haber instaurado “estructuras tenebrosas” y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo la independencia y la autonomía personal de los fiscales que dependían de él. Ante el doble crimen de Unicenter apartó al primer fiscal cuando avanzaba sobre la pista cierta de los barras de Boca y la empresa de los hermanos Juliá, más tarde detenidos en España por contrabando de estupefacientes. Licuó el poder de su reemplazante, Luis Agelini, y le puso dos secretarios en calidad de informantes: Marcelo Viani, procesado más tarde por encubrimiento con Novo, y Scapolán. Pese a que en 2013, trece fiscales le imputaron irregularidades y delitos por encubrir, obstaculizar y beneficiar al poder político y operar sobre causa de narcotráficos y dijeron que ejercía mal trato sobre ellos y trabajadores judiciales, para octubre de 2015 aparecía como candidato a ministro de Seguridad de un eventual gobierno de Sergio Massa en la Provincia. En 2016, Sandra Arroyo Salgado lo procesó por encubrimiento del crimen de Unicenter. Novo pidió una licencia aún protegido por la Procuradora María del Carmen Falbo. Renunció en julio de 2017 con el recambio de Falbo por Julio Conte Grand con la confirmación del procesamiento de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de San Martín.

 

 

 

 

Scapolán era la figura de recambio. Ocupó la Fiscalía de Investigaciones Complejas hasta que las denuncias contra la estructura heredada por Novo y sus linajes obligaron a disolverla. En 2013, Scapolán impulsó el jury contra el fiscal que investigaba el robo a la casa de Sergio Massa, y en línea con los casos analizados por Domínguez archivó una denuncia contra policías y funcionarios judiciales impulsada por la esposa del Prefecto, acusado y condenado por el robo. En 2016, el TOF 5 de San Martín le dio una estocada cuando anuló el operativo Leones Blancos y otro allanamiento llamado Bustamante, absolvió a los acusados y ordenó investigarlo a él, a su equipo y a los policías por los operativos. Horacio Verbistky escribía para entonces que Scapolán aún era intocable porque dormía una denuncia contra el primo inteligente, Jorge Macri, por la compra a sí mismo de vehículos para el municipio de Vicente López. El Hada Buena extendió el cheque en blanco a esa cobertura en septiembre de 2019. Antes de irse elevó un pliego al Senado para el cargo de fiscal de uno de sus secretarios, Maximiliano Jarich. Jarisch estuvo también en el operativo de la Panamericana y en cada uno de los hechos investigados por Domínguez. El fiscal pidió el procesamiento al considerarlo uno los organizadores de la banda.

 

El cargamento

Maidana miró a Scapolán aquel día tras el saludo. Lo vio medio pelado o con el pelo para atrás. El fiscal había llegado con un joven de rulos. Era Jarisch. También había otro amigo de los policías. Cristian Seu. Scapolán se acercó a decirles que se cuidaran de las cámaras.

“El fiscal me dijo que hablara con Seu –dijo Maidana—, que me fijara bien que no hubiese cámaras que pudieran ver los movimientos y que bajara la cocaína que se iba a secuestrar y la otra la pusiera en la camioneta. Eso me lo dijo el fiscal. Se iba a separar la droga, la mitad iba al piso para el secuestro, legal, blanqueado, lo que iba a ir en el acta de procedimiento, la otra mitad nos dijo a mí, a Guzmán y a Seu que la cargáramos en la camioneta, en la Chevrolet S10”.

La droga estaba en bolsos azules de 20 kilos. La mitad eran entre 26 y 28 bolsos. Baeta los ayudó a cargar una parte en la caja de la camioneta y la otra entre los asientos.

“Era bajar la droga, pasarla a la camioneta, taparla en la camioneta. La camioneta salió manejada por Guzmán, se cruzó enfrente al Shopping Soleil. El fiscal hablaba con Magraner, se retira, dejó al empleado de rulos”.

Con el resto de la carga hicieron el procedimiento normal: pusieron todo en el piso, contaron, llenaron actas y luego subieron droga y detenidos a la Sprinter y partieron a la quinta de Moreno. El fiscal los esperaba para los allanamientos. Bajaron la carga, la pusieron en el pasto como si hubiese aparecido en el lugar, hicieron las fotos. Al día siguiente la mostraron en los medios.

