Leve y confuso

 

Mientras el presidente del Tribunal Oral Federal 2 anuncia que ha llegado el turno de las defensas del señor Marcelo D’Alessio y del doctor Juan Ignacio Bidone, el doctor Santiago Finn acomoda una cien hojas impresas. Ha colocado su computadora en otro rincón de lo que parece ser su oficina y de fondo, sólo se ve un cortinado que oculta un ventanal por el no entra un rayo de luz.

“El fiscal (Diego Luciani) acusa a mi defendido de ser autor de delito de estafa, le pide cinco años. El contenido del plan criminal, según la fiscalía, consistió en actos intimidatorios. Los medios: hacerle creer que lo estaban investigando. Voy a demostrar que no fue así, que la realidad no fue así. Y voy a pedir la absolución”. Esas son algunas de sus primeras palabras. En principio, lo enuncia como un salto de fe: de cinco años de prisión a la absolución total. En la paleta de colores del doctor Finn parece no haber grises. Todo es blanco, como las cortinas del fondo.

“No hubo intimidación. No hubo extorsión. Aquí no hubo coerción. No hubo intimidación, sino un ofrecimiento de ayuda, que siempre permitía al interlocutor aceptarla o no”. El texto, leído con tono certero y hasta con cierta métrica, suena contundente. Luego, Finn hace una pausa para que ingresen algunos matices. “Es cierto que hubo simulación de autoridad, que se invocó una capacidad profesional inexistente y unas influencias también falsas, pero ellas no tuvieron influencias en la realidad”, agrega, para cerrar el planteo y la síntesis a desarrollar.

“Mi defendido se considera un analista. En realidad, el perfil de él es más complejo”, retoma Finn, y hace un racconto biográfico del inasible Marcelo D’Alessio: el empresario dueño de un spa; el constructor de edificios en Puerto Madero; el criador de truchas en la Patagonia argentina; el director, elegido por votación, de un barrio privado en el oeste de la provincia de Buenos Aires; el empresario de renombre, respetado por el pueblo de Canning. Un profeta en su tierra. Hasta acá, todos datos reales y probados. “Pero también creó un personaje”, continúa Finn, “abogado, economista, miembro de la AFI, miembro de la DEA, del MOSSAD, vinculado a la embajada de Estados Unidos. Es posible que haya despertado cierto magnetismo o curiosidad en sus interlocutores. Con los allanamientos se cayeron estos personajes, pero ese perfil no lo transforma en un estafador. Nadie reconoce haberle dado dinero. Todos se mostraron temerosos, pero nadie le dio dinero”.

 

 

En el contexto de una extorsión, el defensor de D’Alessio acude a los casos arquetípicos: si aquel que está siendo extorsionado no paga, el extorsionador publica una foto; si la víctima no paga, el extorsionador puede dañar a un familiar. El autor de la extorsión tiene el control de un mal, frente al que se abren dos, y sólo dos posibilidades: pagar o sufrir las consecuencias. “Esa es la diferencia entre estafa y extorsión. (En el caso de D’Alessio y Traficante) No hubo temor, siempre hubo una búsqueda de convencer. Toda la locuacidad de mi defendido estuvo destinada a convencer, no a engañar”.

Por un lado, entonces, se encuentra Gabriel Traficante, quien –de acuerdo a la descripción de Finn– “no manifiesta estado de terror” frente al intento de extorsión. Por el otro, Marcelo D’Alessio, quien –también de acuerdo a su defensa– estaba llevando adelante un intento burdo y delirante. “Su fantasía lo traicionaba”, sintetiza Finn. “(Gabriel) Traficante podría haber googleado para comprobar que la oficina de la AFI a la que refería (pertenecer) D’Alessio no existía más”.

“Traficante se presentó como atemorizado, pero estaba enojado. Nunca pensó en pagar porque nunca se sintió intimidado (…) El delito nunca tuvo la posibilidad de consumarse. No era creíble, (D’Alessio) no tenía el control del avance de las causas penales ni del escrache en los medios. Y Traficante ya estaba imputado en una causa, una causa muy grande, por maniobras de contrabando”.

Al mismo tiempo, según Finn, aquellos que se presentan como víctimas son en realidad los victimarios, los pescadores que han aprovechado el río revuelto. “Muchos ven en D’Alessio la oportunidad de convertirse de imputados en víctimas, porque excepto Gabriel Traficante, todos están procesados en la aduana paralela”.