 

 

 

 

La gente de Quilmes llevó la otra parte de la carga a un pelotero. Días más tarde, una parte salía para la reventa ilegal a Santa Clara del Mar. Tiempo después Baeta volvió a ver a Maidana. Le pidió que mate a aquel otro testigo llamado Seu.

–A este ortiva hay que matarlo porque nos va a mandar en cana a todos —dijo—, yo igual, ya saqué toda la droga del local.

Se negó. Lo amenazaron. Tuvo que mudarse. Domínguez escribió: Nótese que de este extracto se puede inferir que el propósito de Baeta pudo haber sido asesinar, casualmente, a los dos testigos del procedimiento del caso.

En julio de 2017 acribillaron a Guzmán, el joven que manejaba la camioneta celeste metalizada. Sobre Edwin Loza, Domínguez dice que hay un punto pendiente. Los policías lo conocían. Sabían que manejaba dólares y euros. Un testigo contó que un día lo esperaron en General Paz, sacaron fotos cuando recibía un bolso y le robaron la plata. No lo detuvieron. Tampoco en Moreno. Domínguez escribió: “Aún queda pendiente el interrogante, si la organización investigada, además de sustraer el material estupefaciente del operativo, omitió detener a Edwin Loza a cambio de alguna suma de dinero”.

 

 

Los reventados

Un mes después, Scapolán hizo lo mismo pero con la Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Isidro donde solía reunirse con el comisario Roberto Adrián Okurzaty, hoy procesado. Después de dos horas se iban a un café. Los policías nunca habían visto a un fiscal tantas veces. En enero y en junio de 2014, iniciaron actuaciones por otros llamados falsos, pero con datos reales. El caso se conoció como Bustamante. Usaron agentes encubiertos y provocadores, y obtuvieron varios negocios: pruebas para un allanamiento del que se llevaban drogas, las vendían a quienes simultáneamente brindaban cobertura para comerciarlizarlas a cambio de un canon semanal que también les cobraban. Hubo allanamientos antes en José León Suarez sin orden de detención que se usaban para que los policías negocien libertades caso por caso a cambio de dinero o de autos.

–Estas re preso –le dijeron a uno. Y también que iban a reventarle la casa a su ex compañera, sus hijos y su pareja si no entregaba dinero. En esas ocasiones apareció un pago de 30.000 dólares en un garaje. Hubo cámaras. El fiscal camina para buscar un punto ciego. Las cámaras lo toman igual. Hubo un episodio en San Martín. Raid de allanamientos. Un abogado que llega con un sobre de 250.000 pesos porque si no iban a detener a los que estaban adentro. Los policías después apartan 40.000 pesos. Todos cobran 5.000. El más importante lleva el resto del dinero al comisario Okurzaty, que debe entregárselo al fiscal Scapolán.

–Okurzaty siempre decía que había que juntar más porque había que blanquear al Fiscal, es decir –dijo un arrepentido—, darle la plata que se generaba en los allanamientos.

 

 

 

¿El primer muerto de la DEA?

La jueza federal de San Isidro confirmó procesamientos y detenciones. Scapolán pidió licencia y no quedó detenido por sus fueros. Como se dijo, el caso tuvo un momento de cierre posterior a los operativos. El día de la muerte de Guastini en la puerta de su casa en la localidad de Quilmes, a una cuadra de la municipalidad. Ese día la fiscalía quedó en shock. Baeta era uno de los custodios. La primera persona, dicen, que llegó a la escena del crimen. Guastini había declarado a instancias de la Procunar. La Procunar es una agencia del Ministerio Público Fiscal que opera con la colaboración de la DEA. La DEA trabaja con la colaboración de unas bandas mientras persigue a otras bajo el raro supuesto de que todo finalmente se controla. La experiencia en la región muestra que no es así. Que las tramas en las que entra la DEA se horadan. La muerte de Guastini tal vez puede verse como el primer caso en el que la guerra contra las drogas del gobierno de Cambiemos perdió, y perdió en serio. El primer daño colateral. El problema ahora es la estatura de lo que crece enfrente. Lo ruin. Lo vil. Las macetas que se roban. Los acribillados. Las cuevas y sus desaparecidos. La dimensión desconocida en la que ha penetrado el Leviatán.

 

 

 

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