Finn deja en reposo el intento de extorsión D’Alessio y redirecciona la atención hacia Gabriel Garcés. Vuelve a poner sobre la mesa las capturas de pantalla de los diálogos vía WhatsApp entre Garcés y D’Alessio, remarcando que han sido editados, cortados, retocados, falseados. Remarca que en diciembre de 2016 –un mes después del primer encuentro entre D’Alessio y Traficante y después de los encuentros entre D’Alessio y Garcés (que este último señaló como intimidatorios)– el intercambio de mensajes entre D’Alessio y Garcés era amistoso y cercano. En las capturas de dichas conversaciones se puede percibir el tono amable y dicharachero de las charlas. “Traficante y Garcés no cuentan toda la verdad”, sintetiza Finn, y por momentos, bordea la idea de que, en realidad, Garcés y Traficante intentaron extorsionar a D’Alessio. “La relación D’Alessio-Garcés no es la de víctima-victimario. Tampoco la de (Juan Pablo) Di Pierro”.

Sobre el final de su exposición, Finn define el accionar de Marcelo D’Alessio como “un grado de extorsión leve, confuso”, y solicita que se lo absuelva y se disponga su libertad.

 

 

El sesgo de confirmación

Diego Álvarez Bognar y Gustavo Daguerre Báez Peña son los abogados defensores del fiscal Bidone. La dupla se mueve con ejercitada sincronía. Parecen conocer muy bien qué lugar ocupa cada uno. Por un lado, Bognar, con su rostro marcado por las ojeras, sus frases cortas y directas, y el agua servida en una copa de whisky, parece ser el duro; por el otro, Daguerre Báez Peña, anteojos, prosa veloz y frases largas, se muestra como el elemento cerebral y enciclopédico de la sociedad.

 

 

Antes de comenzar, Álvarez Bognar intenta reacomodar el mantel de la mesa en la que desplegarán luego, y a lo largo de seis horas, sus argumentos para demostrar la inocencia del fiscal. Previo a hablar de hechos, llama a meditar sobre la lectura de los mismos: en referencia a la acusación fiscal y de los errores que llevaron a acusaciones falsas.

“No estoy de acuerdo con los análisis de la fiscalía, pero esos errores no encuentran razón en un defectuoso desempeño. ¿Por qué se equivocaron tanto?”, se pregunta Álvarez Bognar. Describe que el caso D’Alessio ha tenido una gran repercusión en los medios, que perdió relevancia con la llegada de la pandemia. También que desde 1996, con el caso de Alberto “El Conejo” Tarantini y de Guillermo Coppola, el juzgado de Dolores no había tenido tanto protagonismo. Y que esa repercusión llevó a una reacción en el entorno más directo del falso abogado. “Todos negaron a D’Alessio: periodistas, políticos, funcionarios de inteligencia, públicos contactos con el nombrado. Nadie intentó una justificación de su vínculo y (hasta lo) ocultaron. Todos fueron señalados como cómplices. Una ida preconcebida”. Álvarez Bognar describe una “arbitraria y forzada evaluación de las pruebas”, que no tienen un origen voluntario y maléfico, sino que está impregnada por el “sesgo de confirmación sobre Bidone”. Habla de una disonancia cognitiva, que lleva a “distorsiones inevitables de la voluntad”, esto es, atenerse a la hipótesis inicial y mantenerse inmune a la información contraria. En la idea de Bidone como partícipe de la estafa hay, remarca, un “esfuerzo de conciencia en el sesgo de confirmación”.

 

 

El alegato está compuesto por cinco puntos centrales, que intentan rechazar las acusaciones y pedir la absolución de Juan Ignacio Bidone:

 

• La información de los celulares de D’Alessio fue obtenida de manera forzosa, y esa “prueba prohibida” no debe ser tenida en cuenta por el tribunal: Álvarez Bognar y Daguerre Báez Peña señalan que el juzgado de Dolores le pidió a D’Alessio, en su momento, las claves para acceder a su iPhone. D’Alessio ofreció dichas claves a cambio de regresar a su casa en arresto domiciliario. Como respuesta, D’Alessio fue trasladado a Prefectura Naval para hacer la pericia, en la que entregó las claves solicitadas. “Fue coaccionado, y presta declaración en contra de sus intereses, por eso es nulo: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y sin su letrado defensor”.
• El celular fantasma de Garcés: siguiendo la línea iniciada por el defensor de D’Alessio, la defensa de Bidone también rechaza las pruebas del celular de Garcés, a las que considera falsas o adulteradas. “Un celular fantasma que nunca se entregó”.
• Los juicios contrapropuestos: las denuncias del productor agrario Pedro Etchebest, por un lado, y la del senador Carlos “Camau” Espínola, por el otro, deberían tramitarse en una sola jurisdicción, junto con la de Gabriel Traficante. “Nos encontramos frente a una múltiple persecución penal, una persecución simultánea o sucesiva ante distintas autoridades”.
• No hubo delito de extorsión: “La prueba indica lo contrario. A lo sumo podría hablarse de una estafa, por tanto, debe absolverse a todos los acusados”, señala la defensa de Bidone. Coinciden con la defensa de D’Alessio en que los artículos periodísticos, es decir, el elemento coercitivo con el que el falso abogado amenazaba, “no se encontraban en dominio de D’Alessio” y que “la producción del mal anunciado tiene que depender de la voluntad del que la expresa”. En este caso, el mal dependía de un periodista (Daniel Santoro). En su diálogo con Traficante, D’Alessio pide plata para ocuparse de “convencer a Santoro o de coimear a los jueces”. La defensa de Bidone coincide, también, con la de D’Alessio al señalar que Gabriel Traficante, Gabriel Garcés y Juan Pablo Di Pierro “no son carmelitas descalzas” y que se valieron de D’Alessio para salir limpios de otras causas. “Un vivillo se quería aprovechar de otro vivillo”.
• Bidone no participó en los pedidos de dinero de D’Alessio: “Podrá agradar más o menos que Bidone haya continuado sus investigaciones en una causa que no le correspondía, pero eso no prueba participación delictiva”, argumenta la dupla defensora. “Lo perjudicó el exceso de confianza”. Más adelante, y en línea con el testimonio dado en su momento por el fiscal Bidone, señalan que la inclusión de Gabriel Traficante en la investigación de Bidone no parece arbitraria. “No se puede acreditar que Bidone haya sido partícipe necesario: D’Alessio podría haber llevado adelante el delito de todas maneras, sin el aporte de Bidone”.

 

 

Exceso de confianza

Sobre el final del alegato de la defensa de Bidone, Álvarez Bognar se concentra en explicar qué fue lo que llevó a Bidone a colaborar, de manera involuntaria, con D’Alessio y con Rolando Barreiro. Habla de un “exceso de confianza” en la relación, basada en la personalidad “campechana” del fiscal de Mercedes. Para sostener su hipótesis, recurre a un testimonio del agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Claudio Álvarez, en el que dice, textualmente: “D’Alessio y Barreiro le hacen creer cosas a Bidone (…) Bidone le proveía material de las causas que utilizaba luego para ‘mexicanear’ a los narcos”.

“Todo aquello que investigaba Bidone lo compartía con el juzgado número 1 (que estaba investigando la causa). (…) “Estaba convencido de que no infringía norma alguna. Hizo los pedidos a través de su cuenta o usuario electrónico oficial y las guardaba en su computadora. ¿Por qué conservaba esos archivos en su computadora? ¿Por qué no los borró? Ignoraba el uso que le estaba dando Marcelo D’Alessio. Bidone no tenía nada que ocultar (…) No se probó que Bidone tuviera una especie de asociación o acuerdo espurio con Marcelo D’Alessio o con el resto de sus consortes de causa. Ese es el principal motivo que impide considerar a nuestro defendido como coautor, instigador, operador necesario o simple cómplice”.

Y si el fiscal le suministraba información a D’Alessio, lo hacía en la creencia de que él era un funcionario público perteneciente a los servicios de inteligencia. “D’Alessio logró infiltrarse no sólo en la fiscalía del doctor Bidone, también logró hacerlo respecto a funcionarios judiciales de CABA, de legisladores, y funcionarios nacionales del Poder Ejecutivo de aquel entonces. Bidone confió en esa imagen pública que D’Alessio vendía, esas relaciones, y su conocimiento de la información que le otorgaba solvencia suficiente para que cualquiera de las personas mencionadas, incluida el doctor Bidone, creyera que realmente era un funcionario”.

Finalmente, y antes de solicitar la absolución del doctor Juan Ignacio Bidone, el abogado defensor se pregunta dónde estaban los servicios de inteligencia en ese momento. “Evidentemente todo el sistema falló, no sólo el fiscal Bidone”.

La pregunta no tiene respuesta, y queda flotando en el éter del juicio virtual.

 

 

 

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D’Alessio de ronda. Causa Traficante. Episodio 4.
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Una prueba de amor. Episodio 10.

 

 

 

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